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Durante los meses de febrero y marzo han continuado los juicios espurios contra ciudadanos nicaragüenses apresados entre junio y noviembre de 2021. A la fecha han sido ejecutados con sentencias absurdas, que van de ocho a trece años, todos los precandidatos presidenciales, defensores de DD.HH., liderazgos políticos del Partido UNAMOS, líderes campesinos, de la Unidad Azul y Blanco y de la Articulación de Movimientos Sociales
Continúan los paredones judiciales
Durante los meses de febrero y marzo han continuado los juicios espurios contra ciudadanos nicaragüenses apresados entre junio y noviembre de 2021. A la fecha han sido ejecutados con sentencias absurdas, que van de ocho a trece años, todos los precandidatos presidenciales, defensores de DD.HH., liderazgos políticos del Partido UNAMOS, líderes campesinos, de la Unidad Azul y Blanco y de la Articulación de Movimientos Sociales. Entre ellos destacan once mujeres, de la última ola represiva (junio – noviembre), con las que suman catorce mujeres de un total de ciento setenta y siete presos políticos.
El viernes 11 de marzo concluyó otro paredón judicial, esta vez contra la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios (FVB), y ex precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín, y varios trabajadores de esta organización. La FVB —con veinte años de existencia—, centró su accionar en el derecho a la información y la libertad de prensa, con proyectos vinculados a la promoción de capacidades de jóvenes periodistas, en particular, el manejo de tecnologías de información, el apoyo a medios alternativos, principalmente digitales, y la organización gremial de los periodistas.
Desde la llegada al gobierno de Daniel Ortega en 2007, a los medios de comunicación independientes se les negó publicidad de programas y proyectos estatales e información del quehacer de instituciones del Estado, siendo, además, sometidos a brutal persecución. Estas disposiciones forzaron a medios radiales y TV digital, de la capital y departamentos, a plegarse al régimen, quien también ejecutó un rapaz proceso de adquisición de medios de comunicación, sobre todo de televisión abierta, comprados con los cuantiosos fondos de la cooperación estatal venezolana, usada en forma privada por Ortega.
Ortega controla ocho de los nueve canales de televisión abierta. De algunos son dueños directos (4, 8, 13, 22), dirigidos por sus hijos. El canal 6 es gubernamental, y el régimen, además, vigila los sistemas informativos del canal 2 y ahora del canal 10, silenciado a partir de la ola represiva de junio 2021. El canal 10 y otros medios, pertenecen al empresario Remigio Ángel González, magnate de TV en varios países latinoamericanos y vinculado políticamente a Ortega desde antes del 2007. (La Prensa, 2017; Alnavío, 2018).
En 2018, el régimen tomó, manu militari, los locales y equipos periodísticos del canal 100% Noticias y Confidencial. Capturó al dueño del primero, Miguel Mora, al igual que a la jefa de Prensa, Lucía Pineda Ubau. Ambos periodistas fueron mantenidos en la cárcel durante siete meses. El director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, junto a casi cien periodistas de otros medios, tuvieron que exiliarse. En 2021, de manera similar fue cerrado el diario La Prensa, con casi 100 años de existencia.
Es entendible, entonces, que la FVB centrara su apoyo en medios independientes. Se debe recordar que su expresidenta, Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín (ambos condenados en estos procesos) y Carlos Fernando, son hijos del héroe nicaragüense, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, asesinado a balazos por el somocismo en una calle de Managua en enero de 1978.
La FVB y sus funcionarios fueron acusados de lavado de dinero y otros delitos vinculados. El paredón judicial fue realizado ilegalmente en las ergástulas de El Chipote durante siete días continuos. Cristiana Chamorro—bajo arresto domiciliar—, fue obligada a vestir el uniforme azul usado por prisioneros condenados, con la clara intención de humillarla. Los abogados defensores solo dispusieron de tres minutos al día para hablar con sus representados y, durante el juicio, fueron separados de aquellos, impidiendo ejercer su defensa. Fue evidente que los recursos de la FVB provenían principalmente de fondos oficiales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cayendo por su propio peso la base de la acusación de lavado de dinero (Confidencial).
Todos los presos que han sido sometidos a estos paredones judiciales han mantenido una actitud vertical e inclaudicable frente a los jueces y fiscales que los han fusilado, y han reiterado que son inocentes y que lo único que han hecho es ejercer sus derechos a la libre opinión, organización y pensamiento. En sus exposiciones, Cristiana y Pedro Joaquín, recordaron a su padre, de cuyo legado son orgullosos herederos y continuadores.
Sigue la persecución a organizaciones independientes
Como ha sido denunciado, en el año 2018 recrudeció la persecución a organizaciones no gubernamentales que trabajan vinculados a derechos de las mujeres, salud, defensa del medio ambiente y en apoyo a movimientos sociales, como el Movimiento Campesino por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, conocido como Movimiento Anti Canal. En ese año fueron cerrados arbitrariamente nueve organizaciones, y confiscados de facto sus oficinas y medios.
Pero, en el 2021 y lo que va del 2022, las acciones se multiplicaron de manera exponencial. Una investigación elaborada por dos de los organismos clausurados en 2018 —Fundación Popol Na y Fundación del Río—, documentó centenares de acciones que demuestran la demolición del derecho a asociarse en Nicaragua. Sus hallazgos fueron incluidos en el Informe de Seguimiento a la libertad de Asociación, presentado a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Además de confiscar los 3 medios de comunicación citados, desde que Ortega volvió a la presidencia fueron despojados de sus personerías jurídicas: 5 partidos políticos, 16 asociaciones médicas, 2 asociaciones culturales, 58 ONG —13 con despojo de bienes—, 6 universidades privadas, cuyas instalaciones fueron confiscadas de facto y asignadas a nuevas universidades creadas por la Asamblea. Asimismo, el Ministerio de Gobernación, suspendió registros legales a 7 universidades internacionales y a 12 ONG internacionales.
La Ley de Agentes Extranjeros, dictada a finales de 2020, obliga a todas las organizaciones que reciben fondos del exterior, sean cuales fuesen sus fines, a inscribirse en un registro especial que les establece tantas obligaciones que, literalmente, no pueden funcionar en el país, salvo si son afines al régimen dictatorial. Por cualquier causa pueden ser suspendidas e intervenidas. Por ello, muchas organizaciones nacionales decidieron cerrar sus operaciones, y prestigiosas ONG internacionales prefirieron salir del país.
En los últimos 30 años, la mercantilización de la salud y la educación multiplicaron hospitales y universidades privados, sin embargo, en Nicaragua existían: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), fundada en 1812; la Universidad Centroamericana (UCA), creada en 1960; y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), establecida en 1967. Esta también fue tomada por los estudiantes durante las protestas de 2018, convirtiéndose en uno de los puntos de resistencia más emblemáticos, pues, los jóvenes de barrios populares, con quienes colindan sus instalaciones, se unieron, levantaron barricadas e impidieron durante varios meses que la Policía la invadiera.
El 2 de febrero de 2022, la A.N. —70% bajo control del orteguismo— canceló la personería jurídica de la UPOLI y de otros centros de estudios y organizaciones civiles. Justificó la revocación por haber incumplido la Ley 147, Ley de Organizaciones Civiles sin fines de lucro. Días después aprobó, con trámite de urgencia, la Ley Creadora de la Universidad Nacional Politécnica (UNP), que será sucesora legal sin solución de continuidad de la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
Igual hicieron con las personerías jurídicas de otras seis universidades privadas, cuyos bienes pasaron a las nuevas universidades así creadas. Entre estos centros de educación superior destaca a la Universidad “Paulo Freire”, con estudiantes de escasos recursos, en cuyas módicas tarifas hallaban una alternativa para estudiar carreras tradicionales y no tradicionales. Su rector, Dr. Adrián Meza Soza, reconocido abogado defensor de derechos de los trabajadores, se vio obligado a exiliarse, resultado de amenazas y asedio sufridos después de la confiscación de la “Paulo Freire”.
El nombramiento de rectores y profesores de las nuevas universidades quedó al arbitrio del régimen. Con estos desmanes fueron revictimizados muchachas y muchachos que migraron a estas universidades por la persecución sufrida en la UNAN, después de las tomas de recintos en 2018. Así, quedó confirmado que la Autonomía Universitaria, conquistada en Nicaragua en 1958, luego de la lucha de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, es ahora, con el régimen despótico y absolutista de Ortega, una ficción.
La violencia e impunidad con que actúa el régimen contra todo espacio mínimamente independiente tiene un efecto inmediato de perplejidad y terror. Pero la historia enseña que todos los regímenes despóticos terminan por caer, con la acción organizada de los pueblos.
¡Libertad para las presas y presos políticos en Nicaragua!
¡No a la guerra! Fuera todas las manos de Ucrania
Alnavío. 2018 y 2021 “Los hijos de Daniel Ortega tienen el monopolio de la televisión en Nicaragua”. https://alnavio.es/los-hijos-de-daniel-ortega-tienen-el-monopolio-de-la-television-en-nicaragua/
Confidencial 14.03.2022 https://www.confidencial.com.ni/politica/maynor-curtis-presentamos-1000-documentos-de-pruebas-que-no-fueron-valorados/
Popol Na y Fundación del Río, 2022. La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua. https://popolna.org/wp-content/uploads/2022/02/Informe_Libertad_de_Asociacion_2007-2022_20Feb2022.pdf
La Prensa. 2017, 29 de octubre. “Los canales de televisión de la familia Ortega-Murillo”.