Diversas declaraciones y señales realizadas por el Gobierno de Gabriel Boric, a cuatro semanas de asumido su mandato, han despertado las alarmas en sectores sociales e intelectuales de izquierda en Chile, quienes hoy acusan un alejamiento del Ejecutivo de las exigencias del movimiento social, el mismo que le habría permitido llegar a la presidencia del país sudamericano.

«La dicotomía entre las promesas los discursos iniciales y las realidades que han aflorado en las primeras semanas de gestión del nuevo Gobierno, tiene que ver fundamentalmente con el verdadero proyecto que animan a sus principales protagonistas, que tiene que ver con reformas que no tienen un carácter sistémico, sino que más bien son superficiales, tenues que apuntan a aspectos secundarios, pero no a un cambio radical del modelo», señala a Sputnik Sergio Grez, doctor en Historia, especialista en historia política de la Universidad de Chile.

Opinión similar tiene la organización territorial de la zona sur de Santiago Pobladores Unidos por La Legua, la Granja y Pedro Aguirre Cerda – PAC, quienes consideran que «este Gobierno es un ‘gobierno parche’ ya que fue elegido y apoyado por sectores sociales que quieren cambios reales para frenar al fascismo (ultraderecha), y no le dará las fuerzas para solucionar los problemas actuales de fondo».

«Tiene por objetivo la finalidad de alcanzar la normalidad, la tranquilidad desde el punto de vista político-económico, lo cual se desprende de su propio programa de gobierno y de las personas encomendadas a realizar dichos cambios. No existe el afán de realizar reformas profundas que altere el modelo imperante, apuesta a la autorregulación y sostenimiento del mercado para con el modelo económico y que este genere dividendos, necesita generar una ilusión de estabilidad socioeconómica», señalan a Sputnik.

Para Grez, «el proyecto de las personas y organizaciones que componen el actual Gobierno consiste básicamente en hacer el recambio de la casta política de centro izquierda encargada de hacer las reformas necesarias para contener a los movimientos sociales populares y asegurar la estabilidad sistémica sin lesionar al gran empresariado nacional y trasnacional».

«Ello implica desde su perspectiva realizar tenues reformas acompañado de un lenguaje innovador e inclusivo, atractivo pero respetuoso de los poderes fácticos y del gran capital. De esta manera la joven generación reformista encuentra el punto de unión con los viejos tercios concertacionistas, lo que se plasma en la composición del Gobierno de Boric», explica el académico.

Refundación vs. reforma

Las declaraciones pronunciadas por la ministra del Interior, Izkia Siches, el 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, son las que más molestias generaron en el mundo social al respaldar a la misma Policía que violó los DDHH durante el estallido social. «Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas», declaró la ministra.

La propia presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, aseguró a la prensa, que la agrupación de víctimas está en total desacuerdo con este respaldo público. «No debieron darle apoyo, menos en el Día del Joven Combatiente. Donde, en el tiempo de la dictadura, asesinaron a muchos jóvenes y Carabineros de Chile degolló a tres profesionales», refiriéndose al asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Respaldo y reacomodo del discurso que, para Grez, choca con la realidad que viven la mayoría de las personas en Chile, «con los objetivos de las organizaciones sociales, con las movilizaciones populares, de manera tal que, con una rapidez inusitada, algunos personeros de Gobierno como la ministra del Interior se han ido alineado en posiciones muy conservadoras, que han sido las posiciones clásicas de todos los Gobiernos y ministros de la cartera, desde que el dictador [Augusto Pinochet] dio paso a los Gobiernos posdictatoriales», afirma.

De esta manera, sostiene el académico y especialista en historia política y movimiento popular, «los objetivos iniciales como la refundación de Carabineros, proclamada por el propio Boric, han ido cediendo paso discursivamente y también en la práctica a formulaciones como reformas y luego mejoras. Estamos a un paso de imitar el lenguaje de [el expresidente Sebastián] Piñera, y la derecha clásica a través de plantear que Carabineros debe modernizarse», asegura.

Para Sergio Grez, no se puede esperar mucho de este Gobierno, que no va a realizar «esa operación quirúrgica, tal delicada y tan profunda, lo que permite prever que ante la inexistencia de cambios de fondo los atropellos a los DDHH van a seguir siendo el pan de cada día, como siguen siendo hasta este momento. Es lamentablemente peor, lo podemos constatar la persistencia la continuidad de estas prácticas nefastas».

En el caso de los pobladores miembros de la organizacional territorial de La Legua, La Granja y PAC, se suma a este giro del Gobierno una actitud de la propia Policía uniformada: «Qué podría hacer un Gobierno social-demócrata con la Policía, ¿reformarla, intervenirla, etc.? Ellos son parte del Estado, son el Estado, se sienten sobre los Gobiernos. En este caso el Gobierno actual solo buscará acuerdos con sus mandos para resguardar el orden público sin los excesos anteriores. Imagínese una Policía que actúe de forma pasiva frente al Gobierno, imposible».

Gatopardismo sistémico

El presidente Gabriel Boric recibe honores de la Guardia de Palacio© Foto : Gentileza Prensa presidencia / Alex IbañezEn estas primeras semanas de Gobierno varias han sido las protestas sociales que han terminado en con el actuar represivo de la Policía militarizada chilena, situación que para los pobladores del sector sur de Santiago refleja en la práctica el abandono de convicciones de quienes fueron también manifestantes.

«A pesar que este Gobierno cuenta con actores provenientes del movimiento secundario (estudiantes) continúa la represión con atropellos a los DDHH, sin libertad de manifestarse, heridos y un actuar desprolijo del uso de la fuerza, y un desentendido actuar para detener a las mafias de comerciantes organizadas que reprimieron a estudiantes. Se instala una amnesia enterrando en los más interno sus ideales políticos y sociales, esto para mantener su supuesto orden social», sostiene la organización territorial Pobladores Unidos.

Y agregan de forma enérgica: «Miremos desde una perspectiva más sincera: estos Gobiernos están rodeados de asesinos y delincuentes (Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones-PDI), no les queda nada más que negociar, tranzar y al final del día obedecer. Tienen el poder de las armas, y dentro de estas instituciones no existe personas leales al pueblo trabajador, todos están al servicio del capital y el empresariado».

Para Sergio Grez, no cabe duda de que las nuevas autoridades han cometido numerosos desaciertos en estas cuatro semanas de gobierno. «Ello se puede explicar por la inexperiencia política de muchos de estos jóvenes, pero lo esencial yo no intentaría una explicación de ese tipo. Más que desaciertos, reitero que esto responde a una determinada línea política y a un determinado proyecto que consiste en ser los administradores de un modelo que pretende afirmarse con reformas».

«Una suerte de gatopardismo sistémico que permite al mismo personal encaramarse como administradores del modelo. Un modelo remozado y presentado como superación al neoliberalismo en circunstancias que por lo argumentado y por lo que hemos ido observando no es así», afirma Grez.

Señales de una Concertación 3.0

Manifestantes pro Wallmapu© Sputnik / Carolina TrejoUn diagnóstico similar tienen los miembros de Pobladores Unidos, quienes sostienen que, aunque sea prematuro hacer un balance, hasta el momento el Gobierno de Boric «no ha hecho nada por cambiar el modelo neoliberal, solo maquillaje, señales, gestos para la galería, populismo político».

Los «gestos» mencionados por Pobladores Unidos refieren a algunas medidas implementadas por las nuevas autoridades, como el retiro de la Ley de Seguridad del Estado por el contexto del estallido social, el término del estado de excepción en el Wallmapu, la firma del acuerdo de Escazú o el inicio de proyectos para subir el sueldo mínimo y disminuir a 40 horas el trabajo semanal, entre otros. Sin embargo, para los pobladores, «las demandas exigidas del estallido social siguen en pie de lucha, intactas, nada ha cambiado».

Algo que según Sergio Grez también se puede observar en las acciones del Gobierno respecto al llamado conflicto mapuche en el Wallmapu chileno, que para el historiador han sido un fracaso: «Muy poco tacto, muy poco tino podríamos agregar con una dosis pequeña de prepotencia».

«Algunos altos personeros del Gobierno, como la ministra del Interior y su subsecretario, han creído que problema que se arrastra durante décadas, un siglo y medio un poco menos, se debe solucionar con pachorra, para utilizar un término futbolístico, con una audacia desconsiderada, sin tomar en cuenta la cultura, las tradiciones, la forma de hacer política del pueblo mapuche. Sin considerar a los liderazgos de las comunidades en resistencia, que son los que cuentan principalmente, y esto ha redundado en un fracaso estrepitoso», opina.

A dichas señales políticas del nuevo Gobierno Sergio Grez le suma los nombramientos de importantes de personeros de los Gobiernos de la Concertación (1990-2010), en puestos claves. «Ni más ni menos que en Relaciones Exteriores, Hacienda, Vivienda y Urbanismo por citar algunos de los más importantes, no es más que una demostración de la falta de profundas convicciones trasformadoras por parte de la joven generación que ha tomado las riendas de este proceso», afirma.

«El nombramiento de estos concertacionistas es por un lado la guinda de la torta del proceso de creciente recorte de las promesas electorales y también la forma concreta como se plasma la nueva alianza gobernante, esto es una suerte de Concertación 3.0. La primera fue la que gobernó entre 1990 y 2010, luego tuvimos una Concertación 2.0, denominada Nueva mayoría, que gobernó entre 2014-2018, y ahora en la práctica tenemos una Concertación 3.0», opina el académico y doctor en Historia.

Por tanto, todo parece indicar, reitera Grez, que no habrá cambios estructurales, «por lo tanto lo exigido en las calles, por los movimientos, las organizaciones sociales, los ciudadanos de a pie, que salieron masivamente a fines del 2019 y comienzos del 2020, no van a obtener lo más esencial de sus demandas. Van a haber concesiones evidentemente, como lo realizan todos los Gobiernos, pero esos cambios estructurales exigidos con derechos sociales efectivos, me parece que no van a ser satisfechos, ni por la acción del Gobierno ni tampoco por los contenidos de la nueva Constitución.»

«Que si bien y probablemente vence el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, esos derechos van a quedar inscritos nominalmente en el nuevo texto constitucional. Pero la carencia de recursos y de mecanismos que hagan exigibles estos derechos por parte de los propios ciudadanos, hacen muy poco probable que la calle, como se denomina a los sectores populares movilizados, obtenga satisfacción a sus demandas, a menos que nuevas y poderosas movilizaciones lo impongan», concluye.