En medio del debate constitucional que vive el país y las tensiones que se han generado respecto al derecho de propiedad, la Corte Suprema emitió un fallo que podría marcar precedente en casos de tomas ilegales. La resolución no busca ordenar el desalojo de la propiedad, sino que obliga al afectado a coordinarse con las autoridades estatales para buscar una solución de lo que se entendía era un acto ilegal como es o era una toma.

A raíz de lo anterior es que desde hace años que decenas de terrenos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Araucanía, Tarapacá, Antofagasta, etc., han sido tomadas de forma ilegal por parte de organizaciones que han decidido apropiarse de terrenos como mecanismo de presión a la autoridad política, en algunos casos.

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Para esto, previa coordinación, llegan preferentemente durante la noche y se hacen de las propiedades. Realizan loteos y luego comienzan a edificar mediaguas o construcciones sólidas. Con luz, agua por camiones e incluso internet o televisión satelital cuentan estos predios.

Así fue lo que ocurrió con un sitio de 15,12 hectáreas en Viña del Mar de los hermanos Miranda Hernández. La historia quedó plasmada en un recurso de protección que ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en noviembre de 2020.

Fue una visita de rutina. Ese 24 de octubre de 2020 los hermanos Miranda Herández acudieron a su lote ubicado en lo que fue parte del predio rústico llamado “Hacienda Santa Julia”. La sorpresa fue mayúscula.

“(…) Terceros ajenos a la propiedad, han ingresado al predio, a la fuerza y con rompimiento de puertas, cercos y cierros en general, para proceder a tomarse el inmueble antes individualizado, donde han comenzado con movimientos de tierra y construcción de vivienda”, detalla el escrito.

Ante eso, le solicitaron al tribunal de alzada de la Quinta Región que ordenara a Carabineros el desalojo de la propiedad y custodiar el lugar con el fin de evitar el ingreso de nuevos ocupantes “ilegales”.

Luego de más de un año de tramitación, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por la ministra Teresa Carolina De Jesus Figueroa, el ministro suplente Germán Núñez, y la abogada suplente Sonia Maldonado, rechazaron el recurso de amparo.

 

“(…) Resulta evidente que el asunto debatido no es una materia que corresponda ser esclarecida por medio de la presente acción cautelar de urgencia, puesto que la existencia de una eventual usurpación de terrenos, es controvertida por la única recurrida que informó, al señalar que contaba con autorización del dueño del predio para su asentamiento”, consta en uno de los considerando de la resolución de la Corte de Valparaíso.

Es conocido entre quienes se han visto afectados por esta problemática, una vulneración a la propiedad privada, que si dentro de las primeras horas no se pide el desalojo del lugar, los días posteriores al hecho no hacen más que complejizar la situación.

 

Tras la negativa, los hermanos Miranda Hernández apelaron. Fue así como el caso escaló a la Corte Suprema. En el recurso de apelación los afectados retrucaron los argumentos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señalando que “es improcedente decir, que lo que se pretende por el recurso intentado, es obtener de ‘manera rápida y expedita’, el uso de la fuerza pública”.

A renglón seguido, los recurrentes se preguntan si el fallo del tribunal de alzada “pretende que temas como estos, que requieren una pronta respuesta, lo sean con lentitud, temor y desidia”.

Colaboración

El 19 de enero de 2022, tras ocho días de tramitación, la Corte Suprema dio a conocer su opinión. En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal de justicia acogió el recurso de protección de los hermanos Miranda Hernández, dictaminando que los afectados deberán coordinarse con una serie de estamentos estatales para buscar una solución a la problemática.

La resolución viene a revocar lo zanjado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso quien rechazó el recurso de los hermanos Miranda Hernández. Dicha sentencia decidió poner la balanza del derecho a la propiedad en favor de quienes utilizan las tomas ilegales como medidas de presión ante las autoridades.

Esto porque la sentencia del máximo tribunal propone u obliga que el dueño del predio tomado, afectado, deberá ahora participar, sino urgir a las autoridades de Gobierno, a buscar una solución a la demanda habitacional que realizan los responsables de la movilización.

Se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin que, de manera conjunta se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”, señala el escrito, el que contó con los votos a favor de los ministros Sergio Muñoz, Angela Vivanco, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, y el voto en contra del ministro suplente Raúl Mera.

En síntesis, el fallo endosa una carga más al obligar a los propietarios a coordinarse para buscar una solución a los responsables de la toma.

En palabras simples le impone no solo la carga de no poder ejercer el derecho de propiedad sino de contribuir a buscar una solución, e incluso el fallo del máximo tribunal no indica un plazo. O sea puede ser una solución “sine die” (sin plazo o fecha determinado).

Pese a todo, el abogado de los hermanos de Viña del Mar, Waldo del Villar, cuya propiedad de 15,12 hectáreas no tiene fecha de reintegro asegurada para el uso y goce de sus representados, calificó el fallo como “muy favorable”.

“La Corte Suprema, reconociendo el derecho de propiedad, lo que está haciendo es ordenar que se deben adoptar las medidas para resolver el problema y coordinarse con nosotros”, explicó el abogado de los hermanos de Viña del Mar, Waldo del Villar, cuya propiedad de 15,12 hectáreas no tiene fecha de reintegro asegurada para el uso y goce de sus representados.

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Señalar que la unidad de Investigación de Radio Bío Bío contactó abogados especialistas en la materia, pero evitaron hacer comentarios públicos. En tanto, el fallo se ha reproducido en un sinnúmero de grupos de WhatsApp en que los juristas advierten sobre las implicancias del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema.