El domingo 20 de marzo se produjo el asesinato del defensor ambiental Juan Julio Fernández, uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. Y en menos de una semana, la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) ha reportado la muerte de dos comuneros y una comunera a causa de la presión de las actividades ilegales en el distrito y provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco.

Se trata de Jesús Berti Antaihua Quispe, su esposa Nusat Parisada Benavides de la Cruz de la Comunidad Nativa Cleyton, así como Gemerson Pizango Narvaes de la Comunidad Nativa Santa Teresa, quienes fueron asesinados la noche del martes 22 de marzo, cuando se movilizaban por la carretera que conecta Puerto Zungaro con las Comunidades de Esperanza, Cleyton y Santa Teresa.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y más de 2300 comunidades nativas de la Amazonía peruana lamenta profundamente los asesinatos de los cuatro defensores, que se han producido en esta semana.

Es de suma preocupación que, desde el inicio de la pandemia, son 14 los defensores ambientales asesinados según el reporte de las organizaciones indígenas y el Estado peruano. A ello se suma la poca capacidad de atención del Estado frente a este tipo de casos, incluyendo el no otorgar garantías frente a las amenazas que reciben las comunidades que defienden los territorios ante la presencia de actividades ilegales.

Por lo expuesto:

1. Demandamos la atención urgente del Estado, al más alto nivel, para impartir justicia ante el asesinato de los defensores Juan Julio Fernández, Jesús Antaihua Quispe, Nusat Benavides de la Cruz y Gemerson Pizango Nervaes, así como ante los demás casos de asesinato de defensores ambientales que aún no han encontrado justicia de acuerdo a nuestro marco legal.
2. Exigimos la inmediata investigación y declaratoria de emergencia o el desarrollo de una estrategia integral multinivel para frenar las mafias que operan en las regiones y que vienen asesinando a líderes y lideresas indígenas en nuestra Amazonía de manera impune.
3. Exigimos que el Estado optimice sus acciones, entre ellas, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, para que otorguen de manera oportuna las garantías necesarias que son requeridas por los defensores ambientales ante casos de amenaza.
4. Exigimos que el Estado cumpla con su rol de asegurar y garantizar la protección de los defensores ambientales de manera que la situación de impunidad ante estos crímenes sea debidamente sancionada y no continue generando un clima social de inseguridad y violencia en la Amazonía Peruana, lo que no solo desincentiva las inversiones públicas y privadas, y las ​iniciativas de conservación y desarrollo sostenible impulsadas por la sociedad civil y los pueblos indígenas, sino también  constituye una amenaza constante al ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
5. Exigimos al Congreso de la República aprobar el Acuerdo de Escazú, el cual es un instrumento internacional que puede ayudar a proteger los derechos de los defensores ambientales.