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Los recientes hechos acaecidos en el Putumayo departamento de Colombia, donde el ejército nacional perpetró una masacre que deja 11 civiles asesinados y dos más desparecidos, nos permite realizar varias reflexiones sobre lo que nos ocurre como país y tal vez, como continente.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz (2016) el país sintió un alivio en las regiones, un descenso importante en los índices de masacres, enfrentamientos, desplazamientos, que hizo sentir el advenimiento de otro momento de país (Semana, 2016).

Pero, la llegada de un gobierno de extrema derecha en cabeza de Iván Duque (2018-2022) quién desde su campaña, como buen vocero de su partido, advirtió que haría trizas la Paz.

Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, y a casi cumplirse los cuatro años de gobierno de Duque, la violencia armada regresa con fuerza en los territorios, tanto es así que el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirma de la existencia hoy de al menos 6 conflictos armados activos en el país (CICR, 2022).

La ONU en su informe anual de Derechos Humanos, asegura que la situación del país es muy preocupante advierte que el 2021 fue otro año especialmente violento en el país y asegura que sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, se lograron verificar 78 casos, de estas se registraron 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Además, entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas (12.848 niños y niñas) fueron desplazadas, triplicando casi la cifra que se registró en 2020 de 26.291, también constató el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP y recibió 202 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor. La situación a lo corrido del 2022 empeora y más, en pleno contexto de debate electoral camino a la presidencia 2023-2026.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de Justicia Transicional fruto del Acuerdo de Paz (2016) en su avance, va dejando claro, sobre todo en el desarrollo del caso 03 (macro-caso) “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado” la manera como ha venido actuando el Ejército de Colombia en todo el territorio Nacional un asunto estructural: la comisión de crímenes guerra, los llamados “Falso Positivos”.

En este orden, por ejemplo, el pasado 27 de abril (2022) el Coronel (r) Santiago Herrera afirmó en declaración ante la JEP: “al interior de la Brigada 15 había una estructura criminal de facto que él implementó por la presión de los generales Mario Montoya Uribe y el mayor general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz” junto a él, un centenar de militares reconocieron y pidieron perdón por la comisión de estos delitos (El Espectador, 2022).

Pero este fenómeno que la JEP logra evidenciar poco a poco, obedece a un asunto de orden estructural. En un informe entregado a la Comisión de la Verdad, sobre la injerencia de Estados Unidos en el conflicto armado en Colombia (FOR, SISCAL, SOA WATCH, 2020), sobre todo a través del llamado Plan Colombia y Plan Patriota, queda trazada una ruta de conexión entre entrenamiento militar norteamericano, el incremento de la violación de derechos humanos y comisión de todo tipo de atrocidades, entre ellas las llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, así también queda claro en el libro “Plan Colombia: atrocidades de los aliados de EE. UU. Y activismo comunitario” (Lindsay-Poland, 2020) y Teoría Social del Falso Positivo, manipulación y guerra. (Rojas Bolaños, Insuasty Rodríguez y otros, 2020).

Todo un entramado formativo que al parecer, terminó no solo degradando el accionar de la fuerzas militares sino que también se deuncia, creó las condiciones parar la entrada del mercado de la guerra a través de contratistas o mercenarios, materia prima que ahora se exporta desde Colombia a la región y al mundo. En este orden, es emblemático el caso del lamentable asesinado del presidente de Ahití (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021).

Ahora bien, este ejercicio de formacion militar está intimamente ligado al cuidado de zonas de especial interés por su carga de recursos minerales en el caso del petróleo, gas, oro, cobre, carbón, el desarrollo de agroindustria, ganadería intensiva, infraestructura para el transporte de estas mercancía, el cuidado de la inversión extranjera; entre otros.

En este orden, existe al parecer, una relación directa entre incremento de los hechos armados, presencia de fuerza pública e inversión privada sobre todo extractiva en Colombia (Ulloa & Coronado, 2016).

Según Vélez, «En Colombia, la expansión de la frontera minera se ha dado sobre vastos territorios que están en disputa por parte de distintas fuerzas armadas; es por ello que el fomento de la gran minería supone en muchos casos asegurar el control territorial, lo que incluye el uso de la violencia» (Vélez, 2014, p. 47).

La promoción de las políticas minero-energéticas, desde el gobierno de Álvaro Uribe y continuado con el de Juan Manuel Santos, profundizado por Iván Duque, van de la mano de un proceso de mayor presencia y control militar legal e ilegal.

Es una hipótesis que se fortalece al pasar del tiempo, y que parece reiterarse luego de la firma del acuerdo de Paz en zonas de gran carga mineral y capacidad productiva.

El Putumayo, es una zona rica en carga mineral, petróleo, agua y capacidad productiva para la agroindustria y la ganadería, hace parte de la gran región Amazónica entre otras.

Los intereses económicos en el putumayo son claros y pueden identificarse en los siguientes renglones:

Petróleo:

El corredor Puerto Vega-Teteyé es una de las zonas de mayor conflictividad en Putumayo, se encuentra al sur del Departamento en Puerto Asís, entre los ríos San Miguel y Putumayo, colinda con Ecuador y es clave para para la ganadería, agricultura y la industria petrolera.

Allí extienden sus negocios, petroleras como Vetra Energy y Amerisur en tensión por las afectaciones medioambientales (Crudo Transparente, 2016). Vale decir que Bernard Aronson, quien fue el enviado del Departamento de Estado de EEUU para el proceso de paz en la Habana, es fundador y director de Acon Investments LLC, propietaria de Vetra quien tiene una de sus instalaciones de mayor rendimiento económico, en el Putumayo (El Espectador, 2015).

Es importante mencionar la presencia del Oleoducto Trasandino estratégica infraestructura que estuvo lista en 1969. La Empresa Ecopetrol opera el oleoducto mediante su filial de transporte y logística Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S

Imagen: Elpaisvallenato.com

No son pocos los conflictos generados por estas empresas e infraestructura, protegidas no solo por el Ejército de Colombia, sino que todo el aparato institucional se ha puesto a su servicio y no tanto al cuidado de su población.

Por poner un ejemplo: en el año 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió a Gran Tierra Energy una licencia de exploración petrolera en Villagarzón (Putumayo) saltando la norma nacional e internacional, pues el mismo ministerio del Interior negó la presencia de comunidades indígenas hasta 2021, cuando gracias a las luchas del Pueblo Inga, se reconoció la necesidad de consulta previa, esta lucha continúa y al parecer será elevado este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) (Mongabay, 2022). Un Estado al servicio de los intereses Corporativos.

Más de medio siglo de presencia petrolera en la región, desde la presencia de Texas Petroleum Company (1942) a la fecha, las tensión con la población, en cambio de la composición demográfica, los proyectos mineros y extractivos que traen, el impacto medio ambiental son una constante (Crudo Transparente, 2019)

En el 2021 arrancó en firme un gran proyecto minero de cobre en el Putumayo, extracción que desarrollará la minera canadiense Libero Copper. (Portafolio, 2021)

La relación entre cultivo de palma de aceite, conflicto armado, paramilitarismo y despojo son evidentes en Colombia y con fuerza en esta región del país, va de la mano de la ganadería extensiva que penetra paulatinamente la selva aprovechando la infraestructura que va abriendo el complejo extractivo, todo un ejercicio de transformación territorial violenta que por supuesto incluye el mercado de la producción y comercio de drogas de uso ilícito que atiza la reconfiguración de un conflicto armado que nunca se fue y que el estado dejo en el olvido sin ningún tipo presencia, solo enviando en los momentos álgidos batallones militares.

Vale decir que, ya sin la presencia de las FARC-EP como fuerza revolucionaria, se vino una avalancha de proyectos de inversión en el sector petrolero, minero, agroindustrial, con todo el apoyo y cuidado del Estado (Ulloa & Coronado, 2016), pero como contracara, una población campesina, ancestral, tirada a su suerte y asediada por la ilegalidad armada o por la legalidad transnacional que utiliza el ejercito nacional como su vigilancia privada.

En este contexto las comunidades llevan la peor parte.

Desplazamiento, persecución, empobrecimiento, confinamiento, y es en este marco que suceden los recientes hechos, la masacre perpetrada por el Ejército de Colombia el 28 de marzo de 2022, en la vereda El Remanso.

La misma historia de siempre, el presidente de turno en este caso Duque con bombos y platillos anuncia por la nueva forma de comunicación institucional Twitter, la muerte en combate de 11 integrantes de las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia y la captura de 4 integrantes más en Puerto Leguízamo (Putumayo). (BBC, 2022).

Las inconsistencias eran notorias y una vez en terreno tres medios periodísticos nacionales Vorágine, El Espectador y Cambio; evidenciaron que la versión institucional estaba plagada de inconsistencias y mentiras, pero lo mas preocupante es que se evidenciaba una grave violación del DIH.

Se desconocieron principios elementales del DIH como el de protección a la sociedad civil, el de distinción; la mayoría de asesinados no eran integrantes del grupo armado o el de proporcionalidad; pues las narrativas de los habitantes hablan de un ataque desmedido que imaginaron provenía de un grupo ilegal, hasta que se identifican como ejército nacional y a pesar de esto continuaron los vejámenes a la comunidad, la alteración del la escena de los crímenes y el hurto de incluso la misma comunidad. (BBC, 2022).

Con esto y mientras se esta a la espera de la votación de una nueva moción de censura al ministro de la guerra, se evidencia que el estado en Colombia solo existe para las comunidades más apartades para asesinarlas y hacerlas pasar como triunfos de una guerra simulada; donde militares sin honor militar asesinan civiles a cambio de prebendas y ascensos.

Referencias

BBC News Mundo. (13 abril 2022). Qué pasó en la «masacre» de Putumayo, el operativo militar que revive el fantasma de los falsos positivos en Colombia. Obtenido de bbc.com: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61089697

CICR. (24 de marzo de 2022). Colombia: Vivir a la sombra de los conflictos armados. Obtenido de CICR: https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-colombia-2022-dih

Crudo Transparente. (junio de 2016). Putumayo, en busca de alternativas a la industria petrolera. Obtenido de Crudo Transparente: https://crudotransparente.com/wp-content/uploads/2016/08/PutumayoEnbuscadealternativasalaindustriapetrolera.pdf

Crudo Transparente. (junio de 2019). Influencia de la actividad petrolera en el Putumayo 2016-2019. Obtenido de Crudo Transparente: https://crudotransparente.com/2019/09/18/en-torno-a-la-actividad-petrolera-en-el-putumayo-2016-2019/

El Espectador. (10 de junio de 2015). Delegado de EE.UU. para el proceso de paz, como afectado del derrame de petróleo. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/politica/delegado-de-eeuu-para-el-proceso-de-paz-como-afectado-del-derrame-de-petroleo-article-565647/

FOR, SISCAL, SOA WATCH. (7 de octubre de 2020). Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8049-desde-el-inicio-hasta-el-final-estados-unidos-en-el-conflicto-armado-colombiano

Kavilando. (julio de 2020). Radio Kavilando: Plan Colombia y Doctrina Militar. Entrevista a John Lindsay Poland. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7860-radio-kavilando-plan-colombia-y-doctrina-militar

Lindsay-Poland, J. (2020). Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario”. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. doi:https://doi.org/10.12804/tp9789587844412 7

Mongabay. (19 de abril de 2022). Los inga: el pueblo indígena que el Estado invisibilizó ante la petrolera Gran Tierra Energy. Obtenido de Mongabay: https://es.mongabay.com/2022/04/colombia-el-pueblo-indigena-que-el-estado-invisibilizo-ante-la-petrolera-gran-tierra-energy/

Portafolio. (20 de diciembre de 2021). Arranca en firme proyecto minero de cobre en el Putumayo. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/mineria-de-cobre-en-putumayo-a-cargo-de-libero-copper-557565

Rojas Bolaños, O. E., Insuasty Rodríguez , A., Mesa Duque , Y. N., Zuluaga Cometa, H. A., & Valencia Grajales, J. F. (2020). Teoría social del Falso Positivo. Manipulación y guerra. Medellín: UNAULA. Obtenido de https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8051-teoria-social-del-falso-positivo-manipulacion-y-guerra-libro

Semana. (diciembre de 2016). Los Heridos que ya no llegan al hospital militar. Obtenido de Semana: http://especiales.semana.com/heridos-que-ya-no-llegan-al-hospital-militar/

Ulloa, A., & Coronado, S. (2016). Extractivismos y posconflicto en Colombia, retos para la paz territorial. Bogotá: Biblioteca Abierta Universidad Nacional. Obtenido de https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20160801n.mapa_amazonia.pdf

Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (2021). Colombia Un peligro para la región. Kavilando Web, 21(7), https://cutt.ly/TmSuCGr. Obtenido de https://cutt.ly/TmSuCGr

Vélez Torres, I. (2014). Dimensiones del extractivismo minero en Colombia. Análisis de las racionalidades de gobierno durante la última década. Análisis Político, 82 (septiembre-diciembre): 45-57.

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* Abogado, Especialista y Magíster en Derecho Procesal Penal, Defensor Público e Investigador del Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com

** Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, actual Consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante Grupo Kavilando.

Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com