Encuentro entre presidentes de Perú y Brasil puso en agenda carretera que afectaría a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Las afectaciones ambientales son inmensas.

 La reunión entre Pedro Castillo y Jair Bolsonaro puso de nuevo en agenda la construcción de una carretera transfronteriza que atenta contra la subsistencia de pueblos en aislamiento.

Como una iniciativa impulsada por el mandatario brasileño, la vía busca unir Cruzeiro do Sol (en Brasil) con Pucallpa (en Perú), trayecto que atraviesa el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Isconahua.

Como ya se ha denunciado, este proyecto deforestaría cientos de kilómetros de bosque virgen, facilitaría la incursión de agentes externos dedicados a actividades ilícitas y pondría en riesgo la vida de pueblos en aislamiento y contacto inicial.

De acuerdo a Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la reunión entre ambos mandatarios genera una serie de preocupaciones.

Como indicó, Castillo y Bolsonaro coinciden en desconocer la importancia de derechos de pueblos indígenas y han demostrado un interés en aminorar la importancia de temas ambientales.

Carretera en agenda

El 3 de febrero, los presidentes de ambos países se reunieron en Porto Velho, en el Estado brasileño de Rondonia, para abordar, entre otros aspectos, temas comerciales, sanitarios y de conexión.

Producto del encuentro, se suscribió la Declaración Presidencial Conjunta, en donde se reafirma la decisión de construir una “alianza estratégica entre Brasil y Perú”.

Dentro de los 36 puntos mencionados, en el octavo señala el interés por impulsar la conexión terrestre entre Cruzeiro Do Soul, en el Estado de Acre, y Pucallpa, en Ucayali. 

La conexión aludida se refiere a la Carretera transfronteriza (extensión de la carretera BR-364), una vía propuesta por Jair Bolsonaro y parlamentarios brasileños de derecha que, desde el 2020, ha sumado múltiples cuestionamientos.

Historial desfavorable

En junio del 2021, el expresidente Francisco Sagasti observó el Proyecto de Ley 6486/2020-CR, que promovía la construcción de esta carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul, bajo el impulso de la integración multimodal entre Perú y Brasil.

La decisión gubernamental se dio tras el reclamo de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que advirtió sobre los impactos de este proyecto aprobado por el congreso, el cual no había pasado por consulta previa.

Al rechazo se sumaron la Defensoría del Pueblo y la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). El proyecto también contó con opinión desfavorable del Ministerio del Ambiente (Minam).

“Era una medida necesaria frente a un proyecto tres veces insostenible: desde lo ambiental, lo social e incluso desde lo económico”, indicó en su momento Vanesa Cueto, vicepresidenta de DAR.

Inminente peligro

Bajo el pretexto de ‘impulsar el desarrollo’, la ampliación de la carretera atravesaría, en el lado peruano, el Parque Nacional Sierra del Divisor y a la Reserva Indígena Isconahua.

Con áreas superpuestas, ambas categorías (Parque Nacional y Reserva Indígena) almacenan una inmensa biodiversidad y son parte del territorio que habitan pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Isconahua ya presenta problemas por tala ilegal, cultivos ilícitos y vías transfronterizas para el narcotráfico; situación que la ubica como la Reserva Indígena más invadida del país, de acuerdo a un reciente estudio.

En medio de este contexto, una carretera facilitaría la expansión de los negocios ilícitos, pondría en grave riesgo la subsistencia de los pueblos del lugar y alteraría el ecosistema de sus territorios.

Más advertencias

Como recuerda una serie de reportajes de Mongabay, mientras que esta carretera dispararía la violencia de actividades ilícitas en Perú, en Brasil tendría un impacto devastador en la biodiversidad del Parque Nacional Serra do Divisor.

Los cuestionamientos crecen con el precedente de la carretera interoceánica, una vía terminada en 2010 y que, lejos del desarrollo, conllevó la pérdida de más de 170 mil hectáreas de bosque primario.

Ante la previsible destrucción del territorio amazónico, líderes indígenas y ambientalistas han rechazado la ampliación vial promovida por Bolsonaro y grupos afines.

Ahora, tras el último encuentro con Bolsonaro, queda pendiente que el actual gobierno peruano siente claramente su posición sobre esta vía.

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El cártel brasileño PCC tiene tierras y su centro de operaciones en el Chapare

 

Los narcotraficantes brasileños tienen tomado Mato Grosso y desde ahí pasan la frontera hacia Bolivia. Mantienen un estrecho contacto con “productores” bolivianos y tienen propiedades en el trópico.

Que uno de los cárteles más peligrosos de Brasil tenga emisarios en Bolivia, ya no es novedad. Prueba de ello son los sicarios que operan y dejan muertes en territorio nacional. Sin embargo, esta organización criminal avanzó más; actualmente tiene tierras y su centro de operaciones en el Chapare, una de las zonas cocaleras del país.
“Se dice que miembros de la organización han adquirido propiedades rurales en todo el estado de Mato Grosso para facilitar el transporte de pasta base de cocaína, que por lo general traen de Bolivia.

También se sabe que el grupo ha adquirido propiedades en la región de Chapare en Bolivia con el mismo propósito”, señala parte de un análisis realizado por InSight Crime, un medio de comunicación internacional de investigación en temas de seguridad de Estado y otros.
El texto se publicó en octubre de 2020, basado en información proporcionada por Marcio Sergio Christino, fiscal estatal en San Pablo y coautor de un libro que investigó al PCC.
“Bolivia es el origen de la cocaína que el PCC transporta y vende”, declaró Marcio Sergio Christino a InSight Crime.
Un excomandante de la Policía en servicio pasivo, que trabajó en temas relacionados con las fronteras y narcotráfico, informó a Página Siete que la ruta que manejan los miembros del PCC parte del Chapare, en Bolivia, y termina en Mato Grosso, en Brasil. “Ya no somos un país de tránsito. La cocaína del Chapare la cristalizan en las provincias de Santa Cruz y de ahí parten a Brasil. El destino final siempre serán  países de Europa y Estados Unidos”, dijo.

Según el fiscal Christino, la presencia del PCC en Bolivia es resultado de su asociación con los “cárteles productores”.
“Entre más se expande el tráfico, más fuerza gana el PCC. Los productores locales de cocaína se enriquecen con la logística que el PCC les brinda”. A eso se suma los informes de la Unodc de 2018 y 2019 que señalan que el 90% de la coca producida en el Chapare no pasa por el mercado legal.
Mato Grosso es un bastión del PCC. La investigación de InSight Crimen señala que la organización criminal más poderosa y numerosa de Brasil mantuvo presencia por largo tiempo en Porto Esperidião y otros municipios del estado, “para facilitar su acceso a la cocaína producida en la vecina Bolivia”.

Hace más de dos semanas se registraron dos muertes violentas: una en la población fronteriza de San Matías, Santa Cruz, y la otra en la capital cruceña. Ambas personas recibieron entre siete y 11 balazos y fueron identificados como “capos” del narcotráfico con antecedentes.

Después de conocer estos asesinatos, policías antidroga hicieron operativos cerca de la frontera con Brasil y también confirmaron la presencia de integrantes del PCC y también de su principal enemigo, el cártel más antiguo de Brasil, Comando de Vermehlo (CV) o Comando Rojo.

El fiscal Christino señala que el CV tiene una presencia importante en Mato Grosso. “El predominio de la ruta Bolivia/Paraguay/Brasil por el PCC es la causa del conflicto entre el PCC y el CV. Hoy en día, el PCC intenta dominar la ruta norte y, por ende, asfixiar al CV. Esta es aún una disputa no definida, que ha dejado masacres en prisiones y numerosos homicidios”.

No obstante, pese a estas investigaciones y otras que se siguen, el Gobierno boliviano niega la presencia de cárteles de narcotráfico.

En octubre de 2021, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó la presencia de cárteles de droga de Brasil en Bolivia. “Descartamos la presencia de carteles internacionales dentro del territorio nacional, no obstante también debemos manifestar que existen personas que están dedicadas a estas actividades ilícitas, sino no tendría razón de ser la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.  Trabajamos todos los días  a toda hora para desbaratar estas organizaciones criminales”

El diario Estado de Sao Paulo y la red Bandeirantes revelaron aquella vez que una facción del PCC, conocida como Narcosur, había convertido a Bolivia en su “santuario” y “lugar de escondite”. Bandeirantes sacó un reportaje en el que se revela que miembros del PCC “se pasean” por Santa Cruz, tienen inversiones y que envían droga a Europa.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente cocalero del Chapare Leonardo Loza aseguró que en el país no hay la presencia de cárteles. “Lamento profundamente que autoridades de Brasil intenten generar una mala y falsa información. No  tenemos ningún cártel en Bolivia y quieren tratar de hacer aparecer con falsas imágenes, con falsas informaciones”, señaló Loza en octubre de 2021. Hace pocas semanas reafirmó su visión.
Mientras el Gobierno habla sólo de emisarios, en poblaciones fronterizas el índice de criminalidad sube, según la Policía, y Mato Grosso se convierte en la escala crucial entre el Chapare y Europa.
 
*Primer Comando de la Capital, la peligrosa organización brasileña

El Primer Comando de la Capital (PCC) surgió en San Pablo, Brasil, durante la década de los 90 y hasta la fecha libra una sangrienta batalla por el dominio en todo el país.

De acuerdo con investigaciones de la plataforma InSight Crimen, se cree que el grupo, que actualmente es la organización criminal más grande y mejor organizada de Brasil, cuenta con miembros en la mayoría de los estados de ese país y expandió sus operaciones en el extranjero, tanto en países sudamericanos como de Europa y Asia.

Surgió luego de la masacre de octubre de 1992 en la prisión de Carandiru, en San Pablo, en la que las fuerzas de seguridad brasileñas dieron muerte a más de 100 prisioneros durante un motín. En agosto de 1993, un grupo de ocho reos que habían sido trasladados a la prisión de Taubaté conformaron el PCC con el objetivo inicial de reclamar justicia por la masacre y presionar por mejores condiciones carcelarias.

Éstos comenzaron a expresar solidaridad con otra pandilla carcelaria, el Comando Rojo  o Comando Vermelho (CV), adoptando su eslogan de “paz, justicia y libertad”. Pero con los años ambas pandillas se convirtieron en organizaciones criminales de narcotráfico y enemigas entre sí que hasta la fecha pugnan por territorios en Brasil y en zonas fronterizas con Bolivia y Paraguay.

Fuente: Página Siete