Se criminaliza y persigue a las y los opositores.

En las últimas semanas se han sucedido una serie de importantes asambleas y foros en el estado de Oaxaca, convocadas por comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. El 20 de noviembre, reunidas en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, acordaron fortalecer las luchas que las comunidades llevan a cabo desde hace años e incluso décadas, articulándose en la campaña ¡No es desarrollo, es despojo!

Su pronunciamiento nos recuerda: “Aquí seguimos los pueblos afromexicano, amuzgo, binizaa, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, cuicateco, ikoots, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, tacuate, triqui, zapoteco y zoque y todos los hombres, mujeres y diversxs que tenemos su sangre en nuestras venas y su cultura en nuestra cotidianidad. Habitamos y trabajamos nuestros territorios ancestrales, desarrollando nuestros saberes propios y a su vez enriqueciendo al mundo con ellos, de manera recíproca y respetuosa. Gracias a este vínculo con el territorio, Oaxaca y todo México tienen la gran diversidad y riqueza cultural y ecológica que tanto presumen los que más daño nos hacen” (https://tinyurl.com/f36nu9nt).

Listan atropellos y agravios a los pueblos con proyectos de minería, hidroeléctricas, agricultura industrial, refinerías, gasoductos, fracking, forestales, privatización del agua y conjuntos de megaproyectos y políticas de Estado que atentan contra la libre determinación y los territorios indígenas. Los que ya están en operación han dejado devastación ambiental, división y muerte en las comunidades.

Se criminaliza y persigue a las y los opositores, incluso con desaparición y muerte, por mano de sicarios o de policías y militares, desde los tres niveles de gobierno. En ese contexto –y también por él– denuncian la imposición del megaproyecto ahora llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que prevé la instalación de 10 parques industriales de 500 hectáreas cada uno a través de 90 municipios de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, en los que habitan 18 pueblos indígenas, a quienes no se ha informado realmente sobre las consecuencias del megaproyecto, sólo se han hecho farsas de consultas, que violan sus derechos indígenas y han servido para sembrar división en las comunidades y ser usadas como supuesto endoso de este megaproyecto que las comunidades del istmo rechazan desde hace décadas.

Preguntan “cómo es posible que nos oponemos a los megaproyectos de un gobierno ‘progresista’ que nos quiere sacar de la ‘pobreza’ y traernos el desarrollo?” Nos oponemos porque son los mismos proyectos de gobiernos anteriores ligados a intereses económicos y porque tenemos una larga y dolorosa experiencia que nos da claridad política: los conquistadores trataron de despojarnos en el nombre de ‘Dios’, los colonizadores e invasores en nombre de la ‘civilización’, las clases pudientes de México en nombre de la ‘modernidad’ y ahora los capitalistas neoliberales y gobiernos están tratando de despojarnos en nombre del ‘desarrollo’”.

El 27 de noviembre se reunió en Santa María Atzompa, Oaxaca, la Asamblea de Mujeres Tejiendo Comunidad y Lucha Antipatriarcal, en la que participaron un centenar de oaxaqueñas de varios espacios organizativos. Las mujeres tienen un papel fundamental en todas las resistencias y viven más capas de opresión y violencia por ser mujeres. Compartieron sus trabajos en salud, economía, luchas y denunciaron la “violencia de Estado que vivimos las mujeres que defendemos tierra y territorio frente a los megaproyectos que atentan contra nuestros pueblos y contra la vida misma (…), enfrentamos un sistema capitalista y patriarcal que no sólo viola nuestros derechos como mujeres, sino amenaza con la extinción de nuestros pueblos”. Ante todo ello, proponen retejernos desde la ternura, la resistencia, la rebeldía y la dignidad (https://tinyurl.com/2p85t7jb).

El 4 y 5 de diciembre se realizó el Foro Nacional de Resistencias y Alternativas de los Pueblos ante el Capital Transnacional y la Militarización, con la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo como anfitriona. Reunió más de 300 personas de 14 estados de la República. Las 79 organizaciones allí presentes compartieron múltiples resistencias contra megaproyectos carreteros, de infraestructura, hidráulicos, mineros, que sostienen pese a ataques de empresas y represión de gobiernos que permiten el despojo y son omisos frente al desplazamiento de comunidades.

Denunciaron desapariciones forzadas y asesinato de más de 50 defensores comunitarios, entre ellos Samir Flores, Luis Armando Fuentes y Noé Jiménez Pablo y los injustos encarcelamientos de luchadores sociales como Kenia Hernández y Salvador Pinal, también los desplazamientos de las mujeres triquis de San Juan Copala y Tierra Blanca, Oaxaca; así como de Aldama y Chenalhó, Chiapas. Su Pronunciamiento de Yajxonax expresa también el rechazo al decreto presidencial del 22 de noviembre, que declara los megaproyectos del gobierno como de seguridad nacional e instruye a librar autorizaciones en cinco días, lo cual es violatorio de sus derechos y territorios y legaliza la criminalización y represión de las protestas (https://tinyurl.com/2p9y4cf5).

Hay muchas más denuncias, acciones, organizaciones que convergen en los mismos sentidos. No iniciaron en 2018, llevan siglos construyendo y resistiendo.