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Clemencia Carabalí forma parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), que lleva más de 20 años reivindicando los derechos de las mujeres negras y de las comunidades afrodescendientes en Colombia. También integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN), una red conformada por más de 140 organizaciones de base y consejos comunitarios a nivel nacional para la defensa de los derechos étnicos, culturales y territoriales.
Clemencia Carabalí forma parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), que lleva más de 20 años reivindicando los derechos de las mujeres negras y de las comunidades afrodescendientes en Colombia. También integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN), una red conformada por más de 140 organizaciones de base y consejos comunitarios a nivel nacional para la defensa de los derechos étnicos, culturales y territoriales. Este testimonio suyo forma parte del cuaderno Resistencias feministas. Relatos de estrategias colectivas, recientemente publicado por FeministAlde.
“Queremos que se conozcan nuestras experiencias e iniciativas de construcción de paz en las comunidades, que se pongan en nuestros zapatos. No podemos perder la esperanza de soñar con la justicia, con la paz y con un país donde se reconozcan y respeten nuestros derechos”, afirma Clemencia Carabalí, de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y del Proceso de Comunidades Negras (PCN).
El PCN surge cuando se empezó a trabajar para que los afrocolombianos tuviéramos un reconocimiento a partir de la Constitución política de 1991, donde no solo ayudamos a que una nueva Constitución fuera posible, en la que pudiéramos ser reconocidos como grupo étnico en este país, sino donde también pudiéramos avanzar en la implementación de derechos que salvaguardan nuestra cultura, nuestra vida y nuestras prácticas ancestrales y culturales. Desde entonces el PCN viene trabajando, primero, para que tengamos legislación a nuestro favor, pero también por la implementación de esas legislación, como es el caso por ejemplo de la Ley 70/1993. Esta Ley surge precisamente como respuesta a un trabajo arduo que hicimos como población negra en este país para tener un lugar jurídico que nos permitiera salvaguardar nuestros derechos.
Desafortunadamente, hoy, la gran mayoría de esas leyes siguen sin implementarse. Precisamente porque persisten inmensos intereses económicos, y geopolíticos en nuestros territorios, que encuentran en la Ley 70 un obstáculo para el saqueo y la explotación.
Seguimos cargando situaciones muy complejas de disputa territorial, de enfrentamientos por distintos actores armados y por militarización por parte del Estado.
El PCN es una articulación conformada por personas y por organizaciones a lo largo y ancho del país. Hay compañeras y compañeros desde La Guajira hasta Tumaco. Tenemos una estructura que consta de un Equipo Nacional y luego a nivel de los territorios existen los palenques. Acá para el Norte del Cauca, está el Palenque Alto Cauca. Nosotras estamos en el Norte del Cauca y también está ASOM, que es la organización de mujeres, que articulamos con el Palenque y con la Coordinación Nacional.
Nuestra lucha se articula con otros procesos organizativos para la defensa de derechos, como el Movimiento Nacional de Mujeres Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales y su diversidad de identidades. Esta es una organización a nivel nacional y nosotras hemos participado con ellas en diferentes espacios de incidencia. Tenemos que profundizar los espacios de apoyo político.
En los últimos tiempos ha aumentado la violencia contra las mujeres. Esta situación se exacerbó no solamente por la pandemia de la covid-19, sino también por la situación de orden público que, lamentablemente, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, persiste y particularmente en este territorio caucano y pacífico, y en el Norte del Cauca. Seguimos cargando situaciones muy complejas de disputa territorial, de enfrentamientos por distintos actores armados y por militarización por parte del Estado. Porque su presencia se reduce a militarización de los territorios, pero no a una presencia con soluciones integrales, como es el arreglo de vías, el apoyo a iniciativas productivas lícitas, a la sustitución de cultivos de manera coordinada con quienes siembran, sino que todo es por la fuerza y con armas.
Todo esto genera para nosotras mayor riesgo y persisten situaciones de reclutamiento, de amenazas, de desplazamiento de nuestra gente en los territorios. Nosotras defendemos y trabajamos para que estos hechos no sigan ocurriendo en los territorios, sin embargo es bastante complejo. La implementación de la paz no es una parte esencial, no es prioridad en este gobierno de Iván Duque.
El Norte del Cauca y Buenaventura son zonas conflictivas. Buenaventura es el principal puerto del país por donde entra y sale la carga, y el Norte del Cauca está muy cerca de esa zona. Hay toda una estrategia de control de estos territorios, no solo para que entre mercancía lícita, sino también para armas, drogas. Eso genera, en este ejercicio de controlar el territorio, confrontaciones de los grupos armados que terminan afectando a las comunidades. Bien sea porque reclutan gente para sus propósitos, muchos de ellos terminan no solo en bandas, sino muertos.
Por otro lado, la situación de explotación de los territorios persiste, como la minería. Ha habido un saqueo desde la época de la corona española, que siguieron haciendo inversionistas privados y extranjeros, porque aún alberga muchísima riqueza. Se sigue explotando el medio ambiente y la salud, se envenenan los ríos, se contaminan las aguas, las fuentes donde nosotras lavamos, nos bañamos, donde tomamos el agua para regar nuestros cultivos, para tener nuestros animales. Todas esas aguas están contaminadas, especialmente los ríos.
Parece que hay todo un interés para que esta situación persista en los territorios, “para no dejarnos respirar como pueblo negro”.
Una de las cosas que estamos viviendo hoy es mucha restricción para nosotras las mujeres, para movernos en los territorios debido a la presencia de nuevos actores armados, por las amenazas, por los asesinatos, por los desplazamientos. Es muy triste lo que está pasando en Buenaventura con nuestra comunidad hermana, donde un joven, por ejemplo, tiene un fusil que vale 20 millones de pesos, pero la casa donde vive no vale ni 5 millones, entonces una dice: ¿quién provee esas armas?, ¿al servicio de quién están?, ¿quién los está reclutando? El asunto es que como no hay una presencia fuerte del Estado, acompañada de inversión, una presencia que garantice derechos, entonces los niveles de pobreza siguen siendo muy altos.
Porque nuestros territorios solamente sirven para saquearlos, no sirven para hacer las inversiones que incluso generan los mismos territorios, sino que todo se lo llevan, y la gente queda solo con enfermedades, con problemáticas con temas de prostitución, de drogadicción, y empobrecida. Parece que hay todo un interés para que esta situación persista en los territorios, usando un término muy común en los últimos tiempos, “para no dejarnos respirar como pueblo negro”.
Traigo ese término a colación de la muerte de George Floyd en Estados Unidos. También vivimos situaciones parecidas en la medida en que la fuerza pública, y particularmente la policía, en Colombia actúa de manera muy similar. La represión que se hace contra la población civil es una represión brutal y sobre nosotras con mucha mayor fuerza, ya que las estructuras del racismo persisten en este país.
Para nosotras la reactivación económica debe centrarse en generar alimentos, ingresos y conservar al ambiente, porque los tres factores están fuertemente golpeados, tanto por la pandemia como por la acción depredadora del hombre. Al paso que vamos, cada día es más difícil el tema de la alimentación. Si hablamos de autonomía, la autonomía parte por tener lo básico para la subsistencia en el territorio. Es importante seguir apostando por la economía local, la economía desde nuestras prácticas culturales.
Colombia es un país paradigmático, tiene un avance legislativo en temas de legislación y derechos étnicos, pero lamentablemente los avances en su implementación son mínimos. Nosotras creemos que esto tiene que ver con el racismo estructural existente en las instituciones y las personas. Nos siguen viendo como ciudadanas de segunda clase. Nos ha tocado muy duro, a pulso, ganar un posicionamiento en este país. Tenemos que pasar esta página de violencia que hemos vivido las mujeres afrocolombianas y la población en general.
Queremos que se pongan en nuestros zapatos. No podemos perder la esperanza de soñar con la justicia, con la paz y con un país donde se reconozcan y respeten nuestros derechos.
Es necesario seguir insistiendo en el apoyo político y económico para la implementación del Acuerdo de Paz. Que los gobiernos y la comunidad internacional hagan presión a Colombia para que la construcción de la paz sea una posibilidad real, que como ciudadanas tengamos el derecho a la paz: vivir libres de violencias y con condiciones básicas.
Queremos que se conozcan nuestras experiencias e iniciativas de construcción de paz en las comunidades, que se pongan en nuestros zapatos. No podemos perder la esperanza de soñar con la justicia, con la paz y con un país donde se reconozcan y respeten nuestros derechos.