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Se ha generado una intensa polémica y es importante señalar que, no obstante los muy sólidos argumentos jurídicos, el único camino para combatir la inconstitucionalidad del acuerdo en cuestión, recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese terreno se puede observar que por lo que se refiere al Congreso de la Unión, en ambas cámaras Morena ha cerrado filas para impedir que se presente controversia constitucional. Incluso en el Senado, 53 integrantes de oposición solicitaron formalmente a la presidenta, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, y tras un largo debate ella concluyó que tiene dudas, por lo que pedirá un estudio jurídico. Por el lado de Morena nada de reflexionar sobre la invasión de sus facultades como Poder Legislativo, simplemente defendió los proyectos objeto del blindaje presidencial y reivindicó su mayoría en rechazo a la presentación del recurso.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya prepara una controversia constitucional ante la Corte al considerar que en el acuerdo “se advierte una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Faltaría la definición de la Corte que bien sabemos no sería inmediata. Mientras, en actitud ciertamente reduccionista, el Presidente justificó que el acuerdo que blinda
con la etiqueta de seguridad nacional
las obras de gobierno con el objetivo de agilizar trámites burocráticos, que no se detengan las obras que esto no tiene nada que ver con la transparencia. Se trata, señaló, de un asunto interno entre dependencias.
La errónea afirmación de una analista, de que se trata de un golpe de Estado, no debe llevarnos a minimizar la naturaleza de un acuerdo que constituye una abierta violación al estado de derecho. No lo justifican las premuras de los tiempos políticos. Se están afectando facultades del Poder Legislativo y derechos jerárquicamente superiores, como el de los pueblos indígenas sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada, mecanismos preventivos en defensa de sus territorios, como la manifestación de impacto ambiental o el cumplimiento de los requisitos para la obtención de dictámenes concesiones licencias y permisos.
No es con el acuerdo que se inicia la violación a los derechos de los pueblos; va desde el inicio de megaproyectos en el actual gobierno, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico con consultas simuladas que a la fecha se usan para afirmar que hay aceptación de los mismos. El acuerdo acelera el despojo y constituye un paraguas para justificar que no se han respetado las suspensiones que se han logrado mediante amparos en la península. Por cierto, el acuerdo no es retroactivo ¿o también se hace a un lado ese principio constitucional por decisión presidencial?
Por ahora, deja la amenaza de la seguridad nacional implicada y declarada sin fundamento legal. Ya la más amplia concertación de organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos exigen la derogación del acuerdo. Con muy buenas razones, pero con escasa escucha. No dudamos que exista burocratismo oficial, pero las vías para combatirlo pasan por caminos de reformas legales. Está en curso la aceleración del despojo a pueblos indígenas con los megaproyectos emblemáticos, mientras a las empresas se les da tranquilidad , se les suprimen obstáculos, se ofrecen valladares para impedir la acción de los opositores, al fin que se dice que con todo ello nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y el bienestar social. Tal es la retórica oficial.