En algún tiempo, cuando las amenazas contra su mamá arreciaron, tuvo que fingir que no era la hija de Berta Cáceres. Fue en 2015 cuando tomó sus maletas, dejó a su madre y la tierra donde nació, Honduras. Berta Zúñiga tenía 25 años cuando se refugió en México, donde conoció a otras mujeres que, como “su mami”, defendían los ríos, el territorio y los derechos indígenas. Llevaba unos meses fuera de su país cuando recibió la llamada. La voz de su tío le dio el mensaje: las amenazas se cumplieron.

Berta Cáceres fue asesinada poco después de las once de la noche del 2 de marzo de 2016, dos días antes de que cumpliera 45 años. Los asesinos eligieron las balas para callar la voz de la mujer que nació en La Esperanza —cerca de la frontera con El Salvador—; la menor de 12 hermanos que, desde la adolescencia, se unió a movimientos sociales; la activista que defendió los derechos del pueblo Lenca y que, a los 22 años —cuando ya era madre de dos de sus cuatro hijos; tres mujeres y un hombre— participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH).

Berta Cáceres, como coordinadora del COPINH, denunció las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, las irregularidades, la corrupción y las afectaciones ambientales alrededor de la hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, en el occidente de Honduras. Este proyecto, aprobado por el gobierno centroamericano en 2010, tenía detrás a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa recién creada, cuyos principales accionistas llevan los apellidos Atala Zablah; es decir, pertenecen a una familias con poder económico y político en Honduras.

Cinco años después del crimen, ocho personas han sido juzgadas; uno de ellos es David Castillo Mejía, exmilitar y ex presidente ejecutivo de DESA. En julio pasado, el juez determinó que él era uno de los autores intelectuales del homicidio.

Si las balas ya no permiten escuchar la voz de la activista, el ataque no impidió que su mensaje se apagara. Desde mayo de 2017, Berta Zúñiga es coordinadora del COPINH, organización que sigue trabajando en territorio Lenca y no ha dejado de exigir que se investigue y castigue a todos los que participaron en el asesinato de Cáceres.

¿Cuál es el balance que haces de todo el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres?

Ha sido un proceso largo y agotador. Si tomamos en cuenta que el sistema de justicia en Honduras tiene una de las tasas de impunidad más altas de la región y responde a intereses económicos y políticos, el caso es emblemático y ha tenido varios momentos importantes. El primero fue cuando se luchó para evitar la desviación de la investigación; desde las instancias de justicia se manejaron otras tesis que pretendían desvincular el asesinato como consecuencia de la labor de Berta Cáceres y su trabajo como defensora en contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Esa fue una lucha durante el primer proceso judicial que condenó a siete personas, dos de ellas vinculados a la empresa DESA.

Desde el primer día señalamos a (David) Castillo. Mi mami lo señalaba como una potencial amenaza a su vida; ella estaba convencida de que si algo le pasaba, iba a venir de las acciones de la empresa DESA y particularmente de este personaje.

Se logró posicionar, y eso quedó marcado en el fallo, el hecho de que David Castillo es coautor intelectual; es decir, no se trata de un solo autor del crimen. Eso abre las puertas a que en el futuro exista enjuiciamiento contra esos que tomaron la determinación.

Lo otro es que en el fallo señalaron su condición de mujer y de indígena lenca como agravantes en el crimen y también el perfil de David Castillo, su perfil militar, su participación dentro del estado y en las redes de poder que están detrás de sus acciones.

El fallo fue muy importante, es un fallo histórico. Toca esperar la sentencia. En Honduras ha pasado que el fallo puede decir una cosa, pero la sentencia otra. Estamos a la espera de la sentencia.

Lo que sí es que en Honduras no se respetan los tiempos procesales; entonces, seguramente, todavía nos faltan unos cuantos años de espera para estar seguras de que el fallo y la sentencia no tengan regresión.

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¿Qué enseñanzas deja este juicio?

En primer lugar, la importancia del papel de las víctimas coadyuvando en las investigaciones de instituciones con tan poca credibilidad, como el ministerio público de Honduras. Reconocemos que sin todo el esfuerzo de las víctimas, en el sentido amplio, no sólo nosotros como hijos o familiares, no hubiese existido esa presión, esa labor permanente.

Sin los esfuerzos de investigación, como el informe del GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas para investigar el caso, el cual se integró por cinco abogados de distintos países y especialistas en derechos humanos), no hubiese sido posible ni siquiera el enjuiciamiento de David Castillo.

La labor de las víctimas, en el sentido amplio, es fundamental en países donde existen estos pactos de impunidad; donde existen estas deudas respecto a las investigaciones y enjuiciamientos de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ese es un primer aprendizaje importante.

Lo otro es el litigio estratégico. La movilización social fue muy importante. El campamento feminista “Viva Berta”, que estuvo durante todo el juicio afuera de la Corte Suprema de Justicia acampando, es parte de esas expresiones que estuvieron demandando la justicia para Berta Cáceres.

También fue importante la labor de incidencia. Sostener una demanda de justicia por cinco años, no ha sido fácil, sobre todo cuando hay tantos crímenes, tantas violaciones a los derechos humanos en América Latina.

No solo son procesos jurídicos, también son procesos políticos. Nosotros decimos que hemos demostrado que los pueblos tenemos la capacidad de derrotar a grandes empresas que tienen financiamiento internacional; hemos logrado demostrar que los pueblos también tenemos la verdad y que somos capaces de desarrollar nuestros propios procesos jurídicos.

¿Qué ha pasado con el río Gualcarque?

Las aguas del río Gualcarque siguen corriendo libremente. Por la lucha desarrollada por la comunidad y por el mismo proceso de justicia para Berta Cáceres, el proyecto se detuvo. La comunidad de Río Blanco (la que se movilizó en contra del proyecto Agua Zarca) está haciendo varios procesos de siembra, de cultivo, de recuperación de tierra en la ribera del río.

La lucha continúa. Río Blanco es una de las comunidades que están luchando por el reconocimiento de la posesión de la tierra, para ya no quedar vulnerables respecto a otros intereses. Ahí continúa una lucha bien difícil; ha habido amenazas y agresiones en contra del liderazgo de las mujeres que siguen cuidando la tierra.

Desde el COPINH se lucha en contra de la concesión (para la hidroeléctrica). A pesar de que ya se metieron dos recursos legales, una inconstitucionalidad y un amparo, no se ha logrado revertir la concesión a este proyecto. Sabemos que no existe una voluntad real del estado de Honduras para resolver las cuestiones de fondo de estos crímenes, que tienen que ver con el respeto a las decisiones de las comunidades.

Los impulsores de la hidroeléctrica Agua Zarca lo presentaban como un proyecto sustentable y necesario para la región. El tiempo ha demostrado que es un proyecto con una historia de corrupción y que se buscó imponer con violencia.

Nosotros hemos señalado que es algo bastante importante de evidenciar, que no solo son proyectos violadores de los derechos de los pueblos indígenas, violentos, usurpadores de los territorios; también son proyectos corruptos, que han sido dados con base a la corrupción, a la manipulación del estado.

Uno de los documentos que ellos tenían (la empresa) decía que no era un proyecto viable en el tema ambiental y aún así les entregaron la concesión.

¿Qué acciones, desde el estado hondureño, se han realizado para abrir el camino a proyectos extractivos o energéticos en los territorios indígenas?

Ha habido varias modificaciones de leyes: la de minas, de aguas, de pesca. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ha creado varias plataformas para la obtención de licencias ambientales en tan solo 15 días; eso, incluso, antes de la pandemia. Se modificó el código penal en Honduras para que en todos los delitos que tienen que ver con corrupción o fraude en proyectos extractivos se bajen las penas, para que muchas de ellas no se tengan que pagar con cárcel. Lo que se ha logrado detener, hasta el momento, es la ley de consulta, donde dice explícitamente que lo que digan las comunidades no es vinculante, que va a ser una instancia del estado la que finalmente decida.

El Estado también sigue promoviendo esto de las ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico); un proyecto viejo, pero que actualmente es algo que se ha ido materializando. Son zonas que representan esas intenciones del Estado de privatizar, de entregar la soberanía y de violentar a los pueblos que luchan por el reconocimiento de su territorio.

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¿Cómo ha sido la reorganización de la lucha, después de lo que sucedió con Berta?

Ha sido un camino bastante difícil. Berta Cáceres no solo era la compañera del COPINH, sino que era una pensadora estratégica del proceso organizativo. Con su ausencia, el COPINH vivió una cierta orfandad y tuvo que repensar su organización interna.

Es un crimen de alto impacto que crea muchos efectos emocionales, psicológicos; paralización en mucha gente ante el terror que genera un asesinato. En ese sentido, siempre fue muy importante el enfoque colectivo de la lucha y la labor de las mujeres. Ellas, en los momentos de mayor adversidad, han sido quienes han sostenido al COPINH.

Lastimosamente los crímenes contra defensores y defensoras de la tierra no han cesado. Han sido asesinados liderazgos del Bajo Aguán (zona que rodea al Río Aguán, al norte de Honduras), en total impunidad y con muy poca cobertura mediática.

Por eso nosotras decimos que nuestra aportación, como COPINH, para la no repetición de los crímenes, es la justicia. En Honduras decimos que, si en este caso de mi mami, de Berta Cáceres, no logramos romper la impunidad, pues en ningún otro lo haremos. Porque ningún otro tiene tanto acompañamiento, tanta atención alrededor de encontrar justicia.

Decidiste tomar la estafeta que dejó Berta Cáceres, ¿qué tan difícil ha sido estar frente al COPINH?

Yo crecí durante todo el proceso organizativo del COPINH, entonces fue integrarme más de lleno a un espacio que para mí ya era conocido, no era un espacio nuevo o que yo no entendiera sus dinámicas, su funcionamiento o su historia. Esa fue una gran ventaja.

Para mi ha sido una responsabilidad siempre estar ligada a la memoria de lo que es mi mami, de todos los valores que ella representa. El saber que tengo un compromiso de vida con el proceso de la justicia, con la lucha del pueblo Lenca.

¿Cuáles son los sueños que hoy tiene Berta Zúñiga?

Lo primero es vivir en un país más democrático, porque sabemos que todas estas violencias y esta zozobra en la que viven los pueblos indígenas también responde a una política económica y a una lógica represiva que se ha venido instalando en nuestro país.

Nosotras hemos estado buscando la cancelación de todos los proyectos sin consulta en las comunidades indígenas, para evitar la repetición de situaciones como las que se vivió en la comunidad de Río Blanco.

Lo otro es generar mecanismos de mayor autonomía de los pueblos, en los territorios, y materializar también nuestros sueños sobre energías comunitarias alternativas y todos los proyectos que tengan las comunidades.

Y ojalá que en un futuro no tan lejano el proceso de justicia, que no debe terminar con la condena de Castillo, pueda derivar en la responsabilidad de los otros autores intelectuales del crimen.

* Imagen principal: Berta Zúñiga señala que aún falta que se juzgue a los otros autores intelectuales del asesinato de su madre, Berta Cáceres, la defensora de territorio en Honduras, asesinada en marzo de 2016.