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La expansión de los bodegones en Venezuela –tiendas de productos importados, incluso de lujo, para quienes pueden pagarlos– va de la mano del proceso de «dolarización» de la economía (y de la apelación a diversas formas de pago) y de mecanismos de decisión opacos para establecer ganadores y perdedores de la crisis. Las zonas económicas especiales (ZEE) son la cara complementaria de este proceso.

La dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva (…) es una forma de resistencia de nuestro pueblo.
Nicolás Maduro, diciembre de 2020

En los últimos años, la economía venezolana ha cambiado significativamente. La producción petrolera cayó a partir de 2015 y, después de 2019, se desplomó por debajo del millón de barriles diarios. El país atravesó más de cuatro años de hiperinflación y en siete años el pib se ha contraído en más de 80%¹. Como respuesta a la crisis y a las sanciones financieras y sectoriales (que afectan al petróleo y oro venezolanos) impuestas por Estados Unidos en 2017 y 2019, el gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado en un conjunto de reformas económicas que buscan liberalizar ciertos sectores comerciales y productivos. El objetivo ulterior es mantener el poder pese a la conflictividad política y social que ha generado su gobierno y a la peor crisis económica de la historia republicana del país. 

Los cambios propuestos no han venido acompañados de reformas fiscales que permitan aumentar la recaudación, ni de una discusión formalizada del presupuesto nacional con actores políticos y económicos diversos. Al contrario, estas reformas se caracterizan por la opacidad –se desconocen los alcances de las alianzas, los términos de las contrataciones y las transferencias de activos–, así como por la arbitraria ejecución de regulaciones y cambios legales. Hemos visto cómo el gobierno nacional ha aplaudido la dolarización informal como una «válvula de escape»², sin regularla en una forma consistente y transparente. 

En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿cómo podemos caracterizar el sistema económico que rige actualmente en Venezuela? ¿Quiénes lo controlan? ¿Cuál es el destino de estos cambios? En un esfuerzo por comenzar a dar cuenta de estos procesos de transformación en política económica, intentamos desentrañar algunos de los fenómenos fundamentales que han emergido como cambios económicos recientes en el país. Entre estos fenómenos se encuentra la emergencia de los llamados «bodegones» como la nueva cara del consumo, después de años de escasez y en medio de una de las hiperinflaciones más dilatadas de la historia. «Bodegón» es el término que se usa para designar tiendas de bienes importados. Estos bodegones pueden concentrarse en alimentos y bebidas, como supermercados regulares, pero también hay algunos que, por ejemplo, son expendios de electrodomésticos y otros productos. Los bodegones gozan en general de excepciones arancelarias y muchos consiguen sus bienes a través del sistema «puerta a puerta», que permite importar sin tener que cumplir con requisitos sanitarios ni fitosanitarios. Los enormes beneficios fiscales y tributarios poco a poco han ido disminuyendo, pero aun así resultan onerosos si se consideran en contraste con las enormes trabas que enfrentan la industria y el agro local. 

El estudio de los bodegones forma parte de una serie de investigaciones con el propósito de describir y analizar cambios experimentados en diferentes ámbitos de la economía venezolana en tiempos recientes³. Prestamos particular atención al surgimiento de nuevas desigualdades, tanto entre consumidores y trabajadores como entre empresarios y comerciantes. En segundo lugar, se revela una arbitraria y opaca liberalización focalizada, de la cual el gobierno de Maduro busca extraer réditos políticos (estabilidad), así como materiales: determinar a priori los ganadores del proceso de desregulación. Observamos la formación de nuevas elites comerciales y el creciente empoderamiento de clases económicas importadoras y extractivas en alianza con el poder estatal.

Los antecedentes y el soporte legal de la economía del bodegón

Como respuesta a la crisis económica que se inició en 2014 y se extiende hasta hoy, a partir de 2016 el gobierno de Maduro comenzó a forjar espacios de experimentación regulatorios en la economía venezolana. Ese año creó la zona de desarrollo especial Arco Minero del Orinoco (amo) con el objetivo de formalizar alianzas y dinámicas preexistentes en el estado Bolívar en torno de la minería de oro. Con ese decreto, aumentó la presencia del Estado en la actividad minera, mientras que se mantuvieron prácticas informales de control territorial por parte de grupos armados y se profundizaron el contrabando y la venta ilegal de oro manu militari⁴. Asimismo, en 2017, por vía del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno trató de modificar la distribución accionaria de las empresas mixtas de la industria petrolera, contraviniendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos⁵. 

Después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a finales de enero de 2019, el gobierno de Maduro derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios y facilitó así el uso y cambio del dólar estadounidense en la economía nacional. Además, reanudó los esfuerzos por abrir nichos de mercado a la inversión extranjera directa tanto en el sector de hidrocarburos como en otros⁶. En octubre de 2020, la supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente aprobó la denominada Ley Antibloqueo que permite la transferencia, concesión, privatización o arriendo de activos de la República a inversionistas privados⁷. 

La polémica Ley Antibloqueo abre la puerta a la privatización masiva de activos en manos del Estado. Esta privatización se ha denominado «reestructuración empresarial de activos», cosa que ya se ha venido haciendo con propiedades públicas como Abastos Bicentenarios y la red de locales de expendio de alimentos Mercado de Alimentos sa (Mercal) y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (pdval). No se cuenta con información pública sobre las privatizaciones en cuestión, es decir, no se sabe en cuánto dinero se han vendido los establecimientos, ni cuánto ha podido ingresar al fisco en concepto de enajenación de activos. La inconsulta Ley Antibloqueo busca darles un marco legal a los procesos de privatización que se han venido ejecutando discretamente, y profundiza los procedimientos opacos que han venido sucediendo. La opacidad se convierte en política de Estado, justificada bajo el paraguas de la hostilidad externa y las denominadas «medidas coercitivas unilaterales» (sanciones). En este contexto, se ofrecen elevados castigos penales a quienes publiquen información sobre la negociación, es decir, los precios y los nombres «beneficiarios» de los bienes estatales a enajenar. Más aún, no se contempla un reglamento abierto con respecto al proceso legal de liquidación de activos, es decir, no hay una normativa que regule las formas legales de proceder: licitación, concurso, subasta pública, entre otras.

Después de la elección de una nueva Asamblea Nacional en diciembre de 2020 marcada por altos niveles de abstención (69%) y varias irregularidades, casi la totalidad de las curules han sido ocupadas por aliados del gobierno, con una escueta minoría opositora alentada desde el poder. Eso permitió al gobierno avanzar en una agenda legislativa que buscaría ampliar esos espacios de experimentación regulatoria aún más con una Ley de Zonas Económicas Especiales (lzee), así como una nueva reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, entre otras. 

Las medidas propuestas parecen ser insuficientes para la magnitud de la crisis; si la vemos desde su pib per cápita, la economía ha retrocedido a niveles de hace unos 70 años, según la última data disponible a julio de 2021.

Un aspecto importante de la crisis económica venezolana es la elevada inflación, seguida por hiperinflación. Aunque la inflación ha venido disminuyendo desde el descontrolado 130.060% de 2018, sigue siendo extremadamente alta. La tasa oficial de inflación en 2021 fue de 686%, la más alta del mundo y casi 13 veces más alta que la de Argentina, la tercera más alta del mundo. En enero de 2022 se ha salido de la hiperinflación, pero las tasas intermensuales son aún muy elevadas.

Como resultado de la derogación de la Ley de Cambios Ilícitos, emergió una dolarización anarquizada, o la circulación multimoneda. También se pulverizó la confianza de la población en la moneda nacional. Esto se ha reflejado en un deterioro del tipo de cambio en Venezuela. Desde diciembre de 2017, previo a la eliminación de cinco ceros del cono monetario (2018), hasta julio de 2021, el tipo de cambio entre bolívares y dólares se ha incrementado en 288.000.000%. Pero en la actualidad se pasó al otro extremo, y al estar el tipo de cambio bastante estable la alta inflación provocó una sobrevaluación del bolívar que algunos calculan en más de 100%.

Características de los bodegones

Según los resultados que pudimos obtener en nuestro estudio, 80% de los bodegones tienen menos de cinco años de funcionamiento. Es un periodo cónsono a una de las razones centrales de su aparición: suplir con mercancías importadas terminadas lo que suministraba la industria nacional que en 2014 estaba abatida por la crisis económica, los controles de precios y de cambio, y la escasez de divisas provenientes de la renta petrolera. Una industria nacional dependiente de las exportaciones petroleras y de las divisas subsidiadas por el Estado que podía adquirir se vino a la ruina dejando los anaqueles vacíos. La forma elitista de solucionar en el corto plazo esta situación fue facilitar la onerosa importación de bienes que otrora eran producidos en el país. Ello permitió solventar parcialmente la severa escasez que enfrentaba el país, pero a precios considerablemente mayores, lo que merma aún más el debilitado poder adquisitivo de la población asalariada, aumenta la desigualdad e impacta en la capacidad productiva nacional.

La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿qué nos puede decir la operación de los bodegones sobre el sistema monetario del país? Recientemente se ha popularizado la idea de que la economía venezolana se está dolarizando. Como plantea el economista Ronald Balza, en la economía nacional circulan tanto el dólar como el peso colombiano, el real brasileño, e inclusive el oro y las criptomonedas como medios de pago⁸. Pero efectivamente el dólar estadounidense ha venido ganando terreno, en detrimento del bolívar, en especial porque la moneda de referencia termina siendo el dólar en las transacciones cotidianas, más allá de la moneda en que se haga el intercambio. Es decir, mientras que empleadores y consumidores continúan usando el bolívar en sus transferencias y pagos, lo hacen muchas veces con referencia en el dólar como marcador del precio, debido a la inestabilidad del valor de la moneda nacional y la dificultad de manejar cotidianamente elevadas cifras en bolívares. Distintos trabajos de empresas consultoras han venido mostrando el avance del dólar, así como también el de otros medios de pago como el euro, el peso colombiano, el real brasileño y el oro. Ha sido notable el aumento del uso de sistemas electrónicos de pago, como Zelle, a través de los cuales se hacen transferencias en dólares entre cuentas de bancos estadounidenses para el consumo de bienes dentro de Venezuela. En varios medios, se ha planteado que más de 80% de los pagos en bodegones se hacen con dólares. Nuestro estudio muestra una realidad algo diferente. Pese a que la coexistencia de distintos medios de pago es un elemento central de la nueva economía, según nuestras indagaciones alrededor de dos tercios de los bodegones indican que el bolívar –en efectivo, con tarjeta o mediante transferencias– representa el medio de pago más usado, mientras que un tercio afirma que la moneda que más recibe es el dólar estadounidense –en efectivo o por transferencias electrónicas (Zelle)–. Aunque la cantidad de bolívares en la economía (liquidez monetaria) equivale a alrededor de 500 millones de dólares, casi 99% menos que en 2011, los venezolanos siguen usando con más frecuencia los bolívares a través de medios electrónicos para pagar montos pequeños, que son los importes más recurrentes en las ventas. Esto se refiere a las compras de baja cuantía que no encuentran disponibilidad de cambio en divisas por lo bajo de los montos. Supongamos que nueve de los diez clientes de un bodegón compraron bienes por un total de 20 dólares, pero un cliente pagó 80 dólares en una sola compra. La frecuencia de pagos en bolívares sería de 90%, pero el total de pagos en bolívares sería de apenas 20%. Las extremas dificultades para ofrecer vuelto para montos pequeños y lo «valiosos» que son los dólares de monto bajo (en mercados populares se venden dólares de baja denominación por encima de su valor nominal⁹) hace que la gente trate de atesorarlos al máximo y la impele a tratar de pagar en bolívares la mayor cantidad de montos posibles. El proceso de «dolarización» es parte de una respuesta más amplia al estallido anárquico de una circulación multimoneda en la que brillan diversos medios de pago: desde el euro hasta un cartón de huevos o bolsas de café en grano. Se podría argumentar que el desastre monetario fue el resultado esperado de una devastadora hiperinflación que, a partir de octubre de 2017, pulverizó los registros históricos inflacionarios del continente americano y llegó a ser el tercer fenómeno de este tipo más extenso, luego de los registrados en Nicaragua y Grecia. Pero la severa caída de la cantidad de dinero en efectivo, principal medio de pago en las regiones, ocurrió mucho antes de la hiperinflación.

Muchos bodegones venden mercancías con precios de uno o dos dólares y esos productos son generalmente comprados en bolívares, mediante tarjetas de débito. Igualmente, en gran cantidad de compras los clientes «completan» pagos en bolívares. Muchas transacciones terminan en una sensación de molestia y pérdida, porque los consumidores tienen que adquirir mercancías adicionales, que no desean, para «completar» compras. También se da el caso contrario: muchos clientes no pueden comprar ciertos productos porque no hay formas de ofrecerles «vuelto». Este fenómeno ocurre también en otros establecimientos y contribuye a un sistema donde no solo los precios, sino también las posibilidades de hacer el pago, influyen en las decisiones de compra. Eso se puede considerar como una forma de «distorsión» en el mercado, que facilita la extracción de rentas extraordinarias y desfavorece a los consumidores. Los bodegones, entonces, son una cara de la creciente dolarización y el uso de divisas mixtas con diversos impactos en la economía. Varias empresas de opinión pública han mostrado la dispersión geográfica del uso del dólar y otros medios de pago¹⁰. Estos estudios revelan que la penetración de monedas distintas al bolívar es mayor en las zonas fronterizas y los grandes centros urbanos. Comienzan además a registrarse pagos por medio de criptomonedas, cuya minería e intercambio han sido crecientemente incentivados por el gobierno nacional¹¹. Las diferencias geográficas y la coexistencia de distintos mecanismos de pago dan cuenta de importantes retos para la economía venezolana. Por un lado, el permitido pero informal uso del dólar dificulta calcular el valor real de la economía y complica las formas de contabilidad de los negocios y del Estado, que está dejando de percibir ingresos por la vía de impuestos en divisas por la dificultad de armonizar una contabilidad que refleje ese ingreso. Asistimos entonces a una nueva capa de opacidad, que ya ha sido común en los últimos años en el sector público, pero que ahora se hace patente en el sector privado. Esta opacidad genera importantes desigualdades y profundiza la incapacidad estatal, que ha visto mermada su inversión social y capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Los bodegones son una respuesta a la crisis económica y a la falta de confianza en la moneda nacional y la economía general. Con la apertura comercial que permitió la aparición de los bodegones, el gobierno nacional buscaba atender el problema de la escasez que afectó el mercado nacional durante años anteriores y llenar los anaqueles por la vía de importaciones puerta a puerta. En términos de las consecuencias monetarias de este modelo, es importante subrayar la pérdida de confianza en el bolívar.

Comercio desregulado: proteccionismo a la inversa

Debemos resaltar los efectos desiguales de la liberalización focalizada que ha llevado a cabo el gobierno nacional. La desigualdad no solo afecta a las trabajadoras y los trabajadores, sino también a comerciantes y empresarios. En este sentido, no todos los actores del sector privado tienen igual acceso a mecanismos de importación y financiamiento en divisas que permitan aprovechar las ventajas de la apertura comercial. En Venezuela persiste una endémica dificultad burocrática que se impone como barrera para hacer negocios; ello se refleja en múltiples procesos jurídicos para abrir un comercio, adquirir una licencia de expendio de licores, obtener permiso para importar alimentos, etc. Resulta evidente la necesidad de tener vínculos con autoridades gubernamentales que ofrezcan permisos, licencias y autorizaciones. 

Esta condición de apertura arbitraria guarda paralelos con las reformas liberalizadoras que se llevaron a cabo en la antigua Unión Soviética en la década de 1990, así como en la Federación Rusa en los años 2000¹². La emergencia del patrimonialismo capitalista ruso se caracteriza por mantener elevados costos de entrada para nuevos inversionistas, gran incertidumbre para el sector privado local y reglas arbitrarias con escasa transparencia y rendición de cuentas de las autoridades que las ejecutan¹³. En ese sentido, resalta la transferencia de activos públicos a nuevos oligarcas privados asociados con el gobierno¹⁴, así como la imposición de prácticas irregulares, tales como sobornos y coimas, que de forma inadvertida socavaron la autonomía del sector privado¹⁵. 

Con la aparición de la pandemia de covid-19 en Venezuela, la arbitrariedad se ha insertado en inconsistentes políticas de cuarentenas y otras restricciones a la movilidad. En este sentido, los cierres forzosos de locales comerciales han operado de forma desigual, y así ciertos conglomerados privados tienen ventajas comerciales partiendo de las facilidades que les otorgan las autoridades. Quien no tenga conexión con las elites del poder parte con desventaja comercial. 

En la política gubernamental de «llenado de anaqueles» con mercancías importadas, se han concretado eliminaciones de impuestos, aranceles y tributos a las mercancías importadas que entran a rivalizar con, y en muchos casos a desplazar a los productos de una famélica industria nacional que sí debe pagar una serie de tributos. Así las cosas, importaciones door to door (sin nacionalización) ingresan al bodegón sin los correspondientes pagos arancelarios, controles sanitarios y de calidad normalmente requeridos. Ello implica el ingreso de mercancías con «pronto vencimiento» o fecha de caducidad borrada, o en casos más graves, de productos que no pasan los controles de calidad en aduanas exigentes. A la sazón, esta política comercial termina siendo un proteccionismo a la inversa, al otorgar facilidades a la importación de mercancías terminadas de las que los industriales locales no gozan. La reciente reforma al Impuesto a las Transacciones Financieras, en marzo de 2022, que impone alícuotas que van desde 3% hasta 20% para pagos realizados en divisas y criptomonedas, parece tratar de frenar la dolarización, pero lo que hace es simplemente castigar a la producción interna, ya que esta pagaría ese tributo a lo largo de toda la cadena productiva, lo que la encarece más y la hace menos competitiva. La importación generalmente no paga ese impuesto por hacerse por fuera del mercado nacional, por lo cual tendría otra ventaja adicional, muy poderosa.

La escasa claridad en las normas y formas de regulación implica la sostenida arbitrariedad en el manejo de la economía en la etapa aperturista del gobierno bolivariano. En este caso, el gobierno nacional ha otorgado facilidades de expansión comercial y productiva a nuevos grupos económicos cuya información de origen y transparencia de gestión lucen bastante limitadas.

Las zee o el boom del capitalismo precario

La ley que crea las zee es la «novedad» que el gobierno está discutiendo con más ahínco en la Asamblea Nacional. De este modo se pretende facilitar un marco legal para abrir varias zonas en las cuales se apliquen normativas especiales a las inversiones. Según los diputados oficialistas, las zee pueden contribuir al crecimiento y el desarrollo de un país que no tiene alternativas al «bloqueo». En teoría, el gobierno venezolano busca emular el modelo chino, estableciendo áreas de lo que coloquialmente llamaríamos «libre explotación de recursos humanos y naturales». El mayor ejemplo de éxito es, según sus proponentes, la zona de Shenzhen en China, originalmente una villa pesquera de 30.000 habitantes que fue convertida en zee en 1980. En realidad, Shenzhen funcionó como una región donde experimentar con políticas comerciales más flexibles, alejadas de la planeación central del gobierno chino. Pero las zee han fracasado en muchos países, quizás en la mitad de ellos¹⁶; por lo general se enfrentan a graves problemas de escasez de recursos, infraestructura y fuerza de trabajo capacitada. La gravísima crisis eléctrica venezolana, la escasez de agua potable, la caída en la distribución de gas y en la producción de combustibles se erigen como serios obstáculos para la instalación de las zee. Debido al bajo nivel de los salarios, ha habido un fuerte éxodo de fuerza de trabajo cualificada; por ende, los procesos industriales o incluso de manufactura simple pueden enfrentarse con una severa escasez de mano de obra. Crear zee en diversos sitios del país puede empeorar gravemente el servicio de energía eléctrica, que presenta graves fallas en el suministro y que en el pasado reciente ha llegado a colapsar casi totalmente¹⁷. Familias que sufren de severos racionamientos eléctricos pueden ver acrecentadas las horas en las cuales no reciben el servicio. Lo mismo podría decirse del agua, el gas y la gasolina.

Los beneficios de las zee parecen ser más que dudosos. Dada la amplia competencia mundial de zee en actual creación y la muy profunda inseguridad política y jurídica general en Venezuela para la inversión (además de las sanciones), sería preciso ofrecer condiciones exageradamente ventajosas a la inversión tanto nacional como internacional. Entre las prerrogativas ofrecidas por la ley, figuran amplias exenciones en los tributos a cancelar por concepto de aranceles a la importación (ventaja de la que gozan en la actualidad los bodegones, microformas de zee urbanas), impuestos cero o de un dígito en la exportación e importantes descuentos en los impuestos sobre la renta. Por ende, los milagrosos beneficios fiscales no parecen estar ni cerca de un erario público que con extrema urgencia requiere de recursos líquidos. Otro asunto menospreciado es el impacto que las zonas intensivas en manufacturas generan sobre el medio ambiente y la escasez de recursos naturales (privatizados en la zee). Teniendo como antecedente el lamentable ecocidio que acontece en el Arco Minero del Orinoco (una precursora de las zee) y los penosos desastres sociales, replicar ese modelo en más áreas sería funesto. Por la experiencia reciente, el gobierno actual no tiene ninguna fuerza de control real sobre este tipo de actividades, por lo que su desarrollo podría ser aún más voraz en la destrucción ambiental y social. 

Las zee parecen ser la continuidad del modelo de acumulación de capital «bodegonero», es decir, concentrado en elites muy alejadas de las necesidades básicas de desarrollo más importantes para la nación. Con esto nos referimos a la predilección por la importación de bienes terminados, lo que atenta contra la recuperación de la industria local, y al enfoque en los sectores más pudientes como cliente objetivo a satisfacer, lo que deja de lado a la inmensa mayoría de la población que percibe ingresos muy bajos. Las zee parecen ser la extensión «bodegonera» por el lado de las exportaciones, o sea, desarrollar áreas geográficas costeras para la producción de mercancías manufacturadas para la exportación, sin tener en cuenta las necesidades de consumo de un mercado interno extremadamente deteriorado. Se trataría de la reedición del modelo de economía de enclave en el siglo xxi. Por ende, todo parece indicar que el capitalismo «bodegonero» no requiere, ni promueve, los más mínimos esfuerzos por desarrollar los bienes públicos sociales inherentes al desarrollo clásico de la acumulación de capital. Desde esta perspectiva, este modelo de acumulación no necesitaría desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, ni impulsar la educación técnica, ni la expansión de la investigación; mucho menos crear las condiciones necesarias para tal desarrollo.

La propuesta de expansión de formas de experimentación de apertura económica como las zee se relaciona con la experiencia de los bodegones en varios sentidos. En primer lugar, reafirma el interés de generar nichos de mercado con reglas excepcionales que promueven ventajas para ciertos grupos económicos por sobre el resto de la población. Los sectores importadores y extractivos tienden a ser los beneficiados. En segundo lugar, la experiencia de los bodegones revela la profundización de la desigualdad salarial. En tercer lugar, la opacidad en la toma de decisiones, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas, implica retos fundamentales para la contabilidad nacional y para la recaudación de impuestos que puedan eventualmente traducirse en inversión social para la ciudadanía. Todo ello sugiere la importancia de generar acuerdos políticos y sociales que puedan retomar el Estado de derecho y alcanzar conquistas sociales características de otras épocas de la historia venezolana. 

Por la monumental crisis que atraviesa Venezuela, se necesita con urgencia de una serie de cambios estructurales. Si bien los cambios basados en procesos de apertura y flexibilización económica, mas no política, de algunas leyes y normativas que trababan el proceso nacional de acumulación de capital son definitivamente «progresivos», lucen insuficientes. En una economía que probablemente ha perdido alrededor de 80% del pib en los últimos ocho años, un crecimiento de 5% en un año apenas recuperaría un minúsculo 1% del tamaño que la economía tenía en 2013. Por ende, los cambios que se han producido hasta ahora no parecen ser suficientes para la magnitud de la crisis. Así las cosas, la «bodegonización», si cabe el término, de la economía en su conjunto, es decir, un incremento fuerte de sectores que importan y revenden mercancías a altos precios para consumidores de elevados ingresos en una diversa gama de bienes y servicios, no va a tener un impacto relevante en el proceso de recuperación. Por tanto, la «bodegonización» acompañada de leyes y normativas que la impulsen podría ser «progresiva», en el mejor de los casos, pero sería apenas una minúscula pieza en el gigantesco esfuerzo necesario para la reconstrucción económica y social del país. Al mismo tiempo, este tipo de apertura comercial está generando consecuencias importantes en términos de desigualdad que afectan tanto a trabajadores como a consumidores y productores nacionales. 

El auge de una especie de «variantes de bodegones» dedicados a la venta de electrodomésticos, vehículos importados, cafeterías con café importado, restaurantes de lujo con ingredientes «exóticos» y megabodegones es visto por algunos sectores con agrado y como una señal de recuperación, pero, como se ha dicho anteriormente, esta sensación no siempre se ve acompañada de la activación del aparato productivo. El país necesita reconstruir sus ámbitos de creación y agregación de valor, desarrollar sus fuerzas productivas y satisfacer las necesidades de su población. En la «bodegonización» surgen empresas que escasamente agregan valor y que solo revenden mercancías importadas que, en muchos casos, podrían fabricarse en Venezuela si hubiera mejores condiciones para la inversión productiva a mediano y largo plazo. Es evidente que es más barato y eficiente importar la materia prima para elaborar cervezas o pastas que importar los productos terminados en latas o sobres. Es comprensible que la importación masiva de bienes terminados que antes se producían en el país haya sido una respuesta a la crisis de abastecimiento de 2016 y 2017 y una lucrativa oportunidad de negocio. Sin embargo, es ineficaz basar el modelo de desarrollo económico, o tan siquiera la recuperación del pib, en esta política de emergencia sin capacidades reales de impulso económico sostenible. 

La burbuja bodegonera está muy limitada a la captación de clientes de poder adquisitivo medio y alto, que en buena parte reciben remesas de la diáspora venezolana en el mundo y ostensiblemente estarían conectados con negocios productivos de índole transnacional. Así las cosas, cada vez hay más competencia por estos clientes debido a la irrupción de más bodegones, y el poder dinamizador de su demanda solvente se está viendo cada vez más disminuido. Teniendo productos prácticamente idénticos, los bodegones parecen estar vendiendo mucho menos que antes, y sus productos parecen permanecer tiempos muy prolongados en el anaquel, lo que se acentúa con la apertura de nuevos locales. En resumen, el crecimiento basado en la «bodegonización» parece estar enfrentando un declive, y paulatinamente revela lo oneroso, poco productivo y eficaz de sus negocios. Esto se traduce en mermas del poder adquisitivo, ya que los consumidores deben comprar productos que podrían fabricarse de manera más económica dentro de Venezuela, con la consiguiente creación de empleos de calidad que eso podría conllevar. Es decir, la «bodegonización» es una estrategia que tiene piernas cortas. La experimentación económica ad hoc no solo es insuficiente, sino que puede generar perversas dinámicas de opacidad y nuevas desigualdades. Por ello, cambios en el ámbito político, social, económico y jurídico deben ir de la mano de posibles aperturas productivas o comerciales. Ni la expansión bodegonera hacia el sector hotelero y de electrodomésticos, por ejemplo, ni las muy acotadas zee pueden ser las únicas respuestas para salir de una crisis de tan grande magnitud. El diálogo social, el acuerdo nacional y el desarrollo científico y técnico de las fuerzas productivas en concordancia con el respeto al medio ambiente son aspectos necesarios, aunque no aparecen en las propuestas oficiales para la recuperación económica y social de un país que aspira a ver la luz al final del túnel.

Nota: este texto es una versión abreviada de los resultados de una investigación llevada a cabo a finales de 2020 como parte de una colaboración entre la Universidad de Oslo y el CIFO. Una versión más extensa fue publicada por la Fundación Friedrich Ebert con el título «Venezuela: de la crisis económica al capitalismo elitista bodegonero», Caracas, 11/2021. Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung (fes.de)

• 1.

Juan Manuel Puente Camba y Jesús Adrián Rodríguez: «Venezuela en etapa de colapso macroeconó[1]mico. Un análisis histórico y comparativo» en Am vol. 85 No 1, 2020.

• 2.

Daniel Lozano: «’Válvula de escape’: Maduro reconoce el avance de la dolarización de la economía venezolana» en La Nación, 2/1/2021

• 3.

Es el resultado de entrevistas a 81 encargados de bodegones en seis estados del país y de encuestas a más de 100 clientes de esos mismos bodegones. 

• 4.

Bram Ebus y Thomas Martinelli: «Venezuela’s Gold Heist: The Symbiotic Relationship between the State, Criminal Networks and Resource Extraction» en Bulletin of Latin American Research vol. 41 No 1, 2022. 

• 5.

Tomás Straka: «Crónica de un autogolpe» en Nueva Sociedad edición digital, 4/2017, <www.nuso.org>

• 6.

1. Bull y A. Rosales: «Into the Shadows: Sanctions, Rentierism, and Economic Informalization in Venezuela» en European Review of Latin American and Caribbean Studies, 2020

• 7.

 Seijas Meneses: «A la calladita el chavismo reprivatiza empresas que expropió y llevó a la quiebra» en Tal Cual, 12/1/2021.

• 8.

1. Balza Guanipa: «Ni dolarización ni desdolarización: sistema multimoneda en Venezuela» en Prodavinci, 22/2/202

• 9.

Guillermo D. Olmo: «‘Me dan un billete de us$20 por 18 billetes de us$1’: los problemas de encontrar cambio en dólares» en BBC Mundo, 7/4/2021

• 10.

Ahiana Figueroa: «Ecoanalítica: pagos con dólares en efectivo en comercios bajó de 80% a 51,4%» en Tal Cual, 3/8/2020.

• 11.

2021. Rosales: «Unveiling the Power behind Cryptocurrency Mining in Venezuela: A Fragile Energy Infrastructure and Precarious Labor» en Energy Research & Social Sciencevol. 79, 2021. 

• 12.

Neil Robinson: «Russian Patrimonial Capitalism and the International Financial Crisis» en Journal of Communist Studies and Transition Politics vol. 27 No 3-4, 2011.

• 13.

2013. Robinson: ob. cit.; Peter Rutland: «Neoliberalism and the Russian Transition» en Review of International Political Economy vol. 20 No 2, 2013.

• 14.

1. Rutland: ob. cit.

• 15.

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• 16.

Valeria Moy: «Zonas Económicas Especiales: ¿un paso hacia el desarrollo?» en Foreign Affairs Latinoamérica, 29/8/2016

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1. Sutherland: «Venezuela y el colapso eléctrico. ¿Corrupción, impericia o sabotaje imperial?» en Nueva Sociedadedición digital, 4/2019, <www.nuso.org>