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Presidente peruano utilizará militares para combatir delincuencia callejera.
La inseguridad en Ecuador encierra en casa a los ciudadanos y saca a los militares a las calles.
Paso a paso los partidos políticos y los gobiernos de izquierda y de derecha pierden militantes y bases de apoyo y por otra parte crecen en barrios populares y campos los autogobiernos buscando autonomía y cambio civilizatorio desde abajo. La impunidad de grandes empresarios que destruyen la naturaleza para hinchar sus bolsillos legitima la delincuencia en todas partes.
15.02.2022
A fines de enero el gobierno de Pedro Castillo había decretado el estado de emergencia, a pedido de varios alcaldes distritales, para contener la creciente ola delictiva.
El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció la noche del lunes (14.02.2022) que ordenará a las Fuerzas Armadas que colaboren en los operativos realizados por la policía contra la delincuencia, en el marco de un estado de emergencia por la inseguridad ciudadana decretado en Lima y en el vecino puerto del Callao.
“Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo Castillo, vestido con un chaleco antibalas y acompañado de generales de la Policía durante un operativo contra la delincuencia en el populoso distrito El Agustino, cerca del centro de Lima.
A finales de enero ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana, a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva.
En ese entonces, ya se había explicado que tanto los gobiernos locales como las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo que realiza la policía.
Pese a ello, los militares no han participado hasta la fecha en las acciones policiales, como en el arresto de bandas de ladrones o traficantes de drogas, entre otros numerosos operativos realizados en Lima las últimas tres semanas y difundidos profusamente por las autoridades.
Para lograr la participación de los militares Castillo pidió “al señor ministro del Interior que coordinemos de una vez por todas no solamente para tener a la Policía, porque no todo es la responsabilidad de la Policía”.
El anuncio se produce cuando un sondeo de Ipsos indica que Castillo alcanzó su mayor desaprobación con 69% de rechazo en siete meses de gestión, contra una aprobación de solo 25%.
Bajo el estado de emergencia se restringen los derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y de reunión, lo que permite a policías y militares a ingresar a viviendas en busca de sospechosos sin orden judicial.
Según el Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Cómo Vamos, siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esta capital de 10 millones de habitantes.
De acuerdo con una reciente encuesta de Ipsos, el 56% de los consultados cree que bajo el gobierno de Castillo la sensación de seguridad ha empeorado en Perú, un 39% cree que está igual que antes y solamente 4% que ha mejorado.
gs (afp, Andina, La República)
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El miedo campa en Guayaquil. La delincuencia en la capital económica de Ecuador ha alcanzado tal nivel que ha encerrado a los ciudadanos en sus casas. El país comenzó el año con un récord de 329 asesinatos contados hasta el 4 de febrero, que dejó lejos la ya exagerada cifra de muertes violentas del 2021. Guayaquil concentra un tercio de esas muertes. El año pasado ya se cerró con el doble de homicidios que 2020 -2.464 hasta el 30 de diciembre- y en enero hubo 122, una cifra mucho menor que la registrada este año.
Las muertes llegan en grupo, como ocurrió en unas canchas de fútbol en el sur de Guayaquil, cuando cinco personas fueron acribilladas por un supuesto enfrentamiento entre bandas a las nueve de la noche. Pero también ocurren en zonas turísticas, como le pasó a un visitante holandés al que mataron por tratar de robarle en las icónicas escalinatas de Las Peñas. Otro hombre fue ejecutado por sicarios mientras cenaba en un restaurante lleno de gente en el norte de la ciudad. Y un repartidor que se perdió en un barrio marginal terminó muerto en un asalto para quitarle la motocicleta con la que trabajaba. Todo esto en el mes de enero.
La reacción oficial ha sido reforzar la presencia de cuerpos de seguridad en las calles y asociar la situación al narcotráfico internacional. El pasado octubre, el Gobierno decretó el estado de excepción y movilizó a militares en las calles, pero la ola de violencia no bajó. “Estaremos listos para responder ante cualquier reacción de los grupos de delincuencia organizada”, advirtió el pasado viernes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al informar en una rueda de prensa de la detención de 10 miembros de la banda Los Lobos, que según la Policía, es una de las que se disputa el control de la ruta de la droga dentro del país. “Un golpe de esta naturaleza puede tener efectos en varios lugares y aumentar la violencia”, auguró la ministra, que considera que se está librando una “guerra” entre el Estado, la sociedad y las bandas criminales.
La perturbación en la tranquilidad de la gente es tan palpable que las principales avenidas del centro de Guayaquil se quedan desiertas al caer la actividad laboral y los negocios comerciales se lamentan por la falta de clientes, aquejados además por las restricciones de la pandemia de covid-19.
La raíz del despunte de inseguridad es que Ecuador es hoy, de acuerdo a la explicación gubernamental, el punto de salida del narcotráfico internacional hacia Estados Unidos y Europa debido a la porosidad de las fronteras terrestres con Colombia y Perú. Y eso repercute en la violencia urbana, pero también en enfrentamientos recurrentes entre bandas dentro las cárceles del país y en las cifras récord de incautaciones. Hasta el 26 de enero, van más de 15 toneladas detectadas, el triple que hace un año. En todo 2021, llegaron a las 210 toneladas, casi el doble del año anterior. A la par, hubo más de 300 presos muertos en al menos cinco brotes de violencia dentro del sistema penitenciario.
Estos “logros”, declaró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso sobre las incautaciones, “tienen consecuencias como el aumento de muertes violentas en las calles como ha sucedido en enero”. Por eso, justificó el despliegue de militares en labores de patrullaje junto a 1.100 efectivos de la policía. No especificó el número de soldados que recorrerían las calles del país, pero prometió además entregar nueve millones de dólares para equipar a la Policía con autos, motos y armas. Días después, Lasso reconoció que la lucha contra el narcotráfico no era una “pelea fácil” y que sería irresponsable dar una fecha sobre cuándo terminaría la batalla y volvería la tranquilidad al país.