Esta medida antidemocrática y reaccionaria del ejecutivo, que pone de manifiesto una vez más el carácter pro empresarial y servil del gobierno, fue oficializada mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, que en su primer artículo decreta que “la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. De esta manera, y así como lo viene haciendo con los comuneros de Torata-Moquegua, Castillo apela a la abierta represión de las fuerzas represivas para contener las demandas populares y congraciarse con los intereses de los grandes empresarios mineros.