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“¡Agua sí. Minas no!”. Con este lema, las hermanas de la Marcha Mundial de las Mujeres de la zona Macronorte del Perú plantean la defensa de los territorios, las cabeceras de las cuencas, los páramos y los bosques ante los megaproyectos extractivistas que amenazan el Buen Vivir y los derechos ancestrales de los pueblos. “Nos ubicamos en la macro región norte, articulando a los departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad”, describen las Defensoras, quienes nos invitan a viajar allí donde la resistencia tiene rostro de mujeres indígenas y campesinas.
“¡Agua sí. Minas no!”. Con este lema, las hermanas de la Marcha Mundial de las Mujeres de la zona Macronorte del Perú plantean la defensa de los territorios, las cabeceras de las cuencas, los páramos y los bosques ante los megaproyectos extractivistas que amenazan el Buen Vivir y los derechos ancestrales de los pueblos. “Nos ubicamos en la macro región norte, articulando a los departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad”, describen las Defensoras, quienes nos invitan a viajar allí donde la resistencia tiene rostro de mujeres indígenas y campesinas.
En enero de 2022 más de tres mil personas se unieron en una asamblea popular para debatir sobre las estrategias para resguardar la zona de la explotación de una empresa minera que aprovechó las restricciones de movilidad por el COVID 19 para ingresar sin obtener la licencia social. La asamblea fue un mensaje hacia las multinacionales, el gobierno y la sociedad, para que empuje las transformaciones profundas a través de la redacción de una Constitución que proteja y garantice los derechos de los pueblos, las mujeres y las personas LGBTIQ+ y que respete los bienes comunes y la naturaleza.
“La única manera de garantizar que nuestros pueblos indígenas y campesinos tengan derechos es con una nueva Constitución”, afirman las Defensoras del Perú. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, el país terminó 2021 con 199 conflictos sociales y políticos que agudizan las deudas y las desigualdades históricas, y perpetúan las consecuencias negativas de la separación de los pueblos de los territorios que le proporcionan alimentación, trabajo, identidad y poder comunitario.
Perú se encuentra, al igual que muchos territorios de América Latina y el Caribe, ante desafíos fuera de lo común y en un momento en el que poner la vida en el centro fortalecerá la democracia y la participación. El cambio en el signo del gobierno en 2021, que significó la derrota en las urnas de la sucesora del ex dictador Alberto Fujimori –condenado por delitos de lesa humanidad–, abrió una tímida esperanza. Por eso, en resistencia, pero también en memoria de las que no están –como Cleofé Neyra Neyra, quien en 2005 encabezó una protesta en defensa de los páramos y la actividad campesina–, así emergen las palabras de las mujeres de la zona Macronorte del Perú.
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–¿Nos podrían situar en el territorio donde se encuentran, cuáles son las principales tareas que realizan para la comunidad y cuál es su experiencia de organización?
– Nuestras organizaciones, en su mayoría, están ubicadas en territorios de conflictos extractivos. Somos mujeres indígenas, campesinas, ronderas, jóvenes, lesbianas, feministas comunitarias populares que hacemos parte de las organizaciones de los pueblos. Nos articulamos a la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, y llevamos más de 20 años cuidando y defendiendo el cuerpo-territorio-tierra. Vamos tejiendo la red de la vida, apostando por “Allin Kawsay” o “Buen Vivir” de las mujeres, nuestras comunidades en armonía con la naturaleza. Asimismo, nos articulamos a la coordinadora de organizaciones defensoras de la zona Macronorte del Perú.
Nuestras principales actividades y acciones se orientan al fortalecimiento de las organizaciones sociales autónomas, la articulación de redes desde los territorios, la educación popular feminista y la comunicación popular a través de nuestras escuelas “Lola Burgos” y “Gloria Mosqueira”, que son asumidas por nuestras organizaciones de base, y desde su cotidianidad, su territorio, su contexto, aspiraciones, memorias, luchas y resistencias las llevan adelante.
También realizamos acciones de incidencia ante el Estado y las instituciones competentes para que respeten los derechos ancestrales de nuestras comunidades sobre sus territorios: la exigencia de la anulación de las concesiones mineras en dichos territorios; denunciamos los atropellos, la criminalización y militarización y buscamos la solidaridad internacional. Además, las organizaciones de rondas campesinas que formamos parte de la articulación, administramos justicia en nuestras comunidades, velamos por el Buen Vivir, educamos y garantizamos la paz, el cuidado del territorio en nuestras comunidades. Como acciones, también está la incidencia contra la violencia y pobreza hacia las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. También impulsamos la soberanía alimentaria en nuestros territorios.
Se denomina Macrorregión Nortea los departamentos del Perú ubicados en el área septentrional del país. Está compuesta por los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes.
Las características geográficas están determinadas por encontrarse en el espacio intermedio entre las secciones septentrional y central de los Andes. En términos ecológicos, la macrorregión que nos ocupa está conformada por una gran porción de bosque seco ecuatorial, una franja costera desértica, una gran porción con características de selva alta, una sección de bosque tropical amazónico, una pequeña franja de territorio de Puna y otra de serranía esteparia.
Allí se ubican megaproyectos mineros en cabeceras de las cuencas, tales como Río Blanco de la empresa minera Blanco/Zijing,Tongling y Xiamen Cd LTD en Huancabamba y Ayabaca, la Manhattan y el proyecto minero el Algarrobo de la empresa minera Buenaventura en Tambogrande en Piura. También el proyecto minero Cañariaco de la empresa Candente Cooper en Kañaris, Lambayeque; el proyecto minero Antakori de la empresa minera Anta Norte en Chugur, proyectos Conga de la empresa minera Yanacocha, proyecto Shahuindo de la empresa minera Pan American Silver Corp, proyecto Michiquillay de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, entre otros en Cajamarca.
–Elegimos los conceptos de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres campesinas, indígenas y originarias en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser Defensora en Perú y cuál es el escenario al que se enfrentan?
– Las mujeres nos encontramos en primera línea en la defensa de los territorios, enraizadas en nuestras organizaciones: comunidades y rondas campesinas y frentes de defensa. Nuestra acción es colectiva, recíproca y solidaria, bajo la concepción de Pachamama que heredamos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Somos Defensoras como lo es nuestra organización y quienes la integramos hemos tomado el acuerdo en asambleas de defender el territorio hasta con nuestra propia vida. Existimos por el territorio hace más de cinco siglos.
Actualmente enfrentamos un escenario de disputa permanente por el territorio, dado el modelo económico neoliberal y extractivista que impulsa el gobierno peruano desde hace más de 30 años, impuesto por el ex dictador Alberto Fujimori con la Constitución Política de 1993. En los años siguientes, se flexibilizaron un conjunto de normas que han afectado nuestros territorios colectivos y han favorecido el ingreso violento de las empresas mineras, militarizando territorios, criminalizando la protesta social e inmiscuyéndose en la dinámica interna de nuestra vida en comunidad y en las organizaciones para dividirnos y así debilitar la lucha y la resistencia en un contexto de incremento de las violencias contra las mujeres. Las transnacionales extractivas en alianza con el Estado desarrollan estrategias patriarcales de agudización de las violencias sobre los cuerpos-territorios de las mujeres. La presencia de mineras, petroleras y agroexportadoras trae consigo el trabajo precario de semi esclavitud, el despojo, la trata de mujeres e incremento de la prostitución.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, más de 3 millones 460 mil mujeres viven en zonas rurales. La mayor cantidad se encuentra en los departamentos de Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco y Junín. Muchas no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir por lo que son excluidas de los circuitos económicos formales. En 2017 el analfabetismo afectaba al 8,7% de mujeres peruanas de más de 15 años de edad (tres veces más que la cifra de hombres).
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2017, las mujeres rurales sufrieron algún tipo de violencia patriarcal, alguna vez en la vida, en un 64,1% y según el censo de ese mismo año, hubo 777 mujeres entre 12 y 14 años que fueron madres. Las mujeres de las zonas rurales tienen en promedio mayor cantidad de hijas e hijos, lo que revela una menor autonomía en sus decisiones reproductivas.
Además, persisten deudas históricas ya que, entre 1996 y 2001, la dictadura racista de Alberto Fujimori esterilizó como política de Estado a 272 mil mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales bajo ausencia de normas que regulen el proceso de decisión informada de personas que no hablaban el idioma castellano. Según el “ Informe final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000”, hubo daños en la integridad física y psicológica de estas mujeres. Las esterilizaciones forzadas son delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles en tanto violan el derecho constitucional a la libre elección y la no discriminación; sin embargo, aún no existen condenas en este sentido.
En el Perú existe el Decreto Supremo N°004-2021-JUS, que se supone, busca garantizar la prevención, protección y acceso a justicia de las personas defensoras de Derechos Humanos en el Perú; sin embargo, sentimos que son letras muertas, porque tenemos hermanas que llevan procesos de más de 15 años y aún no adquieren justicia, incluso compañeras que han sido criminalizadas y han muerto sin adquirir justicia y reparación como nuestra Cleofe Neyra Neyra de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA), quien nos dejó su siembra.
A pesar de ello, seguimos firmes en nuestra posición de poner nuestro cuerpo y organización para defender el tejido de la red de la vida, cuidar y proteger la sostenibilidad: el cuidado y la protección de la integralidad de nuestros territorios y comunidades, lo que nos convierte en guardianas de los ríos, bosques, páramos, lagunas, semillas, vida de las mujeres y de nuestros pueblos.
–En enero de 2022 realizaron un paro en demanda de la retirada del proyecto minero AntaKori y lograron la conformación de una comisión que evaluaría los impactos de la empresa en el territorio de Sinchao. ¿Cómo se encuentra la situación en la actualidad y cómo se organizan para frenar el avance de los proyectos mineros en sus territorios?
–Tras reportarse más de 300 niños y niñas con arsénico y otros metales en el cuerpo, animales enfermos –más de 17 mil truchas muertas– producto de la contaminación minera de la cabecera de cuenca en Chugur, las más de 40 organizaciones ronderas, de mujeres, campesinas, de jóvenes de Chota, Bambamarca, Hualgayoc articuladas en el Frente de Defensa de Chugur acuerpadas por la coordinadora de organizaciones defensoras de la Macronorte y la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, decidimos convocar a un paro indefinido y ocupar la entrada al proyecto minero Antakori para exigir el retiro inmediato de la empresa Anta Norte, en tanto su presencia es ilegítima en territorio. Antes de la pandemia ya había sido desalojada de Sinchao en dos oportunidades. Pero ésta, valiéndose de las medidas de emergencia e inmovilidad social por la COVID-19, ingresó con el aval y corrupción del Estado a pesar de que no tenían licencia social y nuestras comunidades habían rechazado a la minería.
Días después, se tuvo la presencia de una comisión del gobierno en Sinchao (donde se estaba dando el paro). Se comprometieron a investigar la presencia de la minera Anta Norte en el territorio y a buscar todas las herramientas para que legalmente se laexpulse; aunque contradictoriamente el mismo día, una representante del gobierno dijo que no le exigen a su hermano Pedro Castillo –presidente de la República– un “No a la minería” porque si no, lo van a destituir de sus funciones.
Luego, se formó una mesa de diálogo que consideramos es un engaño, ya que en la primera reunión no asistieron, a la segunda llegaron y en la última se acordó darles un ultimátum; en tanto, si siguen “paseando” al pueblo, se retomarán las medidas de lucha hasta las últimas consecuencias y no se parará hasta botar a la minera del territorio. Cada vez más organizaciones de la zona Macronorte nos estamos articulando frente a este proyecto minero, en tanto, no solo afecta a Chugur o Cajamarca, las aguas de esa cuenca van hacia el río chotano y parte desemboca en la represa de Tinajones en Lambayeque, que abastece de agua para consumo humano y agrícola de esa región. Además, que sería la última cuenca de Chugur que se podría salvar aún de la contaminación y destrucción, las demás están siendo destruidas y contaminadas por las empresas mineras Gold Field, Buenaventura entre otras.
Es por ello que, desde nuestros territorios, estamos impulsando procesos hacia una Asamblea Constituyente, en tanto la actual Constitución del 93 entrega nuestros territorios a las trasnacionales. Por ello, la única manera de garantizar que la naturaleza y nuestros pueblos indígenas, campesinos tengan derechos es con una nueva Constitución.
–¿Qué significó para las y los trabajadores rurales la candidatura del maestro rural Pedro Castillo y su asunción en 2021 como presidente del Perú? ¿Hubo algún cambio favorable para las poblaciones rurales?
–El Perú se encuentra en una crisis de existencia como país, una crisis de modelo socio-económico; donde el fenómeno de la pandemia y el contexto internacional de guerra agudiza la situación compleja que venimos atravesando históricamente las mujeres y los pueblos del Perú, y mucho más después de la Constitución fujimorista de dictadura de 1993. En ese sentido, poner a Pedro Castillo en el gobierno significó la esperanza de un pueblo, aquel que viene siendo condenado al olvido y a la resistencia por más de cinco siglos de saqueo, violencia, expropiación y criminalización.
Sin embargo, vemos la traición hecha carne. A la fecha no se han revisado los contratos ley que entrega nuestros territorios a las transnacionales extractivas; no hay reforma de los impuestos, los monopolios siguen decidiendo la vida de la gente; no hay reforma agraria, de salud, de educación; no hay nacionalización de los combustibles; y sobre todo, no se ha impulsado una Asamblea Constituyente popular, plurinacional, paritaria, diversa y soberana. Por el contrario, en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 se han priorizado actividades que impulsan el extractivismo como pilar del desarrollo, entre ellos, proyectos mineros que ya fueron rechazados por nuestras comunidades, donde no hay, ni habrá licencia social porque son territorios de comunidades indígenas y campesinas.
La respuesta de las mujeres y del pueblo no se ha hecho esperar, las calles están siendo las interlocutoras con el gobierno. Venimos exigiendo al gobierno de Pedro Castillo que cumpla sus promesas ya que el hambre y la destrucción de nuestros territorios nos está matando. De estos contextos de inestabilidad social, quienes se aprovechan del hambre y la inestabilidad social son la derecha y los grandes intereses. Sin embargo, estamos en un momento histórico para recuperar nuestra identidad, para mantener la memoria histórica, para recoger los aportes de nuestras ancestras y para gestar los cambios que tanto anhelamos, porque es de los momentos de crisis que surgen las revoluciones y es desde los pueblos que se gestan.
El 28 de julio de 2021 asumió como presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, maestro y profesor rural, dirigente sindical y político de izquierdas. Tras postularse anteriormente al máximo cargo ejecutivo, logró esta vez ganar en la primera vuelta con el 18.92 % de los votos y superó en la segunda, a Keiko Fujimori –quien representaba la tradición neoliberal y extractivista– con el 50.13 %. Sin embargo, a pesar de la esperanza que significó para los sectores rurales –indígenas y campesinos– y populares progresistas urbanos, en pocos meses su gobierno se tradujo en inestabilidad política y crisis económica.
Ante esto, los pueblos del Perú, las mujeres y disidencias sexuales y las organizaciones en defensa de la naturaleza trabajan en propuestas para la recuperación y el reconocimiento de los derechos ancestrales en una reforma constitucional que deje atrás la protección del Estado de las multinacionales que explotan y saquean las tierras, las aguas, los bosques y la selva. Un proceso político incipiente que comienza a asomar con la fuerza de las militancias territoriales.
–¿Encuentra experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifica en la lucha de otras Defensoras de las tierras, las aguas y los territorios comunitarios?
–La lucha de las mujeres y la de nuestros pueblos del Abya Yala es la misma, luchamos en defensa del cuerpo-territorio-tierra, por recuperar nuestros derechos ancestrales. Luchamos porque seguimos tejiendo la red de la vida y apostamos por la sostenibilidad de la vida y el buen vivir. Nos sentimos muy hermanadas con la lucha de los pueblos indígenas de COPINH Y OFRANEH en Honduras. Cultivamos las semillas que nos dejó nuestra hermana Bertha Cáceres y recogemos las semillas de nuestra hermana Miriam M
Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.
*La entrevista fue realizada por Camila Parodi en el año 2022.
Edición: Camila Parodi, Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.
Ilustración: Ximena Astudillo
Publicado originalmente en Biodiversidad América Latina