Pueblos indígenas de la zona de Yurúa y Alto Tamaya, de Ucayali (Perú) y de Alto Juruá, de Acre (Brasil), emitieron una declaración conjunta ante amenazas que enfrentan.

 Pueblos indígenas asentados en las fronteras de Perú y Brasil exigen a las autoridades de ambos países cumplir con su obligación de proteger sus derechos y del medio ambiente.

Reunidos ante la grave situación de amenaza que atraviesan, les exhortaron a actuar frente a las invasiones comprobadas a sus comunidades y poner fin a la impunidad en casos de líderes asesinados.

Los pedidos fueron plasmados en la Declaración del Congreso Internacional Apiwtxa, donde se reunieron indígenas de Yurúa y Alto Tamaya, de Ucayali (Perú) y de Alto Juruá, de Acre (Brasil) del 16 al 19 de noviembre.

En el escrito, solicitan al Estado peruano vigilar, sancionar y tomar acciones sobre las autoridades locales y regionales que están constantemente vulnerando los derechos de la población indígena.

Mientras que, por el lado de Brasil, piden una mayor presencia de las autoridades estatales y una actuación en defensa de los pueblos indígenas que habitan los límites del país.

También exigen acciones inmediatas para frenar las invasiones a la comunidad nativa Sawawo Hito 40, en Ucayali, y el respeto a su propio desarrollo libre de proyectos de infraestructura y extractivos inconsultos.

“Rechazamos firmemente que los Estados y las empresas tomen decisiones sobre nuestros territorios sin la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado”, indicaron.

Entre los proyectos que rechazan están la vía Masisea – Alto Tamaya y las carreteras Pucallpa – Cruzeiro do Sol y Nueva Italia-Sawawo, este último un “proyecto ilegal”, según expresaron.

Finalmente, exigieron al Gobierno Regional de Ucayali la construcción inmediata del aeropuerto de Puerto Breu y la mejora de los servicios públicos para la población de del distrito de Yurúa.

Así como la atención de necesidad a la comunidad de Alto Tamaya Saweto y la condena contra los asesinos de los líderes de esta comunidad, cuyo caso sigue impune desde hace 7 años.

“Nos comprometemos a trabajar en conjunto, como hermanos y hermanas que somos, para enfrentar juntos las amenazas sobre nuestra vida y territorios”, se lee al final de la declaración.

El documento es firmado por 10 organizaciones indígenas de Perú y Brasil, entre las que figura la Organización Regional Aidesep Ucayali, base regional de Aidesep en Perú.