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1° de febrero de 2022
La situación política siempre ha sido volátil en los países asiáticos, haciéndolos vulnerables al conflicto y a la violación de los derechos humanos. Entre golpes de estado y gobiernos autoritarios, los pueblos indígenas ven afectada su participación en el espacio público al mismo tiempo que aumentan las violaciones a los derechos humanos. Reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas de Asia es fundamental para fortalecer las democracias de todo el continente.
Durante la última década, las debilidades de la democracia asiática fueron en aumento a medida que los Estados se inclinaron hacia la centralización y la autocracia. Durante la pandemia del Covid-19, esta situación empeoró por procesos legislativos controvertidos que afectaron los derechos e intereses de los pueblos indígenas.
En este sentido se otorgaron estímulos y compensaciones a empresas extractivistas, como la renovación automática de licencias y la apertura de nuevas áreas de explotación minera ambientalmente sensibles. En cuanto a la situación sanitaria, varias de las soluciones planteadas debilitaron los derechos de los pueblos indígenas.
Por otro lado, las fuerzas militares en Myanmar volvieron a tomar el poder el 1° de febrero de 2021, lo cual fue respondido por una protesta nacional masiva. A un año del golpe de Estado, las personas asesinadas por la Junta Militar ronda los 1.500, cifra que incluye mujeres y niños; han habido 12.000 arrestos ilegales; y se continúan denunciando muertes, detenciones arbitrarias, violaciones y torturas.
Inestabilidad, conflicto y transiciones incompletas
Para comprender la inestabilidad política es necesario analizar la historia de la democracia en este continente. Históricamente, para la mayoría de las sociedades asiáticas, el significado y la práctica de la democracia moderna es algo nuevo. Podría decirse que, en tiempos precoloniales, la práctica democrática de las comunidades era la forma de gobierno preponderante de las tribus que hoy se conocen como pueblos indígenas. Muchos de ellos se han autogobernado de un modo similar, pero diferente a la democracia liberal que se ha convertido en el modelo predominante en la actualidad.
La transición hacia la democracia liberal en Asia no ha sido para nada sencilla. La mayoría de los países aún no ha logrado vivir una historia ininterrumpida de gobiernos democráticos. De modo contrario, nos encontramos frecuentemente con gobiernos autoritarios, supresión y violación de derechos humanos, conflictos civiles y violencia sistemática. Existe poca evidencia empírica en cuanto a los efectos de la existencia de un estado de derecho. Los conflictos sociales han sido serios y la habilidad de la sociedad civil para resolverlos o mitigarlos, a través de las instituciones, ha sido mucho menos efectiva que en otros lugares del mundo.
La tendencia hacia la represión, la violación de derechos humanos y la falta de justicia es una manifestación de la debilidad de los cimientos de la democracia y de la institucionalidad de los Estados.
La tendencia hacia la represión, la violación de derechos humanos y la falta de justicia es una manifestación de la debilidad de los cimientos de la democracia y de la institucionalidad de los Estados, así como de las luchas de poder y de la corrupción. Los ataques al Poder Judicial, a los medios independientes, a la sociedad civil y a los partidos de la oposición indican que los gobiernos están virando rápidamente hacia la autocracia, el autoritarismo y el populismo. Las democracias asiáticas pueden describirse como democracias defectuosas.
Las transiciones hacia la democracia de Filipinas en la década de 1980, Indonesia a fines de 1990 y de Nepal en los años 2000 se encuentran incompletas. Otros países como Laos, Vietnam y China continúan bajo gobiernos autoritarios; en Camboya existe un gobierno de facto unipartidista; y en Tailandia la tradición de tolerancia hacia otras sociedades todavía no trajo un Estado democrático plural y estable. En India, la democracia liberal más grande del mundo, se está experimentando un alza en el racismo y el fundamentalismo bajo el actual gobierno populista de derecha de Narendra Modi.
El impacto de la reducción del espacio cívico para los pueblos indígenas
En Asia, existen alrededor de 2.000 grupos étnicos que se identifican como pueblos indígenas. Tienen su propia cultura, identidad y organización social consuetudinaria. La población total alcanza aproximadamente los 411 millones. A partir de la continua reducción de los espacios democráticos, cada vez les resulta más difícil asegurar sus derechos a la autodeterminación y al territorio. Peor aún, los gobiernos han utilizado al Covid-19 para retirar las protecciones a favor de los pueblos indígenas e, intensificar la violencia, las matanzas y la criminalización de los activistas de derechos humanos.
En este sentido, el informe Global Witness 2021 reveló que en Asia hubo 27 asesinatos de activistas que defendían sus tierras y resistían la destrucción de la naturaleza. En los últimos años, el número de ataques contra indígenas ha sido desproporcionado: fueron las víctimas en cinco de las siete matanzas masivas registradas durante 2020. Las acciones de los pueblos indígenas para defender sus tierras y recursos suelen ser respondidas con la militarización, la represión y un mayor número de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el acceso a la justicia casi no existe y el respeto por los derechos humanos va en declive.
En los países asiáticos, hay una clara necesidad de enfrentar la inestabilidad política, la debilidad institucional y la ausencia de un Estado de Derecho.
La reducción del espacio cívico incrementa la insatisfacción con la democracia en todo el mundo. En consecuencia, cada vez más personas consideran que los sistemas autocráticos son más eficientes para mejorar las condiciones económicas. Sin embargo, la experiencia de Asia demuestra que el precio por esta supuesta eficiencia de los regímenes autoritarios es la pérdida de la libertad, representación y pluralismo, así como la degradación ambiental y los efectos del cambio climático.
En los países asiáticos, hay una clara necesidad de enfrentar la inestabilidad política, la debilidad institucional y la ausencia de un Estado de Derecho. Es necesario fortalecer las instituciones y valores que dan forma a las prácticas democráticas y las formas de gobierno que respetan la relación entre los humanos y la naturaleza. Las instituciones, las constituciones y la legislación son importantes ya que crean incentivos, moldean preferencias y resuelven (o no) problemas colectivos. Las normas, creencias, valores, tradiciones y hábitos de una sociedad son cruciales para el funcionamiento de las instituciones formales.
De la tierra a la espiritualidad indígena
En el siglo XXI, el derecho a la autodeterminación es una necesidad social y política para la continuidad de la forma de vida de los pueblos indígenas. Al adoptar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados reconocen las características únicas y las formas de vida en que se ordenan sus comunidades. Sin embargo, las características y sistemas particulares, que surgieron de su íntima asociación con sus tierras, no son todavía parte del aparato estatal.
La historia y la identidad de los pueblos indígenas asiáticos están enraizadas a sus territorios y su comunidad, y es lo que asegura su viabilidad como pueblos autodeterminados. La relación con la naturaleza no se limita a aspectos materiales de su cultura ni se trata exclusivamente de una relación económica. La tierra tiene un significado espiritual y es esencial para su existencia. Los vínculos pueden nacer a partir de la familia, el clan y la comunidad; en el marco de sitios sagrados, ríos y montañas; o por su relación con la flora y la fauna que los acompaña a lo largo de su existencia.
La cristalización de estos valores y relaciones llevó a la evolución de un ethos que está presente en la mayoría de los pueblos indígenas, un ethos que representa la calidad de su existencia y vida dentro de sus comunidades y para con la naturaleza no humana. Como dijo Colin Nicholas, fundador y coordinador del Centro para los Asuntos de los Orang Asli, en Espiritualidad indígena y gobernanza: “Dentro de este territorio tradicional, los pueblos indígenas desarrollan tradiciones y sistemas de creencias que son la base de su organización social, su sistema económico y su identificación cultural”.
En el siglo XXI, el derecho a la autodeterminación es una necesidad social y política para la continuidad de la forma de vida de los pueblos indígenas.
En el centro de este ethos se encuentra la armonía con la naturaleza no humana y la armonía dentro de la comunidad. Los pueblos indígenas se preocupan por la coexistencia armoniosa y simbiótica de los elementos naturales y sobrenaturales de su mundo dado que su espiritualidad reconoce que son seres iguales a otros. La lógica de una coexistencia armoniosa y simbiótica guía sus vidas: el valor de la igualdad y la utilización sustentable de los recursos se encuentran representados en su forma de vida y sus instituciones.
Durante el movimiento por los derechos indígenas en el período post colonial, los espacios cívicos y las estructuras de gobierno han excluido a las instituciones indígenas, sus prácticas y formas de ser y conocer. En su esencia, la estructura estatal y el espacio cívico siempre se han mantenido cerrados a los pueblos indígenas. Sin embargo, las comunidades han resistido y lograron que los Estados concedieran algún tipo de reconocimiento y derechos.
La fuerza de la costumbre
Las instituciones indígenas encuentran su expresión en la tradición y la práctica de la toma de decisiones consensuadas, respetando la diversidad de opiniones dentro de la comunidad. La unidad se logra a través de la reciprocidad y la reconciliación frente a los conflictos. La costumbre es la ley de los pueblos indígenas: los conecta a una red de relaciones con grupos de personas diversas, y con sus espíritus ancestrales, la tierra, el mar y el universo. Como afirma un anciano indígena: “Es nuestra responsabilidad mantener el orden”.
La costumbre posee diferencias cualitativas con el derecho positivo. No solo es una fuente de derecho desde tiempos inmemoriales, sino que muchas veces resulta la regla más apropiada para la resolución de conflictos. La costumbre surge desde abajo porque su aceptación se basa en prácticas de larga duración que nacen de un acuerdo tácito y se apoyan en la razón. La costumbre se legaliza a partir de la deliberación sobre los valores supremos de una comunidad. En este sentido, es necesario probar que la costumbre es continua, pacífica, razonable, innegable y habitual; o si es consistente con la noción de justicia sostenida por la cosmovisión de la comunidad.
A diferencia del derecho positivo que descansa en el conocimiento de la legislación y enfrenta el cuestionamiento sobre su legitimidad, la costumbre forma parte de la identidad, la moral y la sensibilidad de los pueblos indígenas y su práctica democrática directa. Como la costumbre integra la consciencia de las comunidades, es respetada de manera espontánea y su legitimidad es superior a la ley. Su cumplimiento proviene de un sistema de creencias enraizado en sus tierras, su espiritualidad y su cultura.
La costumbre es la ley de los pueblos indígenas: los conecta a una red de relaciones con grupos de personas diversas, y con sus espíritus ancestrales, la tierra, el mar y el universo.
La interrelación y la espiritualidad de las instituciones basadas en la costumbre y la ley están presentes en toda Asia. El pueblo Ainu de Japón cree profundamente en el ureshipamashor, es decir, que todos los seres vivientes, incluyendo a los humanos, se encuentran conectados. En Malasia, los semai creen en el tenhak: los humanos son responsables de aquellos que deben tener su bienestar asegurado. Estas creencias no dependen únicamente de la tradición racional, sino que también se sostienen mediante la sabiduría.
La solidaridad, la reciprocidad y el servicio para el bien común son valores compartidos por diversos pueblos indígenas de Asia. Mientras que en Occidente, el derecho a la propiedad puede ejercerse por encima del derecho de otros individuos, en varios pueblos indígenas asiáticos priman los derechos colectivos y comunales sobre la tierra y los recursos. A raíz de esta diferencia de valores, los pueblos indígenas buscan que la autodeterminación forme parte del derecho internacional de los derechos humanos: necesitan una justicia legal intercultural y una pluralidad social, cultural y política que se encuentre en consonancia con el estado en el cual ellos se encuentran actualmente.
Fortalecer la democracia para recuperar la soberanía indígena
La democracia necesita representación, pluralismo, una robusta cultura del debate y una fuerte convicción sobre la base moral de las instituciones políticas. Para ello, se necesitan ideas y modelos transformadores. Asimismo, será difícil avanzar hacia un cambio transformador y el fortalecimiento de la democracia si no se enfrenta las amenazas que representan el colapso ambiental y la catástrofe climática. Por lo tanto, revertir la reducción del espacio cívico, fortalecer la democracia y vivir en armonía con el prójimo y con la naturaleza deberán ser el corazón del asunto.
El derecho a la autodeterminación se encuentra en el corazón de las luchas indígenas porque respalda la capacidad de desarrollarse como individuos y como comunidades en base a un orden social único y determinado por ellos mismos. Reconocer el derecho a la autodeterminación conlleva a fortalecer las democracias en Asia. Asimismo, implica que los Estados revisen su estructura institucional para dar lugar a las autonomías y al autogobierno como la primera unidad de gobierno de un pueblo o nación.
El derecho a la autodeterminación se encuentra en el corazón de las luchas indígenas porque respalda la capacidad de desarrollarse como individuos y como comunidades en base a un orden social único y determinado por ellos mismos.
En Asia, los indígenas son pueblos colonizados. Resulta indistinto que hayan sido forzados a vivir en países creados y gobernados por los descendientes de los conquistadores. La discriminación, el despojo, el debilitamiento del liderazgo indígena y la falta de control sobre su desarrollo son consecuencias de esa colonización. La obligación de enviar a los niños indígenas a escuelas donde no se enseñaban sus lenguas, su conocimiento y sus valores agrava la situación. Como si esto fuera poco, día a día son obligados a vivir bajo un gobierno que no les es propio.
Debido a la trascendencia de esta situación, la iniciativa del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia para recuperar la pérdida de la soberanía indígena y crear un espacio cívico alternativo es un paso para abordar a largo plazo la criminalización de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la democracia en la región. También apunta, a través de la reflexión crítica, a descubrir y recuperar los valores que gobiernan y organizan a las sociedades indígenas para alcanzar un sistema de gobierno alternativo.
El Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) es una organización regional fundada en 1992 con el compromiso de promover y defender los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos. En la actualidad, AIPP cuenta con 46 miembros de 14 países de Asia, 18 alianzas con organizaciones indígenas nacionales y cooperación con 30 organizaciones locales y subnacionales.