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El Acuerdo sobre el carácter de seguridad nacional a las obras de infraestructura plantea más de una interrogante, pues qué ente, si no las leyes, plasman qué es de interés público y qué de seguridad nacional. Por más poderes que se tengan, no es el Ejecutivo el que puede decidirlo.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal declaró: Desde nuestra perspectiva de pueblo originario de la Península Maya
, el decreto es la creación de un estado de excepción contra nuestros derechos indígenas
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En tanto, un amplio entramado de alianzas, asambleas, campañas, centros de derechos humanos y de estudios académicos, así como una serie de organizaciones no gubernamentales expresaron sus preocupaciones en un comunicado conjunto. El acuerdo, advierten, pretende eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada en relación con dichos proyectos
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En el mismo sentido se pronunció la Campaña Luces en Resistencia, la cual advirtió que mientras “el gobierno declare territorios ‘estratégicos’, seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército”. Las organizaciones indígenas firmantes señalan que con el acuerdo vemos que el despojo se hace más evidente
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