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“Hemos trabajado por muchos años en la finca, con un salario miserable o sin ningún pago; sólo nos daba a cambio productos que debíamos pagar con trabajo”, indicó un líder de la comunidad.
Varias personas denunciaron en redes sociales la excesiva cantidad de elementos del ejército y de la Policía nacional Civil (PNC) que fueron enviados el miércoles 27 de abril desde las primeras horas del día, al municipio de Purulhá, Baja Verapaz, con el fin de desalojar a las comunidades indígenas y campesinas Poqomchi’ y Q’eqchi’.
De acuerdo con la información, alrededor de 2 mil agentes de la PNC y elementos del ejército, procedentes de varios departamentos, participaron en el desalojo de las comunidades. Tres comunitarios resultaron gravemente heridos de bala; hombres, mujeres y niños intoxicados por bombas lacrimógenas.
Dirigentes de Pancoc narraron cómo llegó la fuerza pública al lugar, utilizando gases lacrimógenos y armas de fuego contra la población. “Lo que hicimos fue proteger nuestra integridad física y huir a las montañas. Había mujeres y niños que no lograron defenderse, por eso fueron alcanzados por las balas e intoxicadas.
Se trata de las comunidades asentadas en Pancoc, Los Encinos Tamaxaque y Pampa San Francisco, ubicadas en jurisdicción de Purulhá. A través de una fuente oficial se pudo tener acceso al expediente judicial, en el que se indica que desde el pasado 6 de marzo fue girada una orden de desalojo, firmada por un juez de paz de esa localidad.
Este fue el segundo intento de desalojo, el primero se dio en noviembre de 2021 y también fue ordenado por el mismo juzgado; la población resistió a los dos intentos. En un video compartido en redes sociales se puede ver a las tres personas heridas de bala, así como a los niños y mujeres que sufrieron intoxicación por las bombas lacrimógenas. Se puede apreciar el momento de tensión y terror, y como las personas se apoyaron entre sí.
Un despojo histórico
Estas comunidades han sufrido históricamente una serie de violaciones a los derechos humanos, por parte del terrateniente alemán Byron Guillermo Thomae. “Hemos trabajado por muchos años en la finca, con un salario miserable o sin ningún pago; sólo nos daba a cambio productos que debíamos pagar con trabajo”, indicó un líder de la comunidad.
Lo que pedimos es nuestro derecho laboral, sin embargo, la respuesta a nuestras demandas son el desalojo extrajudicial, desalojos judiciales, asesinato, desaparición de nuestros hermanos, agregó.
En un boletín de la Brigada Internacional de paz, de 2020, se dio a conocer el desaparecimiento del líder religioso y comunitario Carlos Enrique Coy, de 42 años, originario de Nueva Gloria, Purulhá, Baja Verapaz. A casi dos años de su desaparición, se desconoce su paradero, sin que las autoridades avancen en la investigación.
Se cree que la desaparición de Coy, quien era pastor evangélico e integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) -entidad que cuenta con el acompañamiento del PBI Guatemala-, está relacionada con el tema agrario en el área, al igual que el asesinato de Abelardo Quej Ixim, el 8 de diciembre de 2020.
Carlos Morales, miembro de la UVOC, informó que la conflictividad agraria en la región de las Verapaces tiene raíces estructurales e históricas desde la llegada de los alemanes en el siglo XIX, cuando muchos ciudadanos de ese país obtuvieron grandes extensiones de tierra al engañar a los dueños originarios y por concesiones durante el gobierno liberal.
Antonio Catalán, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) indicó que el ejército no debería participar en los desalojos y que los conflictos agrarios no deben resolverse con el uso de la fuerza del Estado.
Uso excesivo de la fuerza
“La fuerza excesiva del ejército en una situación judicial no debe darse; se está volviendo costumbre que se ataca y criminaliza la situación de la población, además de que el papel del ejército no es ese. Los conflictos agrarios deben atenderse de fondo y no despojando a las comunidades de su tierra, con el uso de la fuerza”, agregó.
Por su parte, un integrante de la UVOC, calificó como un retroceso a la firma de los Acuerdos de Paz, el uso del ejército en estos conflictos “utilizar al ejército en una tarea eminentemente civil, que corresponde a las fuerzas de seguridad ciudadana, violenta la Constitución Política de la República y el acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática”, dijo.
Señaló además que la resolución de la conflictividad agraria no favorece a las comunidades indígenas; sino sobre el robo y saqueo de las riquezas que ostentan los pueblos originarios “esto no permite desarrollar políticas que beneficien a la mayoría de la nación”.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja Verapaz, informó en un comunicado de prensa que se observó las actuaciones de la Policí
La Nacional Civil (PNC), del Ministerio Público (MP) y del juez de paz, en la ejecución de una orden de desalojo en la finca San Rafael, en Purulhá, Baja Verapaz, donde también pudo apreciar un enfrentamiento entre la PNC y comunitarios. Señala que hubo comunitarios heridos, así como un elemento policial.
De acuerdo con la población, durante el intento de desalojo participaron fiscales del MP y estuvieron presentes representantes de la PDH y de la Cruz Roja. Exigen el cese de las órdenes de desalojo y que se instalen mesas agrarias, para alcanzar una pronta solución al problema.