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Actualmente, las estructuras básicas de gestión del Estado están cambiando. Con el fin de la guerra fría y la victoria de la dinámica de libre mercado, observamos una realidad en la que el sector privado está penetrando en funciones que hasta hace relativamente poco habían pertenecido al Estado. Este proceso de privatizaciones, que abarca desde el control de fronteras o contratación de compañías mercenarias tiene que ver también con el triunfo de la lógica neoliberal, tendencia ideológica bajo la que se defiende que el sector privado es el mejor garante de los servicios y que bajo la regulación de la mano invisible, gestiona de manera competitiva y mejor de lo que el Estado es capaz de conseguir mediante la planificación.
Lo preocupante de esta lógica son los problemas derivados de intentar aplicar las premisas de mercado y de intereses empresariales privados a las dinámicas públicas, pues las prioridades del primero residen en el beneficio económico, mientras que la segunda en proveer servicios de acuerdo a valores que no priman el lucro. Así, hay que analizar la externalización de las funciones de defensa nacional y de la seguridad mediante la contratación de servicios a través de compañías privadas de seguridad militar, la externalización de servicios de control de fronteras y las consecuencias que ello conlleva
El auge del mercenariado
Las compañías militares privadas (CMP) se han convertido en uno de los negocios empresariales del sector bélico que alcanzan un auge imparable desde hace ya más de dos décadas. El funcionamiento, naturaleza y simple existencia de estas corporaciones militares es un negocio mantenido en una incómoda discreción, tanto por las propias empresas, como por los contratistas de las mismas, contratistas que por su parte son variados, pasando por los más esperables; los estados, hasta corporaciones o individuos millonarios.
El “renacimiento” de los cuerpos mercenarios puede achacarse a varios motivos, desde los sociales a los político-económicos. El primero podría atribuirse a la caída del bloque soviético y con él, al fin de la guerra fría, periodo caracterizado por un monopolio total de los Estados desarrollados de cada bloque de las fuerzas armadas y del monopolio de la violencia (en el caso del bloque soviético, también del monopolio de la gestión armamentística). El segundo tiene que ver con lo que se define como sociedad post heroica; el cambio de mentalidad del nuevo siglo, junto al cambio de dinámicas políticas, de estructura democrática, implica que los Estados ya no están dispuestos (ni están legitimados por su ciudadanía) a sacrificar a su población por determinados objetivos que, por ejemplo en el siglo XX y XIX sí habrían estado justificados, tales como el patriotismo, expansionismo, o incluso cuestiones políticas o revolucionarias que suponen costes humanos. De hecho, en base a esta filosofía los Estados occidentales están observando problemas en reclutar soldados dispuestos a exponerse a la muerte, apostando por la contratación de extranjeros a las filas o la firma de las CMP, dos opciones en alza en estos casos.
Pero es posible aventurar que el principal motivo del auge de los ejércitos privados reside en un crecimiento descontrolado de lo que Dwight Eisenhower denominó en su discurso de despedida como presidente, el complejo industrial militar (CIM). Esta idea hace referencia a una economía estatal enfocada a la producción militar, en un contexto como el EEUU de la guerra fría, en el que el mandatario denunciaba el interés de las empresas armamentísticas de mantener un crecimiento en la producción bélica que ofreciera beneficios privados. El peligro del CIM fue señalado por el expresidente por su justificada preocupación de que ese nuevo modelo económico no desapareciera –como la medida temporal para la que se había creado, originándose para que la producción económica se enfocara hacia la guerra a fin de vencer contra el Eje en la Segunda Guerra Mundial- sino que se convirtiera en la dinámica de funcionamiento a perpetuidad, primando los intereses militares, con el temor de que eso conllevara un peligro para la democracia.
Lo cierto es que este elemento de militarización económica implicó a su vez una simultanea militarización política, todo estructurado para hacer frente al conflicto soviético que se avecinaba, formándose así una elite conformada por la clase política, la clase militar y la clase empresarial, todos ellos con una línea común e intereses compartidos. Así, podemos decir que si bien este modelo del CIM es fruto de la guerra fría, se mantiene en la actualidad como una estructura político-económica que, finalizado el conflicto de bloques, se niega a desaparecer. Esto supone un problema, y también un peligro, pues a fin de retroalimentarse y perpetuarse, ha desarrollado desde los noventa una visión de intervención extranjera en nombre de la “seguridad” estadounidense, a falta de un enemigo permanente bajo el que justificar su producción de armas, armamento que también deben comprar terceros países.
De hecho, la máxima de la seguridad como eje central estadounidense en las relaciones internacionales es un punto justificativo de este entramado, lo que unido a su lógica de funcionamiento de la escuela realista (anarquía internacional, búsqueda nacional por el poder y recursos, Estados como actores únicos en el panorama internacional, etc.) y su clara línea económica neoliberal, han degenerado en un híbrido conceptual de ambas formas de pensamiento por el que la seguridad se materialice y se entienda en el sentido estrictamente militar y que la gestión de esa fuerza militar se gestione, de acuerdo a la lógica neoliberal, de la forma más racional y económica posible, es decir, mediante su externalización en base a las CMP.
Problemas de las CMP
Las empresas privadas multinacionales presentan en la actualidad un papel de importancia en el campo de la seguridad internacional, convirtiendo el campo de seguridad, y bélico, en un servicio sujeto al lucro. Esta lógica supone la aparición de un modelo de seguridad paralelo a los ejércitos y cuerpos de seguridad nacionales: el ejército privado. Ésta es una estructura que, si bien no se reconoce estatalmente, mantiene características efectivamente militares, y que opera en base a contratos para los campos gubernamentales (Estados y departamentos de defensa) y privados (multinacionales y corporaciones).
El ejército privado, por su carácter externo al Estado, mantiene enormes diferencias con los ejércitos nacionales, separándose de la lógica territorial y la propia seguridad de la ciudadanía. La legitimación de estas CMP radica en los intereses económicos de las partes actuantes que promueven su existencia, algo bien distinto de la legitimación del ejército regular, basada en la cesión voluntaria de una fracción de derechos individuales, valores, creencias e intereses compartidos. El funcionamiento de las CMP se basa en procesos productivos, no históricos.
Preocupa también el cuerpo integrante de estas CMP, las cuales, tienden a estar dirigidas por antiguos altos cargos militares que, debido a la naturaleza que requiere una empresa mercenaria, acostumbran a ser individuos ligados a cuerpos militares de dudosa o nula ética, tales como policía secreta del apartheid, líderes de comandos fascistas de Pinochet, veteranos de Vietnam, etc.
Las ventajas que supone para los estados la contratación de estas CMP son varias, y de hecho, ayudan a comprender el porqué de su creciente número. En lo que respecta a los gobiernos, se benefician de las CMP valiéndose de ellas en el plano internacional, consiguiendo desligarse a nivel nacional de las operaciones militares que estas compañías lleven a cabo en su nombre, y evitando tensiones internacionales —o,al menos tensiones oficiales y sanciones internacionales—. Económicamente suponen también una ventaja, al ser los ejércitos nacionales una institución financieramente costosa (desde el despliegue de las tropas, mantenimiento del equipo, sueldo y pensiones de los militares y de viudedad, costes médicos y un larguísimo etc.) frente a un costo elevado en la contratación de las CMP, pero que elimina todo lo anterior, unido a un gasto basado en la temporalidad, es decir, en la duración del contrato. La amortización del costo político también tiene que ver, en tanto en cuanto un mercenario no tiene la representatividad ni unión cultural de un soldado, ni relación alguna con el Estado contratante, además de no contabilizarse como bajas en las estadísticas nacionales, lo que suaviza considerablemente una operación militar frente a la opinión pública.
La propia naturaleza empresarial de las CMP les lleva a una fuerte dinámica de coste-beneficio. Por un lado, se niegan a llevar a cabo más funciones que las especificadas en el contrato, buscando maximizar beneficios con el menor número de pérdidas materiales (y humanas), o una inversión extra que no estaría planteada en un principio. También pueden decidir rescindir el contrato en cualquier momento si ven que la peligrosidad del conflicto va a ser demasiada como para compensar la paga recibida. Tampoco es raro encontrar cobros por servicios no prestados cuando el contrato no especifica exhaustivamente las funciones de las CMPs, haciendo además muy difícil descubrir los sobrecostos e inflaciones de precios que estas compañías puedan llevar a cabo por sus servicios, pues, al contrario que el ejército, no necesitan dar cuenta de sus facturas y gastos, haciendo de su gestión algo opaco.
Al ser un modelo de empresa relativamente joven, las CMP aún no cuentan con un reglamento claro sobre qué entidades pueden requerir sus servicios y cuáles no (huelga decir que precisamente su limbo legal es parte de las ventajas por las que los estados y empresas les contratan). Así como la mayoría de CMP busca dar servicios a Estados democráticos y organizaciones humanitarias, principalmente para mantener una legitimidad del negocio, lo cierto es que el abanico de contratistas de estas compañías no son siempre de este tipo.
Hay CMP como Logistics Group que fueron acusadas de instigar un golpe de estado en países como Guinea ecuatorial, además de saberse que las compañías tienden a dar servicios a dictaduras, carteles de la droga y grupos rebeldes, como el ejército de liberación de Kosovo (KLA) al que dieron entrenamiento táctico. Tampoco existe un control riguroso del personal contratado ni normas que excluyan de las CMP a individuos potencialmente peligrosos. Esto se puede explicar no solo por la necesidad de estas empresas de mantener constantemente personal en nómina para encarar los contratos, sino porque el perfil de los soldados que llevan a cabo las operaciones dentro de las compañías requiere de una personalidad concreta.
Precisamente una de las acusaciones contra estas compañías es las numerosas violaciones de derechos humanos que perpetran, habiendo múltiples ejemplos archivados. Entre los casos que se pueden destacar está la supuesta compraventa y violación de menores durante la guerra de Bosnia por parte de integrantes de la compañía Dyncorp. El desenlace de este suceso se saldó con los despidos de los encausados, pero ninguno recibió penas judiciales. Lejos de suponer el fin de Dyncorp, esta empresa fue después contratada por el pentágono para el adiestramiento de la policía iraquí. Tampoco hubo repercusión alguna para los mercenarios acusados de torturas en la cárcel de Abu Ghraib en Irak.
La utilización de CMP en lugar de fuerzas militares nacionales puede dañar el vínculo ejército-pueblo por varias razones:El ejército es una institución que está controlada en las democracias occidentales porque hay estructuras que priman el poder civil sobre el militar, así por una dinámica democrática –a priori- tanto en el interior del ejército como entre éste y la sociedad civil. La supeditación de las fuerzas armadas como simple herramienta de las instituciones democráticas dista mucho, y puede verse alterada gravemente por la intrusión del modelo contratista de las CPM: Al encontrarse al margen de la cadena de mando militar y ajena al control de los gobiernos, su control en las actuaciones es más difícil.
Además, el vínculo entre el Estado y el ejército funciona no solo porque el estado es la razón misma de la existencia del ejército, sino que existe una conexión entre éste y la ciudadanía, en el sentido de que los militares “representan” a la población, y es de ella de la que reciben la legitimidad para actuar. Frente a eso, las CMP trabajan para los gobiernos bajo contrapartidas económicas, y su obligación para con ellos reside únicamente en el contrato, lo que no solo mercantiliza la cuestión de la defensa nacional, sino que vuelve su legitimidad más dudosa que las del ejército. Los propios valores de defensa de los principios democráticos y la instrucción en normativa internacional que las fuerzas armadas reciben, son para las CPM innecesarios para sus prioridades, que como empresas que son, se resume a las cuentas y beneficios de su negocio (y que, dadas las actuaciones para las que se les contrata, tampoco tienden a seguir, ni se les exige que sigan).
Este es, por tanto, un preocupante retroceso en la regulación de las fuerzas armadas y del derecho internacional, que amenaza con “feudalizar” de nuevo el panorama de los conflictos (entendiéndolo como la vuelta de ejércitos privados contratados por países o reyes, como ocurría en el pasado), facilitando el descontrol en las operaciones militares y sus consecuentes crímenes de guerra, un panorama en el que conviene analizar quienes son los ganadores de este modelo, pues queda claro quiénes somos los perdedores.