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En las regiones indígenas como la Montaña de Guerrero existen enclaves de la muerte, no solo por el abandono ancestral del gobierno federal y por los caciques que han mal gobernado el estado, sino por la colusión que se da entre los gobiernos municipales con los grupos del crimen organizado. La ausencia secular de las instituciones del estado ha enraizado las ortigas de la discriminación racial y la desigualdad social. La identidad Montañera lastima y causa mayores agravios a la población indígena, porque se ha institucionalizado el desprecio, el engaño, la manipulación, el maltrato, los abusos y la explotación económica por parte de los gobernantes, los empresarios y la sociedad mestiza.

Los altos índices de analfabetismo, las muertes maternas y la desnutrición infantil entre las niñas y mujeres indígenas, son parte de la violencia estructural que se ha normalizado en la Montaña. Los estómagos vacíos de las familias que trabajan en los terrenos agrestes e inhóspitos, impiden romper el círculo funesto de la miseria. Para paliar el hambre abandonan su parcela y su casa sorteando su vida entre los surcos y las galeras de las agroindustrias extranjeras. Se enfrentan a un régimen de explotación económica extrema, donde las jornadas de trabajo ponen a prueba las condiciones físicas y la resistencia de las familias indígenas que soportan el calor, el sometimiento impuesto por los capataces y el peso de las cubetas y costales que cargan sobre sus hombros. La expoliación es la norma que impera en los campos de la muerte.

Levantar cosechas de 300 a 600 kilos de maíz en la temporada de lluvias, resulta ser un esfuerzo titánico que no mitiga el hambre, por el contrario, sepulta las posibilidades de que las niñas y niños desarrollen su creatividad, y crezcan sanos y alegres. A pesar de los frutos amargos causados por la sequía y la depredación ambiental, las comunidades indígenas no desisten en su forma de vivir; preservan sus saberes y sus formas de organización comunitaria. Luchan con denuedo y se aferran a sus siembras ancestrales que son el núcleo de su vida familiar y comunal. La defensa de su territorio se torna más apremiante ante el asedio de las empresas extractivistas y los grupos del crimen organizado. Han constatado que la mejor manera de proteger su vida y sus bienes naturales es aplicando sus sistemas normativos, reactivando sus instancias comunitarias y estableciendo alianzas intercomunitarias para proteger su territorio.

La conformación de la policía comunitaria, como parte de su sistema de seguridad y justicia comunitarias, es un modelo exitoso que robustece su derecho a la libre determinación. Las asambleas comunitarias funcionan como los espacios idóneos para la toma de decisiones. A nivel regional existen las casas de justicia que son las sedes donde se encuentran los coordinadores y coordinadoras de la policía comunitaria. Tienen la responsabilidad de atender diariamente las denuncias que interpone la población, de analizar los casos y de emitir ordenes de aprehensión. Deben regirse por su reglamento y consultar en todo momento a los consejeros y consejeras. Cada dos meses convocan a asambleas regionales para abordar los asuntos más complejos que enfrentan las casas de justicia. También analizan los casos de los detenidos que son representados por sus familiares. El peso de la asamblea es determinante para darle solución a los conflictos intracomunitarios y familiares y emitir la sentencia que recibirán quienes han cometido delitos graves. Este acuerpamiento de las comunidades ha sido el baluarte más efectivo para protegerse de los grupos delincuenciales y salvaguardar sus bienes naturales.

La inoperancia de las instituciones de seguridad y de justicia del estado en las regiones indígenas, ha propiciado que la violencia se expanda y que los vacíos gubernamentales los ocupe la delincuencia organizada, cuyos jefes se han erigido en los principales patrocinadores de las campañas electorales. El triunfo reciente de varios candidatos y candidatas a las presidencias municipales estuvo precedido de apoyos financieros provenientes del crimen organizado. La compra del voto sigue siendo una práctica arraigada en todos los partidos políticos, porque es la llave mágica que abre las puertas de las comunidades olvidadas y empobrecidas. Con dinero constante y sonante se granjean la voluntad de amplias franjas del electorado, que inclinan su voto por el candidato que paga mejor. En estas campañas se reproducen prácticas nocivas que pervierten los procesos electorales. En las noches operan los mapaches que se encargan de visitar a los lideres locales para ofrecer dinero a cambio de una buena paga. También recorren las casas para hacer efectiva la compra del voto, ya sea recogiendo credenciales y realizando registros de las personas, como una medida de presión para asegurar el sufragio a favor del candidato que se promueve.

Los triunfos electorales tienen un costo muy alto, porque no son las nuevas autoridades las que imprimen un nuevo rumbo a su administración, sino los personajes ajenos a la lucha política, que anclan su poder en la estructura municipal. Imponen su ley y toman el control de las principales direcciones municipales, como la tesorería, las direcciones de seguridad y de obras públicas. Las nuevas autoridades quedan supeditadas a los dictados de los jefes que controlan el municipio como si fuera una plaza del crimen organizado. Además de afianzar los negocios de la economía criminal, forman parte de los mandos que toman decisiones al interior del gobierno municipal. La seguridad pública responde a los intereses de la delincuencia, al grado que su vigilancia se transforma en halconeo. Velan, por los intereses económicos del nuevo grupo político que establece negocios privados con el presupuesto público. Surgen nuevos proveedores del ayuntamiento; aparecen nuevas empresas constructoras y mayores giros comerciales. La nueva configuración política del gobierno municipal adquiere un rostro delincuencial.

Lo catastrófico es que la disidencia política se coloca en un escenario más cruento, porque sus acciones de protesta y sus posturas críticas contra las autoridades municipales, son entendidas como una agresión a los personajes del crimen organizado, que no aparecen en público pero que mueven los hilos del poder con la lógica delincuencial. La protesta social es entendida como un desafío a quienes solo saben enfrentar a sus enemigos con las armas en las manos. Se desdibujan los limites del poder municipal con los márgenes del poder delincuencial. Se funden en un mismo espacio y se mezclan los negocios públicos con los privados. La defensa de la autoridad municipal es para asegurar el control de las instituciones que se han erigido en negocios privados, que son defendidos a sangre y fuego.

Las autoridades municipales, en lugar de establecer alianzas con las comunidades indígenas y anclar su poder y legitimidad con las autoridades comunitarias, han pactado con los grupos del crimen organizado para afianzar sus proyectos económicos y asegurar una carrera político-delictiva dentro de la estructura gubernamental. Esta descomposición del poder público ha desquiciado a una población empobrecida que no está dispuesta a continuar con el vasallaje impuesto por los grupos políticos, y mucho menos se resignan a padecer los estragos de la violencia criminal. Los resultados de este narcogobierno son funestos porque se incrementa la violencia criminal sin que las autoridades ministeriales investiguen a fondo. Las mujeres indígenas tienen que dar la batalla contra los ministerios públicos y jueces que no reciben sus denuncias ni le dan veracidad a sus testimonios. Se niegan a tipificar las muertes violentas de la mujeres como feminicidios, y sin miramiento alguno ponen en riesgo a los familiares que se atreven a denunciar los hechos, al filtrar la información de las carpetas de investigación a los medios amarillistas. Los casos de las personas desaparecidas requieren de la presión de las familias para que puedan avanzar. Existen datos que dan pistas sobre los probables responsables, sin embargo, las autoridades son insolentes ante el sufrimiento de las víctimas. El contexto de violencia que se vive en las regiones indígenas, ubica a los grupos que delinquen y a los personajes que ejercen violencia y que son autores materiales de varios crímenes, sin embargo, las autoridades dejan de lado esta información que arrojan líneas de investigación más veraces.

El empoderamiento de los grupos delincuenciales en las regiones indígenas ha desdibujado el rol que deben desempeñar las autoridades municipales. El precio de la justicia ha propiciado que los violentos cobren más víctimas. Por su parte los cuerpos de seguridad del estado han sucumbido ante la proliferación de grupos de civiles armados y han focalizado su presencia en los lugares donde la conflictividad social es intensa y donde la organización comunitaria hace efectivo su derecho a la libre determinación. Son los pueblos indígenas y afromexicano de Guerrero, los que están dando la pelea diaria contra las fuerzas represivas del estado y los mismos grupos delincuenciales, que quieren transformar sus territorios sagrados en los enclaves de la muerte.