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El título de nuestro ensayo hace alusión a la premisa de “disputar la hegemonía” al ubicar, sin embargo, la autonomía como quid de la cuestión y el eje alrededor del cual se articula el actual conflicto entre los pueblos y el Estado Plurinacional: los primeros en lucha para conservarla y reforzarla, este último empeñado en desarticularla y fosilizarla. Se trataría, de esta manera, de una disputa por quién y cómo define la autonomía, por su alcance y su viabilidad como proyecto político subalterno. El objetivo del artículo es mostrar esta disputa por la autonomía entre el Estado Plurinacional del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y los pueblos indígenas.
Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas
Tomado del libro “Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad” de Clacso
Por Gaya Makaran. Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, México. Doctora en Ciencias de Literatura y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Varsovia, Polonia. Sus líneas de investigación son las cuestiones étnicas, movimientos indígenas, Estado y nacionalismos en Bolivia y Paraguay. Es autora de libros: 2012 Identidades confrontadas: conflictos identitarios en Bolivia (México: CIALC) y 2014 Paraguay: nacionalismo y sus mitos (México: CIALC). Correo electrónico: makarangaya@gmail.com 34
Resumen
El título de nuestro ensayo hace alusión a la premisa de “disputar la hegemonía” al ubicar, sin embargo, la autonomía como quid de la cuestión y el eje alrededor del cual se articula el actual conflicto entre los pueblos y el Estado Plurinacional: los primeros en lucha para conservarla y reforzarla, este último empeñado en desarticularla y fosilizarla. Se trataría, de esta manera, de una disputa por quién y cómo define la autonomía, por su alcance y su viabilidad como proyecto político subalterno. El objetivo del artículo es mostrar esta disputa por la autonomía entre el Estado Plurinacional del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y los pueblos indígenas. De allí, organizaremos las diferentes dimensiones de la autonomía social en tres categorías principales: la cultural, la po[1]lítica y la económica, y analizaremos las políticas estatales, como el nacionalismo, el clientelismo y el desarrollismo extractivista, destinadas a anularla.
Introducción
El siglo XXI empieza en América Latina con una efervescencia de los sectores subalternos en contra de los modelos dominantes del Estado nación y del capitalismo neoliberal. En Bolivia, las luchas históricas del movimiento indígena toman un nuevo impulso al des[1]bordar los límites de la democracia liberal restringida desde aquel “subsuelo político salvaje” (Tapia, 2008), autónomo e insumiso que, partiendo de su experiencia “societal” alternativa (Tapia, 2002), pone en jaque al Estado colonial, proyectando su refundación pro[1]funda en clave plurinacional con la soberanía y la autodetermi[1]nación de las “naciones originarias”. Como resultado de estos esfuerzos por “reconquistar” el poder político y el control social sobre los recursos y los territorios, lle[1]ga al poder del Estado el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), autodenominado “progresista” y “de movimientos socia[1]les”, que se posiciona como portavoz y representante único de los anhelos populares de cambio y, al mismo tiempo, autor-ejecutor del plurinacionalismo. Desde sus inicios, el nuevo régimen ha in[1]tentado legitimarse a través de un discurso intelectualizado con pretensiones “científicas”, difundido tanto por la Vicepresidencia como desde el ámbito académico orbitante, que posiciona las lu[1]chas indígenas y populares en el campo de disputa por el Estado y por la hegemonía. Según estos planteamientos, disputar con éxito 35 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas la hegemonía y tomar el poder estatal permitió alcanzar el óptimo social soñado por Zavaleta, es decir, la construcción de un Estado integral reconciliado con la sociedad, su sociedad, de la cual sería la máxima expresión. De esta manera, los “hegemónicos” anuncia[1]ban su triunfo sobre posiciones “autonomistas” que, según ellos, en su ingenuidad romántica de querer “cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2010), renunciaron a la disputa por el Estado y claudicaron ante las fuerzas de derecha. De ahí viene el título de este ensayo que hace alusión a la premisa de “disputar la hegemonía” al ubicar, sin embargo, la autonomía como quid de la cuestión y el eje alrededor del cual se articula el actual conflicto entre los pueblos y el Estado Plurinacional: los primeros en lucha para conservarla y reforzarla, este último empeñado en desarticularla y fosilizarla. Se trataría, de esta manera, de una disputa por quién y cómo define la autonomía, por su alcance y su viabilidad como proyecto político subalterno, y su persistencia frente a la arremetida de los “hegemónicos” que, una vez acomodados en el Estado, dirigen todas sus armas posibles para destruir cualquier forma autónoma de pensar, vivir, producir y organizarse. Antes de pasar al estudio de caso, es necesario precisar a qué nos referimos cuando hablamos de “autonomía”, este concepto polisémi[1]co y susceptible de ser “secuestrado” para fines contrarios al mismo. Como todos sabemos, la disputa por el lenguaje y sus significados forma parte crucial e indisoluble de toda lucha social y, con mayor razón, la societal. No pretendemos aquí presentar una revisión ex[1]haustiva de todas las posibles definiciones de la autonomía, según diferentes escuelas de pensamiento y tradiciones históricas. Tam[1]poco es nuestro objetivo un aporte novedoso al debate teórico so[1]bre la misma. Lo que se propone, en cambio, es una definición “estratégica” que nos guiará en este escrito y que será un punto de partida para las reflexiones y la columna vertebral de la argu[1]mentación. De ahí que proponemos abandonar la perspectiva esta[1]docéntrica y elegimos interpretar la autonomía de manera amplia y diversa, desde el horizonte antisistémico de emancipación social, en el sentido expuesto, entre otros, por la socióloga mexicana Ra[1]quel Gutiérrez Aguilar: la autonomía política de lo social orientada por la reapropiación de las condiciones materiales de la reproducción de la vida social más allá del capital –sí, autonomía muchas veces parcial, contra[1]dictoria y ambigua, aunque en tensión sistemática con la norma[1]tividad contemporánea impuesta por la acumulación del capital (Gutiérrez, 2015: 133). 36 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad De esta manera, la disputa por la autonomía que nos interesa mostrar consiste en pelear la capacidad de reproducir la vida en común, junto con sus espacios/territorialidades concretas, más allá y en contra del binomio Estado-capital. En este contexto, el Estado moderno, tal como surgió y como lo conocemos hoy, no es un ente neutral o vacío que puede ser llenado de contenidos por el que llegue al poder, ni una plataforma de diálogo y de un “contra[1]to social” perfectamente moldeable por los ciudadanos, sino una estructura de múltiples dimensiones diseñada por y para el capital, una “forma política del capital” (Navarro, 2015: 48) profundamente contraria a las ambiciones de autonomía y emancipación social1. De ahí que la autonomía, llamémosla “radical”, que de ninguna manera es exclusiva de los pueblos indígenas, aunque sean precisamente éstos sus portadores y ejecutores históricos en Bolivia, va mucho más allá de lo que puede sugerir su definición liberal presente en el derecho internacional y las legislaciones nacionales, que la limita a ciertas formas de autogobierno sin proyección societal subordinado al gobierno “nacional” en cuestiones claves, sobre un territorio reducido y colonizado, en el marco de la división administrativa de un Estado nación y las políticas multiculturalistas del manejo de la diversidad, con objetivo de aislar y reducir la complejidad de lo autónomo. En contraste, las autonomías “rebeldes” se medirían por la capacidad de construir y defender otros modos de vida que contradigan la lógica del Estado[1]capital con un horizonte de la autodeterminación social. Su objetivo no sería aislarse, aunque a veces esto pueda parecer a primera vista, sino expandirse para construir una red interrelacionada que dispute con el Estado-capital la reproducción de lo social. No queremos caer, sin embargo, en esencialismos, ni mucho menos discriminar a ninguna experiencia autónoma como la “no sufi[1]cientemente radical o rebelde”; no nos interesan este tipo de juicios ni (des)calificaciones. De hecho, nos parece crucial retomar la definición de la autonomía que propone Raquel Gutiérrez al subrayar que ésta no se basa en la pureza, ni aislamiento o una autarquía obligatoria, tampoco en un “afuera” total, sino en un entramado complejo de relaciones con el Estado-capital, donde se negocia, cede y avanza, se puede aprovechar al Estado pero también se es aprovechado por él. La “impureza” de lo autónomo es lo que caracteriza la disputa por la autonomía, donde los esfuerzos permanentes del Estado por “le[1]galizarla” para digerirla y pacificarla se encuentran con la respues[1]ta creativa de “los de abajo” que, en su aceptación aparente de las 1 Véanse, por ejemplo, las reflexiones sobre el Estado moderno de John Holloway (2011). 37 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas reglas de juego, desde sus resistencias pretenden “secuestrarla” de vuelta y “rebelarla” en contra de este mismo Estado. El objetivo de este ensayo es mostrar esta disputa por la au[1]tonomía entre el “Estado Plurinacional” del gobierno del Movimien[1]to al Socialismo (MAS) y los pueblos indígenas. De allí, organiza[1]remos las diferentes dimensiones de la autonomía social en tres categorías principales: la cultural, la política y la económica, en[1]raizadas, aunque no siempre acotadas territorialmente. Estos tres aspectos de la autonomía, ordenados de manera horizontal y no jerárquica, se entrelazan y condicionan uno al otro, al ser todos indispensables para una autonomía social plena. Así que la guerra que le hace el Estado necesariamente contempla estas tres dimen[1]siones, al coordinar sus esfuerzos y atacar los puntos neurálgicos de las resistencias indígenas que es el territorio, la organización propia y las formas tradicionales de reproducción de la vida más allá del Estado-capital. Más adelante se analizan las políticas del Estado diseñadas para anular la autonomía y las resistencias indí[1]genas para conservarla o reforzarla. Antes, sin embargo, nos parece crucial esbozar algunos antecedentes históricos de las recientes lu[1]chas por la autonomía y/o refundación estatal, con la finalidad de contrastar el proyecto político de los pueblos con el que se lleva a cabo desde el gobierno del MAS. Autonomía y resistencia, antecedentes históricos La historia de los pueblos originarios en el territorio que después de 1825 llegó a llamarse Bolivia es una historia de autonomía y re[1]sistencia ante el despojo y la explotación, primero colonial y luego republicana. A pesar de las diferencias importantes entre el proceso de conquista y colonización de los pueblos de las tierras altas y las tierras bajas, que no es nuestro objetivo describir aquí, es común su condición de alteridad y marginación frente al proyecto del Estado nación imaginado por una minoría criolla-mestiza. De hecho, la República de Bolivia fue fundada sobre la negación de su reali[1]dad social y de su protagonista central, el “indio”, paralelamente con la persistencia de formas coloniales de jerarquización social, ex[1]plotación y dominación cultural, que, posteriormente, se nombraron como “colonialismo interno” (González Casanova, 1969). Como con[1]secuencia, surge en Bolivia un Estado “aparente”, sin hegemonía, in[1]capaz de controlar su territorio ni disciplinar la sociedad zavaletiana “abigarrada”, donde coexisten y se sobreponen diferentes tiempos históricos, modos de producción e identidades étnicas, sin que se logre conjugarlos en un nosotros nacional único (Zavaleta, 1986). 38 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad Desde el punto de vista nacionalista, cuyo objetivo es la construcción de un Estado nación moderno “integral” y hegemónico, tal realidad ha sido presentada como obstáculo, debilidad o lacra histórica por superar. De esta manera, desde el Estado, sobre todo a partir de los años 1930 del siglo XX, se ensayaron diferentes políticas de integración poblacional y territorial a fin de homogeneizar a todos los habitantes del país en una comunidad de ciudadanos bolivianos modernos, disciplinados bajo un escudo y una bandera, fieles perseguidores del desarrollo y progreso de la Patria. Este sueño modernizador, inherente al nacionalismo, apostó por la conquista y la colonización, aunque en el lenguaje oficial se usara la palabra “integración” de los espacios “pre-modernos”, “bárbaros”, “retrasados” o “baldíos”, la cual se llevó promoviendo la penetración del capitalismo mundial y sus agentes o apostando por el desarrollo de un capitalismo nacional con el papel protagónico del Estado según la época, siempre en el contexto de una economía extractivista y dependiente. Sin embargo, si miramos la realidad boliviana desde sus márgenes, desde aquellos espacios “pre-modernos” no “estatalizados” ni incorporados a la lógica del capital, aunque tampoco aislados o ajenos a las dinámicas “nacionales” y globales, veremos una riqueza de modos de vida autónomos y en resistencia, todo un gran entramado multisocietal (Tapia, 2002) comunitario que aprovecha su posición subalterna para cuestionar el poder dominante y su proyecto político. Se trataría de una autonomía histórica de facto que los pueblos indígenas han conservado y desarrollado ante un Estado que al marginarlos permitió, en contra de su interés de hegemonía, la existencia de espacios “otros” y en constante rebeldía que le disputan su monopolio político, económico, territorial y de violencia legítima. Así, los pueblos originarios, basándose en sus territorios ancestrales o, por lo menos, sobre la memoria de su existencia histórica en caso de que éstos hubieran sido parcelados y expropiados, articulados por las comunidades/ayllus/tentas con sus modos propios de organización y gestión política, como también de reproducción material y cultural, demostraron su capacidad de resistencia y de una proyección política mayor con un proyecto histórico propio, como lo prueban numerosos levantamientos y rebeliones indias tanto en la época colonial, como republicana. Si revisamos sólo algunas de aquellas experiencias de lucha, como la rebelión de Túpac Katari (1781-84), Pablo Zárate Willka (1899) o la batalla de Kuruyuki en el Chaco (1892), veremos con claridad la fuerza del proyecto político indígena de emancipación 39 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas y autodeterminación en contra del Estado-capital y sus agentes. Dicho proyecto no se puede explicar de otra manera sino con la autonomía que las sociedades originarias lograron conservar y reforzar. Una autonomía que, sobre todo desde las tierras altas, sirve como punto de partida para disputar la hegemonía con el Estado criollo, tomando en cuenta la ventaja numérica de la población indígena frente a la población criolla-mestiza que vive con un constante miedo de ser sitiada2, junto con una recurrente conciencia india de constituir el pilar político y económico del país a pesar de su subalternización, como demuestran las palabras del líder aymara Felipe Quispe3: “si no había indios ustedes no serían gente” (Forest et. al, 2003). De ahí, mientras que en las tierras bajas la autonomía social de los pueblos indígenas sirve como punto de partida para una reivin[1]dicación de autonomía territorial reconocida y garantizada por el Estado frente a diversos actores privados (colonos, transnaciona[1]les, latifundistas agroindustriales que invaden territorios indígenas y amenazan su reproducción material y cultural como pueblos4), en los Andes la autonomía de facto de las comunidades y ayllus legitima más bien la lucha por el Estado, para “indianizarlo” (pos[1]tura de inclusión y reforma) o “refundarlo” (propuesta de cambio radical). La propuesta de refundación estatal, que pronto incor[1]porará también los aportes desde las tierras bajas, se basa en un primer momento en el rechazo del Estado republicano q’ara5, sus estructuras, sus lógicas y su carácter racista y colonizado y postula su descolonización, lo que supondría, entre otros, una re[1]territorialización o reconstitución territorial, es decir: recuperación de los territorios ancestrales (tanto en las tierras altas, como bajas) despojados por la Colonia y la República, rechazo de la democracia liberal, de la representación partidaria y del modelo económico capitalista, desarrollista y extractivista. Toda la rica historia de resistencias y luchas indias, basadas en su autonomía social tejida desde los márgenes de lo estatal 2 La figura del cerco se repite históricamente y toma cuerpo en acontecimientos concretos y tan distantes en el tiempo como el cerco a la ciudad de La Paz por Túpac Katari en 1871 o de Felipe Quispe en 2000. 3 Felipe Quispe, discurso en la Guerra del Agua del 1 de octubre de 2000. 4 La demanda autonómica de los pueblos indígenas de las tierras bajas se hace visible con la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 de Trinidad a La Paz. Su resultado es la legalización de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). 5 Q’ara en aymara significa “pelado”, palabra despectiva usada para denominar al “blanco”, criollo-mestizo o cualquiera que no pertenece al mundo indígena o viola sus mandamientos. 40 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad nacional, llega a un momento de acumulación y desborde en el periodo insurreccional 2000-2005, aquel tiempo que para muchos prometía un Pachakuti (Gutiérrez, 2009), es decir, un cambio radical de las estructuras coloniales de dominación política, económica y cultural sobre los pueblos originarios. Con la Guerra del agua en Cochabamba y el bloqueo de La Paz por el “ejército aymara” de Felipe Quispe en 2000, la Guerra del gas en 2003 que paralizó todo el país, protestas contra el gobierno de transición de Carlos Mesa, hasta la elección de Evo Morales en diciembre de 2005, se puso en evidencia el carácter ilusorio, “aparente” como diría Zavaleta, del Estado nación boliviano, “ingobernable”, que en su forma neoliberal suscitaba el más profundo rechazo de las clases populares e iba perdiendo el apoyo de las clases medias afectadas también por las medidas de ajuste. Las diferentes fuerzas de protesta que se manifestaron en aquel entonces: desde el katarismo e indianismo aymara, las autoridades tradicionales de ayllus y markas del altiplano (CONAMAQ), organizaciones indígenas del oriente (CIDOB), productores de hoja de coca de Chapare en Cochabamba, los sindicatos obreros (COB) y campesinos (CSUTCB), juntas vecinales de El Alto (FEJUVE), Coordinadora Regional por la Defensa del Agua de Cochabamba, hasta el partido MAS-IPSP de Evo Morales6; todas ellas al mismo tiempo unidas por el “cambio” y discrepantes en cuanto a su forma y alcance, en el primer momento decidieron apoyar el proyecto gubernamental para contrapesar las tendencias conservadoras representadas por el Consejo Nacional Democrático (CONALDE)7. Si miramos las propuestas de cambio surgidas desde las orga[1]nizaciones indígena-populares y recogidas en la Agenda de octubre de 2003 y de alguna manera en el programa electoral del MAS, posteriormente, encontramos entre su diversidad, no pocas veces contradictoria, algunos puntos clave comunes relacionados con la experiencia y la demanda de una “autonomía política de lo social 6 CONAMAQ – Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu; CIDOB – Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, anteriormente Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano; COB – Central Obrera Boliviana; CSUTCB – Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; FEJUVE – Federación de Juntas Vecinales; MAS-IPSP – Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. 7 Algunas de estas organizaciones: CONAMAQ, CIDOB, CSUTCB, además de Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), formaron el Pacto de Unidad con el objetivo de promover un proyecto constitucional conjunto. El Pacto de Unidad fue roto después de la VIII Marcha por el TIPNIS en 2011. 41 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas orientada por la reapropiación de las condiciones materiales de la reproducción de la vida social más allá del capital” (Gutiérrez, 2016: 133). Para que no nos acusen de “soñadores” y “revolucionarios de cafetería” que pretenden imponer a los movimientos proyectos más allá de lo que éstos realmente postulaban, citemos al Programa del MAS “Todo depende de nosotros mismos” para las elecciones de 2005 (MAS, 2005) que recoge algunos de los planteamientos indígenas que se creían “posibles” y “deseables” en aquella época y que pronto fueron borrados de la agenda oficialista. Tenemos, por ejemplo, la propuesta de la “nacionalización” de los recursos naturales que, sin embargo, propone más bien su socialización que estatalización: Nuestras riquezas Renovables y No Renovables, incluyendo los yacimientos petroleros y las minas, pasarán a manos de las comunidades, para que las produzcamos y aprovechemos en forma organizada y unida sin amenazar el equilibrio de la Tierra ni la sobrevivencia de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos (MAS, 2005: 8, énfasis propio). Igual, se postulaba la recuperación de tierras y territorios para consolidar nuestras comunidades y nuestra manera de vivir y organizarnos, y fortalecer nuestra presencia en el te[1]rritorio, no permitiendo la entrega de estas tierras a los capi[1]talistas y transnacionales extranjeras, mediante el mercado libre de tierras, llevaremos adelante una ocupación territorial (…) [y para] tomar el control económico, administrativo, sobe[1]rano y autogestionado, a nivel comunal, provincial, nacional (MAS, 2005: 12). Para afianzar aquel proyecto “desde abajo” y “de la soberanía/ autodeterminación de los pueblos” se postulaba una Asamblea Po[1]pular Constituyente “por medio de Asambleas Populares Comuna[1]les, Provinciales, etc., en la cual tendrán participación todas las organizaciones sociales (quechuas, aymaras, guaraníes, obreros, universitarios, juntas vecinales, etc.)” (MAS, 2005: 19). Los frag[1]mentos citados reflejan tan sólo una parte de las propuestas “re[1]fundadoras” que se barajaban en aquel entonces y que, se suponía, encontrarían su espacio de deliberación en una Asamblea Consti[1]tuyente de carácter popular, sin la mediación de partidos políticos ni la presencia de las fuerzas de derecha. Una vez consumada la histórica victoria del MAS y de su candi[1]dato presidencial Evo Morales, el 2 de julio de 2006 se celebraron 42 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad las elecciones a la largamente esperada Asamblea Constituyente, la misma que inició sus labores el 6 de agosto en la ciudad de Sucre bajo la presidencia de Silvia Lazarte, la primera mujer, y además quechua, en la historia de las Constituyentes bolivianas. Sin em[1]bargo, la Asamblea que ambicionaba “refundar el Estado boliviano”, nació marcada por el pecado original del liberalismo, es decir: tanto la elección de los constituyentes como la organización de la misma Asamblea siguieron el procedimiento liberal. Esto tuvo como con[1]secuencia, primero, el monopolio partidario: fue el oficialista MAS el que concentró y filtró las diversas fuerzas del Pacto de Unidad, dejando a muchos líderes y organizaciones históricas indígenas[1]populares fuera; y, segundo, la sobre-representación de la derecha con posibilidad de boicotear cualquier intento de cambio8. Así, en nombre de una “Bolivia para todos” se abortaba el proyecto popu[1]lar, al supeditarlo a los marcos de la “democracia restringida” y al negociarlo con la oligarquía. De ahí que el gobierno del MAS desde sus mismísimos inicios, igual que sus predecesores del Movimien[1]to Nacionalista Revolucionario (MNR), apostó por la contención del desborde popular y su encauzamiento pacificador, a fin de asegurar la gobernabilidad y minimizar los daños que aquella oleada rebelde pudo haber producido al aparato estatal. A pesar de todo lo mencionado, la Asamblea contó con la pre[1]sencia mayoritaria de representantes del sector indígena-popular, aunque bajo los estándares del MAS, que se agruparon, simpli[1]ficando, alrededor de tres principales corrientes políticas que po[1]dríamos llamar, siguiendo a Sue Iamamoto (2013): la indígena, la marxista y la nacionalista. El proyecto “indígena”, aunque presentaba diferentes divisiones internas, en su conjunto postulaba una mayor autonomía de los pueblos indígenas frente al Estado, la soberanía y la autodetermi[1]nación del sujeto indio. En sus formas más radicales, dicho pro[1]yecto proponía la soberanía estatal de la población indígena y la superación del actual Estado boliviano; sin embargo, finalmente prevaleció la opción de un Estado plurinacional que en el marco de la unidad política garantizara el principio de la autodeterminación de las naciones originarias. Para este bloque (katarismo, indianis[1]mo, CONAMAQ, CIDOB, parte de la CSUTCB) lo plurinacional su[1]ponía no sólo una amplia autonomía de los pueblos indios (más allá 8 El ganador de las elecciones a la Asamblea Constituyente, el partido oficialista MAS, obtuvo 53% de los votos; sin embargo, no logró alcanzar los dos tercios exigidos para cambiar la constitución. Este “empate catastrófico” provocó varios enfrentamientos entre el MAS y la oposición, tanto en el seno de la Asamblea, como también en las calles. 43 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas de las autonomías territoriales) sino, sobre todo, una refundación política en el nivel nacional para que la nueva forma estatal plural reflejara la diversidad cultural y societal boliviana. Eso quiere de[1]cir que un Estado plurinacional forzosamente tenía que cambiar en cuanto al modelo político (rechazo al liberalismo republicano), económico (rechazo al capitalismo) y cultural (rechazo al monopo[1]lio cultural criollo-mestizo). En este sentido, la plurinacionalidad pretendía ser una alternativa a las políticas multiculturalistas de inclusión subordinada y a los reconocimientos superficiales, al plantear la necesidad de incorporar la diversidad de manera radi[1]cal y real en un nuevo sistema económico y político. La plurinacio[1]nalidad significaría entonces la destrucción del modelo de Estado nación, la negación del proyecto nacionalista basado en una nación boliviana aglutinante y la prioridad de la soberanía de los pueblos indígenas y originarios por encima del mandato estatal (cuestión de tierras y territorios, recursos naturales, autogobierno, economía comunitaria, etc.). También el proyecto “marxista”, que coordinaba a los diferentes sectores del bloque indígena-popular y de clase media, integró el enfoque plurinacionalista en su propuesta de cambio constitucio[1]nal. Salvo algunas excepciones más ortodoxas que rechazaban la cuestión étnica-nacional, al optar por una mirada exclusivamen[1]te clasista, la mayoría de las organizaciones de izquierda marxista apoyaron la idea de un Estado plurinacional e intercultural. A la dimensión de la plurinacionalidad propuesta por el proyecto in[1]dígena, se añadió la mirada marxista con su premisa de supera[1]ción del capitalismo y de la lucha de clases. Así, se planteó que la construcción de un Estado plurinacional no podía eludir el tema del conflicto económico existente en Bolivia y para constituirse ne[1]cesitaba eliminar las relaciones de desigualdad y de explotación reproducidas por el latifundismo y el capitalismo tanto transna[1]cional como estatal. En este sentido, el proyecto marxista criticaba despiadadamente a los planteamientos nacionalistas de “una Bo[1]livia para todos”, al razonar que no es ni deseable ni posible una alianza entre los explotadores y los explotados. En cuanto a su visión del Estado, estas corrientes se distanciaron de las posturas estatalistas, para apostar por el poder popular horizontal, por la autogestión de las colectividades tanto campesinas, como obreras y urbanas. Por consecuencia, se propuso una socialización de me[1]dios de producción en vez de su estatalización. Los dos proyectos descritos: el “indígena” y el “marxista”, en realidad siempre se han influido e interpelado mutuamente, al coincidir o distanciarse en 44 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad algunos puntos. A pesar de sus divergencias, pueden constituir un solo proyecto caracterizado por plantear la plurinacionalidad de manera radical como una deconstrucción profunda del Estado nación liberal capitalista y una real devolución de la soberanía al pueblo/los pueblos. En el polo opuesto a estos planteamientos se encuentra el pro[1]yecto “nacionalista”, representado por las cúpulas del MAS y de las organizaciones afines como la CSUTCB, la Central Obrera Bolivia[1]na (COB), la Federación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FSMCB-BS) o las “bartolinas” y la Central Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), posteriormente conocida bajo el nombre de los “interculturales”. Sus bases se derivan de los sec[1]tores populares: obreros, campesinos, cocaleros, urbanos, etc., que étnicamente pueden ser indígenas pero en su mayoría no mantie[1]nen las formas tradicionales comunitarias porque sus modos de vida y producción se basan en la propiedad individual de la tierra y muestran una importante integración a las lógicas del mercado ca[1]pitalista, además de priorizar su identidad de clase por encima de la identidad étnica. Para el proyecto nacionalista la influencia del movimientismo revolucionario y de su ideología nacional-populista es más que evidente. Así, se recuperan muchas de las premisas y objetivos de la Revolución Nacional del 52, como el fortalecimiento del Estado como garante de los intereses populares, benefactor y redistribuidor de los bienes comunes. Dicho fortalecimiento se con[1]seguiría a través de las nacionalizaciones (estatalizaciones) de los sectores estratégicos de la economía (capitalismo del Estado), junto con una vigorosa industrialización dirigida hacia la sustitución de importaciones9 y la progresiva modernización del país. Este Estado fortalecido afianza su relación cercana con el pueblo a través de las políticas sociales de redistribución de la renta y del clientelismo político, al defender la premisa de la unidad por encima del con[1]flicto de clases. El bloque nacionalista apostó en la Asamblea por la construcción de una nación boliviana única, aunque diversa, de una Bolivia consensuada y para todos. Aquí reside la principal dife[1]rencia con la doctrina clásicamente nacional-populista: el recono[1]cimiento de la pluralidad étnica y cultural de la sociedad boliviana y la necesidad de coordinar dicha diversidad en un todo nacional multicultural. Dada la coyuntura política, el bloque nacionalista in[1]corporó una parte del discurso indígena sobre la plurinacionalidad, 9 La Industrialización por Sustitución de Importaciones, llamada también modelo ISI, fue promovida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 45 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas la interculturalidad y la defensa de la naturaleza, evidentemente en contra de sus verdaderas premisas, lo que dio como resultado un proyecto confuso y contradictorio, con una inquietante tendencia a atenuar el cambio exigido por las bases. La existencia de estas tres visiones condicionó los trabajos de la Asamblea y dejó su inevitable huella sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE)10. Esto explica su carácter híbrido y con[1]fuso, más aún si tomamos en cuenta los retoques finales hechos a puerta cerrada con los representantes de la oposición (régimen de autonomías, conservación del latifundio existente, inclusión de referencias a la “nación boliviana”, etc.). Así, por un lado, la nueva CPE incorpora las premisas del proyecto indígena sobre el Esta[1]do plurinacional e intercultural, reconoce la existencia previa de las naciones originarias con su derecho a la autodeterminación, autonomía y particularidad socioeconómica y cultural. Al mismo tiempo, legitima las estructuras republicanas de poder, la demo[1]cracia liberal y el modelo capitalista como predominantes; legaliza el latifundio preexistente (Art. 398); limita el derecho indígena a los recursos naturales renovables que se encuentran en sus te[1]rritorios, al permitir su uso y aprovechamiento “sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros” (Art. 30.17), y niega el derecho de las naciones originarias a los recursos na[1]turales no renovables que “son de propiedad y dominio directo del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” (Art. 349); subordina a los procedi[1]mientos liberales y limita territorialmente la autonomía indígena, al conservar la división administrativa republicana en departamentos y municipios, y garantiza “los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos” (Art. 394); posibilita la legalización de los transgénicos (Art. 409) y desconoce el concepto del poder social al mismo tiempo que refuerza el poder ejecutivo y el presidencialismo. De ahí, la nueva Constitución, aunque recupera simbólicamente las reivindicaciones indígenas, no permite afianzarse realmente al Estado Plurinacional entendido desde la perspectiva indígena o mar[1]xista. La plurinacionalidad en el texto constitucional se expresa en el reconocimiento de la pluralidad de formas políticas, económicas 10 El proyecto de la nueva CPE fue aprobado en Oruro en diciembre de 2007 por dos tercios de votos en ausencia de la oposición. De aquí a ser aceptada en el referéndum nacional el 25 de enero de 2009 y oficialmente promulgada el 7 de febrero de 2009, había sido cuestionada, boicoteada y, al final, retocada por la oposición agrupada en el CONALDE. 46 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad y culturales oficializadas en el país, sin embargo, no logra estable[1]cer mecanismos para el ejercicio horizontal de dicha pluralidad, lo que en la práctica reduce las formas comunitarias/indígenas a los ámbitos locales, al prevalecer en el nivel nacional lo republicano, liberal y capitalista. De esta manera, la declaración presente en el Preámbulo constitucional de “dejar en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”, en realidad no puede tomar cuerpo, y la ambición refundadora del Estado, concebida desde la premisa de la autodeterminación de pueblos y naciones, resulta truncada. A pesar de esto, la nueva Carta Magna podía ser aprovechada, si no para una refundación, por lo menos para una reforma interesante del Estado boliviano, puesto que permitía una interpretación “radi[1]cal” de algunos de sus artículos. Esta posibilidad fue, sin embargo, abortada por el mismo gobierno del MAS que a través de las leyes secundarias contradijo las premisas constitucionales y pacificó, aún más, el posible carácter “revolucionario” de la misma. Destruir la autonomía, políticas del Estado (Pluri)nacional Como se ha visto, el MAS como formación política de oposición y, posteriormente, como el partido del gobierno, a pesar de sus am[1]biciones de presentarse como el portavoz del proyecto indígena[1]popular de refundación plurinacional se ubica, más bien, como una fuerza de contención, nacionalista, estadolatra y, además, profun[1]damente autoritaria, cuya ambición, per se anti-autonómica, es la modernización capitalista del país. Estas tendencias, visibles, aunque todavía no evidentes, desde sus inicios, se desarrollan y potencializan una vez asentadas en el aparato estatal. De ahí que, a lo largo de los tres mandatos presidenciales, observaremos una galopante derechización del Estado Plurinacional, que se expresa[1]rá con el acercamiento del gobierno a las oligarquías financieras y agroindustriales cruceñas, otrora enemigas, igual que a las em[1]presas transnacionales que se convertirán en “socios no patrones” predilectos del gobierno y a las Fuerzas Armadas “forjadoras de la Patria”, con un distanciamiento brutal de las organizaciones y de[1]mandas indígenas. Para no perdernos en la descripción de las características y me[1]didas de este nuevo régimen plurinacional, nos concentraremos sólo en algunos aspectos que consideramos cruciales para ilustrar la ambición estatal de destruir la autonomía social/societal de los pueblos y naciones indígenas. Se analizará, entonces, la faceta na[1]cionalista del gobierno que contradice la pluralidad estatal cons[1]titucionalmente declarada y atenta contra la autodeterminación y 47 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas soberanía de naciones originarias. Por una parte, este nacionalis[1]mo se vincula con el ataque contra la autonomía cultural de los pueblos, al pretender “bolivianizarlos” y aniquilar la etnicidad como base de la autodeterminación. La domesticación de lo étnico y su nacionalización permiten la destrucción del proyecto político autó[1]nomo, puesto que los convierten a todos en hijos de la Patria Boli[1]via, con una ancestralidad, territorialidad y cosmovisión única, la de la nación boliviana. La razón del Estado nación, expresada por este pensamiento nacionalista, es también contraria a la existencia de territorios autónomos, puesto que es el Estado quien debe tener el control absoluto de su territorio “nacional”, junto con sus pobla[1]ciones y sus recursos. Esto nos lleva a la arremetida nacionalista contra la autonomía política de los pueblos, una apuesta por colonizar este subsuelo po[1]lítico rebelde y “salvaje” (Tapia, 2008), al infiltrar, cooptar, dividir y reprimir sus autoridades, organizaciones y luchas propias, con una lógica antidemocrática del monopolio partidista que, además de re[1]chazar cualquier disidencia, pretende borrar las formas y espacios otros de entender y hacer la política y lo político. A estos dos frentes de lucha contra-autonómica se suma un tercero, no menos importante, el de la conquista y colonización de espacios no-capitalistas, tanto al incorporarlos al mercado mun[1]dial, como al depredarlos según la lógica de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004). Este ataque a la autonomía econó[1]mica de los pueblos se debe al modelo de desarrollo adoptado por el Estado Plurinacional neoextractivista y neodesarrollista, que coincide con la ambición política del nacionalismo de unificación poblacional y territorial y que se consigue a través de la pene[1]tración del capital, en el caso boliviano como país abastecedor de materias primas al mercado capitalista global. Si seguimos la crítica de la razón nacionalista que hace el intelectual boliviano Raúl Prada Alcoreza (2013), veremos que dicha ideología, seguida por las políticas concretas, legitima y refuerza el poder de la bur[1]guesía nacional (sin importar su procedencia étnica) vinculada or[1]gánicamente con la burguesía internacional en el sistema-mundo capitalista, como lo definió Wallerstein. Ésta no sólo es incapaz de construir un régimen alternativo al capitalismo sino que ni siquie[1]ra puede realizar su pretensión de una soberanía o independencia económica, puesto que lo único que hace es “soldar las cadenas de la dependencia al complementarse con las estructuras de do[1]minación y control mundial del capitalismo” a través de un Estado nación que “administra la transferencia de los recursos naturales 48 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad de las periferias a los centros del sistema-mundo” por la vía priva[1]da o estatal (Prada Alcoreza, 2013). En los siguientes párrafos revisaremos con más detalle estos tres frentes de disputa autonómica, empezando por el nacionalismo como imposición identitaria y cultural, pasando a la cooptación y persecución de las organizaciones sociales como ambición del mo[1]nopolio político, terminando por el neoextractivismo y neodesarro[1]llismo como políticas de despojo y etnocidio. Nación de naciones, ideología nacionalista contra la autonomía cultural Cualquier régimen que pretende legitimarse como “revoluciona[1]rio” y “de cambio” basará su discurso en la figura de quiebre y dife[1]rencia radical con el pasado inmediato. Este, llamémoslo, discurso refundacional, aunque ya se hace notable en el primer periodo de los gobiernos del MAS (alusiones al Pachakuti y lo inédito de la llegada al poder del primer “presidente indígena”), ganará impor[1]tancia sobre todo en el periodo “plurinacional” (a partir de 2009) dada la necesidad de afianzar la impresión de novedad del Estado “refundado”. Así, en el discurso inaugural del Estado Plurinacional en ocasión de la entrada en vigor de la nueva CPE el 7 de febrero de 2009, el presidente Morales identificó el momento como histórico: “Hermanas y hermanos, es impresionante lo que estamos haciendo: de la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática cultural; de la revolución democrática cultural a la refundación de Bolivia…” (Ministerio de la Presidencia, 2009: 118, énfasis propio). Con estas palabras el presidente se posiciona como continuador natural de las luchas indígenas previas (la rebelión de los antepasa[1]dos) que, sin embargo, carecían de un proyecto político claro o por lo menos nunca lo hicieron realidad, al ser tan sólo “rebeliones”. Es entonces el gobierno del MAS que lleva a cabo la “revolución”, entendida como un proceso y un acto consciente, programático y, sobre todo, exitoso para terminar refundando el Estado boliviano (hecho consumado) con la proclamación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional. Este “nuevo” Estado necesita una nueva estética, reflejada en sus símbolos, su panteón de héroes “plurinacionales”, en la incor[1]poración de nuevas fiestas cívicas11, etc. De ahí que, por ejemplo, 11 Se trataría de la incorporación al calendario oficial de nuevas fiestas cívicas como el Año Nuevo Andino – Amazónico o Willkakuti el 21 de junio, día del solsticio de invierno; el Día de Acullico (de la hoja de coca) el 12 de marzo, o el Día del Estado Plurinacional el 22 de enero que, curiosamente, es la fecha de la toma de poder por el presidente Morales y no la entrada en vigor de la nueva CPE que oficializó al Estado 49 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas tendremos la wiphala (bandera del movimiento indígena andino), elevada a rango oficial; líderes históricos indios plasmados en las pinturas estatales; ceremonias “ancestrales” como la ch’alla (ofren[1]da a la Pachamama), con la participación de amautas y yatiris, indispensables a la hora de inaugurar alguna megaobra guberna[1]mental; vestimentas y bailes indígenas que le dan un nuevo colorido a los actos cívicos; recuperación del sitio arqueológico de Tiwanaku como el escenario lo suficientemente “ancestral” para las tomas de poder del “presidente indígena” “ancestralmente” ataviado para tal ocasión; y un largo etcétera. Esta “indianización” simbólica del Es[1]tado que, por cierto, peca por ser andina y aymara-céntrica, tiene como objetivo reforzar la ruptura discursiva con el Estado nación colonial anti-indígena y legitimar la “refundación” estatal basada en teoría en “las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. No es nuestro objetivo analizar con detalle esta “nueva” estética estatal, sobre todo porque ya existen varios estudios sobre el tema (Bridikhina, 2009; Tórrez et al, 2014), pero también porque no la consideramos relevante para nuestros objetivos. Es decir, no nega[1]mos su impacto propagandístico y legitimador del nuevo régimen, lo que sí negamos es su “novedad” y su “autenticidad”. Más bien sostenemos que estamos ante una “invención de la tradición”, a decir de Hobsbawm y Ranger (2002) y “una teatralización del patri[1]monio” (García Canclini, 1999) de carácter típicamente indigenista, donde lo indígena se convierte en el adorno superficial, folclorizado y fosilizado a fin de legitimar políticas perfectamente anti-indíge[1]nas. Esta “exotización” de las prácticas culturales indígenas vacia[1]das de contenido no tanto recupera lo ancestral como lo inventa, a modo que ni siquiera la propia población originaria se pueda iden[1]tificar con él. De ahí que, más que darle importancia a la superficie “plurinacional” del discurso oficialista, nos interesa analizar los ele[1]mentos que responden al proyecto nacionalista profundamente co[1]lonial y colonizador12 del gobierno del MAS, y no tanto sus desvíos “pluri”, “ancestrales”, “pachamámicos” y “descolonizadores” que en realidad no son más que una usurpación de símbolos y conceptos otrora rebeldes. Si regresamos al discurso inaugural del Estado Plurinacional del año 2009, veremos que la cita que usamos para ilustrar el discurso Plurinacional. Tendremos también algunas celebraciones que mantuvieron su fecha pero modificaron el significado, como, por ejemplo, el 12 de octubre que se transformó en el Día de la Descolonización. 12 El proyecto en sí es colonial en referencia al “colonialismo interno” y su carácter colonizado, pero, al mismo tiempo, es colonizador en referencia a su ambición y práctica política. 50 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad refundador del presidente continua para revelar el proyecto guber[1]namental pensado para la época pos-refundacional: “…de la refun[1]dación, y es mi pedido, con respeto, de la refundación de Bolivia a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios con[1]temporáneos, respetando la igualdad de todos los bolivianos, de to[1]das las bolivianas” (Ministerio de la Presidencia, 2009: 118, énfasis propio). De esta manera, una vez “refundada” Bolivia, se anuncia el fin de cierta época de reivindicaciones radicales que para el pre[1]sidente ya no tienen sentido, puesto que la nueva Constitución y el gobierno como su garante aseguran la implementación del Estado Plurinacional incluyente y respetuoso con todas las identidades y culturas, unidas en un todo boliviano. De ahí que la “revolución cultural democrática” que era el lema de su primer mandato queda concluida y cede lugar a la “reconciliación” en marco de un nuevo Estado, una “Bolivia para todos”, donde todos son bolivianos ori[1]ginarios. Como bien sabemos las reconciliaciones, sin una previa solución de problemas estructurales causantes del conflicto (sea éste étnico, de clase, político, etc.) y sin el trastocamiento profundo de las relaciones de poder, son indiscutiblemente reaccionarias y suelen servir a las clases dominantes. Esta negación oficialista del conflicto y la simultánea promoción de la unidad por encima de los intereses de clase/etnia/región etc. confirma claramente la inclina[1]ción nacionalista del discurso oficial. En los festejos patrios destaca el protagonismo renovado de las Fuerzas Armadas que, por más wiphala que incorporen en sus uni[1]formes, constituyen un referente directo de la simbología nacio[1]nalista, autoritaria y hasta criminal del Estado nación boliviano y que tradicionalmente “velan por la integración física y espiritual del territorio nacional y los bolivianos”13. Los desfiles militares, unidos a una muestra cada vez más ostentosa de armamento, acompañan las celebraciones de aniversarios patrios, como la del 188 aniver[1]sario de la Independencia boliviana de 2013 en la que el presidente Morales subido en un tanque elogió a las Fuerzas Armadas como “nacionalistas” (Contrainjerencia, 2013). No obstante, en los tiem[1]pos plurinacionales estas paradas se “enriquecieron” con la partici[1]pación campesino-indígena, hecho que simbólicamente demuestra los esfuerzos gubernamentales por una incorporación subordinada de lo indígena-popular al poder del Estado nación. De esta manera, los “indios” con sus trajes tradicionales, enarbolando wiphalas, mar[1]chan al lado de los militares que sujetan banderas bolivianas, como una reencarnación del pacto militar-campesino en la dictadura del 13 Véase Decreto Supremo 14022 de Hugo Banzer de 1976. 51 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas Gral. Barrientos (1964-1969), y un símbolo de la unión de las “nacio[1]nes étnicas” y la “nación política”. Como cuenta una de las cadetes militares en ocasión del desfile del 7 de agosto: “Ahora los desfiles se realizan con gente del campo, con señoras que desfilan con mucho patriotismo, amor a la patria, y ellos marchan en apoyo a las Fuerzas Armadas, no por otra cosa, porque las Fuerzas Armadas defendemos la patria…” (Bridikhina, 2009: 183, énfasis propio). De esta manera, lo que hace el gobierno es reposicionar la figura de la nación y la patria bolivianas, hasta hace poco desprestigiadas y ajenas a una gran parte de la población, con un esfuerzo por re[1]actualizar el discurso republicano y nacionalista. Es una apuesta por “una Bolivia diversa, pero unida”, donde las diferencias étnicas, regionales, de clase o ideológicas deben diluirse en un todo bolivia[1]no, bajo el rebozo de la Madre Patria, como aseguraba Evo Morales en su discurso patrio de 2013: Queremos dar un mensaje a toda Bolivia, junto a las Fuerzas Armadas, con la parada militar, y la Policía Nacional. […] al margen de que seamos indianistas, indigenistas, mestizos, criollos, todos somos originarios. Unos son originarios mile[1]narios, otros originarios contemporáneos, pero todos somos de esta Patria. Somos de nuestra querida Bolivia (Ministerio de Comunicación 2013: 3, 22, énfasis propio). La continuidad discursiva entre aquella República boliviana de 1825 y el actual Estado Plurinacional se hace más que eviden[1]te. La ruptura simbólica con el pasado unida a una denuncia de las injusticias históricas, visible todavía en el primer mandato de Evo Morales, desaparece sustituida por un relato confuso sobre lo patrio que borra cualquier rastro de fractura o conflicto: todos somos bolivianos, todos somos originarios, no existen víctimas, no existen verdugos. Las posibles divergencias tienen que diluirse en un Nosotros boliviano, sin importar si uno es criollo explotador o indio explotado, un indianista o un indigenista, un capitalista o un socialista, todos tienen que ser bolivianos, hijos de la Pa[1]tria Bolivia, personificada por el gobierno del MAS apoyado en las Fuerzas Armadas. Con este mensaje de una “originalidad” compartida por todos los habitantes de Bolivia, el oficialismo pretende negar el sentido de las luchas indígenas y se distancia claramente de las reivindicaciones del movimiento indio, del que otrora formaba parte, y de las premisas de la misma Constitución que en su artículo 2° subraya la existencia precolonial de las naciones indígenas como factor que legitima sus 52 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad demandas territoriales y su derecho a la autodeterminación. La reivindicación oficialista de la República muestra claramente el ocaso del Estado Plurinacional como proyecto, sustituido por un nacionalismo cada vez más conservador. En resumen, la apuesta del oficialismo es por un Estado nación boliviano indianizado, aunque dicha indianización en los hechos no es más que una incorporación subordinada, folclorizada y discur[1]siva de elementos culturales indígenas. Se trataría de un Estado republicano multicultural que respete las diferencias mientras se traduzcan en un nivel local, siempre dentro de un proceso unifi[1]cador de una nación boliviana hegemónica. Esta última aparece como el fin supremo y un principio organizador: es el río caudalo[1]so donde afluyen las demás identidades. Esta visión dista mucho de la plurinacionalidad promovida por el movimiento indígena, que significaría la articulación de lo diverso, respetando su integridad, sin necesidad de construir lo nacional boliviano como unidad. En este sentido no se trataría de una síntesis, sino de un sistema de vasos comunicantes, de células íntegras y autónomas comunicadas interculturalmente y horizontalmente, lo que negaría la necesidad de una identidad/entidad hegemónica. Clientelismo, cooptación y persecución: la arremetida contra la autonomía política Lejos de un cambio sustancial, la política boliviana en los tiem[1]pos del MAS se caracteriza por la perpetuación e incluso fomento de los vicios de las épocas anteriores, entre ellos el clientelismo, que se convierte en la base de construcción de coaliciones y apoyos políticos. El clientelismo es un fenómeno de larga data que deriva de la estructura misma del régimen político boliviano basada en el paternalismo señorial que nos lleva a identificar una cierta postura política de subordinación que asumen los “clientes” frente al Es[1]tado y sus funcionarios, al canjear pequeñas cuotas de poder por una pérdida total de autonomía política y moral, lo que Luis Tapia (2014) define, siguiendo a Etienne de la Boétie, como la “servidum[1]bre voluntaria”. La tendencia de seguir el camino de viejos vicios de la demo[1]cracia representativa y de abandonar la senda del “otro poder” se hizo plasmable desde los primeros momentos del nuevo régimen cuando el MAS monopolizó la representación indígena-popular en la Asamblea Constituyente o cuando se dio la continuidad al régi[1]men presidencialista y al sistema electoral liberal. Esta tendencia se reforzó con el tiempo con una clara preferencia del oficialismo 53 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas por la incorporación subordinada de las fuerzas sociales a través de la cooptación y la criminalización de la protesta. La bonanza económica que estuvo viviendo Bolivia en la pre[1]sidencia de Evo Morales, gracias al alza de precios mundiales de commodities (actualmente en baja) y un mayor excedente de los hidrocarburos “nacionalizados”, propició las prácticas clientelares y el uso discrecional de recursos por el gobierno, al convertirse éste en distribuidor de bienes y servicios a las poblaciones necesitadas, lo que reforzó el sistema de prebendas necesario para mantener[1]se en el poder y conservar los elevados apoyos electorales. Como apunta Luis Tapia, el gobierno apostó por “financiar una extensa red clientelar y prebendal con la que articula su base electoral” (Tapia, 2014: 32). Este clientelismo tendría dos facetas: una individual de cooptar a los líderes sociales o intelectuales disque “orgánicos” a cambio de beneficios personales como la “pega” (puesto de trabajo), reconoci[1]mientos simbólicos y materiales (convertirse en el intelectual más citado y publicado), cuotas de poder y acceso a las nuevas oportu[1]nidades que se abren con el mayor peso estatal en la economía (em[1]presas estatales, contratos, proyectos, etc.); la otra colectiva corpo[1]rativista, en referencia a la compra de organizaciones sociales como los sindicatos, antes autónomos, críticos y beligerantes, que hoy se han convertido en fuerzas disciplinadoras del electorado a cambio de beneficios sectoriales (tierras y despenalización de la hoja de coca para los cocaleros, doble aguinaldo, influencia en el diseño le[1]gislativo, etc.). Igual encontramos la cooptación de las poblaciones humanas no organizadas, así llamadas masas votantes, a cambio de obras, la inversión estatal selectiva, políticas sociales focalizadas (bonos y becas) y el reparto de bienes. A eso hay que añadir que el clientelismo no se limita sólo a las clases populares, aunque es el que más nos fijamos por el interés que tenemos en los pueblos y organizaciones indígenas; en realidad sus diferentes formas se aplican también a las clases medias para ganar el apoyo de los profesionales y de la pequeña burguesía, igual que a la oligarquía pacificada gracias al apoyo gubernamental a sus intereses a nivel legislativo (legalización del latifundio existente o de los transgéni[1]cos), a nivel de inversión regional o por la entrega de concesiones y contratos millonarios, etc. Este sistema de prebendas y regalos mostró su cara corrupta cuando salieron a la luz las irregularidades en el Fondo de Desa[1]rrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC) en inicios del año 2015. El Fondo, pensado originalmente para incentivar la inversión 54 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad productiva en las comunidades indígenas y cuyos fondos provenían de 5% del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), resultó servir a los funcionarios del MAS, indígenas o no, igual que a las Fuerzas Armadas y al gobierno en persona para financiar actos de corrup[1]ción individual y colectiva a favor del oficialismo, sin mencionar las situaciones del robo directo. Así, fueron malversadas sumas millonarias sin que ningún proyecto productivo se llevara a cabo (Saavedra, 2015). El caso del FONDIOC merece nuestra atención, puesto que se ha convertido en el símbolo del clientelismo masista, al desnudar los mecanismos diseñados conscientemente desde el ejecutivo para asegurar la perpetuación política del partido, que sirvieron no sólo para cooptar y corromper a varios líderes indígenas y campesinos, sino también para castigar a organizaciones opositoras del gobier[1]no que eran marginadas o excluidas del reparto de fondos, como la Asamblea de Pueblo Guaraní. Según las palabras de Carlos Mama[1]ni, profesor de historia y activista indígena de La Paz, citadas por Saavedra: “el Fondo estaba diseñado para favorecer la corrupción, tanto que podemos decir que éste era su verdadero fin” (Saavedra, 2016: 6). Otro de los dirigentes que fueron parte del Directorio del FONDIOC, Joel Guarachi, identifica lo sucedido, más que una ano[1]malía del sistema, como una estrategia gubernamental anti-indíge[1]na premeditada: Con la moral en alto y la conciencia tranquila, queremos de[1]nunciar que esto es sólo una estrategia para matar al cam[1]pesino indígena originario y para matar los 500 años de re[1]sistencia y reserva moral. […] Absolutamente, sin temor a equivocarme, el Presidente, el Vicepresidente, los ministros, han entregado en las comunidades los proyectos del Fondo Indígena, como si fuera gestión de ellos, han hecho campaña política con eso (Erbol, 2015). Frente a esta creciente oleada de descontento indígena popular que inició simbólicamente todavía en el año 2010 con el rechazo de las masas alteñas al “gasolinazo”, y tomó fuerza con la marcha de TIPNIS en 2011, el gobierno no sólo incrementa las medidas clientelistas (la zanahoria), sino que aplica la represión y la crimina[1]lización de la disidencia (el palo), estas últimas visibles por ejemplo en la violenta represión de los indígenas marchantes por el TIPNIS en Chaparina (2011) o de los guaraníes defensores del territorio en Takovo Mora (2015). Además de la fuerza bruta contra los incon[1]formes con las políticas de centralización antidemocrática y de la 55 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas primarización económica, el gobierno de Evo Morales emplea estra[1]tegias más sutiles como la deslegitimación discursiva, la infiltración y la división de las organizaciones indígenas autónomas. Sería el caso de la arremetida contra el CONAMAQ y la CIDOB, organizacio[1]nes que apoyaron la Marcha por el TIPNIS en 2011 y se salieron del Pacto de Unidad en protesta contra las políticas anti-indígenas del gobierno, que fueron primeramente penetradas por los miembros afines al MAS que decidieron de manera arbitraria elegir sus pro[1]pias autoridades alineadas al oficialismo y, ante su desconocimien[1]to por los consejos internos, las organizaciones fueron intervenidas por las fuerzas del orden y sus sedes tomadas por los seguidores del gobierno para asegurar desde el Estado la “legitimidad” de los nuevos líderes pro-masistas (Jornada net, 2012; Erbol, 2013). La división de las organizaciones en las “orgánicas” y las “masistas”, y la descalificación y la persecución penal de los líderes insumisos, se convirtieron en prácticas rutinarias de parte del gobierno “plurina[1]cional”. Los esfuerzos gubernamentales por reforzar el monopolio del MAS, al aniquilar la autonomía y la unidad de los movimientos sociales, no difieren mucho de las prácticas del MNR de los años posteriores a la Revolución Nacional: …el fantasma del proceso de 1952 que ronda peligrosamen[1]te el actual proceso político. Si en el pasado el gobierno de MNR convocó a sectores aliados (campesinos de los valles de Cochabamba) para enfrentarse con los sectores disidentes (proletariado minero), el gobierno de Evo Morales convocó co[1]caleros (aliados) para contraponer los indígenas del oriente (disidentes)” (Imamamoto, 2013: 238). De esta manera, el clientelismo oficialista está reforzado por las medidas de persuasión menos amistosas que, además de romper las resistencias, tienen el objetivo de demostrar que la postura masista es la única posible y deseable. Los insumisos se arriesgan a perder no sólo las prebendas y beneficios que trae consigo el nuevo poder, sino incluso sus vidas y libertades. Se convierten en enemigos internos, traidores a la patria y agentes del imperio, conforme un discurso reciclado de los tiempos dictatoriales de Banzer (1971-1978). De ahí, frente a la insuficiencia del clientelismo clásico de “obras por votos”, el gobierno llega a emplear su versión mucho menos pacífica en tono de amenaza: “votos o garrotes”. La democracia boliviana tradicionalmente restringida que se abrió con el desborde de las fuerzas indígenas-populares, hoy en día parece cerrarse de manera inquietante, y el ideal de “mandar obedeciendo” 56 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad soñado por las bases fue, hace tiempo ya, sustituido por el “yo mando y tu obedeces” presidencialista. Existe, sin embargo, la esperanza de que el alcance del clientelismo político en Bolivia sea limitado por la tradición insumisa de las masas populares: el futuro no tan lejano mostrará si el ama llunk’u (no seas sumiso) subversivo logrará imponerse sobre las tendencias autoritarias y la longeva cultura clientelista de la sociedad boliviana. Neoextractivismo y neodesarrollismo en contra de la autonomía económica “No nos pueden decir que estamos destruyendo la naturaleza. Nos quieren obligar a nosotros a que no construyamos represas y nos dicen que no podemos hacer carreteras porque hay un arbolito ahí. Con esa carretera o represa vamos a tener más árboles, a veces hay que deshacernos de uno para hacer florecer otros 1.000 […] En Bolivia tenemos 59.000 millones de árboles, no faltan…” Álvaro García Linera (Página Siete, 2016b) Con el presidente Evo Morales, entusiasta declarado de la cos[1]movisión indígena y Héroe Mundial de la Madre Tierra14, el respeto aparente a la Pachamama expresado en el paradigma del Buen Vi[1]vir se filtró a las nuevas leyes estatales, como por ejemplo la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien del 15 de octu[1]bre de 2012, permeando discursos presidenciales y hasta la políti[1]ca exterior, gracias al esfuerzo del canciller David Choquehuanca. Podríamos citar varios fragmentos de las intervenciones en los foros nacionales y, sobre todo, internacionales, cuyo mensaje se resumi[1]ría en los famosos “diez mandamientos de Evo”: 1. Acabar con el ca[1]pitalismo; 2. Renunciar a la guerra; 3. Acabar con el imperialismo y colonialismo; 4. El agua como un derecho para todas las formas de existencia; 5. Energías limpias; 6. Respeto a la Pachamama; 7. Servicios básicos como derecho humano; 8. Consumo responsable y apoyo a la producción local; 9. Respeto a la diversidad económi[1]ca y cultural; 10. Construir el socialismo comunitario en armonía con la Madre Tierra - Vivir Bien15 (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 2008). De esta manera, la “muerte del ca[1]pitalismo” sustituido por el “socialismo comunitario”, junto con el cese del saqueo de los recursos naturales y la defensa de los terri[1]torios y culturas indígenas, se han convertido en el núcleo central 14 Título concedido por el presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto, en agosto de 2009. 15 Los diez mandamientos fueron presentados por el presidente Evo Morales en la inauguración del VII Foro Indígena de la ONU en abril de 2008. 57 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas de los discursos del presidente en los foros internacionales, como muestra la siguiente cita: “…la Pachamama o la muerte, tenemos dos caminos: muera el capitalismo o muera la Madre Tierra, viva el capitalismo o viva la Madre Tierra…” (Morales, s/f: 3). Sin embargo, si revisamos otras declaraciones del presidente, igual que las ideas difundidas por sus ministros, veremos que el discurso oficial presenta varias contradicciones. Así, el mandatario Morales en la toma de posesión en 2006, al mismo tiempo que declaraba el respe[1]to a la Pachamama, avisó que “el nuevo régimen económico de nuestra Bolivia deben ser fundamentalmente los recursos naturales” naciona[1]lizados e industrializados (Pineda, 2007: 143). La nacionalización e in[1]dustrialización son también ideé fixe del vicepresidente García Linera. En su análisis Del liberalismo al Modelo Nacional Productivo. Los ciclos de la economía boliviana (2008) indica que, después de las épocas de políticas económicas defectuosas (liberalismo, estatismo nacionalista y neoliberalismo), en 2006 llagamos por fin al Modelo Nacional Pro[1]ductivo, según su parecer, el único acertado. Así, las nuevas políticas económicas se basan en el protagonismo del Estado: “…la presencia de un Estado fuerte y vigoroso que asume el protagonismo en la eco[1]nomía, que no es cola de nadie sino cabeza y director de la economía” (García Linera, 2008: 16); que, junto con sus socios del sector privado, puja por el desarrollo y la modernización del país. Podemos preguntarnos qué tiene que ver este proyecto de cons[1]truir, según las palabras de Linera: “una Bolivia industrial, vigorosa, que industrialice materias primas, gas, petróleo, minerales, madera, que mejore y potencie su agricultura” (García Linera, 2008: 21) con las declaraciones del presidente Morales sobre el Buen Vivir y la su[1]peración del capitalismo depredador. ¿Será este Buen Vivir tan sólo un bienestar social costeado por el extractivismo? La visión del vicepresidente coincide las metas de programa eco[1]nómico del gobierno, la Agenda Patriótica 2025, una apuesta del nacionalismo desarrollista financiada con la renta hidrocarburífera y créditos chinos, por la integración territorial del país y la sub[1]sunción real de sus espacios y habitantes al capital, en cumpli[1]miento con el papel diseñado para Bolivia por el sistema-mundo actual, como abastecedora de materias primas, territorio de paso de la mercancía (Plan IIRSA) y productora de energía para las in[1]dustrias vecinas. Como podemos leer en los folletos del Ministerio de Comunicación (2015: 33), la Agenda es una apuesta por “Bolivia conectada por aire, agua, cielo y tierra”16, que “con carreteras hace 16 En el folleto se presume de los proyectos de construcción de puentes grandes como el Mamoré entre Trinidad y San Ignacio de Moxos, de corredores bioceánicos, 58 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad historia”, se proyecta como el “corazón energético de Sudamérica” y “centro de exportación de alimentos”. La ardua tarea de modernizar y desarrollar el país que se im[1]puso el nuevo Estado, “líder de la economía”, se lleva en realidad por inversiones privadas, en su mayoría extranjeras, y en benefi[1]cio del capital transnacional. Estos “socios” del gobierno, a pesar de las “nacionalizaciones” o la supuesta “redirección estatal” de la economía, siguen siendo los actores principales, debido a la depen[1]dencia financiera y tecnológica del gobierno boliviano. En cuanto al sector extractivo, observamos una acelerada expansión de áreas de exploración y explotación hidrocarburífera y minera. Los gasoductos y pozos, que a lo largo de las últimas dos décadas iban surcando las tierras bajas de Bolivia, hoy en día se expanden con más vigor aún que en los tiempos neoliberales. Así, por ejemplo, en el territorio an[1]cestral de los guaraníes operan los gigantes como Petrobras (Brasil), Total (Francia) y Repsol (España), aumentando la reserva estatal en dólares y aportando a una fugaz bonanza económica, al mismo tiem[1]po que provocan la degradación ambiental y despojo territorial. Los supuestos beneficios de la explotación del gas contrastan con la si[1]tuación de la población afectada, como denuncian los integrantes de las comunidades guaraníes: “Vivimos encima del gas, pero seguimos cocinando con leña, nuestras escuelas son un desastre y nuestros territorios siguen siendo ocupados por otros” (Gustafson, 2011: 57). La invasión a los territorios indígenas, legalmente reconocidos por el Estado Plurinacional bajo la figura de los Territorios Indígena Ori[1]ginario Campesinos (TIOC) en sustitución de las anteriores Tierras Comunitarias de Origen (TCO), por las empresas transnacionales y la nacional YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), se lleva adelante sin consulta previa y en contra de todo tipo de legis[1]lación nacional e internacional sobre los derechos indígenas (la CPE boliviana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, etc.), eso sí, avalada por el Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 que legaliza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas pro[1]tegidas del país con el argumento de aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en como el camino La Paz – Oruro – Cochabamba – Santa Cruz – Puerto Suárez hacia la frontera con Chile, o el proyecto del tren bioceánico en colaboración con Perú. 59 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida (Art. 1, énfasis propio). Además de la intensificación de la exploración y explotación del gas, y en cumplimiento de lo anunciado en la Agenda Patriótica 2025, el gobierno del MAS busca desarrollar varios proyectos inva[1]sivos para la naturaleza y para los territorios y comunidades indí[1]genas, como la megaminería, las grandes represas El Bala-Chepete (Amazonía) y Rositas (El Chaco), centros de energía nuclear o carre[1]teras internacionales, que responden a intereses del nuevo imperio regional, Brasil. No es difícil de imaginar que este tipo de desarrollo llevado por el ejército de buldóceres, tiene como la principal víctima no sólo la autonomía económica de los pueblos, sino que amenaza a su misma sobrevivencia. Las resistencias indígenas al despojo de sus territorios y de bienes comunes se han hecho en los últimos años un constante en las relaciones entre el Estado Plurinacional y los pueblos. Fue el caso emblemático de la VIII Marcha por el TIPNIS en agosto[1]octubre de 2011 protagonizada por las comunidades indígenas de shimanes, yurakarés y mojeño-trinitarios, él que abrió simbó[1]licamente esta nueva etapa del gobierno del MAS, abiertamente anti-indígena y represiva contra cualquier intento de oposición a su proyecto de desarrollo. La movilización de diferentes organi[1]zaciones indígenas, tanto de tierras bajas como de altas (CIDOB, CONAMAQ), apoyadas por algunas ONG y la sociedad civil en ge[1]neral, fue en contra de la carretera internacional17, exactamente su tramo San Ignacio de Moxos (Beni) - Villa Tunari (Cochabam[1]ba), que amenazó cruzar por la reserva nacional y territorio indí[1]gena, en violación abierta de todas las leyes y garantías estatales posibles: desde la misma Constitución hasta las normas del Ins[1]tituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, el Reglamento de Áreas Protegidas, el Decreto Supremo 22610 que reconoció el territorio indígena, el Código Pe[1]nal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los indígenas movilizados en defensa de sus derechos como pueblos y en exigencia de una consulta previa, libre e informada, tuvieron que enfrentarse con la violencia y hostigamiento, tanto directos del aparato estatal y de sus aliados populares18 (represión 17 Financiada con créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES). 18 Fue una tragedia para las luchas populares ver cómo sectores populares aliados del gobierno (cocaleros, “bartolinas” e “interculturales”) fueron movilizados en contra de sus antiguos compañeros de lucha en acciones de violencia directa que pretendían 60 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad en Chaparina), como indirectos a través de las descalificaciones de parte del gobierno que los acusaba de ser “agentes del capitalismo verde” manipulados por “algunos líderes corruptos” y las ONG, agentes del imperio y de la derecha. El resultado de la lucha por el TIPNIS fue una derrota aparen[1]te del gobierno que tuvo que ceder ante las demandas indígenas, al permitir la Ley 180 que declaró la intangibilidad del territorio, además de una pérdida considerable de legitimidad como “gobier[1]no indígena”. Sin embargo, pronto resultó que la famosa frase del presidente Morales “quieran o no quieran, vamos a construir la carretera” no se había pronunciado en vano. El gobierno con la Ley 222 sobre la consulta previa, intentó contrarrestar el alcance de la intangibilidad y llevó una “consulta” amañada, tergiversada, mar[1]cada por las prácticas clientelares, por una parte, y represoras, por otra, que le dio un “sí” a la construcción de la carretera. Igual son ya oficiales las declaraciones de la bancada del MAS de promover la modificación de la Ley 180 para construir “una carretera ecológica”, según ellos, ampliamente demandada por los habitantes del TIPNIS (Página Siete, 2017). A los proyectos de desarrollo anteriormente mencionados se su[1]man las políticas agrarias del gobierno, que no sólo no han logrado mayor cambio a favor de las poblaciones indígenas, sino que se llevan en su detrimento. De hecho, en el último lustro observamos un acercamiento inquietante entre el gobierno y los sectores de la derecha latifundista, sobre todo cruceña. Así, en vez de frenar a la agroindustria y de dividir el latifundio existente a favor de los campesinos y los pueblos originarios en apoyo a la producción co[1]munitaria y sustentable, el gobierno del MAS legitimó el régimen de tierras injusto: la Constitución renegociada con la oposición reco[1]noce el latifundio y garantiza los derechos de propiedad existentes incluso en los territorios indígenas (Art. 394 y Art. 399); les facilita a los empresarios agroindustriales la producción y la exportación a través de estímulos, créditos e inversiones en infraestructura, permite el uso de soya transgénica y está fomentando la extensión de la frontera agrícola sobre los bosques y territorios indígenas19. frenar la marcha y asustar a los participantes. 19 El acercamiento entre el gobierno de Evo Morales y la otrora oposición cruceña se nota, entre otros, en la incorporación de los representantes de derecha en las filas del MAS: entre ellos el jefe de la barra de Oriente de la Unión Juvenil Cruceñista, “Chichi” Pérez (a partir del 2009); Gabriel Dabdoub, expresidente de la CAINCO, en 2007 acusado por el gobierno de conspirar con la embajada de Estados Unidos, que se convirtió en el candidato oficialista a la gubernatura de Santa Cruz; José Antonio Aruquipa, ex vocero de Tuto Quiroga, se convirtió en funcionario del Ministerio de 61 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas Si revisamos el documento Mapa de Deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia 2000-2005-2010 de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN-Bolivia, 2012), veremos que durante los gobiernos de Evo Morales la deforestación aumentó vertiginosamente e incluso fue más intensa que en los años del neoliberalismo20. De hecho, tras un encuentro importante con los empresarios cruceños, el Viceministro de Tierras, Jorge Barahona, declaró que el objetivo estratégico del gobierno es ampliar hasta 2025 la frontera agrícola en 60%: de 5,6 millones a 9 millones de hectáreas21 (Paredes, 2013). Es un hecho también que las empresas agroindustriales extranjeras han comprado o arrendado más de un millón de hectáreas de tierra en Bolivia en los últimos años. El fenómeno de la extranjerización de la tierra es más notorio en el departamento de Santa Cruz, donde más de 70% de la soya cultivada pertenece a propietarios de origen extranjero, en su mayoría brasileños (Urioste, 2011). Si a la concentración y la extranjerización de la tierra añadimos rezagos graves en el saneamiento de terrenos en beneficio de campesinos y pueblos indígenas, muchas veces paralizado por el mismo Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no nos sorprenderán las denuncias como la de Justa Cabrera, guaraní, presidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia y una de las líderes de la defensa del TPINIS: Cuando éramos niños, nos sentaban y nos contaban las bue[1]nas y las malas historias. Nos hablaban de cómo encadena[1]ban a los esclavos y de los capataces, a los que yo llegué a conocer. […] A Evo lo comparo con el capataz de las transna[1]cionales, se convirtió en su operador, se perdió el hombre (La Clase Info, 2011). Reflexiones finales La autonomía social de los pueblos originarios, mantenida a lo largo de los siglos, que les permitió resistir las embestidas colonia[1]les y republicanas en contra de sus tierras, territorios y modos de vida, y preservar su alteridad radical frente al proyecto del Estado Gobierno, y Roberto Ruiz pasó del partido opositor Podemos a Secretario General de la Gobernación de Tarija (EJU, 2014). 20 Si se trata de la pérdida total del bosque, en el periodo neoliberal de 2000 a 2005 se deforestaron 908 mil hectáreas, mientras que durante el primer mandato de Evo Morales de 2005 a 2010 éstas llegaron a ser 912 mil ha. La tasa anual de deforestación en los años 2000-2005 fue de 0.56% y en los años de 2005 a 2010 de 0.78% (FAN-Bolivia, 2012). 21 Véase Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, promulgada el 11 de enero de 2013. 62 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad nación capitalista, hoy en día se encuentra en grave peligro, ame[1]nazada por el Estado Plurinacional que, se suponía, la iba a respe[1]tar. De esta manera, la lucha indígena por una refundación estatal capaz de garantizar su autodeterminación, control de territorios y recursos, formas más horizontales de la política y economías de lo común contrarias a la acumulación del capital, desembocó, paradójicamente, en un proyecto de hegemonía nacionalista, et[1]nofágico, de monopolio político y de capitalismo dependiente de[1]sarrollista y extractivista, que no sólo no puede garantizar los de[1]rechos indígenas, sino que les resulta totalmente contrario. Como denuncia el informe de la Defensoría del Pueblo: Los pueblos indígenas están siendo objeto de un sistemáti[1]co mecanismo de descrédito y estigmatización, cooptación de sus organizaciones naturales e implementación de es[1]trategias prebendales que no aportan a su desarrollo bajo sus propias visiones, y les niegan el derecho a implementar sus propias economías en el marco de una economía plural, sancionada por nuestra Constitución (Defensoría del Pue[1]blo, 2016: 4). El Estado Plurinacional en manos del gobierno del MAS consti[1]tuye un muro de contención y un aparato de desarticulación de las resistencias de “los de abajo”, impensable todavía en la época neo[1]liberal, y como tal es una herramienta perfecta de dominación ca[1]pitalista en servicio de las oligarquías nacionales y mundiales. En nombre de lo ancestral se pretende minimizar la presencia societal de lo indígena, al promover la figura del indio permitido “moderno” y perfectamente asimilable por el régimen. La estrategia guberna[1]mental diseñada para atacar y destruir la autonomía de facto en to[1]das sus dimensiones, además de una colonización cultural, política y económica a través de la seducción o represión, supone aislar y reducir las experiencias insumisas en lo local, en unos territorios amputados (municipio), sin soberanía, subordinados a la “buena fe” del Estado y de su burocracia. Este es el caso de las autonomías territoriales que, de ser una reivindicación histórica de los pueblos con un potencial rebelde, pasó a ser reapropiada y digerida por el régimen, para tomar forma de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) reconocida por la CPE y acotada por la Ley Marco de Autonomías y Descentra[1]lización de 2010. No es nuestro objetivo en este momento analizar toda la complejidad del problema, dejamos esta tarea a nuestros compañeros y compañeras en este libro y nos limitamos tan sólo 63 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas a esbozar algunos puntos de partida para el debate. Así, según las opiniones de los líderes indígenas, recogidas por el informe de la Defensoría del Pueblo, éstos consideran la ley autonómica como: “una ley anti indígena porque no reconoce el territorio indígena”, junto con las demás ordenanzas que limitan, todavía más, el carác[1]ter de una autonomía indígena oficializada: la Ley del Régimen Electoral, se desentiende de la condición plurinacional, comunitaria, autonómica e intercultural; la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es una ley colonial que subordina plenamente la jurisdicción indígena originaria campesina a la jurisdicción ordinaria; la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, son un atentado contra los derechos de los seres de la Madre Tierra, al subsumir a ésta al desarrollo integral matizando el desarrollo capitalista en su forma extractivista (Defensoría del Pueblo, 2016: 143). En este contexto, es crucial volvernos hacia las resistencias y ver cómo desde allá se intentan “secuestrar” de vuelta los significados y alcances de la autonomía, incluida la territorial, muchas veces jugando en la cancha de lo legal, al aprovechar la AIOC como una estrategia política “por ahora” para ejercer su derecho a la autode[1]terminación con un horizonte mucho más radical del que permite el actual Estado y sus leyes: “Si no funciona el Estado Plurinacional, seremos la lanza de la independencia de los pueblos de la autono[1]mía total”, como dijo Samuel Flores Cruz de la nación Qhara Qhara de Quila Quila Marka en Chiquisaca (Flores Cruz, 2016). Esta “au[1]tonomía total”, como la define Flores Cruz: es autogobierno, es autodeterminación, es autoidentificación, es autogestión y un paso más será la independencia. […] La importancia de reconstruir las naciones es recuperar territo[1]rio de nuestro sistema de gobierno, es decir, que como China u otra nación o Estado fuimos como Tawantinsuyu, en Boli[1]via fue el Qullasuyu, era una nación poderosa de los incas, fuimos guerreros los qhara qharas y por eso llevamos en la sangre recuperar nuestros espacios territoriales y autogober[1]narnos solos, sin partidos políticos. ¿Es posible la autodeterminación social y el control territorial de los pueblos en el Estado moderno, por más plurinacional que éste se denomine? ¿Podemos olvidarnos del capital y del sistema[1]mundo cuando planteamos refundaciones políticas? A lo mejor, en 64 Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad vez de soñar con otro tipo de Estado, “esta vez sí realmente plural”, convendría llevar nuestra reflexión y acción, lo que muchos de he[1]cho ya están haciendo, más allá del Estado. Son preguntas que los mismos sujetos rebeldes, indígenas o no, tendrán que contestarse pronto. 65 Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas Bibliografía Bridikhina, Eugenia (coord.) 2009 Fiesta cívica. Construcción de lo cívico y políticas festivas (La Paz: IEB). Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo 2008 Los 10 mandamientos de Evo Morales para salvar el planeta en http:// cadtm.org/los-10-mandamientos-de-evo-morales>, 28 de abril de 2008. Contrainjerencia 2013 “Evo Morales declara a las FFAA de Bolivia socialistas y antiimperialistas” en , 8 de agosto de 2013. Defensoría del Pueblo 2016 Sin los pueblos indígenas no hay Estado Plurinacional. Situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia (La Paz: Defensoría del Pueblo). EJU 2014 “¿Cómo el MAS pasó de ser un partido de cocaleros a re[1]clutar a la derecha?” en , 4 de octubre de 2014. 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