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Participación de Giorgio Agamben en el IV Congreso de la Associazione Radicale Diritti alla Follia «La pandemia di Covid-19 e la crisi dei diritti e del diritto» (min. 1:26:30-1:31:44. ), el 13 de noviembre de 2021. Antes de su participación, el moderador Michele Capano le pidió que hiciera un balance sobre la respuesta de la intelectualidad italiana a la situación política en curso.
Es mejor no hablar de este aspecto de los intelectuales italianos, porque es simplemente vergonzoso. Intentaré ser muy breve porque no tengo la mejor comunicación por vía telemática.
Creo que hay que darse cuenta de que en Italia, aprovechando el terror sanitario, se ha dado un verdadero golpe de Estado, gestionado por las propias autoridades del país, en el que todos los principios, no sólo del derecho sino también de la convivencia, saltan por los aires uno tras otro. Así que tenemos un estado de emergencia en lugar de la ley (el estado de excepción no es la ley, es lo contrario), tenemos información impuesta en lugar del debate libre sobre la verdad, tenemos la salud y la medicina en lugar de la religión y la salvación, tenemos la técnica en lugar de la política, tenemos la distancia, la sospecha y la discriminación en lugar de la proximidad y la confianza.
Me parece, por ponerlo en dos puntos, que está cambiando por completo la idea misma de libertad y la idea misma de derecho. El primer ejemplo es la cuestión del green pass. El green pass forma parte de ese modelo político que los politólogos llaman las libertades autorizadas. ¿Qué es una libertad autorizada? La autorización en derecho es un acto que no concede nuevos derechos, sino que autoriza el ejercicio de derechos ya existentes. Así, cosas que antes se daban por descontadas, como la libertad de salir de casa, ir a un restaurante o tomar un tren, estos derechos elementales requieren ahora una autorización para ser ejercidos, y el green pass es precisamente esta autorización. Y ahí también se observa la ceguera de la gente que piensa que el green pass es casi un principio que garantiza la libertad, cuando en realidad una libertad autorizada ya no es una libertad, porque puede ser revocada en cualquier momento, cambiada por quien dio la autorización. Una vez que se entra en este modelo de libertades autorizadas, que es un modelo general, cualquier acto, derecho o ejercicio de la libertad debe ser ahora autorizado. Y esto se puede extender hasta el infinito, está claro.
Otro punto importante que cambia precisamente es el relativo a la naturaleza del propio derecho. Por definición, el derecho debe ser cierto o certero; no puede haber legalidad sin certidumbre del derecho. Los juristas siempre lo han sabido. Ahora bien, si en lugar de ello, como está ocurriendo, el gobierno interviene cada quince días o cada mes en un problema, cambiando así continuamente las reglas, ya no hay legalidad. Es decir, este fenómeno ya no está bajo la figura de la legalidad. Un derecho incierto ya no es un derecho. Y esto es un cambio enorme: la gente se está acostumbrando a esto también, mientras que para poder vivir es necesario que los ciudadanos sepan cuál es la ley y que ésta tenga estabilidad. En realidad, es un estado de ilegalidad normalizado.
Éstos son dos puntos muy importantes. Son cambios en los conceptos básicos: la libertad autorizada ya no es libertad y un derecho incierto ya no es derecho. Sin embargo, hemos entrado, con este golpe de Estado —es importante entender que se ha producido un golpe de Estado—, en un modelo que cambiará nuestro concepto de libertad y de derecho. Entonces, es importante recordar que en el fondo este modelo de hacer emerger una situación ilegal junto a una legal, una ausencia de normas junto a las normas. Es el Estado dual que los estudiosos utilizaron para definir el Estado nazi: parece ser que el Estado existe junto a nuevos poderes fuera del orden. Y son estos poderes los que realmente deciden.
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Discurso de Giorgio Agamben: «Italia se está deslizando hacia una barbarie que no tiene precedentes en su historia» (7 de diciembre de 2021)
Discurso pronunciado por Giorgio Agamben el 7 de diciembre de 2021 en una audiencia organizada (Audizioni sul disegno di legge núm. 2463) sobre los requisitos de vacunación y el refuerzo del «green pass» o certificazione verde en el Palazzo Madama, Turín, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de Italia.
Antes de entrar en la cuestión del decreto-ley sobre el que está llamado a votar el Senado, me gustaría recordar a los miembros del parlamento una declaración de principios conocida como el Código de Núremberg. Nos encontramos en 1947, en la época en que se celebraban en Núremberg los juicios a los médicos culpables de graves delitos durante el nazismo al realizar experimentos, a veces letales, con los prisioneros de los campos y seguir hasta el extremo la política eugenésica del régimen. Fue en esta ocasión cuando el Tribunal, ante los evidentes excesos del poder médico, consideró necesario emitir una declaración sobre los principios éticos y jurídicos que debían regular la relación entre los médicos y los sujetos humanos, y esto es precisamente lo que hoy llamamos el Código de Núremberg.
La declaración comienza afirmando que en esta relación es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano y que este consentimiento debe ejercerse libremente, es decir, y cito las palabras del Código, «sin la intervención de ningún elemento de fuerza, engaño, presión, exageración o cualquier otra forma de obligación o coerción». Me pregunto si hoy tenemos este tipo de consentimiento voluntario. ¿Por qué he evocado esta afirmación? Porque creo que hoy es más necesario que nunca comprender que medicina y política deben distinguirse claramente y que no se pueden invocar razones científicas para justificar medidas que, por su naturaleza, son necesariamente políticas.
Creo —y me dirijo a los senadores— que debería hacerles reflexionar que el primer ejemplo de legislación en el que un Estado intervino de forma obligatoria en la salud de los ciudadanos es la ley de protección del pueblo alemán contra las enfermedades hereditarias que Hitler aprobó en 1933 apenas llegó al gobierno. Esta ley llevó a la formación de comisiones médicas especiales que decidieron la esterilización forzosa de 400 000 personas.
La medicina tiene la tarea de curar las enfermedades de acuerdo con los principios irrevocablemente establecidos en el juramento hipocrático, pero que ahora se transgreden en puntos esenciales con la autorización del orden de los médicos. Así que piénsenlo, si al pactar de forma necesariamente ambigua e indefinida con los gobiernos, la medicina se coloca subrepticiamente en la posición de legislador, no sólo no beneficia a la salud de los individuos, sino que puede conducir —y de hecho está conduciendo— a limitaciones inaceptables de sus libertades, respecto a las cuales las razones médicas ofrecen el pretexto ideal para un control de la vida sin precedentes. Me pregunto: ¿es aceptable que por una enfermedad cuya tasa de letalidad, según lo que acaba de decir el profesor Giorgio Palù, es del 0.2%, todo un país se escandalice, aterrorice y limite sus libertades de movimiento, de trabajo, etc.?
Ahora paso al decreto que van a votar. Creo que deberían saber, como ya está aceptado por fuentes científicas internacionales autorizadas, que la vacuna no protege del contagio y que después de un par de meses la persona vacunada está en la misma situación respecto a la enfermedad que la no vacunada. De ahí la necesidad de plantearse si tiene sentido una tercera dosis, y mañana, por qué no, una cuarta, hasta el infinito. Si la vacuna es eficaz, ¿por qué es necesaria una tercera dosis, y eventualmente otras más? Ante esta evidencia, en lugar de cuestionar la utilidad de la política seguida hasta ahora en el problema de las vacunas, el gobierno —ayudado en esto por unos medios de comunicación cada vez más irresponsables— ha preferido hacer lo peor que se puede hacer en una sociedad, es decir, dividir a los ciudadanos en dos clases enemigas: los vacunados portadores de un green pass, también en constante mutación (ahora es super-green pass, mañana será super-super-green pass), y los otros definidos con un término negativo que recuerda a los no-arios de la legislación fascista de 1938, llamados no-vax, apresuradamente no-vax. Después de sembrar el terror y el miedo durante casi dos años, ahora se siembra el odio y la discriminación, acusando sin ningún fundamento a quienes han optado por no vacunarse de perjudicar a quienes deberían sentirse protegidos por estar vacunados y que, evidentemente, no se sienten así.
Una sociedad tan dividida y basada en el odio y la inseguridad no es una sociedad libre y vivible. Creo que nuestro país se está deslizando hacia una barbarie que no tiene precedentes en su historia. Una barbarie en la que cada día me parece que encuentro más lo que Primo Levi definió como «la vergüenza de ser hombre». La vergüenza, por usar sus palabras, de que algo injusto e inhumano se haya introducido irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen. Es en nombre de esta vergüenza que pido a los senadores que se cuestionen y piensen mucho antes de votar su consentimiento a un decreto-ley injusto e inhumano.