17 feb, CI.-

El río San Juan y todo el Chocó parecen un país aparte. Desde mediados de agosto del año pasado, las comunidades que allí habitan (afros e indígenas) denuncian constantemente que están en medio de una guerra entre las Autodefensas “Gaitanistas” de Colombia -AGC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Pero desde mucho antes, denuncian lo peor: el abandono del Estado, que solo les ve como una ruta de narcotráfico y un territorio perfecto para su economía extractivista y neoliberal.

A pesar de los muchos esfuerzos de las autoridades comunitarias, de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales, y de la Iglesia Católica; no hay alivio para ese territorio. Bombardeos, bases militares, infantería de marina, estigmatización y olvido son las únicas cosas que lleva el Gobierno para el San Juan.

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Esto ha ocasionado un escalamiento del conflicto que durante la presente semana parece intensificarse. Según informan las comunidades, hoy se registran enfrentamientos en el litoral del San Juan, específicamente el en corregimiento de Copoma, Vereda Tordo y Brisas. Una persona que allí vive, y que por su seguridad no ha querido identificarse*, contactó a Colombia Informa para denunciar los hechos acontecidos en los últimos tres días.

Colombia Informa: ¿Cómo la estado la situación en el San Juan?

La situación está supremamente compleja porque hasta ahorita se adelantó una ofensiva en contra de los grupos armados, que era lo que se le decía a las comunidades (principalmente, contra ELN) y eso trajo una base militar en uno de los corregimientos llamado Noanamá, del municipio del Medio San Juan. Eso es lo que el Ejército nos manifestaba en todas sus operaciones militares: que estaba combatiendo a los grupos ilegales. Pero a nosotros nos preocupaba la militarización, ya que eso nos deja inmersos en el conflicto.

Realmente, la fuerza pública no está ejerciendo la labor de defensa de las comunidades, sino que está en complicidad con las AGC. Y eso es lo que se ha venido manifestando, se ha venido denunciando. Para nosotros es muy preocupante la situación porque cada día se intensifica más la presencia de esos grupos y la disputa dentro de las comunidades. Ya no solo combaten en el territorio, sino dentro de las comunidades.

Y vemos que el objetivo de la presencia de la fuerza pública es llegar a las comunidades, estar un día o dos días, y luego irse. Seguidamente, llegan las AGC las comunidades. Por esta causa, hemos sufrido los asesinatos de niños, de jóvenes, de adultos. Cuando llegan los paramilitares, amenazan para que nadie se pueda mover. Y a esto se le suma la zozobra ante el señalamiento de ser colaboradores de grupos subversivos.

Hay cantidades de cosas que verdaderamente nos preocupan muchísimo, y es poco lo que se puede hacer desde el territorio porque quien diga algo es objetivo militar. Y no es solo una amenaza: ya están los hechos como tal, que son los asesinatos.

CI: ¿Cómo se han dado cuenta de esa relación entre la fuerza pública y las AGC?

La fuerza pública ha llegado a las comunidades disfrazada de grupos que no son legales. A veces se hacen pasar por disidentes, a veces se hacen pasar por el ELN usando los brazaletes. Y luego, entonces, reaparecen las mismas personas siendo de la fuerza pública.

Pero también vemos la complicidad porque el uno está a un lado del río y el otro, al otro; y nunca en el San Juan ha habido un enfrentamiento entre la fuerza pública y las AGC. Eso no ha pasado.

La situación se agudiza más después del bombardeo donde matan a un comandante de la guerrilla. Aumentan los operativos militares y la presencia de las AGC.

CI: ¿Y qué ha pasado en los últimos dos días?

Las comunidades han tomado la decisión de que cuando llega un grupo de esas características, se desplazan para salvaguardar la vida. Pero el día 14 de febrero, a la comunidad de Negrida llegaron las AGC y se la tomaron. Desde entonces, no dejan mover a nadie.

En el día de hoy (16 de febrero), la comunidad se desplazó porque no vio garantías. Pueden haber enfrentamientos y los que pagan los platos rotos es la población civil. También se notifica que las AGC llegaron a las comunidades de todo el litoral del río Tordo, por el bajo San Juan. Y que a unos pobladores que viven en la orilla del río, los tienen detenidos y nadie se puede mover.

Nos preocupa porque ellos vienen obligando a la comunidad y a la población civil a confinarse. Nadie se puede desplazar ni dar un informe de la situación y la crisis que se está viviendo, hasta tanto ellos tomen una decisión de lo que hay que hacer (si se quedan, si se van o cuándo le dan permiso para uno moverse).

Y realmente, en ninguna de las comunidades ha habido respuesta por parte del Estado sobre esta situación. Ni siquiera por parte de las mismas fuerzas militares que están en el territorio. Anteriormente, había presencia en todo momento de la fuerza pública. Y hoy ya no se visita, ya no patrullan. Nosotros pasábamos a diario por los retenes que nos montaban a nosotros como civiles la Infantería de Marina, en cabeza de la 15ta Brigada. Pero hoy no se hace ni siquiera presencia en el río San Juan, debido a que los grupos paramilitares se tomaron todo.

Lo que ellos dicen es que van a sacar al ELN que está en el territorio, y a nosotros nos preocupa porque va a haber confrontación y no dejan mover a las comunidades. Todas las comunidades de la boca del río Tordo están confinadas. De verdad, es muy delicada la situación. Quien sale, lo hace corriendo el riesgo de que en cualquier parte puede haber un retén y si quieren lo dejan, lo señalan o lo asesinan. Así está la situación en el Chocó.

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CI: ¿Cuántas personas han sido asesinadas en lo que va de año?

En lo corrido de este año, hemos notificado más de cinco personas asesinadas. Y esto se ha hecho público a través de denuncias.

CI: ¿Entre estas personas asesinadas había menores de edad?

Sí, una niña en Dipurdú. Llegaron los paramilitares disparando a sangre y fuego contra la comunidad. Sin haber un combate, sin haber enfrentamientos. Y luego se sacaron a varias personas, intimidando a la comunidad, y los asesinaron y los dejaron en una playa.

CI: ¿Eso qué día sucedió?

Más o menos el 15 de enero.

CI: Como autoridades que son, ¿qué le exigen a los grupos armados y al Gobierno para lograr garantías para su vida y la permanencia en sus territorios?

Nosotros, en tiempos antes, nos habíamos reunido con las dos partes que se disputaban el territorio (el ELN y las AGC). Las comunidades habíamos exigido que se respetara el territorio, ya que eso nos permitía que nosotros no estuviéramos inmersos en la confrontación. Eso se acató durante casi tres años, respetando el territorio y también que nosotros pudiéramos transitar por el río, porque es el único medio que tenemos para transportarnos. El río San Juan es para nosotros como una carretera principal.

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Eso se venía cumpliendo hasta que -no sabemos cómo- fue la confrontación. Un día tal se tomaron las AGC uno de los pueblos que no podían tomarse, Dipurdú. Se metieron al pueblo, se lo tomaron, amenazaron a mucha gente allí. Luego se dio un enfrentamiento y la comunidad se desplazó hacia San Miguel y hacia el Medio San Juan.

Después de eso, la fuerza pública llegó diciendo que iban a tomar el control. Pero llegaron a apoyar a los paramilitares. Aumentó el hostigamiento a las comunidades y las amenazas.

Nosotros, ¿qué hemos exigido? En los últimos días se mandó un comunicado por parte de las autoridades comunitarias a los dos grupos. Pidiendo que por favor se sentaran, hablaran y se respetaran los acuerdos otra vez. Pero verdaderamente no se ha escuchado respuesta concreta, sino que su consigna ha sido continuar la guerra como tal.

¿También hay presencia de las disidencias en el territorio?

Confirmadas como tal, no. Siempre que se dice haber presencia, ha sido la fuerza pública que hace esos montajes. Eso sí hemos alcanzado a evidenciar. Hasta ahorita no hay presencia de las disidencias. Se dice pero realmente no hemos visto que se identifiquen como disidencias ni que patrullen.

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*El nombre de la persona entrevistada ha sido omitido por la amenaza actual de las AGC que afirma que cualquier persona que hable de lo que pase en el territorio, será un objetivo militar.