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Consejo Supremo Indígena de Michoacán. El Consejo nació en 2015 y está conformado por autoridades tradicionales de 65 comunidades del pueblo p´urhépecha. Es un consejo autónomo formado por autoridades indígenas, jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, consejos de gobierno comunal, jueces tradicionales y rondas comunales, distribuidos en las cuatro regiones: el Lago de Pátzcuaro, la Cañada de los 11 pueblos, la Ciénega de Zacapu y la Meseta P´urhépecha. Uno de sus principales objetivos “es ayudar a la autodeterminación, el autogobierno y la autonomía de las comunidades originarias.
Por acuerdo de asambleas generales del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, la tarde del 19 de febrero comunidades p´urhépecha se dieron cita en la ciudad de Morelia para retirar la Escultura de los Constructores, considerara por el pueblo como un símbolo de humillación.
Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, explica en entrevista con Desinformémonos explica que el acto fue de reivindicación histórica y que, a 500 años de la conquista e invasión a Michoacán, “es propicio abrir un debate a los discursos históricos oficiales y a la memoria histórica de las comunidades, y preguntarnos: ¿cuál es el significado de los monumentos que se encuentran en espacios públicos?”.
Ulianov aclara que el acto para retirar la escultura se realizó en el marco del aniversario luctuoso de Tangaxon Tzinticha, el último Cazonci (gobernante p´urhépecha), quien fue torturado, ahogado y quemado vivo el 14 de febrero de 1530.
El 19 de febrero, la cabeza de la estatua de Fray Antonio de San Miguel rodó por los suelos y sólo quedaron en pie las representaciones de los indígenas que, con ropas rotas y cara de dolor, se observan cargando y labrando piedras en el monumento que evocaba la construcción del acueducto de la capital del estado en 1730.
Ese día, el gobierno de Michoacán, mediante la policía estatal, golpeó, humilló y encarceló a 18 comuneros, tres estudiantes y tres menores de edad. Posteriormente, gracias a movilización comunal y estudiantil, fueron puestos en libertad, pues no hubo nadie que pusiera una denuncia por los daños causados, además de que se utilizó el mecanismo legal de Acuerdo Reparatorio, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC).
Tras la represión, la respuesta de los pueblos, comunidades, estudiantes y maestros no se hizo esperar, y en acciones coordinadas cerraron carreteras y vías del ferrocarril alrededor de la ciudad de Morelia para exigir la libertad de sus compañeros.
“Esa obra escultórica no forma parte del inventario de bienes arqueológicos, artísticos o históricos del ayuntamiento de Morelia, ni del catálogo de monumentos históricos o inmuebles de las instancias del gobierno federal, por lo tanto, fueron puestos en libertad, porque no pudo se acreditar el dominio legal de dicha escultura, y es más bien un bien mostrenco, susceptible a su reubicación”, resalta Pavel Ulianov, vocero de la organización comunal.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, en 2019, le había pedido al ayuntamiento de Morelia retirar la escultura, y en 2021 emitió un ultimátum para retirarla por ser una ofensa para los pueblos p´urhépecha y un símbolo de la esclavitud. No fue una decisión personal, aclara el vocero del Consejo, “ni de grupos o de partidos políticos, fue una decisión consensuada en dos asambleas generales de autoridades, la primera en la comunidad de Canzoncin y posteriormente ratificada en la comunidades de Sebina”.
Ulianov también explica que la decisión implicó un proceso largo de presentar solicitudes, realizar foros, recolectar firmas y hacer una consulta en siete comunidades cercanas a la capital. “Pedíamos que la llevaran a un museo, sin embargo no nos escucharon y no dejaron otro camino que derribarla”, dijo.
“Tenemos que recordar, primero, que la conquista de ninguna manera fue pacífica, porque cientos de pueblos fueron devastados y miles de indígenas esclavizados. El Pátzcuaro colonial, la Morelia colonial, fueron construidos con trabajo forzado de pueblos y comunidades originarias. Nosotros queremos recordar esto, que el sistema de la colonia que los españoles implantaron fue un sistema de explotación para las comunidades originarias”, añade.
Consejo Supremo Indígena de Michoacán
“Nosotros pensamos que cuando una comunidad va al gobierno del estado o al gobierno federal, tradicionalmente no les hacen caso, pero cuando se juntan todas las comunidades, todo es rápido y tratan de resolver o resuelven”, explica Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
El Consejo nació en 2015 y está conformado por autoridades tradicionales de 65 comunidades del pueblo p´urhépecha. Es un consejo autónomo, expone el vocero, formado por autoridades indígenas, jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, consejos de gobierno comunal, jueces tradicionales y rondas comunales, distribuidos en las cuatro regiones: el Lago de Pátzcuaro, la Cañada de los 11 pueblos, la Ciénega de Zacapu y la Meseta P´urhépecha.
Uno de sus principales objetivos, recalca Ulianov, “es ayudar a la autodeterminación, el autogobierno y la autonomía de las comunidades originarias. La máxima autoridad del consejo supremo no es un líder o un presidente o un secretario general, porque no existe esa figura”.
La máxima autoridad de esta agrupación campesina e indígena es la Asamblea General de Autoridades Tradicionales, que determina el qué hacer o qué no hacer del consejo y la agenda, los tiempos, las comisiones, los comités y el plan de acción conjunto. La organización, explica el vocero, “nace por la necesidad de resolver problemas mediante la unión del pueblo p´urhépecha, para hacer un plan de acción comunal”.
Lleva el nombre de Consejo Supremo Indígena de Michoacán porque fue una petición de sus compañeros de Santa Fe de la Laguna, comunidad combativa que en los años 80 encabezó un proceso de defensa de la tierra y del trabajo comunal, y donde es recordado Elpidio Domínguez Castro, impulsor del Consejo Supremo Independiente de Autoridades P´urhépecha.
Pavel Ulianov expone que uno de los elementos de la organización comunal en Michoacán es su historia, de la que retoman la experiencia, como las rebeliones en Pátzcuaro en 1766 y 1767, donde 200 comunidades encabezadas por el gobernador indígena Pedro de Soria se sublevaron contra la corona española. También recuerda la lucha de la Liga de Sindicatos y Comunidades Agraristas del estado de Michoacán, encabezada por Primo Tapia, que agrupó 180 comunidades, así como la Unión de Comunidades Emiliano Zapata (UCEZ), que sumaba más de 200 comunidades.
¿Por qué nos organizamos?
“La memoria de los antepasados, lo realizado por ellos; la defensa del territorio y la tierra comunal es la madre de todas las luchas”, señala el comunero, quien asegura que sin territorio no se puede ejercer la autonomía, porque no existe un lugar para la propia seguridad y educación.
Para el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, existen distintas formas de autonomía. Una de ellas es la zapatista, que no tiene relación con el Estado mexicano, sino que gestiona su propia seguridad y justicia y organiza el trabajo en cooperativas. Otra autonomía, indica Ulianov, es la Comuna de Morelos que se organizó con Emiliano Zapata, donde se expropiaron las haciendas e impusieron autoridades locales y estatales con un proceso de autonomía.
La raíz de la autonomía p´urhépecha se encuentra en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. Por ello el primer consejo comunal que hubo en Michoacán, fue con el Consejo de Gobierno Comunal de Nurio, en el 2004, y después fue el Consejo de Gobierno comunal de Cherán. La comunidad de Nurio tenía una gran influencia zapatista, ya que muchos de los compañeros venían del Congreso Nacional Indígena, relata el vocero.
Una de las demandas para construir la libre determinación y el proceso de autonomía es el presupuesto directo, aclara Pavel Uliannov. Ello implica “pelearle a los ayuntamientos la parte proporcional del presupuesto que le corresponde según el número de habitantes. Es decir, si una comunidad tiene 2 mil habitantes y en el municipio en promedio son 10 mil, les correspondería el 20 por ciento. Eso es lo que se exigen dependiendo el número de habitantes”, explica.
Para el Consejo Supremo, es importante contar con recursos para reforzar con equipamiento el sistema propio de seguridad y justicia. En Michoacán, aclara Ulianov, tienen reconocimiento constitucional las rondas comunales que se organizaban en barrios con una estructura autónoma.
Muchas luchas del pueblo michoacano se deben a la defensa de los bosques, devastados por las transnacionales aguacateras, de berries y de papa. “Están acabando totalmente con los bosques, con los ríos, la mayoría de los ríos de Michoacán están contaminados y los lagos se están muriendo”, expone el defensor.
“Nosotros pensamos que los pueblos deben consensuar y platicar su propio devenir histórico, sostenemos que los pueblos originarios son sujetos históricos”, dice Ulianov. El pueblo p´urhépecha ha participado en todos los grandes procesos sociales del estado y del país al igual que otros pueblos originarios, con comunidades que desde la colonia se negaron a pagar impuestos a la corona española. Durante el periodo virreinal, los pueblos de Michoacán se adelantaron, con las rebeliones de Pátzcuaro, al proceso de independencia, y posteriormente participaron en las filas de Morelos e Hidalgo, y por supuesto pelearon en la revolución. También fueron parte de los movimientos guerrilleros, como Amafer Guzmán Cruz, con una responsabilidad estatal.
En suma, a lo largo de su historia los pueblos p´urhépecha han defendido su libertad y territorio, pues “la defensa y la construcción de la autonomía es importante”, finaliza el vocero.