Organizaciones sociales de Saravena, Arauquita y Arauca –capital- denunciaron durante la Caravana Humanitaria Internacional que las llamadas “disidencias de las FARC” no son más que grupos mercenarios, cuya función es atacar directamente a la población y acabar con el tejido social, para facilitar la explotación minero energética y apuntar hacia Venezuela.

Durante el recorrido por el departamento de Arauca, la Agencia Colombia Informa entrevistó a Juan Carlos Torregroza, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, quien descarta la versión oficial de que existe un enfrentamiento territorial entre grupos armados.

Colombia Informa: ¿Cómo analizan esta situación y los recientes atentados ocurridos en la región como un carro bomba contra la sede del edificio Héctor Alirio Martínez, los ataques contra la Empresa Comunitaria del Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS), así como los constantes ataques contra líderes y lideresas sociales?

Juan Carlos Torregroza: Lo que pasa en Arauca no es un enfrentamiento entre dos bandos, o entre mafias por el control del territorio. Esto lo decimos porque consideramos que las acciones demenciales como el carro bomba contra la sede de movimientos sociales y el lanzamiento de un artefacto explosivo a la empresa ECAAAS van dirigidas contra el tejido social, contra el pueblo organizado y contra nuestros embriones de poder popular. Es decir, lo que históricamente hemos venido construyendo con esfuerzo comunitario.

A partir de los mismos informes del Estado colombiano -informes de inteligencia militar- que han servido para judicializar a los compañeros y compañeras en el pasado y en el presente, también han servido para hacer las ejecuciones extrajudiciales. Sirvieron para que el denominado bloque Vencedores de Arauca hiciera ese trabajo de aniquilamiento del liderazgo social entre el año 2000 y 2005. Vemos por ejemplo que los que se hacen llamar como comandantes de las supuestas disidencias, ya se habían desmovilizado mucho antes de la firma del acuerdo final entre las FARC y el gobierno colombiano.

Quien se hace llamar Héctor Aguilar, alias “Pescado”, es uno de los líderes de las mal llamadas disidencias junto con Arturo Paz. En el caso de Héctor Aguilar, ya se había desmovilizado mucho antes de la firma del acuerdo final. El había sido el autor intelectual del secuestro y el asesinato del exalcalde y compañero del municipio de Cubará (Boyacá), Samuel Bohórquez Vásquez.

En esa época extorsionaban a su familia diciéndole que, para poder entregar al compañero, tenían que consignar una plata. Esto lo hacían a nombre de las Autodefensas de Casanare. No lo decimos nosotros, lo dijo la Fiscalía con base en esa investigación, y en lo que dijo la familia de Samuel Bohórquez Vásquez en esas declaraciones.

Nosotros estamos planteando que las supuestas “disidencias” no son una organización rebelde o insurgente. Tampoco son producto de la desmovilización de las FARC en el acuerdo final.

Son unas estructuras mercenarias que están cumpliendo una tarea del régimen y, esa tarea es aniquilar y acabar el tejido social. Sus acciones han sido contra la población civil, lo demuestran los hechos, pero también el asesinato de nuestro compañero José Avelino Pérez Ortiz de la Fundación de Derechos Humanos, el asesinato del otro líder social de ASONALCA y de Amado Carrillo en Arauquita.

Sostenemos que todos estos crímenes han ocurrido teniendo en cuenta la utilización de esos informes de inteligencia.

Es así como en el territorio de Puerto Rondón salieron en febrero unos grafitis a nombre de las autodefensas Gaitanistas de Colombia, y también dejaron panfletos. Antes de todo eso, las comunidades ya habían denunciado la presencia de personas civiles armadas, inclusive con armas largas en las sabanas de Puerto Rondón.

Además, estuvo el enfrentamiento entre el Estado y esas estructuras llamadas disidencias, precisamente allí. Entonces, nosotros decimos: ¿Es un afán de re paramilitarizar los territorios, una coincidencia o comparten el territorio?

“Aquí lo que hay son los mismos intereses que han llevado a la profundización del conflicto social, político y armado: El saqueo de los recursos naturales, principalmente relacionado con el petróleo. Y el hecho de ser la segunda frontera más extensa con la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde los Estados Unidos y la oligarquía colombiana tienen pretensiones injerencistas e intervencionistas. Esas tareas  ahora los están cumpliendo estos grupos que se hacen llamar frente 10, 45 y 28”

CI: ¿Ustedes tienen información de que ellos estén operando o realizando acciones criminales en Venezuela?

JCT: Efectivamente, creemos que existen unos intereses en Arauca, pero también es evidente que el gobierno colombiano quiere minimizar diciendo que vienen desde Venezuela. Esto ya se había denunciado, la forma como estos grupos habían incursionado en Venezuela.  Allí se produjo un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo que generó algún tipo de desplazamiento hacia el municipio de Arauquita y en el municipio de Saravena.

También algunos medios han denunciado que posiblemente estas estructuras criminales habrían tenido que ver, junto con la inteligencia colombiana y la inteligencia norteamericana, con las muertes de Santrich y del Paisa.

CI: ¿Qué acciones vienen realizando las organizaciones sociales para reconstruir y reorganizar el funcionamiento de las empresas comunitarias que han sufrido los ataques? ¿Qué medidas viene tomando para protegerse y resistir?

JCT: Históricamente hemos asumido una resistencia civil y, por otro lado, una avanzada social. Es decir, seguimos fortaleciendo nuestro acumulado y nuestro tejido social, porque vamos a continuar en la ejecución de nuestro plan de vida. Vamos a seguir construyendo embriones de poder popular y defendiendo todo lo que hemos construido.

Hay un papel fundamental que nuestra guardia campesina, interétnica y popular debe cumplir, en la protección de los territorios y de este acumulado social. Entonces, estamos fortaleciendo a nuestras guardias y hemos notificado, al régimen colombiano y al Ejercito Nacional, que ni con las balas, ni con la muerte, ni con la cárcel lograran acallar este tejido social. Seguiremos nuestro trabajo por la transformación de la sociedad hacia otro mundo posible. Así como seguiremos fortaleciendo nuestra propuesta de territorio campesino agroalimentario.

CI: ¿Cómo van las investigaciones de la fiscalía sobre el atentado que sufrieron ustedes en Saravena?

JCT: Muy poco frente a eso. Es decir, que nosotros sepamos realmente sobre el proceso del carro bomba colocado a un costado del Edificio Héctor Alirio Martínez, o por el artefacto explosivo que lanzaron contra la empresa comunitaria ECAAAS o por el asesinato de líderes sociales, es muy poco lo que la fiscalía nos ha referido sobre sus avances.

Sin embargo, nosotros continuamos exigiendo que debe haber verdad, justicia y reparación y, principalmente, la garantía de no repetición. Estamos con el equipo jurídico, con la fundación de derechos humanos Joel Sierra, en esa tarea de hacernos parte como víctimas en las investigaciones, para continuar exigiendo que realmente sean unas investigaciones serias, agiles y que finalmente permitan que el país y el mundo sepan qué pasó allí, por qué pasó, quiénes son los autores intelectuales y quiénes están detrás de la conformación de estas estructuras criminales, denominadas “disidencias de las FARC”.

CI: ¿Han estudiado la posibilidad de buscar organismos internacionales para dar a conocer este caso, y que se puedan tomar algún tipo de medidas que permitan la protección de las comunidades y las organizaciones sociales?

JCT: Por intermedio de las plataformas nacionales, de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga y de la fundación de Solidaridad con los Presos Políticos hemos iniciado el trabajo de la solicitud de medidas cautelares para este tejido social.

Pero hemos dicho que las medidas deben ser materiales, pero, principalmente deben ser medidas políticas. Que tengan que ver con la investigación de estos hechos, con la estigmatización del tejido social, que el Estado colombiano deje de estigmatizar a las organizaciones sociales, y deje de ver a la población civil y a sus organizaciones como el enemigo interno.

Esperamos que sean concedidas esas solicitudes de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, pero también hemos solicitado a las organizaciones internacionales, que en esa misión voluntariamente asumida de monitoreo de la grave situación de crisis humanitaria del país, le exijan al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, tanto internas como internacionales, en materia de defensa de derechos humanos y protección de la vida de los líderes y lideresas.

CI: Usted señala que la fiscalía ha avanzado muy poco en las investigaciones de los atentados ocurridos, pero si es muy diligente en cuanto a las capturas de líderes y lideresas sociales. ¿En qué va eso? ¿Cuántos líderes han sido detenidos en esos falsos jurídicos o montajes judiciales?

JCT: Sí, son falsos jurídicos. En los últimos dos años del movimiento político de masas, social y popular del Centro Oriente de Colombia, en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y la Sabana de Bogotá van más de 50 líderes y lideresas, que han estado presos y que hoy, la mayoría se encuentran en una investigación, producto de estos montajes judiciales.

«Hemos denunciado el uso del derecho procesal penal y los aparatos de justicia del Estado, como parte de un eje de la estrategia criminal contra las organizaciones, para perseguir el tejido social, para criminalizar la oposición y el pensamiento diferente. Con eso han pretendido que nosotros dejemos de exigir el fin de la hecatombe social y humanitaria que las corporaciones transnacionales han generado mediante el saqueo de los bienes de la naturaleza»

Tenemos la campaña “Ser Líder Social no es Delito”. Tiene que ver con visibilizar eso, tiene que ver con acciones jurídicas nacionales e internacionales, tiene que ver con que los medios de comunicación alternativos difundan esta otra verdad, tiene que ver con conocer las condiciones de los compañeros y compañeras durante esa tortura que es estar en una cárcel en este país.

Seguimos trabajando y ya le hemos notificado a la Fiscalía que, independientemente de su afán por judicializar el tejido social, seguiremos trabajando.

CI FC/AR/25/03/2022/ 7:29 a.m