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El asunto es que son temas torales que, entre otros, involucran a una diversidad de actores sociales y políticos, cada uno con su agenda implícita o explícita, generalmente circunscrita a sus respectivos adherentes o simpatizantes. No sólo eso, su concreción entraña la organización para lograrlos. Sin dejar fuera el problema del poder económico y político, nacional y transnacional al que hay que enfrentar y por lo tanto el carácter de la lucha es anticapitalista.
Se preguntarán adónde me encamino al ampliar la mirada de una aparentemente inofensiva tarjeta o mensaje con buenos deseos. Resulta que tenemos enfrente desafíos mayúsculos y ni aún quienes podemos coincidir en lo que sea que hoy signifique movimiento social, nos planteamos la idea de articularnos. Estoy asumiendo que hay muchísimos actores individuales y colectivos que antes de 2018 hacían parte de los movimientos y hoy han definido que su agenda es la del apoyo incondicional al gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación.
Con ellos no parece haber punto de articulación y, si bien nos va, algunos acceden a reconocer que nuestra oposición a los megaproyectos, como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, no nos hace parte de la derecha, que por supuesto existe y defiende sus intereses y privilegios mal habidos. Mi inquietud va por conectar las diferentes islas, de nuestras agendas endogámicas, todo un archipiélago, en los planos ambiental, de derechos humanos, feminicidios, desaparición forzada, pueblos indígenas, coordinadora democrática de la educación (CNTE), entre otras, que sin ser enemigos nos encerramos en el día a día de cada lucha sin comunicación, solidaridad o mero intercambio de estrategias.
En los hechos, le damos a nuestras diferencias el rango de inmutables. Señalo un ejemplo reciente que requiere una amplia suma de voces porque expresa además un problema nacional. En Guerrero, la organización Tlachinollan expresó su esperanza de que con el nuevo gobierno estatal se construyeran puentes de entendimiento y acción para enfrentar la muy grave situación que se padece, entre otras, con las agresiones de grupos delictivos. Hablo de un proyecto independiente que ha dado la batalla por la justicia y el acompañamiento a las comunidades en la Montaña de Guerrero. En ocasión de la toma de posesión de la gobernadora Evelyn Salgado, la organización relató que: Se desmarcó de los gobernantes anteriores acostumbrados a la adulación; al ritual del besamanos con las élites políticas y económicas; al acarreo de contingentes manipulados por líderes corruptos, y al cortejo pomposo del nuevo ungido que se sube al pedestal para distanciarse de la población. Con una postura clara sobre los grandes problemas que aquejan al pueblo de Guerrero, y con planteamientos firmes que prefiguran el nuevo rumbo de su gobierno, la primera gobernadora demostró tener temple y gran capacidad para cautivar al público, que en todo momento aplaudió sus deslindes y propuestas de cambio
(El sexenio que viene”, 19/10/21). Una semana después, en otro artículo, En Guerrero llueve esperanza
, dio cuenta del masivo recibimiento al Presidente de la República y la gobernadora en su visita a Metlatónoc, Tlapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán. Señaló a detalle la grave problemática que las comunidades les plantearon y concluyó que ello hizo parte de su lucha imbatible en la Montaña (26/10/21).
Tal horizonte se nubló cuando sólo 10 semanas después, junto a las otras organizaciones relevantes en la entidad protestó por la designación de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón como fiscal general del estado (FGE). Su director, Abel Barrera Hernández, en entrevista señaló: Es la postura del gobierno de Evelyn Salgado Pineda para apretar las tuercas, pero la autonomía no se va a garantizar. No hay compromiso claro de que se van a respetar los derechos humanos el mensaje de nombrar a una militar puede mandar señales de fuerza de aplicar la ley, pero al mismo tiempo manda la señal de impunidad, porque no ha habido justicia con los crímenes del pasado
. El abogado Vidulfo Rosales manifestó es un retroceso de un gobierno que se dice de izquierda progresista. Debió haber una diferencia, ya que el movimiento social ha luchado durante muchas décadas por desmilitarizar la vida pública para que el Ejército Mexicano rinda cuentas
( La Jornada, 30/12/21).
Muy grave la militarización y la suma de intervenciones de este sector en los megaproyectos, en su futura administración. Valdría la pena generar un contrapeso, en una confluencia amplia, para que se escuche en serio a las voces regionales que resisten a la impunidad y al despojo.