El Salvador vivió el sábado una de las jornadas más violentas desde que se lleva registro de la cifra diaria de homicidios. Para enfrentar la violencia, el presidente y sus diputados han puesto al país bajo régimen de excepción.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, decretó cerca de las 3:00 a.m. del domingo un estado de excepción pedido por el presidente para, se supone, combatir una escalada en los homicidios que el sábado 26 de marzo dejó 62 cadáveres en las calles del país.

Con esto, la ley permite al Ejecutivo suspender por 30 días los derechos constitucionales de libre asociación, de acceder a un abogado defensor, de ser presentado ante un juez en un plazo no mayor a 72 horas, y permite al gobierno intervenir sin orden judicial correos y comunicaciones. Todo esto en un país cuyos órganos de Estado e instituciones contraloras Bukele maneja sin cortapisas desde el 1º de mayo de 2021, cuando su partido ganó supermayoría en el Legislativo.

El estado de excepción, dicen la propaganda oficial, el fiscal general nombrado por Bukele y el mismo presidente, servirán al Ejecutivo para dar “cacería” a las estructuras de las pandillas MS13 y Barrio 18 a las que se atribuye la mayoría de los homicidios del sábado -y cuyos miembros están entre la mayoría de las víctimas-, pero también a quienes el gobierno entienda que las financian y apoyan.

La mayoría de los muertos, de acuerdo con oficiales de la Policía Nacional Civil que al mediodía del sábado filtraron información sobre el aumento de los homicidios, eran miembros de las pandillas. Cuando el contador registraba 29 asesinatos, 19 muertos eran de la MS13 y uno del Barrio 18 Sureños; el resto, según el reporte, no tenía afiliación.

Para el final de la jornada el registro cerró con 62 homicidios, muy por encima de los 20 registrados en 2014, cuando El Salvador vivía uno de los años más violentos de la posguerra, finalizada en 1992 por un acuerdo de paz.

A las 6:30 p.m. del sábado, Bukele colgó en su cuenta de Facebook su primera explicación de la masacre. Tras unas líneas de autocomplacencia destacando lo intenso de su lucha contra las diversas crisis que ha enfrentado -pandemia, situación económica mundial-, el escrito adquiere un tono victimista para reclamar a “potencias” que “ven como una amenaza a El Salvador”, en referencia al gobierno y Congreso de los Estados Unidos, los cuales han actuado contra funcionarios salvadoreños acusados de corrupción y han pedido vigilar la aventura de Bukele con el Bitcoin.

Solo después de esa introducción, el presidente escribió: “Tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quienes están detrás, financiado esto”.

Esas últimas palabras son importantes; adelantan la narrativa previsible del gobierno ante la escalada de homicidios y las acciones que el bukelismo tomará amparado en el estado de excepción: culpar a alguna fuerza oscura, previsiblemente figuras de la oposición y periodistas, de lo que está pasando para, en medio de todo, no hablar de lo que ha solido estar detrás de estos subidas abruptas en las cifras de homicidios, que es el pacto que Nayib Bukele mantiene con las dos pandillas desde que inició su gobierno e incluso antes, cuando era alcalde de San Salvador.

Para cerrar su mensaje en Facebook, Bukele recurrió a otro de sus trucos retóricos, el de investirse de divinidad.

“Debo de darle gracias a Dios por permitirme enfrentar estos inimaginables retos; por darme esta enorme responsabilidad y por haberme escogido para ser su soldado específicamente en estos tiempos”, escribió el presidente. Hay un antecedente de este lenguaje: el 9 de febrero de 2020, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa, cuyos diputados entonces no controlaban, para pedir un préstamo, Bukele se sentó en la silla que corresponde al presidente del Congreso para decir que Dios le había hablado.

A las 10:04 p.m., a través de su cuenta de Twitter, Bukele pidió decretar el régimen de excepción. Pocos minutos después, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, convocó a una sesión plenaria para hacerlo. En paralelo, en la calle, la Policía Nacional Civil y el ejército realizaban cateos y registros en bares y restaurantes del país que cuentas de redes sociales afines al gobierno se encargaban de hacer públicos. El oficialismo creó incluso el hashtag para la ocasión: #Guerracontralaspandillas.

Para la madrugada del domingo 27 de marzo, los diputados de Bukele habían dado al presidente las herramientas legales para meter presos a quien su régimen decida, negar el derecho a la defensa y los límites constitucionales de la prisión preventiva, y para oficializar algo que organismos internacionales, opositores y periodistas sospechan que el gobierno ya hace sin sanción legal: espiar sus comunicaciones telefónicas.

Marcela Galeas, abogada penalista y crítica de la política de seguridad del gobierno fue una de las primeras en advertir la posible ilegalidad del régimen de excepción. “Debe cumplir ciertos requisitos para invocarse y decretarse, los homicidios no deben ser usados como justificación para aplicarse en respuesta a la ineficacia del gobierno en el área de seguridad y como una vía para para utilizar recursos de manera discrecional”.

Los diputados bukelistas cerraron con una selfie que los mostraba sonrientes después de, según lo que algunos de ellos publicaron, “cumplirle” al país y al presidente.

En ningún momento, durante el despliegue oficialista, hubo referencia alguna al pacto pandillero.

¿Perseguir a pandilleros o a opositores?

Hay una contradicción de origen en todo esto: el mismo presidente que pide un régimen de excepción para enfrentar la violencia desbocada de las pandillas es el que lleva más de dos años ufanándose de que su gobierno ha sido el más exitoso en reducir los homicidios gracias al denominado Plan de Control Territorial, algo que múltiples académicos, estudios, investigaciones periodísticas y las mismas escaladas de muertes protagonizadas por las pandillas han desmentido.

Detrás de la baja de homicidios hay un pacto del gobierno de Bukele con las dos pandillas más importante del país y de Centroamérica, la MS13 y el Barrio 18. El mismo gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, ha hecho oficial la certeza de que al menos dos funcionarios de Bukele, Osiris Luna y Carlos Marroquín, han actuado en nombre del presidente para afianzar ese pacto.

Además de Luna, el jefe de prisiones, y Marroquín, funcionario de Casa Presidencial, han sido esenciales para mantener el pacto magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la república nombrados de forma ilegal por los diputados bukelistas el primero de mayo pasado.

Los magistrados de la corte han detenido indefinidamente la extradición de al menos tres de 14 líderes de la MS13 a los que Estados Unidos requiere por delitos que van del homicidio al terrorismo. Y Rodolfo Delgado, el fiscal general de Bukele, ha pedido de forma directa no extraditar a Eliú Melgar Díaz, alias Blue, uno de esos líderes. Uno de los argumentos de Delgado es que no hay garantías de que la justicia estadounidense respete los derechos básicos de Blue.

Ayer, ese mismo fiscal general anunció una “cacería” en respuesta al tuit en que el presidente Bukele, su jefe para todos los efectos prácticos, solicitó el estado de excepción. Delgado, como ha reportado Infobae, fue empleado de una empresa sospechosa de lavar dinero que hizo préstamos personales a Bukele y ha sido señalado por torturar a reos.

Lo que no queda claro, entonces, es a quién va a dar cacería el fiscal general que pidió no extraditar a uno de los líderes de una de las pandillas que, se supone, está tras la masacre del sábado 26 de marzo.

Ya el oficialismo lanzó algunas pistas de que esa “cacería” puede incluir a opositores y periodistas críticos al gobierno.

Ante los primeros cuestionamientos sobre la relación entre el pacto pandillero y el alza de homicidios, Bukele acusó a quienes lo cuestionaron de defender a los pandilleros. Enseguida, Ernesto Castro, el presidente del Legislativo, advirtió: “Ya se activaron los padrinos y amigos de los terroristas. ¡Vamos a toparlos al cerco (expresión salvadoreña para decir que se actuará con firmeza)!”

En la misma línea, el vicepresidente Félix Ulloa escribía: “¿Quiénes se pueden oponer a estas medidas? Ya saldrán a flote”.

Desde su cuenta de Twitter, Bukele reproducía mensajes de odio contra abogadas que habían advertido de la ilegalidad del régimen de excepción, críticos al pacto pandillero. Uno de esos mensajes dice: “Ojalá que este régimen de excepción sea la lejía que dejé sin mancha la bandera de El Salvador”.

En privado, al menos dos embajadas, una europea y otra americana, advertían ayer mismos a sus ciudadanos que tuviesen extrema preocupación por la violencia delincuencial y política que, estimaron, puede aumentar en las próximas horas.

Un funcionario del Ejecutivo consultado por Infobae, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que era previsible que parte de la acción judicial esté orientada a quienes el oficialismo acuse de financiar o defender a pandilleros.

Todo esto ocurre en un momento en que Bukele se enfrenta a una posibilidad real de impago de la deuda del país tras fracasar en sus negociaciones por lograr más créditos de multilaterales y de haber retrasado la emisión del llamado bono Bitcoin, que el gobierno había vendido como fuente alternativa de financiamiento. Ante esto, el presidente anunció ya una reforma al sistema de pensiones, una medida impopular por la que, al menos mientras haya régimen de excepción, nadie podrá protestar sin enfrentar el riesgo de ir a parar a una de las cárceles de Bukele, esas en que se gestó su pacto con las pandillas.