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La agitada frecuencia con que ocurren los acontecimientos en Nicaragua y la inusitada rapidez con que la nueva noticia se superpone a la anterior, dificulta escribir una crónica o sintetizarlos, pero cada suceso ratifica la decisión de la dictadura Ortega-Murillo de atornillarse en el poder y perennizarse a punta de armas, represión y miedo. El régimen no es solo dictatorial, mucho menos autoritario a secas. Es sultánico, despótico, barbárico y fascista, como lo han calificado diversos politólogos.
Presos y presas de conciencia: hijos de perra del imperialismo
En comparecencia pública, el mismo día que el Consejo Supremo Electoral lo proclamó “ganador”, Ortega calificó a todos los presos políticos de hijos de perra del imperialismo.1 En consecuencia, ellas y ellos no solo están privados de su libertad, sino que permanecen en precarias condiciones carcelarias. Hasta el 31 de enero se listaban 167 en el contexto de abril 2018 y diez antes de ese año, entre ellos Marvin Vargas, primer reo de conciencia de esta dictadura.2
La brutal ola represiva inició en mayo de 2021 con el allanamiento de la Policía del local y segunda confiscación de equipos de trabajo periodístico de Confidencial; continuó con las capturas de siete precandidatos a la presidencia de la república, además, dirigentes políticos, empresarios, campesinos e integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales, dejando más de 40 presos, quienes, por más de 90 días, fueron sometidos a condición de desaparición forzada, sin ningún contacto con su familia y ahora enjuiciados por conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional.3No se les ha permitido recibir alimentos, libros, frazadas. Nada, violándoles sus más elementales derechos.
Hay, además, una saña particular con las mujeres de Unamos. A la mítica comandante guerrillera Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, se les ha mantenido en régimen brutal de aislamiento, en pequeñas celdas oscuras, sin ventanas y sin ninguna comunicación con los otros prisioneros.
En noviembre 2021, mes de la farsa electoral, ocurrieron más capturas. En esta ocasión, vinculadas al uso de redes sociales. Varios presos y presas fueron acusados usando la recién creada Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Putin.
El 25 de enero 2022, familiares de los presos de conciencia emitieron un pronunciamiento intentando tender puentes con el gobierno, por medio de lo que calificaron Proceso de unificación ciudadana, que iniciaría con la liberación de sus presos. Su declaración fue apoyada de inmediato por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que hasta entonces se había mantenido en total mutismo.
El régimen respondió a esta iniciativa con absoluto silencio y el 1º de febrero inició juicios con causas inventadas contra los detenidos. Fusilamiento judicial, los adjetivan algunos y simulación de juicios, los llama la defensora de DD.HH., Dra. Vilma Núñez, pues los procesos han sido realizados en centros de detención, sin que los abogados defensores hayan entrevistado a sus representados. Además, fueron enjuiciados a puertas cerradas, violando todas las normas jurídicas, actuando contra ley expresa, usando de testigos a policías y presentando como pruebas: Tuits, declaraciones en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales.
Hasta el momento se han realizado más de diecisiete de estas mascaradas, y todos han sido declarados culpables. A ocho ya les dictaron sentencia. El periodista y precandidato presidencial, Miguel Mora, dueño del Canal 100% Noticias, fue condenado a 13 años de cárcel, al igual que el dirigente estudiantil, Lester Alemán. Ana Margarita Vigil fue condenada a 10 años y Dora María Téllez a 8 años de cárcel. El martes serán víctimas de esta parodia otros siete presos políticos.
En medio de estos juicios, la opinión pública fue conmocionada por la muerte del héroe de la lucha antisomocista, Comandante Guerrillero y General de Brigada (R) Hugo Torres, sacado de su celda el 17 de diciembre, después de varias semanas de estar muy enfermo, con un deterioro que fue creciendo al punto de no poder moverse ni alimentarse por sí mismo. Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo y, a gritos de sus compañeros, fue sacado de la cárcel y llevado con rumbo desconocido. Así permaneció en manos de las autoridades policiales, hasta que el día 12 de febrero se conoció de su muerte. Durante dos meses no hubo respuesta a la pregunta: ¿dónde y cómo está Hugo? Después de su muerte no hubo ningún reporte oficial del día, hora, lugar y circunstancias en que ocurrió su deceso. Murió en condición de preso, en manos de las autoridades, sin que ninguna se pronunciara sobre el hecho.
Resulta paradójico, y hasta cruel, el hecho que su carcelero, Daniel Ortega, fue uno de los prisioneros políticos rescatados de la cárcel del somocismo por un comando sandinista del que Hugo fue uno de sus principales protagonistas. Hoy se está demandando que los organismos de DD.HH. puedan volver a Nicaragua, y sea creada una instancia independiente que investigue las circunstancias de la muerte de Hugo Torres, de quien no se sabía que tuviese ninguna enfermedad precedente.4
Por todo lo que está pasando con los presos, es correcto afirmar que Ortega ha superado en destrucción de la institucionalidad de la justicia, en brutalidad y en crueldad, al dictador Somoza.
Forzando espacios en la geopolítica
En diciembre 2021, una misión presidida por dos hijos de Ortega —Laureano y Rafael—se reunió en Rusia con el vicecanciller de ese país, Sergei Ryabkov, y firmaron acuerdos de cooperación en representación del gobierno de Nicaragua. Luego viajaron a China. En esos días, y de forma abrupta, el Estado de Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y abrió relaciones con la República Popular China. Acto seguido, el gobierno expropió ilegalmente todos los bienes muebles e inmuebles de Taiwán, de quien durante 15 años recibió donaciones y otros beneficios. En un traspaso arbitrario y bochornoso, todos los bienes fueron entregados a China.
La visita a Rusia coincidió con declaraciones de Vladimir Putin, quien afirmó que Nicaragua es un socio “muy importante” de Rusia, y felicitó a Ortega por su “victoria abrumadora” en las elecciones del 7 de noviembre, mundialmente declaradas una farsa. Con estos eventos, el régimen enviaba claras señales de búsqueda de nuevos accionistas para su empresa, en un concierto internacional que le es definitivamente adverso.
En enero 2022, en medio del aislamiento internacional, Daniel Ortega escenificó un acto carente de decencia al auto colocarse la banda presidencial. Con un desabrido y repetitivo discurso antinorteamericano, y con la presencia de solo dos jefes de Estado —Díaz Canel y Maduro— e invitados cuestionados como responsables de crímenes perseguidos por Interpol, Ortega y Murillo iniciaron un nuevo período presidencial que pretenden sea de cinco largos años más.
Cierre y confiscación de universidades5
Este proceso comenzó en diciembre 2021, con la supresión de la personería jurídica del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), y de la Universidad Hispanoamericana, ambas del mismo dueño y durante muchos años conocido como orteguista. Sobre estos cierres se ha especulado que están relacionados con conflictos internos en las propias filas del régimen. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, los bienes de esa universidad pasaron al Estado.
Después fueron canceladas cinco personerías jurídicas vinculadas a otras universidades, entre ellas, la emblemática Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua (UPOLI), fundada durante el somocismo, cuyos recintos fueron centros de resistencia en la sublevación popular de abril 2018.6 De inmediato y de manera arbitraria, la Asamblea Nacional confiscó todos sus bienes sin el debido proceso ni la indemnización que manda la Constitución, aprobó la creación de otras universidades y les otorgó los bienes de las canceladas. Luego siguieron las vinculadas con sedes norteamericanas, como Thomas More y Mobile.
La razia orteguista no se ha detenido ahí, pues han sido incrementadas las cancelaciones de personería jurídicas de otras organizaciones sin fines de lucro, incluida la Asociación de Mujeres “María Elena Cuadra”, importante organización social dedicada a la defensa de los derechos laborales de las mujeres que trabajan en las maquilas o zonas francas.
Volveremos sobre el impacto del cierre y confiscación de seis universidades y centros de formación superior. La dictadura apunta a dejar, como única alternativa de educación universitaria, los espacios e instituciones férreamente controlados por Ortega y Murillo. De esta manera, en Nicaragua se pone fin a la autonomía universitaria y al derecho de los estudiantes a una educación autónoma, no partidaria y, mucho menos, proselitista.
15 de febrero 2022
1https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/09/daniel-ortega-llamó-hijos-de-perra-a-los-presos-politicos-y-dijo-que-dejaron-de-ser-nicaragüenses/
2https://desinformemonos.org/los-gulags-de-la-dictadura-de-ortega/
3 Ley dictada en diciembre del 2020 con el propósito de tipificar ese nuevo delito.
4 Una semblanza de Hugo Torres aparece en https://www.confidencial.com.ni/opinion/hugo-torres-jimenez-heroe-de-la-lucha-contra-la-dictadura-somocista/
5 Por necesidad de espacio, solo adelantamos la confiscación de algunas universidades. Después serán objeto de un artículo especial.
6https://obreradelatecla.com/cinco-universidades-privadas-obligadas-al-cierre-tras-cancelacion-de-personalidad-juridica/