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La ausencia clamorosa de posiciones críticas por parte de la inmensa mayoría de las organizaciones de la izquierda, tanto institucional, como extraparlamentaria, ante las numerosas y graves irregularidades que caracterizan la gestión de la pandemia, no sólo ha dejado sin referencia alguna a los colectivos más conscientes de la clase obrera y del pueblo, sino que –de no reaccionar a tiempo– les inhabilita para representar eficazmente la resistencia de las clases populares ante las consecuencias de la gran reestructuración del capitalismo en curso.
Ángeles Maestro Martín
Médica, Técnica Superior de Salud Pública.
NAIZ- Periódico vasco
7 febrero 2022
Posta Porteña
11.FEB.22
La condición esencial para pensar en términos políticos a escala global es ver la unidad del sufrimiento innecesario que existe hoy en el mundo. Este es el punto de partida (John Berger).
La ausencia clamorosa de posiciones críticas por parte de la inmensa mayoría de las organizaciones de la izquierda, tanto institucional, como extraparlamentaria, ante las numerosas y graves irregularidades que caracterizan la gestión de la pandemia, no sólo ha dejado sin referencia alguna a los colectivos más conscientes de la clase obrera y del pueblo, sino que –de no reaccionar a tiempo– les inhabilita para representar eficazmente la resistencia de las clases populares ante las consecuencias de la gran reestructuración del capitalismo en curso.
Asombra que organizaciones que se supone que aplican la teoría marxista para analizar los procesos y los cambios en la realidad social no hayan sido capaces de someter a crítica y de desentrañar la base material de las medidas adoptadas. Es decir, que no hayan podido desvelar el vínculo entre las decisiones de los gobiernos, sin base científica solvente, con la obtención de enormes beneficios del gran capital, mediante la imposición a la poblaciónde medidas que atentan contra su salud y su vida y que, además, para ello están implantando normas autoritarias, destinadas a asegurar el control social y a neutralizar la resistencia de las clases populares.
Transcurridos casi dos años de la declaración de la pandemia mundial por la OMS, en marzo de 2020, existen la perspectiva y la documentación acreditativa necesarias, tanto para realizar un análisis riguroso del contexto social en el que aparece, como para valorar las medidas adoptadas por los gobiernos y las grandes instituciones europeas y estadounidenses de control del medicamento y que conciernen directamente a la izquierda
I. En 2019, inmediatamente antes de la aparición de la pandemia, una enorme crisis económica estaba a punto de estallar, con el riesgo de un gran estallido social
Tras la efímera y limitada salida, para el gran capital, de la crisis iniciada en 2008 y que se situaba ya en los núcleos centrales del imperialismo (UE y EE.UU.), un nuevo estallido de mayor envergadura se anunciaba como inminente en 2019.
A mediados de ese año el FMI rebajaba por tercera vez las previsiones de crecimiento de la economía mundial, situándola en los niveles más bajos desde la crisis de 2009. De nuevo, como entonces, las desaceleraciones más importantes se producían en los países más industrializados y la rentabilidad del capital productivo se situaba muy por debajo de los niveles alcanzados en 1990.
Mientras la economía estadounidense amenazaba con desplomarse por la caída de las ventas, a pesar de las sanciones impuestas a los países competidores, Alemania –hasta hacía poco «locomotoraeuropea»– veía hundirse las exportaciones de acero y las ventas de automóviles, a su vez lastradas por el enlentecimiento del crecimiento de China, uno de sus principales clientes.
En el Estado español la industria entró oficialmente en recesión tras dos trimestres consecutivos de caídas. La profunda caída de las economías europeas explicaba gran parte de esta gran destrucción de tejido productivo industrial y de empleo en el Estado español, ya que las exportaciones habían sido en los últimos tiempos el mayor motor de la economía y el 67% de las mismas iba a parar a países en profunda recesión como Alemania, Francia e Italia.
A principios de 2020, antes del estallido de la pandemia, la situación social en el Estado español era ya explosiva. El Informe del Relator de la ONU para la extrema pobreza decía: «he visitado barrios con condiciones de vida peores que un campamento de refugiados» y «muchas familias se encuentran ante el dilema de comprar comida o calentarse».
El informe de 2019 “El estado de la pobreza”, realizado por la Red Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) reflejaba que en España había más de doce millones de personas pobres y 2,5 millones de personas no podían permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, ni mantener la vivienda con una temperatura adecuada, ni tenían capacidad para gastos imprevistos. Cuatro millones de personas vivían en hogares en condiciones de pobreza severa, es decir, dos personas adultas y dos menores, con ingresos inferiores a los 355 euros mensuales.
El Foro de Davos en su reunión de 2020 proclama la necesidad de «un gran Reseteo»del capitalismo a escala mundial, propuesta que reafirma en 2021. La necesidad de cambios en profundidad se justificaban con datos como los siguientes: la deuda pública mundial ha alcanzado su cota más alta en tiempos de paz, el desempleo se dispara y el FMI espera una caída del 3% en la economía mundial este año, un recorte de 6,3 puntos porcentuales en tan solo cuatro meses.
II Aparece la pandemia covid con dos imágenes destinadas a producir un shock masivo en la población
Sin que se sepa exactamente su procedencia –aunque muchos datos datos apuntan a un más que probable origen artificial, es decir creado en un laboratorio– lo que sí es evidente es a qué clase social pertenecen la inmensa mayoría de las personas muertas, y cómo y para qué intereses fue utilizada la pandemia.
La llegada de la pandemia produjo dos imágenes aterradoras, difundidas hasta la saciedad por los medios de comunicación: la de miles de personas ancianas muertas en soledad en las residencias de ancianos y la del personal sanitario trabajando sin protección alguna, literalmente con bolsas de basura y gafas de bucear, con abundantes contagios y un número significativo de muertes.
Las muertes en residencias de mayores, oficialmente atribuidas a la covid, superaron las 30.000 personas. Las imágenes reiteradas en todos los grandes medios de comunicación de cadáveres acumulados, a quienes se les negó todo tipo de asistencia sanitaria y mucho menos el ingreso en hospitales, fallecidos en soledad, con prohibición absoluta de visitas de las familias, produjeron un efecto de pánico general. Así mismo, los mediosmostraban los hospitales públicos abarrotados, con personas enfermas por los pasillos y el personal sanitario exhausto. No se informó de que, con anterioridad a la pandemia, la sanidad pública estaba ya colapsada –como se podía ver en cada episodio de gripe estacional– como resultado de los enormes recortes de instalaciones y de personal, que desde hacía décadas se venían produciendo.
Además, se cerraron –en contra de cualquier justificación médica o experiencia histórica previa– los centros de Atención Primaria. Estos centros, como aconsejan los criterios epidemiológicos más elementales –y como sucedió, por ejemplo en Cuba– debieron ser los responsables de la detección precoz de casos y de posibles contagios y de organizar el aislamiento de las personas enfermas. Se hizo todo lo contrario.
Por primera vez en la historia, contradiciendo incomprensiblemente, en pleno siglo XXI, todo el conocimiento científico acumulado sobre la gestión de las epidemias en la historia de la Salud Pública, se confinó a la población sana. Se encerró juntas a personas sanas y enfermas favoreciendo que en las casas de familias obreras, pequeñas y con menos ventilación, acabaran contagiados todos los convivientes. Contra toda lógica, se cerraron los parques, mientras la clase obrera «esencial» viajaba en transportes abarrotados. A las personas con síntomas de covid no graves se les dejaba en casa, con toda la familia (mientras los hoteles permanecían vacíos) y sin tratamiento, hasta que tuvieran dificultades respiratorias graves. Nadie ha respondido por esta sarta de incongruencias que ha sufrido sobre todo la población más pobre, ni se adoptó medida social alguna para mejorar la calidad de las viviendas más precarias o el transporte público, que por el contrario, se redujo.
Un reciente estudio publicado por el “British Medical Journal” sobre las muertes en residencias de mayores arroja datos demoledores. La negligencia, el abandono, el hambre y la sed fueron las principales causas de las muertes, que, a su vez, se produjeron sobre todo en las residencias con mayor número de camas (a las que van las personas pobres) y en situación de hacinamiento, en comparación con las instalaciones más reducidas (de lujo) y que contaban con más horas de atención sanitaria.
La mayor parte de los fallecimientos se produjeron durante la vigencia del Real Decreto de Estado de Alarma, declarado posteriormente inconstitucional, en condiciones de confinamiento absoluto, excepto para quienes trabajaban en los servicios esenciales.
Buena parte de las Consejerías de Sanidad establecieron protocolos con instrucciones para no derivar, es decir para denegar asistencia sanitaria, a las personas mayores en los hospitales públicos. Sólo se derivó a quienes contaban con seguros privados. Todo ello a pesar de que el R.D. de Estado de Alarma facultaba a los gobiernos a intervenir instalaciones sanitarias y empresas privadas para ponerlas a disposición de las necesidades de asistencia. Ni un sólo hospital privado fue intervenido pese a que, en un ejercicio premeditado de marketing, exhibían sus instalaciones medio vacías.
Este evidente sesgo de clase en la mortalidad en las residencias de mayores y de quienes morían en sus casas después de la denegación de cualquier tipo de asistencia, fue sufrido con desesperación por las familias, en su inmensa mayoría de las clases trabajadoras. El terror, el obligado confinamiento y el discurso encubridor propagado por los medios de comunicación que justificaba totalmente las acciones o inacciones de los gobiernos, impidieron que hubiera reacción popular alguna en ese momento contra los responsables del desastre. Las movilizaciones espontáneas, en su mayoría protagonizadas por la juventud de barrios obreros, fue reprimida salvajemente por el Gobierno «progresista».
La segunda imagen que condujo a potenciar el terror, sobre todo entre el personal sanitario, fue la de sus condiciones de trabajo. Las enormes carencias de recursos humanos en la sanidad pública, mucho antes de la pandemia, junto a las bajas producidas por los numerosos contagios llevaron al personal de los hospitales a trabajar en condiciones de agotamiento y extenuación, sin equipos de protección individual y con carencias graves de algunos medicamentos imprescindibles en cuidados intensivos.
Las administraciones sanitarias no tomaron medida alguna, a pesar de que el citado R.D. de Estado de Alarma les facultaba para ello, para contratar personal, para intervenir hospitales privados o a poner su personal a trabajar en hospitales públicos, ni para hacer otro tanto con las industrias fabricantes de equipos de protección o con la industria farmacéutica. La propiedad privada, aún en condiciones de necesidad extrema y con cobertura legal extraordinaria, continuó siguiendo sagrada.
Frente a ello, ningún colectivo profesional ni sindical denunció o se enfrentó a las autoridades sanitarias por negligencia criminal contra el personal sanitario o sus pacientes. La impotencia y las depresiones se extendieron, apenas consoladas por los aplausos de la población confinada desde sus balcones
III. La marca de clase en la pandemia covid
Como todas las epidemias ocurridas en la historia, la de la covid tiene una indeleble marca de clase. La caída de la Esperanza de Vida al Nacimiento (EVN) en España fue la mayor de la UE: 1,6 años menos en promedio. En la Comunidad de Madrid la caída fue de 2,67 años, la más alta del Estado y, mucho mayor en la ciudad de Madrid: 3,67 años. En los distritos de esta ciudad con mayor presencia de clase obrera, sobre todo inmigrante, la pérdida de EVN se sitúa por encima de cuatro años. Otro estudio realizado en Barcelona refleja lo mismo, en este caso valorando la incidencia de la covid. En el distrito obrero de Nou Barris, la incidencia fue 2,5 veces mayor que en el de Sarriá-Sant Gervasi, el más rico de la ciudad.
Las enormes desigualdades sociales que se reflejan en todas las caras de la pobreza (hacinamiento en viviendas, mala ventilación, dificultades de acceso a la electricidad y al agua, aglomeraciones en los transportes públicos, mala alimentación, largas jornadas de trabajo, etc.) que se concentran en la clase trabajadora, se muestran con más dureza aún en situaciones de epidemia y de crisis económica general.
Ante todo este desastre, sanitario y económico, sufrido sobre todo por la clase trabajadora, la izquierda, no sólo no denunció la ausencia de medidas sociales elementales, sino que, en una mezcla de estupidez e ignorancia, defendió los confinamientos de personas sanas, aceptando el argumento, masiva e interesadamente difundido por los medios «progres», de que la crítica era «insolidaria» y «de derechas»
Todo ello a pesar de que el Gobierno se dirigió al equipo de epidemiólogos de Fernando Simón, como se ha publicado recientemente, para decir que: «Desde mayo de 2020, esta pandemia se ha dejado de gestionar con criterios técnicos epidemiológicos y se gestiona con criterios políticos». Y ello se refiere no sólo a los confinamientos y a otras medidas, sino a las decisiones en torno a la aplicación masiva de las inoculaciones con vacunas experimentales, incluyendo a los grupos de edad más jóvenes y a la infancia.
La pregunta decisiva sobre quién establece los criterios políticos, a qué objetivos responden –si no son sanitarios– y quién da las órdenes, está todavía sin responder.
IV. El control de los medios de comunicación
La población confinada y en estado de shock pasaba horas y horas delante del televisor intentando obtener información de lo que estaba sucediendo. Aunque la relación de los grandes medios de comunicación con el gran capital era bien conocida desde hace tiempo, nunca como ahora la gran oligarquía ha demostrado su capacidad para controlarlos todos de forma absoluta.
Como si hubieran sabido lo que iba a suceder, en junio de 2019 la BBC puso en marcha la Trusted News Summit, que reunió a las plataformas tecnológicas y a los principales editores del mundo con el objetivo de construir una Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI) para bloquear o eliminar informaciones «nocivas». Dos semanas después de que la OMS declarase iniciada la pandemia, la TNI asume el objetivo de «combatir la desinformación nociva sobre vacunas» Los grandes centros de emisión y propagación de noticias se alinearon. Sus integrantes se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual «se revisará con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación». Es decir, se elimina.
Estas empresas buscaron en cada país los socios más adecuados. En el Estado español, la Agencia EFE, Newtral y Maldita forman parte de la International Fact-Checking Network (IFCN), asociación que constituye el núcleo principal del equipo encargado de detectar noticias «perniciosas» en estrecha colaboración con Facebook/WhatsApp y Google/YouTube. Efe, Newtral y Maldita califican como falsa, fake, toda información emitida por científicos de cualquier parte del mundo que cuestione la versión imperante. El ascenso espectacular de sus ingresos puede consultarse aquí.
Precisamente en el Estado español, la financiación por parte de las grandes empresas de los medios de comunicación se mantiene oculta con la connivencia del poder político, en este caso, con la complicidad del Gobierno progresista: «el único punto en el que no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas del Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación».
En este momento, las empresas más cotizadas en bolsa en el mundo son las cinco tecnológicas Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, conjunto conocido como GAFAM. No es necesario insistir en el enorme poder que concentran, pero, por dar un dato, Facebook declaraba tener en 2019 más de 1.500 millones de usuarios diarios.
Es importante destacar que los mayores Fondos de Inversión del mundo –Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity Management and Research (FMR), Geode Capital Management, y Northern Trust Corporation– a su vez interpenetrados, controlan gran parte del accionariado de las GAFAM, es decir, de Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Además, Blackrock, Vanguard y State Street coinciden tanto en el accionariado de las nuevas empresas con mayor valor en bolsa como en los tradicionales conglomerados mediáticos: Time Warnar, Comcast, Disney y News Corporation.
En el Estado español, estos fondos de inversión no sólo controlan la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación, sino que, desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros. Además, BlackRock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco.
Los gobiernos autonómicos, como el vasco, se encargan a su vez de financiar el discurso único en relación con la pandemia de todos los medios sin excepción, incluidos los de la izquierda abertzale.
El círculo se cierra con el control por parte de los grandes Fondos de Inversión de las multinacionales farmacéuticas involucradas en el negocio de las vacunas covid. La estadounidense Pfizer, clara ganadora de la carrera de las vacunas, es propiedad de los mismos grandes Fondos de Inversión. Vanguard es el principal accionista de Pfizer y el segundo es BlackRock. Vanguard, BlackRock y State Street están entre los principales accionistas de Moderna.
Sólo BlackRock y Vanguard administran 16 billones de dólares. Si fueran un Estado serían la tercera potencia mundial por detrás de EE.UU. y China. Sus ganancias con las vacunas son gigantescas. Por ejemplo, la aparición de la variante Ómicron y la extensión infundada acerca de la gravedad de la misma hizo que, en una semana, los directores generales y principales accionistas de Pfizer y Moderna ganarán más de 10.000 millones de dólares.
Como si no fuera suficiente que la oligarquía controle todos los grandes medios de comunicación, con los mecanismos censores anteriormente descritos, el Gobierno se constituye en el Gran Censor de todo aquello que él mismo considere, en el ámbito de la información, atentatorio contra la Seguridad Nacional. No bastan la Ley Mordaza, ni la legislación antiterrorista, ni las múltiples leyes represivas vigentes. El Gobierno ha dado un paso decisivo contra la libertad de expresión, extendiendo, al más puro estilo del imperialismo estadounidense, el concepto de Seguridad Nacional al ámbito de la libertad de información, una de las principales libertades democráticas burguesas. Libertades y derechos que, como bien sabemos, se volatilizan en todas las grandes crisis.
El 28 de diciembre de 2021, el gobierno PSOE-UP aprobó el Real Decreto 1150/202126 por el que modifica, antes de lo previsto, la Estrategia de Seguridad Nacional. El motivo, poner coto a la «desinformación» y a la «manipulación» en relación con la pandemia covid y, en general a todo lo que considere «campañas de desinformación», que, «no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado». Además, en la Disposición adicional segunda el Gobierno se autoatribuye la capacidad de «dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto».
V. La represión, la censura y el soborno prepararon el escenario para la solución final: las vacunas
Desde muy pronto, no se escatimaron medios a la hora de extender el terror, con ruedas de prensa del Gobierno con los jefes de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército. Se creó una sensación de catástrofe y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa media de letalidad, del 0,8% en España y en los meses más álgidos de la pandemia y que afectaba preferentemente a las personas mayores de 80 años. Exactamente la mitad que en una epidemia de gripe estacional.
En el escenario apocalíptico que se dibujó se excluyó de los grandes medios de comunicación a quienes cuestionaron el confinamiento de toda la población. La más férrea censura y persecución laboral se instauró contra personal científico e investigador –incluidos el virólogo premio Nobel de Medicina o, entre otros muchos, a científicos de reconocido prestigio como John Ionannidis o Robert Malone–, y en especial contra quienes informaban sobre la eficacia de tratamientos precoces, ambulatorios, con medicamentos bien conocidos, considerados esenciales por la OMS.
Se trataba de preparar el terreno para la aprobación de emergencia y condicional de las vacunas como única solución para luchar contra la pandemia covid. Dado que una de las cuatro condiciones establecidas por la Food and Drug Administration (FDA) para autorizar el uso de emergencia de un medicamento es la «inexistencia de alternativa adecuada, aprobada, disponible», era preciso barrer cualquier información que la obstaculizara. Para ello, además de la censura, se publicaron falsos ensayos clínicos, de los cuales tuvieron que retractarse publicaciones tan prestigiosas como “The Lancet” y “New England Journal of Medicine”.
Desde la caída de la URSS, la OMS ha dejado progresivamente de ser financiada por los Estados miembros para recibir en la actualidad el 90% de sus ingresos de multinacionales farmacéuticas y de magnates como Bill Gates. La máxima «quien paga manda» se reveló crudamente con ocasión de la pandemia por Gripe A. La OMS, tras recomendar a los gobiernos la compra masiva de vacunas y medicamentos inseguros e ineficaces como el Tamiflú o la Relenza, se vio obligada a declarar que su Comité de Expertos para el tema había sido sobornado por las multinacionales farmacéuticas. En todo este proceso, la OMS no se ha separado un ápice del discurso que respalda los intereses que la financian.
La Comisión Europea, tras haber nombrado en plena pandemia –julio de 2020– como directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a Emer Cooke, ex gerente de la Asociación de la Industria Farmacéutica Europea (EFPIA), acuerda la compra de millones de dosis de vacuna a Pfizer y Moderna a pesar de que apenas habían concluido los dos meses ensayos clínicos, es decir, antes siquiera de la aprobación condicional y eximiendo a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad económica por los efectos secundarios, a los que deberán hacer frente los gobiernos respectivos.
En el caso de Pfizer, dichos ensayos se hicieron sin respetar los procedimientos científicos establecidos, y que se ocultó la existencia de efectos adversos graves. Además la FDA había autorizado a que sus resultados permanecieran secretos hasta dentro de 75 años. Afortunadamente una sentencia judicial reciente, revoca esa autorización y obligará a la Pfizer a hacerlos públicos en ocho meses.
Destaco que las múltiples vacunas anteriores y que han contribuido a disminuir la mortalidad infantil, sólo recibieron aprobación para ser utilizadas tras varios años de ensayos clínicos. Ese es el caso, por ejemplo, de la vacuna contra la difteria, enfermedad con una letalidad del 20% y que requirió cuatro años de ensayos clínicos previos. Este aspecto es clave teniendo en cuenta que las vacunas se inoculan a población sana. Mucha mayor exigencia se hubiera tenido que requerir en el caso de las vacunas covid, que utilizan la técnica del ARNm, nunca usada con anterioridad, y que se aplica contra una enfermedad con letalidad mucho más baja. Anthony Fauci reconoció, en octubre de 2019, que harían falta diez años de ensayos clínicos para que las vacuna ARNm fueran seguras, salvo que hubiera un acontecimiento a nivel mundial que justificara la intervención «a nuestra manera», «sin trabas burocráticas», es decir, saltándose todos los plazos.
VI. Los efectos adversos
En las condiciones descritas, es fácil comprender –aunque imposible de justificar– las razones de la ocultación de efectos adversos por los organismos responsables de recabarlos, tanto en EEUU (VAERS), como en la UE (EUDRA). Recuerdo que todas las vacunas contra el covid, con las que se ha inoculado a muchos centenares de millones de personas, han recibido sólo autorización condicional o de emergencia. Los grandes medios de comunicación reproducen hasta la saciedad datos sobre el covid pero no hablan de los efectos adversos de las vacunas. No obstante, la información existe. Los últimos datos publicados a los que hemos accedido, publicado el 1 de enero de 2022, dan las dimensiones de los efectos adversos producidos tras las vacunaciones, muchos de ellos en personas previamente sanas: 36.257 muertes y 1.540.852 lesiones graves. Todo ello cuando se calcula que, en el mejor de los casos, menos del 10% de reacciones adversas son notificadas como tales, es decir, relacionadas con las vacunas.
Aun así, la cifra de muertes notificadas en la UE es significativamente baja si se compara con el Reino Unido, país con la octava parte de habitantes de la UE, que registró 30.305 personas fallecidas en los 21 días posteriores a haber recibido la vacuna, en los seis primeros meses de 2021.
Otros datos avalan la valoración de que las vacunas covid no son como las otras vacunas utilizadas anteriormente. En el Reino Unido, el número de muertes debidas a la vacuna covid en los primeros seis meses de vacunación ha sido más de cuatro veces superior a las muertes totales por todas las demás vacunas en los últimos once años. En EE.UU., las vacunas contra el covid han producido en 2021 el 51% de las muertes producidas por todas las vacunas existentes a lo largo de 31 años.
En estas condiciones, la decisión adoptada por el Gobierno de vacunar a los niños y adolescentes es injustificable; es decir, obedece a «criterios políticos».Tras ensayos clínicos en los que se ignora el número de participantes y son secretos, también, los efectos adversos observados en estos grupos de edad, desde el mes de octubre se está procediendo a vacunar a la población infantil.
Los datos disponibles en todos los países indican que el riesgo de padecer covid en la población más joven, y sobre todo la gravedad de la enfermedad, es muy inferior, casi despreciable, si no existen otras enfermedades concomitantes. La mortalidad por covid en la infancia y la adolescencia, cuando no existen otras patologías, es prácticamente inexistente. Es decir, la población más joven adquiere inmunidad natural con un riesgo mínimo de complicaciones.
Así mismo, en contra de lo que se ha transmitido para justificar la vacunación, en estos grupos de edad la capacidad de propagar el virus también es mucho menor que en adultos. Por otra parte, como se ha demostrado, las personas vacunadas pueden contagiar el virus por lo que esperar que se produzca la «inmunidad de rebaño» es una ilusión.
El riesgo de efectos adversos graves producidos por las vacunas con ARN-m es mayor en la población más joven. Varios estudios realizados en EEUU a partir de datos oficiales de notificación (VAERS), indican que el riesgo de hospitalización por miocarditis, provocada por las vacunas covid, en varones entre 12 y 17 años, sin enfermedades concomitantes, es entre 3,7 y 6,1 veces mayor tras la segunda dosis de vacuna que el riesgo de hospitalización por covid en este grupo de edad. Estos hechos, comprobados en diferentes países, han llevado al Reino Unido a limitar la vacunación en la infancia y adolescencia a aquellas personas que pertenezcan a grupos de riesgo.
En España, sin que se proporcione a la población información alguna sobre esos efectos adversos, las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y las autoridades educativas han promovido la vacunación masiva a partir de los 5 años, llegándose incluso a situaciones violentas en los centros educativos y a amenazas de discriminación a alumnos y alumnas no vacunadas.
La noticia más inquietante conocida recientemente es la aparición continuada y sistemática de un exceso de mortalidad observado desde el 8 de noviembre hasta la fecha de la información, el 16 de diciembre, y reportado por el MoMo (Observatorio de la Mortalidad). En ese periodo, el exceso de muertes por encima de las esperadas asciende a 4.471 personas. Son fallecimientos no atribuibles a la covid, ni a la gripe, ni a accidentes. Este dato cuadruplica la cifra de muertes por covid en ese mismo periodo. Tampoco son muertes producidas en los hospitales, de forma que presumiblemente se trata de muertes repentinas. La Ministra de Sanidad ha dicho que no puede explicar la causa.
No se han publicado, ni en EUDRA (UE), ni en VAERS (EEUU), datos acerca de la edad de las personas fallecidas o con efectos adversos graves relacionados con las vacunas covid, pero, presumiblemente, una gran parte de esas lesiones graves afecten a la población más joven, dado que las referencias citadas anteriormente indican que el riesgo es mayor en esos grupos de edad, al tiempo que para ellos el riesgo de padecer covid grave es muy pequeño y la mortalidad por covid, casi inexistente.
VII. Vacunación masiva sin prescripción médica y sin consentimiento informado
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El silencio de la izquierda es también inaceptable acerca de la forma en la que los gobiernos autonómicos de todos los colores políticos están procediendo a vacunar masivamente. Las autoridades sanitarias, estatal y autonómicas, están vulnerando flagrantemente las leyes vigentes, de carácter básico y por lo tanto de aplicación en todo el Estado, que obligan tanto a que la aplicación de la vacuna, al igual que cualquier tratamiento, se haga mediante prescripción médica, y con consentimiento informado, es decir previa explicación detallada de los posibles efectos adversos y valoración de la historia clínica en cada caso.
La Ley de Autonomía del Paciente y la Ley General de Sanidad establecen explícitamente la responsabilidad, tanto del personal médico, como del personal sanitario que aplica la vacuna, como de las autoridades sanitarias obligadas, con carácter general, a informar a la población y a asegurar que las condiciones del consentimiento informado se cumplen. Nada de eso está sucediendo. Ni siquiera se informa después de la vacunación de los posibles síntomas de efectos adversos, para advertir de ellos a la población inoculada, de forma que se pueda requerir asistencia médica en caso de observarlos.
VIII. Pase covid y vulneración de Derechos Fundamentales
Al tiempo que se hace evidente la precaria eficacia de las vacunas, ante la que se ofrece como única solución –sin base científica alguna– aplicar nuevas dosis, se intensifican el miedo y la represión. La nueva variante Ómicron, que ocasiona mayoritariamente síntomas leves, está siendo mediáticamente utilizada para aumentar el pánico y para justificar medidas represivas que vulneran Derechos Fundamentales. Mediante Decretos de Gobiernos Autonómicos se están vulnerando Derechos Fundamentales amparados por la Constitución y, éstos, a diferencia de los derechos sociales, son de aplicación directa. Así se ha implantado el toque de queda, vulnerando el derecho a libre circulación, o el pase covid, que vulnera el derecho a la no discriminación. Esta vez, además, se pisotean derechos sin estar vigente un Estado de Alarma.
La enorme precariedad de las condiciones laborales, caldo de cultivo para la más férrea dictadura del patrón, se ha utilizado con carácter general para imponer, de facto, la vacunación obligatoria: o te vacunas, o a la calle. Muy pocos sindicatos han amparado a la clase obrera frente a la vulneración flagrante de las leyes vigentes por parte de la patronal o de las administraciones públicas, como la Ley de Protección de Datos, la Ley de Autonomía del Paciente o la propia Ley General de Sanidad.
Por otra parte, las trabajadoras y trabajadores que han sufrido efectos adversos, o las familias de las personas fallecidas, se encuentran totalmente desprotegidas frente a un sistema sanitario renuente a la notificación de los casos como resultado de la vacuna y a administraciones que se niegan a reconocerlos, argumentando que la vacunación «es voluntaria».
La presión y la represión se intensifican a medida que la información sobre efectos secundarios trasciende y más sectores de la población se interrogan acerca de la eficacia y seguridad de las vacunas y de los intereses que están detrás. Más de 350 deportistas han muerto repentinamente por ataques cardíacos, y todos ellos habían recibido la vacuna.
Declaraciones, como la reciente del ministro de Sanidad de Francia, hablan con toda claridad del objetivo del pase covid: «el pase covid es una forma disfrazada de obligación vacunal, pero es más eficaz que la obligación vacunal; impedir a la gente ir a bares, a restaurantes o espacios públicos, es más eficaz y menos complicada que la vacunación obligatoria».
Estas medidas perversas, instaladas sobre el miedo y la precariedad laboral y, sobre todo mediante la presión mediática, a las que se suma ahora la censura informativa ejecutada directamente por el Gobierno –de carácter claramente dictatorial– tienen el objetivo, como ocurre también en las dictaduras, de convertir a la población en policías, en delatores y en instrumentos de presión sobre sus familiares, amistades o compañeros de trabajo.
IX. El terreno abonado para la gran reconfiguración del capitalismo.
Este escenario de control mediático, colaboración cómplice y en gran medida sobornada, de políticos y autoridades sanitarias (con España a la cabeza de los países más sobornados por la Big Pharma), tiene, entre otros, el propósito de proporcionar los mayores beneficios a los Fondos de Inversión propietarios de las multinacionales farmacéuticas y de los grandes medios de comunicación.
Pero su alcance es mucho mayor. Como indicábamos al principio, al comienzo de la pandemia la gran burguesía, por primera vez en la historia del capitalismo, se preparaba para lo que en los Foro de Davos de 2020 y 2021 llamaron «el Gran Reseteo»; es decir, para tomar las riendas de grandes transformaciones. El objetivo era aprovechar la situación de desastre y de miedo generada por la pandemia, y potenciada por el confinamiento masivo, para introducir a gran escala la digitalización, la robotización y el «capitalismo verde».
Larry Fink, director de BlackRock, ha destacado en su carta anual dirigida a los grandes empresarios del mundo, las grandes oportunidades de negocio de invertir en todo lo relacionado con el «cambio climático».
La extensión de la digitalización en las relaciones sociales, la dependencia de las plataformas y la posesión por estas empresas gigantes de los Big Data hacen posibles procesos de destrucción de empleo, de control y de represión de las poblaciones a niveles desconocidos hasta ahora. Los propios beneficiarios de estas grandes transformaciones se asombraban de la rapidez de los cambios producidos. La CEO (ejecutiva de mayor rango) de Microsoft, Satya Nadella, se frotaba las manos, ya en abril de 2020: «Hemos visto ocurrir dos años de transformación digital en dos meses».
En España eran más explícitos. En junio de 2021 los presidentes de Inditex, Telefónica y del Banco de Santander decían sobre el significado de la pandemia: «Ha supuesto una aceleración exponencial (…) en cinco semanas se avanzó lo que se hubiera avanzado en cinco años (…) en quince días pasamos a tener 130.000 personas trabajando en remoto». En este periodo, la banca, entre digitalización y fusiones, había destruido la mitad de los puestos de trabajo. El presidente de Telefónica iba más allá: «durante la pandemia se perdonaron cosas que en otro momento no se hubieran perdonado». Todo ello mientras auguraban que «España se va a salir del mapa». Al decir España se refieren a ellos, como ya sabemos.
El resultado en términos económicos ha sido una destrucción de capital sólo comparable al producido en una guerra. Los datos de agosto de 2021 para el Estado español son los siguientes: en los últimos dieciocho meses han cerrado 63.000 empresas de menos de 50 trabajadores, tres de cada cuatro autónomos han visto hundirse su medio de vida. En total, en la pequeña y mediana empresa se ha concentrado el 99,2% de todo el tejido productivo destruido en este periodo. Por el contrario, las empresas de más de 500 trabajadores han aumentado y hoy hay 54 más que antes de la pandemia.
A escala mundial, el grupo de las empresas tecnológicas GAFAM, recordamos que sus propietarios son los mismos Fondos de Inversión que controlan, tanto las grandes multinacionales farmacéuticas productoras de vacunas, como los grandes medios de comunicación, han visto multiplicarse sus beneficios como nunca. Y estos fabulosos incrementos de ganancias están directamente relacionados con la pandemia, con el confinamiento y con las ganancias fabulosas de la venta de vacunas. Mientras cae en todo el mundo la esperanza de vida y España es el segundo país de la OCDE donde más cae, solo por detrás de EEUU, las bolsas del mundo han duplicado su valor desde el inicio de la pandemia. Su valor ha pasado de 60 billones de euros en marzo de 2020 a 121 billones en diciembre de 2021.
Según el informe Foessa 2021, la pobreza severa en el Estado español afecta a once millones de personas, más de la cuarta parte de la población. Dos millones y medio más que en 2018. Se ceba sobre todo en los menores de 18 años, en los hogares monoparentales (casi siempre con mujeres como cabeza de familia) y en la población inmigrante. La pobreza severa se ha duplicado durante la pandemia. La intensa precariedad determina que el hecho de estar trabajando no garantice ingresos mínimos para mantener condiciones de vida dignas. Además, en plena extensión de la digitalización, el hecho de no disponer de conexión suficiente a internet, no disponer de ordenador o de habilidades para usarlo, marca enormemente las dificultades en el acceso al empleo, a la educación o las propias ayudas públicas, incrementadas por el aumento desproporcionado del coste de la luz. Por otra parte, más de dos tercios de los hogares en situación de extrema pobreza no han podido acceder al Ingreso Mínimo Vital.
La imposición del «Gran Reseteo» mundial se manifiesta con especial claridad en el mecanismo de los Fondos de la UE, constituidos, obviamente, con dinero público, llamados de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los 140.000 millones de euros de los Fondos, destinados al Estado español, irán a parar a bancos y multinacionales, de forma muy destacada las energéticas (las mismas que están recibiendo enormes beneficios con el recibo de la luz) para proyectos identificados como «reconversión verde», de «lucha contra el cambio climático», digitalización, para «la igualdad de género» y «colaboración público-privada».
Además de que el pueblo lo pague, como deuda pública que es, la UE exige al Gobierno que adopte medidas, que ya se ha comprometido a ejecutar en plazos concretos, como condición previa a la recepción de las diferentes partidas de los Fondos.
Tales medidas, que según el Gobierno, suponen la modificación de 50 leyes hasta 2023 irán dirigidas a:
• Avanzar en el recorte y privatización de las pensiones.
• Nuevas reformas laborales que impongan aún más la esclavización de la clase obrera y faciliten su atomización con el trabajo en el domicilio mediante la digitalización, con la consiguiente reducción de puestos de trabajo. Para empezar, ya se ha logrado evitar la derogación de la reforma laboral de 2012 en un nuevo incumplimiento de las promesas contenidas en el acuerdo de coalición.
• Favorecer, aún más, la penetración del capital privado en los servicios públicos, como sanidad y educación, mediante la enseñanza a distancia o la asistencia sanitaria por teléfono o consulta médica telemática.
• Aumento de los impuestos indirectos, como por ejemplo la introducción el peaje de las autopistas.
Para un análisis más detallado de este proceso, remito al importante documento suscrito por 21 organizaciones del Estado español y que puede consultarse aquí.
X. La agudización de la represión como respuesta a la previsible explosión social
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En el Informe del Foro de Davos de 2021 ya se avanzaba que, tras el relajamiento de las medidas de confinamiento adoptadas por la pandemia y el incremento de la ansiedad por las perspectivas económicas y sociales, «existen buenas razones para preocuparse: ya empieza a sentirse una fuerte desaceleración económica y podríamos estar ante la peor depresión desde la década de 1930».
Este escenario de empobrecimiento masivo de la clase obrera y de hundimiento de las expectativas de empleo agudiza las tensiones sociales y explica la radicalización, todavía incipiente pero con contundencia creciente, de las luchas obreras en defensa de sus puestos de trabajo y por mejoras salariales.
En el Estado español, por primera vez, el Gobierno PSOE-UP llevaba a cabo el pasado verano el entrenamiento de la Legión –la bandera Millán Astray– junto a policías y guardias civiles, en labores de seguridad interior; es decir, mediante la colaboración de los ministerios de Defensa e Interior en tareas de represión de la población. Dichas «labores» incluían prácticas de Krav Maga y combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto y detención, protección de personalidades, control de masas y orden público o entrenamiento «CQB», en alusión a entrenamientos de tácticas de tiro en espacios reducidos. Tales prácticas conjuntas ya se llevaron a cabo durante el Estado de Alarma.
La actuación de las fuerzas represivas con ocasión de la huelga general del metal de la Bahía de Cádiz, el apaleamiento de trabajadores, el arresto de los supuestos dirigentes de la misma días después y, sobre todo, la introducción de la tanqueta en un barrio obrero, muestran bien a las claras la firme decisión del «gobierno progresista» de actuar brutalmente contra la clase obrera.
A todo ello se añade el citado Real Decreto de Seguridad Nacional, cuya normativa de desarrollo, aún se desconoce.
Todo el mecanismo descrito con la gestión autoritaria de la pandemia, la instauración masiva del miedo y de medidas dictatoriales, como la instauración del pasaporte covid y la vulneración de Derechos Fundamentales, no se restringen al ámbito sanitario, aunque ese sea el pretexto utilizado. Deben valorarse como un instrumento también dirigido a la destrucción la capacidad de resistencia de la clase obrera y sectores populares ante el incremento de la explotación impuesto por las nuevas formas de trabajo y de relaciones laborales, y al intento de control y represión de los millones de personas, que ven hundirse sus condiciones de vida.
La socialdemocracia, incluidas sus nuevas/viejas formas de expresión política como Unidas Podemos, está actuando, como en todas las grandes crisis, como instrumento del capital, tanto por su complicidad directa con las medidas de incremento de la explotación obrera, como con la represión y, sobre todo, con su apoyo al discurso de las clases dominantes con respecto a la pandemia. Eso no es nuevo. Es su papel histórico.
Lo que sorprende es que la relación estrecha entre la imposición del nuevo orden mundial, que las élites burguesas llaman «nueva normalidad», con todo su aparato de dominación y de control masivo de la clase obrera y de otros sectores populares empobrecidos, no haya sido respondido por una gran parte de otras organizaciones de la izquierda.
Los obstáculos probablemente estén relacionados con estos aspectos fundamentales:
• No tener en cuenta que los descubrimientos científicos en el capitalismo están subordinados inexorablemente a la propiedad privada de los medios de producción. Este hecho, absolutamente clave, determina que se investiga sólo lo que produce beneficios y que se impone, como necesidad de consumo, lo que interesa vender. En el caso de las farmacéuticas, estamos ante un poder con inmensa capacidad de corrupción política, sanitaria y económica, y con un control total sobre los medios de comunicación.
• Desconocer el carácter de clase del Estado, como aparato de poder de las clases dominantes, y que, como tal, adopta las mismas medidas represivas, independientemente de su color político, destinadas al control de las poblaciones, a la represión de las luchas obreras o a imponer la vacunación masiva obligatoria. En este mismo sentido, y habida cuenta de la ingente información disponible que desmiente el discurso oficial, es inaceptable ignorar el papel del Estado como instrumente para asegurar ingentes beneficios económicos de empresas privadas, con dinero público, y, sobre todo, atribuyéndole el papel de depositario del conocimiento científico.
• Haber caído en la trampa, de aceptar los mecanismos de imposición dictatoriales, sanitarios y sociales, por miedo a ser acusados de “favorecer a la extrema derecha”, argumento esgrimido, tanto por los medios de comunicación intervenidos, como por el “gobierno progresista”. Se olvida que es la ausencia de resistencia de la izquierda, la que deja el terreno abonado para que la extrema derecha hegemonice el malestar social.
En resumen, este proceso de control social masivo y de violencia institucional a gran escala, no sólo tiene por objetivo favorecer el negocio de las multinacionales farmacéuticas. Es indisociable de la imposición decidida por parte de los grandes centros de poder de cambios drásticos en las relaciones sociales que implican, tanto mecanismos de sobreexplotación de la clase obrera, como la negación a grandes sectores, sobre todo a la juventud, de toda esperanza de futuro. Esta gran reconfiguración del capitalismo requiere, como conditio sine qua non, la domesticación, mediante el miedo, la censura y la represión, de las poblaciones.
La aceptación acrítica de la izquierda del discurso de las clases dominantes (la crisis está causada por el covid y la gestión de la pandemia, incluidas las vacunas, ha estado guiada por criterios científicos), aherrojada por el miedo a la acusación de «negacionistas», «antivacunas» o de «hacer el juego a la extrema derecha» es inaceptable y tiene que acabar. Si persiste en su complicidad, hipotecará completamente, no sólo su capacidad de resistencia, sino su aptitud para liderar el enfrentamiento a un nuevo orden mundial de consecuencias aniquiladoras de conquistas históricas, no sólo de la clase obrera, sino de la humanidad.
Por el contrario, la radicalidad, es decir, la búsqueda de las causas profundas de los procesos y desvelar implacablemente las enormes mentiras, sobornos y represión sobre los que se asienta la gran dictadura de las oligarquías burguesas, con la complicidad de gobiernos de todo color política, es el punto de partida. Esa es la condición sine qua non que puede sustentar la acumulación de fuerzas que haga posible la derrota del capitalismo, hoy más que nunca, máquina destructora de la vida. Porque es precisamente, en las grandes crisis, cuando no hay reformas que ofrecer, cuando no hay vuelta atrás y el presente es inaceptable, cuando se erige la necesidad imperiosa, sobre todo para la juventud obrera, de construir un mundo a la medida de las necesidades humanas, es decir, del socialismo.
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Nota: Adherimos a la postura del Che Guevara sobre el socialismo cotidiano, es decir que no se trata del poder del estado o la economía, sino de formas compartidas de vivir, con lo que empata con el Marx de la comuna.