“Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que será respetada y oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”.
Salvador Allende

 

CODELCO
EL SUBIMPERIALISMO MINERO CHILENO…

Ecuador es un país relativamente nuevo en el mundo de la minería transnacional. Luego de algunos intentos fallidos a fines del siglo pasado y principios del presente, desde el año 2009 estas tierras andino-amazónicas experimentan una avalancha de empresas mineras. ^[3] Las hay grandes, medianas y pequeñas. Privadas y estatales. Para todos los gustos y usos. Las junior para abrir la puerta a las grandes. Las estatales para vencer la resistencia de comunidades que luchan por décadas en contra de la minería transnacional. Y las todas para consolidar aún más la posición de país-producto de Ecuador, a más de ser país-cacaotero, país-bananero, país-camaronero, país-floricultor, país-petrolero… ahora quieren convertirlo en país-minero.

La minería se impone a sangre y fuego

En las zonas donde se instalaron las grandes empresas mineras, como Morona Santiago, Zamora Chinchipe, el Azuay, o la zona de Intag en la provincia de Imbabura, la megaminería se ha escrito “en letras de sangre y fuego” (en palabras de Carlos Marx en su análisis de la acumulación originaria en Inglaterra).

 

El irrespeto de la  Constitución y las leyes está a la orden del día. La criminalización, los desalojos, el hostigamiento, las persecuciones y los asesinatos de opositores y opositoras a proyectos extractivistas comunes en el mundo de la minería, se dan también en el Ecuador. Además de las irregulares y abusivas compras de tierra y desalojos respaldados por la fuerza pública, asoman los mecanismos de control territorial desplegados por las mineras -especialmente a través de prácticas clientelares de cooptación- con el indefectible apoyo y protagonismo de los gobiernos que no ponen reparo en reprimir violentamente a quien critica o se opone a la megaminería para asegurar el control sobre los territorios.

Es tal la situación de violencia e irregularidades en este pequeño país andino, toda la minería, empezando por aquella que se presenta como “legal”, está cargada de ilegalidad. Inclusive consultas populares para prohibir la minería, cristalizadas luego de complejas luchas sobre indudables bases constitucionales, son olímpicamente irrespetadas.[4] Y sin embargo, en diversas partes del país las comunidades resisten, como lo vemos en Intag, Tundayme, Girón, Nankints, Río Blanco, Sinangoe, Cuenca, Buenos Aires y otros territorios atrapados por la codicia minera.

CODELCO pone si mira en la mitad del mundo

Concentremos nuestra atención en Intag, una región paradigmática de esas luchas. Cuya larga resistencia se trata de romper con un par de empresas estatales: CODELCO de Chile, y ENAMI de Ecuador. Sobre esta segunda no vale la pena perder tiempo: es un constructo jurídico de papel, sin experiencia ni capital, pero que cumple el papel de abanderado de los intereses nacionales abriendo la puerta a las transnacionales. Mientras que CODELCO, desde el 2012, durante el gobierno de Rafael Correa, asumió el papel de ariete para derribar murallas, puertas y otros obstáculos que puedan frenar al expansión minera en ese maravilloso valle andino.

Pese a ser el megaproyecto más antiguo del país, el proyecto se encuentra en standby desde noviembre del 2018 cuando finalizó la primera fase de la exploración avanzada. Desde esa fecha las empresas esperan el visto bueno para ampliar la exploración, sin poder lograrlo, por razones que analizaremos más adelante.

Llurimagua es el proyecto al que nos referimos. Aquí la estatal chilena CODELCO a través de su subsidiaria Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. intenta poner en marcha un proyecto que tendría una vida útil de 27 años, durante los cuales se extraería anualmente 210 mil toneladas de cobre.[5] A diciembre del año 2021 se estimaba la inversión realizada en cerca de 60 millones.[6] No nos ha sido factible identificar información sobre la estimación de los ingresos totales del proyecto. Llurimagua podría implicar el tratamiento de un total de hasta 1.360 millones de toneladas de mena[7], lo cual le convertiría en uno de los proyectos mineros más grandes del Ecuador.

En términos de potenciales impactos físicos y ambientales, el contexto de la zona y la tecnología propuesta, y los grandes riesgos de contaminación por metales pesados y drenaje ácido de mina, hacen de Llurimagua “el peor de los peores escenarios”, según el diagnóstico del ingeniero minero Steve Emerman. Esa fue la conclusión del experto geólogo después de una visita in situ al área minera en el 2019. [8]

El peor escenario minero a la vista

Esa pesadilla se configuraría por varios impactos claramente previsibles. Intag no es el desierto de Atacama, donde CODELCO tiene sus minas de cobre. En Intag, la mina estaría en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, una de las regiones más biodiversas del planeta, rica en bosques húmedos, habitada por decenas de comunidades campesinas. Por lo tanto, la explotación minera provocaría graves impactos ambientales, a más de severas afectaciones a las riquezas sociales y culturales.

La Cordillera de Toisan, donde se encuentra el yacimiento de cobre, contiene numerosas fallas geológicas y topográficamente es muy accidentada, lo cual representa significativos riesgos de terremotos. Todo esto aumenta considerablemente el riesgo de colapso de piscinas de relaves y deslizamiento de tierra y, por ende, la contaminación del agua. Tampoco se puede obviar los impactos a perpetuidad de este tipo de actividades extractivistas, pues hay claros indicios de que el cobre de Junín se encuentra muy profundo (según el informe de los japoneses del 1996[9]). A lo que se suma el elevado contenido de arsénico, plomo, cadmio y otros metales pesados en el yacimiento de tipo pórfido (lo que causaría drenaje ácido de mina[10]). Todo esto hace que la actividad minera sea ambientalmente mucho más destructiva, y la extracción del cobre económicamente mucho más cara, eso sin considerar los costos reales de reparación a las personas que serán afectadas, no se diga los costos de reparación y de restauración de la Naturaleza como ordena la Constitución del 2008.

Junto a lo anteriormente expuesto hay que anotar que los bosques nublados de Intag pertenecen a uno de los más importantes hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales. Dentro de la concesión minera se han identificado decenas de especies de plantas, mamíferos, anfibios, peces y aves en peligro de extinción. Como son, entre muchas otras,,  los osos de anteojos  y el mono cabeza marrón (uno de los primates más amenazados del mundo); incluye también un pez del grupo de preñadillas (Astroblepus ubidiai ) y  la rana de cristal de Lynch, reportada durante la investigación para elaborar el último Estudio de Impacto Ambiental en el 2018[11]. Anotamos también que la zona extremadamente rica en anfibios, siendo el hogar de una rana perteneciente al género Ectopoglossus, y la “arlequín hocicuda” (Atelopus longirostris); la primera, según el Centro Jambatu, es una nueva para la ciencia y desde ya se encuentra en peligro de extinción, y la segunda, oficialmente extinguida y redescubierta en 2016, según la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN). Se trata de especies que existen sólo en esa región del planeta, por lo que su extinción sería de alcance global. Pero no solo eso, en la medida que los estudios son todavía incompletos, allí se seguirán descubriendo nuevas especies -unicas en el mundo-.[12]

Por otro lado, el Bosque Protector Los Cedros se ubica a pocos kilómetros de distancia de la concesión minera Llurimagua, tan es así que comparte el mismo ecosistema y altitudes. Estudios científicos llevados a cabo en el Bosque Protector Los Cedros durante décadas lo demuestran. Allí se han reportado 231 especies en peligro de extinción en las categorías de vulnerable, en peligro y críticamente amenazadas. Incluso conviene resaltar que a fines del año 2021 la Corte Constitucional, en una sentencia histórica[13], prohibió la minería en dicha región por sus graves afectaciones a los Derechos de la Naturaleza y los derechos ambientales, al agua como un derecho humano fundamental y al ciclo vital del agua, así como al derecho a la consulta ambiental. La sentencia de la Corte tiene efectos vinculantes, es decir se crea jurisprudencia para casos análogos. En realidad, los Derechos de la Naturaleza van más allá de esos bosques protectores, pues no engloban exclusivamente a áreas protegidas o especies amenazadas, sino al conjunto de la Madre Tierra.

 

En síntesis, la actividad minera con la deforestación que implica, golpearía en una zona de mucha importancia ecológica por la biodiversad existente en su floresta. Su desarrollo haría casi imposible su conservación, que además, juegan un papel indispensable en la protección y suministro del agua. Tengamos presente que el área es extremadamente rica en recursos hídricos. Dentro de la concesión hay 43 nacientes de ríos y riachuelos. El Estudio de Impacto Ambiental de los japoneses señalaba que el agua se contaminaría con plomo, arsénico, cromo, cadmio y otras sustancias tóxicas. Sus vertientes se afectarían gravemente. Incluso preocupa el impacto sobre el agua subterránea en el área minera. Así las cosas, la actividad minera contaminaría esa región y las cuencas de varios ríos que desembocan en el Pacífico.

Además de afectar a la vida, destruye el tejido comunitario de los habitantes de la región y la cultura de los pueblos y su historia, pues Intag es una zona donde se encuentran sitios arqueológicos preincaicos de diferentes culturas, que desaparecerían con la minería. Y, para cerrar este punto, en esta región existe una larga lista de actividades productivas -ágrícolas, turísticas, artesanales- que configuran una realidad y un potencial económico de largo más sustantivo que la minería, en términos de generación de empleo y trabajo, y en especial de construcción de vida digna para los seres humanos y no humanos.

¿Sabrá Boric lo que hace CODELCO en Ecuador?

A lo anterior se suma una multiplicidad de violaciones legales y constitucionales relacionadas con el proyecto minero Llurimagua y con el resto del sector minero. La lista de estos atropellos es múltiple, por razones de espacio puntualicemos solo algunos de ellos:

• Luego de la expulsión de la empresa japonesa Bishimetal en 1997 por acción de la comunidad de Intag, los intentos por imponer la megaminería no han cesado. A los japoneces siguieron los canadienses desde el 2002 cuando se entregó la concesión minera a un abogado ecuatoriano como único oferente en una subasta “pública”; concesión que posteriormente fue vendida a la empresa canadienses Ascendant Copper.
• Ascendant Copper formó una banda de paramilitares con los que en noviembre del 2006 intentó ingresar violentamente a Barcelona-Cerro Pelado, pero fueron rechazados por las comunidades. Un mes después la empresa intentó de nuevo ingresar a su concesión por la comunidad de Junín, pero igualmente no tuvo éxito, y los paramilitares fueron detenidos por la comunidad. Esta empresa canadiense también tuvo que retirarse por la acción decidida de la comunidad de Intag.
• Los atropellos a la Constitución del 2008 empiezan con el irrespeto del Mandato Minero del 18 de abril del mismo año. Continuó luego con la imposición de la ley de minería en enero del 2009 sin cumplir con las disposición constitucional de la consulta prelegislativa a los pueblos originarios. La ausencia de consultas ambientales, llevadas a cabo respetando las normas establecidas incluso internacionalmente, fue y es una constante. Intag no fue la excepción.
• En abril del 2019, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, publicó su informe[14] sobre el proyecto minero Llurimagua donde revela y denuncia, graves violaciones a derechos humanos y colectivos, como consecuencias del la implementación del proyecto minero Llurimagua.
• En marzo del 2019, la Contraloría General del Estado publicó su informe sobre el Examen Especial[15] del proyecto minero Llurimagua en el cual documenta decenas de incumplimientos graves por parte de la empresa CODELCO y funcionarios de diferentes instituciones estatales llevados a cabo durante los más de cuatro años de actividades en la zona. Los incumplimientos e ilegalidades son tan extensos y de tal magnitud que la Contraloría llamó la atención a las instituciones reguladoras por no haber insistido en la caducidad del proyecto minero.
• Tampoco se respetó el carácter vinculante de la declaración de Cotacachi como Cantón Ecológico, desde el año 2000. Sólo la Corte Constitucional, a la luz de la nueva Constitución, podrá cuestionar la validez de la ordenanza y hasta la presente no lo ha hecho.
• A principios del 2019, el gobierno de Cotacachi aprobó la ordenanza municipal que afirma la creación del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Intag-Toisán, que impone limitaciones en el uso de los recursos naturales y excluye actividades mineras. Esta resolución no fue acatada.
• Así mismo, como para ahondar en la importancia de la zona, al inicio del 2019, la UNESCO declaró a la provincia de Imbabura como Geoparque Mundial, el primero en Ecuador. Los territorios considerados como geoparques se deben manejar bajo criterios de enorme responsabilidad a partir de los ejes de conservación, educación y turismo. Declaración que, por supuesto, hasta ahora no ha surtido efecto para segurar la integridad ecológica de la zona.

Un punto aparte merece la violencia empleada para imponer en Intag a la empresa CODELCO y a la estatal ecuatoriana ENAMI. De hecho estas empresas fueron cómplices de la violación sistemática de los derechos humanos y de la agresión policial-militar de mayo del 2014, cuando, durante el gobierno de Correa, vía ocupación policial con cerca de 400 efectivos armados instalaron violentamente a dichas empresas mineras en el bosque comunitario. Ese mismo año, atropellando las normas legales se dio la captura y prisión de Javier Ramírez, líder comunitario, y empezó la persecución por cinco años a Hugo Ramírez, miembro de la comunidad de Junín. Es decir, la presencia de CODELCO nació con violencia, única forma de romper la larga resistencia pacífica de la comunidad.

Desde que está presente CODELCO, las acciones desplegadas por la comunidad para defender sus derechos han sido múltiples. Mencionamos un par a modo de ejemplo de los últimos dos años:

• En el 2020 la sociedad civil de Intag presentó un pedido de Medidas Cautelares basado en la violación de los Derechos de la Naturaleza. El juicio se ganó en primera instancia, pero fue rechazado en la apelación debido a errores procesales de la corte de primera instancia.
• El 30 de noviembre del 2021, representantes de las cuatro comunidades dentro del área de influencia presentaron otra Acción de Protección basada en la violación a los Derechos de la Naturaleza, y la falta de consulta ambiental.[16] Vale la pena mencionar que la Corte Constitucional, en la sentencia a favor del Bosque Protector los Cedros de fines del 2021, reconoció que la consulta ambiental[17] es fundamental y debe realizarse previa al otorgamiento del registro y la licencia ambiental. Tampoco cabe por lo tanto el otorgamiento de un nuevo registro ambiental para subsanar estas irregularidades.

La transnacional chilena ha seguido operando sin hacer caso a estos reclamos y tampoco a las múltiples observaciones de varias instancias de control estatal. La lista de irregularidades cometidas es larga y las observaciones sobre todas las ilegalidades han sido notificadas a los directivos de la empresa.

De facto, CODELCO no ha acogido las observaciones técnicas y legales recibidas. Al contrario  buscó, en contubernio con funcionarios de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, llegar a acuerdos bajo la mesa, situación que no ha cambiado en el gobierno de Guillermo Lasso. Su accionar incumple la Constitución, la ley de empresas públicas y la ley de minería. Y no solo eso, en dos ocasiones ha presentado reclamos internacionales para hacer valer lo que considera son sus derechos violentados.

En Navidad del año 2021, CODELCO al amparo del convenio entre Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, planteó el inicio de un arbitraje contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocido como el CIADI.  Meses antes ya había solicitado otro arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio. No es la primera vez que la transnacionales mineras han acudido al arbitraje internacional como una forma de recuperación de la inversión y de chantaje al Estado. La canadiense Copper Mesa (antes Ascendant Cooper), que operaba en Intag, lo hizo en al año 2011.

Dada la gravedad de los hechos, paulatinamente comienza en la prensa ecuatoriana  a develarse informaciones sobre una compleja y oscura relación de CODELCO con el Estado. [18]  Tan es así que en un reciente artículo de prensa, donde ennumeran las oscuras relaciones de CODELCO con los gobernantes ecuatorianos, se pregunta en su titular “¿Sabrá Boric lo que hace CODELCO en Ecuador? ”.[19]

La amenaza de un renovado subimperialismo[20]

En Ecuador se agotan los acercamientos con las autoridades estatales. Razón por la cual las organizaciones de la sociedad civil más importantes de Intag intentaron, en tres ocasiones, intentaron contactar a los presidentes de Chile. No hubo respuesta.

En este momento, sobre todo de profundos cambios en Chile, sería lamentable que este país, a través de su empresa estatal, intente aprovecharse de la fragilidad institucional de Ecuador. En este caso específico, la empresa chilena asume el papel de transnacional con todos sus defectos y mañas. Eso de ninguna manera puede ser aceptado como cooperación horizontal. Insistamos, CODELCO, en tanto empresa estatal, ayudó a romper la resistencia de las comunidades levantando la bandera del nacionalismo de un proyecto que inicialmente se presentó como proyecto “estatal ecuatoriano” liderado por ENAMI.

 

Esa perversa alianza de empresas estatales demuestra que la superación de la propiedad privada, no asegura otra política extractivista y peor aún la superación del extractivismo. Recordemos que el accionar de las empresas estatales casi siempre está motivado por las demandas del mercado mundial, e incluso ha llegado a ser, en algunas ocasiones, mucho más dañino que el de las propias transnacionales pues atropellan  comunidades a nombre del interés nacional.

Sostener proyectos en marcha e incluso concesiones entregadas irrespetando las normas constitucionales y legales por no afectar intereses particulares es una aberración, más aún si esas situaciones conllevan graves destrozos a las comunidades y a la Naturaleza. Aducir, por ejemplo, que el Estado ya entregó dichas concesiones aún cuando sus bases sean de una indudable ilegalidad y que habría que respetarlas, constituye una equivocación por decir lo menos. Adicionalmente se sabe a ciencia cierta que los representantes de las mineras y sus abogados, es decir las empresas -incluyendo CODELCO- conocían perfectamente el marco constitucional y jurídico del Ecuador que debían respetar… aún cuando los gobiernos no los respeten, ni tampoco exijan su cumplimiento.

 

Esperamos que los vientos de cambio en Chile corrijan este tipo de actividades enmarcadas en prácticas subimperialistas que no son, ni pueden ser la base para relaciones de respeto y unidad entre pueblos hermanos -como demandaba el presidente Salvador Allende- y menos aún para sintonizarnos armónicamente con nuestra Madre Tierra. En este momento en que Chile escribe una nueva historia cambiando la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet es preciso que se reencuentre -también constitucionalmente- con sus vecinos de la región. Chile debe dar pasos activos para impulsar un proceso de integración sustentado en la cooperación y la solidaridad, incluyendo el respeto a los derechos e instituciones de los países vecinos.

Las nuevas autoridades gubernamentales chilenas y la Convención Constitucional, que tantas expectativas y esperanzas despiertan en Nuestra América, que cuentan con nuestra activa solidaridad, tienen una enorme responsabilidad. No deben olvidar que Intag, en su lucha por la vida, la tierra y el agua, no se rinde. Sus comunidades llevan veinte y siete años de resistencia; es su escencia y sentir, su derecho constitucional. Y lo seguirán haciendo las veces que sea necesario.-

Enero del 2021.

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[1] Economista. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).

[2] Residente de Intag, agricultor, ambientalista, fotógrafo, escritor. Participante de la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial.

[3] Consultar sobre esta evolución en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera, Abya-Yala, Quito. Disponible en https://www.pachamama.org.ec/wp-content/uploads/2021/03/FESTIN-MINERO.pdf

[4] Sobre estas consultas de puede leer en Ver en Alberto Acosta; “La naturaleza reta a la democracia – Ecos de la consulta de Kimsacocha”, marzo del 2019. Disponible en https://rebelion.org/ecos-de-la-consulta-de-kimsacocha/ y Alberto Acosta; “El Agua, fuerza motriz de la Naturaleza – Su emancipación por la senda de las consultas populares”, marzo del 2021. Disponible en https://www.aporrea.org/tiburon/a301480.html

 

[5] Ver la nota de Minería Pan-Americana: “Acuerdo entre Codelco y Enami se definirá pronto”, noviembre 20 de 2019. Disponible en: https://www.mineria-pa.com/noticias/acuerdo-entre-codelco-y-enami-se-definira-pronto/

[6] Información tomada de https://www.infobae.com/america/agencias/2021/12/24/chilena-codelco-acude-a-tribunal-arbitral-del-bm-por-yacimiento-minero-en-ecuador/

[7] Se entiende como mena el material extraído del subsuelo del cual se pueden extraer los minerales buscados luego de su procesamiento.

[8] Al final de la vida de la mina, de acuerdo a estimaciones gruesas, se acumularán un total aproximado de 750 millones de metros cúbicos de lodos contaminados (4,5 veces el volumen del lago San Pablo en la provincia de Imbabura) y unos 675 millones de toneladas de desechos sólidos (7,5 veces el Panecillo de Quito).  En el mismo período el consumo de agua será de 31,5 millones de litros de agua al día: 1,5 veces más que el consumo diario de la ciudad de Ibarra, capital de la indicada provincia, y que tiene unos 120 mil habitantes.

[9] Consultar en https://openjicareport.jica.go.jp/661/661/661_706_11282761.html

[10] Entendido como la formación de aguas ácidas, ricas en sulfatos y metales pesados. Esto es provocado por la lixiviación de sulfuros metálicos y de la pirita presente en carbones. Esto sucede por dos procesos: oxidación abiótica y oxidación biótica. Y estos drenajes pueden durar literalmente cientos de años.

[11] Consultar en  https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/EIA-LLurimagua-Complementario.pdf

[12] Intag es considerado como uno de los lugares en donde hay más certeza de que se encontrarán nuevas especies. Ver el mapa en https://mol.org/patterns/discovery

[13] La sentencia de la Corte está disponible en  https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html

[14] Disponible en https://cedhu.org/noticias/13-noticias-cedhu/145-resumen-del-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-el-proyecto-llurimagua-de-enami-ep-codelco

[15] Consultar el Informe… Disponible en https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57938&tipo=inf

[16] La audiencia para esta demanda está fijada para el miércoles 19 de enero del 2022. Pronto sabremos si CODELCO logra la distinción de  ser la tercera minera transnacional derrotada en la Zona de Intag, y la primera del subimperialismo del Sur.

[17] A más de la consulta ambiental en tanto derecho constitucional para toda la sociedad (artículo 398) existe la consulta previa libre e informada para pueblos originarios (artículo 57,7). Hay dos tipos de consultas adicionales: la consulta popular “sobre cualquier asunto” (artículo 104) y la consulta prelegislativa para pueblos originarios antes de aprobar cualquier ley que les pueda afectar (artículo 57,17).

[18] Recomendamos por ejemplo el reportaje de PRIMICIAS: “Salen a la luz los trapos sucios de los acuerdos con la minera Codelco” https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/trapos-sucios-acuerdos-minera-codelco-enami-arbitraje/

[19] Consultar en https://www.elmonominero.com/?p=2304

[20] El subimperialismo, de acuerdo con Ruy Mauro Marini (“La acumulación capitalista y el subimperialismo”, 1977; disponible en http://www.marini-escritos.unam.mx/052_acumulacion_subimperialismo.html), alude al hecho de que las dictaduras militares brasileras hicieron coincidir los intereses de la burguesía con los intereses de la nación, al mismo tiemplo que los promovía a nivel internacional. En otros casos se ha llegado a hablar del subimperialismo chileno, tema que, por razones de espacio, no se amplia en este corto texto.