Violando descaradamente la Constitución, el gobierno de Nicolás Maduro secuestró el Referendo Revocatorio tal como lo hizo en 2016. Esta vez utilizó el ardid de manipular el cronograma electoral, para impedir que el pueblo soberano se expresara libremente. Un proceso que, según los expertos y experiencias anteriores, debería tomar como mínimo 90 días para cumplir todas sus fases a fin de garantizar su transparencia y confiabilidad, fue planificado y ejecutado de forma artera en apenas 4 días a partir de su notificación al país, violando el propio reglamento del CNE aprobado con motivo del referendo revocatorio presidencial de 2004. En este contexto, el gobierno mostró una conducta abiertamente autoritaria y desafiante de desacato a la voluntad del pueblo venezolano, muy similar a la que asumió en las elecciones del 21 de noviembre de 2021 para elegir el gobernador de Barinas, en las cuales desconoció la decisión de los barineses de elegir un candidato de la oposición. Solo que, en esta oportunidad, violando nuevamente la independencia de los poderes, bloqueó de facto, a través de su mayoría en el CNE, la iniciativa popular del referendo revocatorio establecida en la Constitución (artículo72), al hacer inviable su realización, por ser materialmente imposible cumplir las actividades requeridas en el lapso establecido, ni por el árbitro ni por los promotores, A lo que se sumó el oprobioso chantaje del miembro de la cúpula gobernante, Diosdado Cabello, quién informó a través de su programa en la TV oficial, que solicitarían al CNE la lista de los firmantes por el referendo, constituyendo esto un anuncio de persecución política a los que osaran ejercer su derecho constitucional a solicitar el revocatorio contra Maduro, siendo ésta una forma de extorsión o amenaza velada de que el gobierno le quitaría el empleo, la pensión o la caja CLAP a los que suscribiesen la consulta. Siguiendo esa misma línea de conducta autoritaria, el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional del PSUV, amenazó con tomar “acciones legales” en contra de los promotores del referendo y calificó la iniciativa de “temeraria frente a un planteamiento que en modo alguno tiene que ver con lo que está pensando el pueblo de Venezuela”. Una fanfarronada que en sí misma contiene un desconocimiento a la separación de poderes y al derecho constitucional a promover la iniciativa del referendo revocatorio (art. 72). Fue el CNE quien calificó y aceptó a los promotores como válidos. Lo que piensa el pueblo de Venezuela del gobierno de Maduro, tal como lo reflejan las encuestas y la calle, no es precisamente que lo aprueba, sino que tiene un rechazo del 80%. De hecho, si la mayoría que tiene el PSUV en el CNE se hubiese ajustado a derecho en la construcción del cronograma de ejecución del referendo, probablemente ese clamoroso descontento se hubiese expresando a favor de revocar a Maduro.

En estas condiciones, varios promotores decidieron llamar a la población, al igual que lo hicimos desde esta Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, a no participar en lo que evidentemente fue un fraude, una caricatura burlesca de consulta popular ofensiva a la inteligencia del venezolano, realizada el 26 de enero con nula participación, con el pretendido propósito fallido de «engañar» a la comunidad internacional. Esta es una nueva maniobra del gobierno autoritario neo liberal y antipopular de Nicolás Maduro, temeroso del enorme rechazo que tiene su gobierno y por ende de confrontarse cara a cara con el pueblo, como sí lo hizo Hugo Chávez en su momento, al someterse a la consulta popular del referendo revocatorio (2004) establecido en la Constitución (artículo 72), que es uno de los instrumentos de participación política y ejercicio de la democracia directa disponible, para que los ciudadanos ejerzan la fiscalización y el control de la gestión pública que debe ser garantizado por el Estado, tal como lo establece el artículo 62 de la Constitución que dice:

Artículo 62: «Todos las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica».

El otro factor que jugó en contra de la realización del referendo, fue que la mayor parte del liderazgo político opositor decidió actuar pasivamente, absteniéndose de entrada de participar en la iniciativa e incluso, de debatir a fondo su pertinencia de cara a la Nación como parte que es de la ruta democrática, pacífica y constitucional para lograr un cambio político. Algunos prefirieron guardar un silencio ensordecedor, otros para satisfacción de Maduro, la emprendieron directamente contra la iniciativa con argumentos como el de la profecía auto realizada según la cual «Maduro lo bloquearía como lo hizo en 2016» y ello supuestamente contribuiría a desestimular la participación electoral. Un juicio incongruente con la tendencia creciente a la participación electoral que se evidenció en las elecciones regionales y de Barinas, a pesar de la carga negativa que significó la dispersión de la oposición. En la política como el dominó no se puede pasar si tienes piedras que jugar para avanzar. Hacer este tipo de cálculo es típico de quienes suelen conformarse con profecías autorrealizadas en lugar de afrontar la realidad, especialmente cuando la próxima batalla electoral prevista en la Constitución será en 2024 y el referendo revocatorio, más allá de que no se ganase, sin duda era una oportunidad para acumular fuerza y reconstruir el movimiento popular. Es el cálculo típico de quienes piensan la política como un juego exclusivo entre «políticos profesionales», que se cierra sobre sí mismo en una dinámica por el control del poder, pero, sin tener en cuenta lo que siente y piensa el común, al cual solo se acude cíclicamente para solicitarle el voto a cambio de promesas inciertas. No conciben al pueblo organizado como el sujeto (El soberano) con capacidad de participar en la gestión pública y de direccionarla, sino como un objeto manipulable en función de los intereses que representan. De ahí su adhesión absoluta al modelo democrático liberal capitalista basado exclusivamente en la representación o delegación del poder en la élite política, pero desestimando los instrumentos de control efectivos que le permitan al pueblo fiscalizar y controlar la gestión. Eso explica su desapego con los mecanismos constitucionales de democracia directa como los referendos y particularmente el referendo revocatorio. Por ello no es extraño que alguna de esas organizaciones se haya aventurado a plantear la salida de la Constitución, mediante una enmienda, de los instrumentos de ejercicio de la democracia participativa y protagónica como la Constituyente y el referendo revocatorio. Otros se pronunciaron específicamente por la eliminación en la Constitución de la figura del referendo revocatorio, señalándolo como un dispositivo generador de desestabilización política, cuando precisamente es todo lo contrario, porque este permite solventar democrática y pacíficamente las crisis políticas de legitimidad y gobernabilidad como la que hoy vivimos en Venezuela, debido a la profundización del proceso de desinstitucionalización en curso.

A pesar de que el gobierno abortó de un zarpazo el referendo revocatorio a través de su mayoría en el CNE, con lo cual cortó de raíz el debate que se venía desarrollando en el seno de la oposición sobre la pertinencia de convocarlo, reivindicamos como correcta la decisión de impulsarlo en consideración a que, por su propia naturaleza, la iniciativa es de los ciudadanos no exclusivamente de los partidos políticos, aunque por supuesto éstos también tienen la cualidad de hacer lo propio. No se trata de una elección en la que los ciudadanos votan por partidos para elegir representantes y delegar el poder, sino de decidir directamente asuntos de transcendencia nacional como corresponde a la búsqueda de un cambio de un mal gobierno, como un paso importante para iniciar la superación de la crisis sistémica que nos afecta y el proceso de reconstrucción del país. Como saldo queda, el desenmascaramiento del autoritarismo del gobierno de Maduro, cada vez más confrontado con el pueblo arrebatándole sus derechos políticos y democráticos. La lucha por el rescate de la democracia y la Constitución continúa.

De cara al 2024 la tarea planteada es construir una confluencia nacional de actores políticos y sociales dentro del marco de defensa de la Constitución y el impulso de un programa mínimo orientado a la atención de la emergencia social compleja y a la canalización de las luchas sociales hacia la estructuración de una referencia nacional que apunte a la conformación de una fuerza de cambio para la reconstrucción de Venezuela.

Santiago Arconada    Juan García    Edgardo Lander

Roberto López    Gustavo Márquez M.   Oly Millán

Héctor Navarro    Ana Elisa Osorio