“Le decimos NO a la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), ya no podemos soportar este abuso de autoridad. El mismo OCRET incumplió con sus propios requisitos para otorgar el contrato de arrendamiento. Lamentablemente vivimos en un Estado fallido, donde la corrupción es el padre de todo y las influencias tienen peso. Pero hoy, como pueblo K’ak’chiquel alzamos la voz para firmar un memorial donde tiene nuestra postura como pueblo de Panajachel”, afirmó Samuel Sahon, de la Autoridad Ancestral, Consejo de Ancianos de Panajachel.

El Consejo de Ancianos “Riajaw Tinamit”, grupos de mujeres, comités pro playa y vecinos del municipio de Panajachel, en Sololá realizaron una conferencia de prensa, el pasado 11 de marzo, en la que denunciaron que la OCRET otorgó cuatro contratos de arrendamiento a personas particulares, sobre bienes y propiedades comunales en la orilla del lago de Atitlán.

Posteriormente, las autoridades comunitarias recogieron firmas de los habitantes en el parque central de Panajachel, en la calle Santander frente al puente de amistad, en la calle y playa pública Los Salpores, en el mirador Ventana del Tiempo, a orillas del lago Atitlán

“Panajachel tiene derecho a pelear por sus playas, tenemos derecho a proclamar que las playas en Panajachel son del pueblo. Hoy es tiempo que defendamos la tierra y el territorio de Panajachel, ya no más privatización de las playas por parte del Estado que se está adueñando de nuestra playa”, declaró durante la conferencia de José Chen, uno de los integrantes del concejo de ancianos.

El memorial y las firmas que recolectó la población fueron entregados en la oficina central de la OCRET, el pasado 15 de marzo. Según el Consejo de Ancianos, cuando llegaron a la oficina central de dicha entidad, para hacer entrega del memorial, les dijeron que desconocían de la reunión a pesar de que se había acordado la misma con varios días de antelación, sin embargo, las autoridades comunitarias insistieron y presionaron en que realizarían una denuncia por no ser atendidos. Finalmente Omar Oswaldo Góngora Cantoral, director de la OCRET, los atendió.

Entre las peticiones que presentaron a la OCRET están que sea derogado cualquier trámite de arrendamiento que esté en proceso; la anulación de los contratos de arrendamiento que están vigentes y que no se sigan autorizando ningún arrendamiento de bienes comunales.

Los contratos de arrendamiento otorgados por la OCRET

La acción de defensa del territorio que realizan las autoridades comunitarias e indígenas de Panajachel se da a raíz de varios contratos de arrendamiento que ha otorgado la OCRET en las orillas del lago de Atitlán a personas individuales y jurídicas para su explotación con fines comerciales.

Las autoridades comunitarias mencionan los siguientes expedientes y casos en donde evidencian los contratos de arrendamientos otorgados por la OCRET: Contrato de arrendamiento otorgado a la municipalidad de Panajachel, expedientes 106-0672; 08-0090, 2016-004, entre otros; contrato de arrendamiento otorgado a Gladys Amarilis Calvo Tercero, el 22 de junio de 2015, expediente 10-13; Contrato de arrendamiento otorgado a Lisbeth del Rosario Chay Amaya, en fecha 22 de junio 2015, expediente 10-13; contrato de arrendamiento otorgado a Héctor Esteban Mucum López ,el 03 de marzo de 2021, expediente 01-43 y contrato de arrendamiento otorgado a  José David Mucum Can, expediente 20-21 -0769.

Para Lesly Lima Juárez, presidenta del órgano coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del sector Rancho Grande de Panajachel, las mismas corporaciones municipales de administraciones anteriores han sido parte de estos contratos de arrendamiento y en muchos casos solamente se pagan entre 100 a 200 quetzales mensuales por estos espacios.

Lima Juárez señaló que Enio Roberto Urizar Batres, alcalde municipal, 9 de días antes de dejar su cargo facilitó el aval y documentación necesaria al señor Héctor Mucum para arrendar un espacio de 6 mil 710 metros cuadrados a orillas del lago de Atitlán en Panajachel. También el ex alcalde municipal firmó un oficio, de fecha 19 de marzo de 2015, donde avaló el otorgamiento de otros bienes inmuebles que le habían solicitado.

Según Lima Juárez, en ese entonces el Cocode había hecho una propuesta de proyecto de reforestación en las orillas del río San Francisco hasta su desembocadura del lago de Atitlán, sin embargo, este fue ignorado por la municipalidad y en su lugar autorizaron el arrendamiento al señor Mucum.

“El área arrendada antes era utilizada para aterrizaje de parapente de manera pública y para muchas otras actividades que realizaba la población en el lugar, pero ahora se debe solicitar autorización al señor Héctor Mucum”, concluyó Lima Juárez.

El Consejo de Ancianos hizo mención que no solo la autoridad municipal está involucrada, sino que también hay otros actores individuales que participaron en la conformación del expediente, así como abogados, notarios y arquitectos que prestaron sus servicios profesionales para los planos, declaraciones juradas, entre otras, sabiendo que los terrenos son de propiedad comunal.

Según las autoridades comunitarias, los contratos de arrendamiento fueron otorgados por 30 años y los derechos son hereditarios; si la persona que firmó el contrato falleciera los derechos pasan automáticamente a sus parientes mas cercanos o a la persona que designa.

“Hacemos un llamado a todos los profesionales, por favor, no se presten para este tipo de documentos porque están atentando contra la misma población”, declaró Samuel Sahon.

El Estado de Guatemala siempre ha excluido al pueblo maya

Para Juan Carlos Queché Pérez, vocero del Consejo de Ancianos de Panajachel, el Estado de Guatemala siempre ha promovido la marginación, discriminación y racismo en contra de los pueblos Mayas y en las últimas dos décadas ha aprobado grandes concesiones de tierra a multinacionales y a personas con intereses económicos sobre los territorios de los pueblos originarios.

Queché dijo que de manera histórica las autoridades ancestrales y los pueblos mayas han sido defensores de la vida, del territorio y que han resguardado los bienes comunales, aunque Guatemala ha suscrito tratados y convenciones internacionales para garantizar y respetar los derechos de los pueblos originarios, en la actualidad las sigue violentando y promueve la criminalización de defensores de derechos humanos.

“Nosotros, los hijos y nietos del pueblo K’ak’chiquel de Panajachel estamos acá para seguir defendiendo nuestro territorio y bienes comunales de la amenaza que se llama Estado de Guatemala. Nuestras playas no se venden, se defienden”, concluyó Queché.

El pueblo K’ak’chiquel de Panajachel siempre ha preservado su territorio

Samuel Sacarías Sahon Rosales, quien formó parte durante seis años del comité de mejoramiento de la playa, fue integrante del Cocode durante seis años y ahora integra el Consejo de Ancianos de Panajachel, mencionó que las autoridades indígenas ancestrales no solo defienden y preservan su territorialidad, sino que también promueven el buen vivir en sus habitantes.

Sahon recuerda la lucha que realizaron años atrás contra las cantinas y el descontrol en la venta de bebidas alcohólicas en el barrio Jucanyá. Estas luchas, según señaló, han representado persecución penal, pero esto no los ha detenido. Así mismo, relató, aunque el pueblo de Panajachel es promocionado por el gobierno de Guatemala como un lugar turístico siempre ha existido un pueblo originario que ha vivido en San Francisco Panajachel y que durante décadas ha sido desplazado del casco urbano por intereses comerciales.

A decir de Sahon,  tienen conocimiento de que en la antigüedad el pueblo K’ak’chiquel de Panajachel tenía sus títulos de tenencia de la tierra comunal.

En el peritaje : “Tierra comunal del pueblo de San Francisco Panajachel”, realizado por el abogado Juan Carlos Peláez Villalobos, se hace un análisis histórico-jurídico para comprender la reducción de la tierra comunal del pueblo Kakchiquel de Panajchel a propiedad privada municipal.

En el documento se relata que durante los años de 1887 se menciona que el pueblo de Panajachel tenía un titulo de tierras en el que consta que su territorio estaba compuesto por 30 caballerías, y otras siete de extensión, de un supuesto pueblo desaparecido, denominado San Buenaventura. Peláez Villalobos plantea la hipótesis en el peritaje que dicho pueblo pudo haber sido una invención mestiza en el período neorepublicano, con el objeto de denunciar como baldíos las mencionadas tierras -que forman parte del Ejido de Panajachel- y buscar con ello reducirlas a propiedad privada individual. Por último, el abogado menciona que este es un hecho de interés debido a que el despojo quedó documentado.