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El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos (IHRC) de la Facultad de Derecho de Harvard publicó últimamente un informe que encuentra que el trato de Israel a las y los palestinos en Cisjordania equivale al delito del apartheid.
El estudio «Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel’s Actions» salió a la luz el 28 de febrero a raíz de cinco informes más amplios sobre el apartheid publicados desde 2020, y justo antes de que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados publicara otro informe sobre el apartheid el 21 de marzo.
Preparado por el laboratorio de derechos humanos de la facultad de derecho, coordinado con la Asociación de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos Addameer, con sede en Ramalá, el informe se publicó sin eco mediático y recibió una cobertura mínima de prensa. Y, hasta ahora, no ha recibido ninguna condena pública por parte del lobby israelí. El Estado de Israel reaccionó solo con una declaración superficial y no sustantiva de su embajador en la ONU, Gilad Erdan, de que «los que escribieron el informe en nombre de Harvard… decidieron deslegitimar al estado judío debido a sus puntos de vista antisemitas».
Aunque solo tiene 22 páginas, el informe incluye 130 notas a pie de página que respaldan adecuadamente el texto y permiten a las y los lectores profundizar más. El enfoque estrecho del informe arroja luz sobre los instrumentos y procesos legales personalizados implementados desde 1967 para privar a las y los palestinos de Cisjordania de sus derechos humanos, civiles y políticos.
La descripción precisa de la guerra de leyes por la que Israel, con impunidad, ha intimidado, confundido, humillado, ultrajado, encarcelado, torturado y matado a palestinos y palestinas desde 1967 genera un impacto acumulativo irresistible. Los artículos individuales de la letanía no son en sí mismos nuevos, pero verlos representados en su totalidad coordinada es ver cómo la máquina israelí de la injusticia hace su trabajo antihumano.
Dada la potencia del informe y el prestigio de la marca Harvard, no hay duda de que el lobby finalmente perseguirá al IHRC. La formulación del embajador israelí en sus comentarios insinúa la probabilidad de que se intente presionar a Harvard y a la Facultad de Derecho de Harvard para que se desvinculen de «quienes lo han escrito en nombre de Harvard», es decir, el laboratorio internacional de los derechos humanos de la facultad de derecho de Harvard, el IHRC.
Mientras tanto, las y los autores del informe han sido circunspectos, al igual que el órgano de las Naciones Unidas al que se presentó el informe. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, que fue convocada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2021, había pedido a los grupos de la sociedad civil que documentaran posibles violaciones del apartheid. (Addameer y el grupo de asistencia jurídica e investigación Al-Haq habían enviado otro informe de este tipo en enero de este año, titulado «Afirmando y manteniendo un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino en su conjunto»).
Después de una descripción meticulosa del crimen de apartheid en el derecho internacional, incluida una explicación clara de cómo y por qué los grupos étnicos, como el palestino (o el Rohinga de Myanmar), se consideran «grupos raciales» según la ley, el estudio de Harvard-Addameer describe el «sistema legal dual que afianza la supremacía judía israelí» en Cisjordania.
Comienza citando lo que el comandante de las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército israelí) en Cisjordania expresó a las y los palestinos en 1967:
«Todos los poderes del gobierno, legislación, nombramiento y administración pertenecientes a la región o a sus residentes ahora estarán exclusivamente en mis manos y serán ejercidos solo por mí o por cualquier persona designada por mí o que actúe en mi nombre».
Cincuenta y cinco años después, este poder dictatorial, que podría ser comprensible inmediatamente después de una reciente ocupación de un territorio enemigo, se ha ejercido e institucionalizado inquebrantablemente. El poder se despliega a través de órdenes militares, más de 1.800 de las cuales se han abatido sobre las y los palestinos, pero nunca sobre las y los colonos israelíes en asentamientos ilegales reservados a las y los judíos que se han extendido por todo el territorio palestino ocupado.
Las órdenes militares definen las “infracciones a la seguridad» que van desde el terrorismo hasta los delitos de tráfico. Son procesados en tribunales militares, cuyo funcionamiento está evidentemente sujeto al Tribunal Supremo de Israel, que, a lo largo de los años, ha hablado severamente de las muchas y estrictas garantías que deben controlar al poder militar. De hecho, sin embargo, el tribunal se remite a las conclusiones y determinaciones del ejército israelí. Así, por ejemplo, a partir de 2021, el informe dice que, de los cientos de revisiones del Tribunal Supremo de las órdenes de detención administrativa, solo una ha dado lugar a la revocación de una orden.
Según el informe Harvard-Addameer, las y los palestinos pueden ser procesados por cosas como:
«Entrar en una zona militar cerrada´, que puede ser una designación adjunta en el momento a una zona de protesta, o ‘pertenencia y actividad en una asociación ilegal’ (hay que tener en cuenta que el ejército israelí se ha arrogado el poder de declarar como ‘asociaciones ilegales’ grupos que abogan por «incitar al odio o al desprecio, o la excitación de la desafección contra” las autoridades de ocupación israelíes).
«Del mismo modo, hay órdenes militares que criminalizan las reuniones de más de 10 personas que ‘podrían interpretarse como políticas’ si tienen lugar sin permiso; la publicación de material que «tenga un significado político»; y la ostentación de «banderas o símbolos políticos» sin aprobación militar previa. La expresión pacífica de la oposición a la ocupación puede ir en contra de las órdenes militares que criminalicen a cualquier persona que «intente, oralmente o de otra manera, influir en la opinión pública en la región [Cisjordania] de una manera que pueda dañar la paz o el orden público»; «publique palabras de elogio, simpatía o apoyo a una organización hostil, a sus acciones o a sus objetivos”; o cometa un “acto o una omisión que provoque un perjuicio, un daño o una perturbación de la seguridad de la región o de las fuerzas de defensa israelíes”.
Si este conjunto de órdenes no cubre algún «acto u omisión», o un discurso o un silencio, que no les guste a los comandantes israelíes, los términos se modifican fácilmente o se puede emitir una nueva orden. Cualquier persona palestina que quiera discutir sobre su presunto delito es fácilmente detenida, y encarcelada, utilizando la detención administrativa, un proceso de encarcelamiento simplificado que, según el estudio:
«no está sujeto a una orden judicial y no es necesario revelar los cargos al detenido. La Orden Militar nº 1651 otorga además al ejército israelí amplios poderes para privar a un detenido del derecho a comunicarse con un abogado y a ser llevado ante un juez cuando debiera corresponder. En el curso de los procedimientos administrativos para confirmar una orden de detención administrativa, los tribunales militares pueden basarse exclusivamente en «pruebas secretas» no puestas a disposición de la persona detenida. Si se confirma la orden de detención, la ordenanza establece que el comandante militar puede prorrogar la orden de detención cada seis meses, sin límite de tiempo total».
Miles de hombres, mujeres, niñas y niños palestinos son encerrados de esta manera cada año. Durante su encarcelamiento, pueden experimentar «prácticas corrientes de tortura y malos tratos, incluidas palizas, agresión física y tortura posicional», dice el estudio, basándose en la larga historia de Addameer de defensa de los prisioneros contra los abusos.
En cuanto a la tortura, las decisiones del Tribunal Supremo de Israel son particularmente nobles en apariencia y completamente ineficaces en la práctica. Los jueces han declarado que «la tortura y los malos tratos a los detenidos son ilegales, haciendo hincapié en la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional», dice el estudio Harvard-Addameer. Pero el tribunal también ha «reconocido escenarios de ‘bomba de relojería’ en los que la ‘necesidad’ podría ser una posible defensa penal para usar ‘métodos de interrogatorio físico’». Los jueces han insistido en que la «defensa de necesidad» debe aplicarse solo si el trato de una persona no es tan severo como para constituir tortura, una determinación que dependería de las «circunstancias concretas» en cada caso. Por lo tanto, los interrogadores militares tienen la apertura que necesitan para justificar siempre los «interrogatorios de necesidad».
Recientemente, el tribunal ha aclarado que la excepción de «bomba de relojería» no significa que el peligro sea inminente, sino simplemente que hay una necesidad inmediata de obtener información. En otras palabras, no se necesita ninguna bomba. «En la práctica», dice el estudio, el tribunal «ha creado una grave laguna» que permite «el uso de la tortura y los malos tratos contra las y los detenidos palestinos con impunidad».
Según el estudio, las y los palestinos también están «privados del derecho a ser juzgados ante un tribunal independiente e imparcial». «Los fiscales, los oficiales administrativos y, lo que es más importante, los jueces de los tribunales militares son todos oficiales militares israelíes», escriben los autores, señalando que la imparcialidad de los jueces está «fundamentalmente socavada» porque están sujetos al «sistema de disciplina y promoción dentro del ejército».
Dada la sofocante opresión que este régimen impone a los palestinos de Cisjordania, se puede entender por qué a veces se dice que su suerte es peor en ciertos aspectos que la de quienes viven en la Franja de Gaza. Además, el informe señala cómo «la supresión de la libertad de asociación y reunión palestina se ha intensificado en los últimos años, y la criminalización de las asociaciones «ilegales» se ha extendido recientemente a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina», incluidas Al-Haq y la propia Addameer.
Irónicamente, se cree que la razón principal por la que los seis grupos han sido declarados ilegales es una represalia contra su colaboración con la ONU y la Corte Penal Internacional y otros organismos que buscan investigar las condiciones en Palestina-Israel.
Habiendo descrito la parodia de la justicia del apartheid, el informe concluye:
«Estos marcos e instituciones, junto con las políticas israelíes a largo plazo de confiscación y despojo de tierras, de restricción de la circulación de los palestinos y expansión de las colonias israelíes ilegales, sirven sistemáticamente al propósito de privilegiar y mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos».
A pesar de su silencioso despliegue, la alta calidad del estudio y su asociación con Harvard probablemente signifiquen que desempeñará un papel importante en el reconocimiento de la realidad del apartheid de Israel. Michael Lynk, el Relator Especial de las Naciones Unidas, me dijo que el estudio está «excepcionalmente bien investigado y razonado» y que «se basó en él en [su] informe de la ONU porque era convincente y riguroso». En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo, Lynk señaló las «características despiadadas del gobierno de “apartheid” de Israel en el territorio palestino ocupado, que no se practicaban en el Sudáfrica». Escribió que particular que: «Ante los propios ojos de la comunidad internacional, Israel ha impuesto a Palestina una realidad de apartheid en un mundo post-apartheid».
Su informe no encontró escasez de comentarios, «en su mayoría positivos y algunos injuriosos y con insultos, que realmente no añaden nada al debate», dice Lynk, en otras palabras, la ausencia habitual y completa de críticas sustantivas de cualquiera de las pruebas y de los análisis legales en los que se basa el veredicto de apartheid. Lynk se negó a especular sobre la falta de respuesta al informe Harvard-Addameer.
El silencio del lobby israelí puede explicarse por el hecho de que la prensa aún no ha publicado el informe, pero parece inconcebible que el lobby deje sin oposición la idea de que Harvard, el sanctasanctórum de la academia estadounidense, respalde una condena tan implacable de Israel. El IHRC puede tener que vérselas con algunos inconvenientes. Al menos, es probable que la relación del laboratorio con Addameer sea atacada.
La propia Addameer, por supuesto, corre el riesgo de sufrir represalias directas por parte de Israel, que, como se mencionó, ya la declaró una «asociación ilegal», junto con las otras cinco distinguidas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en octubre de 2021. Israel no ha proporcionado pruebas concretas de los vínculos «terroristas» que afirma que justifican las prohibiciones. Solo se han invocado supuestas «pruebas secretas», lo que ha llevado a los países occidentales a retrasar la imposición de sus propias sanciones antiterroristas. Además, hasta la fecha, Israel ha retrasado en gran medida la ejecución de las órdenes.
Este enfoque in terrorem es análogo a la forma en que Israel utiliza miles de órdenes de demolición emitidas contra estructuras palestinas pero mantenidas en suspenso, a veces durante años, para mantener una amenaza continua de demolición repentina. Si Israel decide que Addameer, por ejemplo, ha ido demasiado lejos al exponer los crímenes de apartheid, podría, además de atacar físicamente las oficinas y al personal de Addameer, presionar a las personas arrestadas para que den falso testimonio contra Addameer a cambio de un indulgente acuerdo de declaración de culpabilidad. Tales pruebas podrían presentarse a otros países para que sancionaran a Addameer y a su personal (y, por supuesto, la falsa acusación contra Addameer, y tales pruebas, serían citadas por el lobby israelí en ataques contra la IHRC para que Harvard condenara el informe del apartheid).
Sin embargo, la publicación del informe es una victoria para los derechos humanos de las y los palestinos. Además, la cautela mostrada por los líderes del lobby israelí parece mostrar que están empezando a medir la creciente magnitud del movimiento contra el apartheid a medida que continúa creciendo, el potencial del concepto de apartheid para aclarar las percepciones públicas y desencadenar la indignación pública, y el riesgo de que los endebles ataques ad hominem contra quienes denuncian el apartheid solo puedan hacer crecer la atención sobre los informes y alienarse a las y los partidarios más desinformados del estado judío.
Por Steve France | 16/04/2022
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
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