El triunfo de la Revolución cubana marcó el final de la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo régimen suspendió las garantías constitucionales desde su llegada al poder en 1952. Este hecho significó un bandazo contra la democracia republicana que había manifestado mayores garantías de participación con la Constitución de 1940. Sin embargo, sus postulados quedaron sepultados ante los anhelos autoritarios del general, autoconsiderado legítimo representante de los sectores populares de la Isla.

En realidad, se trataba de un actor representativo de la oligarquía cubana, la misma que controlaba los hilos del poder económico y visibilizaba como un peligro a sus intereses acumulativos, la propuesta que sectores medios con anhelos de reforma en el sistema sociopolítico pretendía impulsar con su amplio favoritismo electoral.

El ascenso del gobierno revolucionario el 1ro. de enero de 1959 con el derrocamiento de Batista, provocó la apertura de un paradigma de liberación en los países del subcontinente. La autoridad de Fidel Castro como líder del proceso triunfante, se convirtió en un referente para otros pueblos del hemisferio que contemplaban en el joven guerrillero, un ejemplo de consagración para enfrentar a las elites antipopulares, racistas y clasistas, mediante la toma del poder a través de la lucha armada.

En numerosos movimientos de la región, el 26 de julio pasaría a celebrarse como una fecha reivindicatoria de la justicia. De igual forma, la porción antillana se convirtió en importante espacio de confluencia cultural entre la vanguardia artística e intelectual. Esta realidad adquirió una dimensión relevante para los sectores oprimidos, debido al protagonismo de los subalternos en gran parte de las tareas acometidas.[1]

La voluntad de impulsar un proyecto nacional que rompiera con los resortes de la dependencia, tal como tipificaba la crisis estructural del sistema republicano en la Isla, demandaba la implementación de medidas que afectaban los intereses del capital foráneo, incluyendo una composición trascendente de los negocios estadunidenses.

En esa dirección, se llevaron a cabo un número importante de legislaciones como la ley de reforma agraria, la ley de reforma urbana, la nacionalización de las industrias, entre otras. Esta realidad condujo al antagonismo con los Estados Unidos y provocó el desenlace de acciones hostiles por parte de la potencia imperialista, en función de desmantelar la estructura del nuevo régimen instaurado.

No obstante, el gobierno revolucionario pretendía lograr un desarrollo autóctono que concretara las necesidades de satisfacción material del pueblo cubano. A pesar de esos intentos que se manifestaron en sucesivos proyectos de experimentación y espontaneidad disfuncional, durante el período 1960-1970 fracasaron todos los esfuerzos por establecer la plena autonomía económica del país.

Esta incapacidad se expresó en las políticas de «gasto alegre», el voluntarismo ineficiente, el excesivo burocratismo, el verticalismo centralizado, el despliegue de métodos militaristas de ordeno-mando, la falta de participación de los obreros en la planificación económica, el acometimiento de megaproyectos carentes de objetividad, entre otras causas.

Tales fracasos condujeron al país a un aumento de la dependencia hacia la Unión Soviética en un escenario de «Guerra Fría», caracterizado por la acentuada hostilidad entre las dos superpotencias mundiales que dividió al planeta en dos grandes bloques.

En ese contexto, Cuba quedaría plenamente integrada al bando oriental con su entrada al CAME en 1972, luego de revelada su incompetencia en articular estrategias de sustentabilidad.[2]

Durante los primeros años, el ámbito interno no estuvo exento de contradicciones como resultado de políticas que condujeron al quiebre de gran parte de las izquierdas con el proceso revolucionario, como fue el polémico Caso Padilla.

Este suceso, que estuvo marcado por la represión contra el conocido poeta por parte de los órganos de la Seguridad del Estado, desató una enconada polémica internacional que condujo al pronunciamiento de numerosos intelectuales, que desde ese momento dejaron de manifestarle su apoyo a la Revolución. Entre ellos se encontraba Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Mario Vargas Llosa.

En el decursar estalinista del modelo, destaca la implementación de las denominadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) hacia las que fueron enviadas miles de personas por su orientación sexual, pensamiento político o creencia religiosa. Estas políticas acometidas por la dirección del país se encontraban en consonancia con los preceptos de un modelo lineal, monolítico y excluyente que caracterizó el discurso oficial, centrado en promover un esquema de comportamiento acorde a los preceptos del «hombre nuevo».[3] Sin embargo, en la tipificación de ese molde ciudadano, fueron impuestos parámetros disciplinarios asentados en el imaginario social, según los intereses de la clase política gobernante.

La década de los setenta se caracterizó también por el predominio de la censura contra diversos exponentes de las manifestaciones artísticas,[4] resultado de la sovietización del entorno cubano. Las contradicciones de esta etapa reconocida como «quinquenio gris», devino en la aplicación de prácticas utilitarias a los designios del poder, lo que generó expresiones lamentables para el campo de la cultura que han sido documentadas por autores como Jorge Fornet,[5] Guillermo Rodríguez Rivera,[6] Alberto Abreu Arcia,[7] Ambrosio Fornet,[8] entre otros. Este accionar estuvo encabezado por funcionarios a los que se les otorgó convenientes cuotas de poder en el ejercicio de sus cargos, para la implementación de un proceder represivo respaldado por los dispositivos de control ciudadanos.

No obstante, el proceso continuó gozando de fuerte popularidad en el escenario internacional debido a su voluntad de contribuir en la liberación de los territorios africanos. De esta forma, quedaba manifiesta la voluntad del liderazgo político en llevar adelante toda una hazaña global por la emancipación de los pueblos del Tercer Mundo. Sin embargo, paradójico a tales propósitos acorde a los preceptos del internacionalismo, el resultado de sus esfuerzos se limitó a la expulsión de las autoridades coloniales en los territorios en los que intervinieron las tropas cubano-soviéticas. Esta realidad, provocó que una vez librados de la presencia colonial extranjera, se instauraran en esos países, regímenes alejados de toda praxis socialista y se procediera a la investidura de gobiernos representativos de burguesías nacionales, que sometieron a sus pobladores a nuevas formas de explotación. A su vez, potenciaron las condiciones estructurales del subdesarrollo, dando paso al establecimiento de modelos neocoloniales en sus relaciones de intercambio con las naciones industrializadas.

De esta forma, el proceso intervencionista en África, afrontó la dicotomía de una liberación restringida, debido al devenir que asumieron sus estados en complicidad con las elites locales que cedieron a los intereses del capital trasnacional.

El punto de inflexión ante la crisis permanente del modelo económico en Cuba

La crisis del período especial con la caída del «campo socialista», marcó una ruptura en las políticas conceptuales que asumió la dirección del país. Ante la inminente caída del «comunismo» en los países de Europa del Este y la URSS como alternativa a los designios del sistema/mundo capitalista, Cuba entró en su peor crisis económica sin que ello implicase la sumersión en un período de ingobernabilidad. La autoridad de Fidel Castro sumado a los amplios niveles de consenso carismático y legitimidad, permitió la continuidad del modelo con profundas transformaciones en su funcionamiento sistémico. Esos cambios se reflejaron en la cesión de mayores oportunidades al capital extranjero, la despenalización del dólar como moneda de circulación, la privatización de diversas actividades económicas, la impulsión con mayores estímulos al sector cooperativo con profundas trabas burocráticas para su desempeño, entre otras realidades.

Tales cambios indicaron el tránsito hacia un sistema más abierto en sus relaciones externas, aunque siguió rigiendo el modelo de partido único, la unidad de poderes, la escasa actividad del parlamento, el sostenimiento de la figura presidencial como autoridad indiscutible, entre otras características que evidenciaron la tenue alterabilidad del orden democrático.

Una parte importante de los movimientos progresistas comenzaron a identificar las transformaciones realizadas como el inicio de una restauración capitalista. Sin embargo, algunos economistas marxistas la definen como una etapa en la que se produce el ascenso de un sistema neocapitalista de estado.[9]

Esta realidad condujo a que algunos movimientos socialistas identificaran al estado cubano como un régimen capitalista autoritario,[10] incapaz de ofrecer garantías para la emancipación del trabajo, la libertad de expresión y otras formas divergentes de pensamiento político. En este periodo, el liderazgo estableció serias alteraciones en su proyección discursiva, identificada con el abandono del lenguaje categorial del marxismo, cediendo a la articulación de un enunciado que encontró nuevos referentes en la historia nacional y el pensamiento latinoamericano.

No obstante, gran parte de los movimientos populares siguieron manifestándole su apoyo a un proceso que identificaban como estandarte de la resistencia imperialista contrahegemónica. Un reflejo de esa realidad se manifestó en el aporte brindado por las brigadas de solidaridad, así como en las labores desarrolladas por los «Pastores por la Paz» en sus intentos por quebrar los efectos del bloqueo económico y enviar insumos solidarios para afligir los pesares del pueblo cubano. Sin embargo, en el plano interno, siguió predominando el monopolio del estado sobre los medios de comunicación, el restringido espacio para la sindicalización autónoma de la clase trabajadora, la proscripción del derecho a huelga, las carencias para la asociación libre, sumado a otras realidades marcadas por el predominio de un régimen que insiste en sostener severas limitaciones para el ejercicio efectivo de los derechos, sin que tales manifestaciones atenten contra el orden sistémico-estructural del modelo imperante.

Durante esta etapa, la movilización popular continuó siendo un referente de aprobación para el sostenimiento del status quo por la clase política en el poder. Las herramientas utilizadas por el aparato discursivo caló en la composición civil con la fuerza persuasiva suficiente para la rearticulación de su mando representativo. El desmantelamiento de toda forma organizacional autónoma estuvo acompañada por la ausencia de un marco regulatorio complementario: elemento ineludible para la concreción de un «estado de derecho», a pesar de los intereses populares de gran parte de la ciudadanía proyectadas en ideas socialistas heterodoxas, voces feministas, antirracistas, anarquistas, republicanas, entre otras que no han tenido espacio de realización en la sociedad, con la excepción de su cauce por los marcos institucionales de la instancia burocrática.

Con el transcurso de los años noventa, la Isla quedó sumergida en la crisis socioeconómica más profunda de su historia. Este escenario provocó una abrupta caída en las importaciones de bienes, falta de combustibles para la producción, la transportación y la generación eléctrica, escasez de medicamentos, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, caída generalizada en las exportaciones, entre otros daños.

Sin embargo, la época finisecular dio apertura a un nuevo ciclo progresista en América Latina, cuyos liderazgos sentían fuerte atracción con el proceso que encabezó una transformación radical en Cuba a mediados del siglo XX. Esos ideales habían servido de bujía inspiradora al resto de los movimientos populares frente al poder de penetración imperialista y la influencia de las elites locales. Semejante contexto robusteció la admiración regional hacia Fidel Castro por los países del sur y fortaleció las condiciones de resistencia del pueblo cubano, favorecidas por el establecimiento de nuevos acuerdos multilaterales que provocaron una mejoría a niveles macroeconómicos.

Los gobiernos posneoliberales como modelos «alternativos» al capitalismo.

El inicio del nuevo milenio abrió nuevas esperanzas para América Latina con el ascenso de gobiernos progresistas debido al fracaso del experimento neoliberal. Este modelo generó durante décadas un aumento en las riquezas del capital bancario, el predominio extractivo de las trasnacionales, el ascenso de la pobreza, la miseria y la desigualdad en las masas.

Dicha propuesta sistémica reactivó la movilización popular, que en algunos casos culminó en agudas crisis sociales como fueron los estallidos ocurridos durante los gobiernos neoliberales de Jamil Mahuad en Ecuador (2000) y bajo la presidencia de Fernando de la Rúa en Argentina (2001).

De igual forma, sus consecuencias sociales provocaron un renacer de las ideas que parecían inertes en la región, después del colapso ocurrido entre 1989-1991.

Semejante cataclismo acentuó la euforia occidental expresada en un supuesto «fin de la historia», signado por una apología anticientífica del modo de producción capitalista.

La implementación del neoliberalismo desde la década del setenta en América Latina, impulsó enormes focos de resistencia que hallaron su punto clímax en los finales del siglo XX.

El rechazo popular a su implementación motivó el ascenso de gobiernos que promovieron novedosos proyectos conceptualizados en la propuesta de «socialismo del siglo XXI».

Este sistema entendido como alternativa al orden capitalista, se planteó entre sus objetivos el enfrentamiento a las asimetrías históricas mediante la promoción de un régimen enfocado en el bienestar social, la participación ciudadana y la prosperidad material de las mayorías.

La propuesta estuvo acompañada por innovadoras proyecciones discursivas reivindicatorias de la historia, la ancestralidad y las tradiciones culturales, en franca ruptura con la praxis llevada a cabo por las elites de poder, interesadas en la conformación de un estado-nación homogéneo que facilitara sus intereses de dominación.[11]

La estrategia de los gobiernos neopopulistas que entendió la llegada al poder mediante la toma del aparato institucional para la repartición de nuevos bienes, adquirió expresiones de paternalismo y redujo las posibilidades de éxito en lugar de promover la autogestión cooperativa en la producción de las riquezas y la impulsión del trabajo libre asociado como forma plena realización laboral que promoviera nuevos valores sociales «desde abajo».

Asimismo, el estatismo verticalista obstaculizó la participación democrática en los procesos productivos, la sujeción de la maquinaria estatal a la voluntad popular y redujo las posibilidades de potenciar la propiedad comunitaria y las tradiciones autóctonas. De igual forma, estos modelos fueron incapaces de encontrar alternativas al industrialismo desarrollista subordinado a la hegemonía globalizada del capital, de modo que sus propuestas quedaron entrampadas a las cadenas de valor en la división internacional del trabajo.[12]

Estos modelos si bien empoderaron a las clases subalternas mediante la implementación de acciones afirmativas, políticas públicas y recursos dirigidos hacia los grupos en desventaja histórica, también fortalecieron el poderío económico de las clases dominantes, paralelo al mejoramiento económico de los sectores relegados en el consumo social, mediante la profundización del extractivismo y la dependencia al capital foráneo.

Esta situación se vio agravada luego por la caída en los precios de los commodities en el mercado mundial, lo que generó la insostenibilidad de los programas sociales y condujo nuevamente al empobrecimiento de las clases bajas, el aumento de la violencia, el mercado informal, el crimen organizado y la emergencia de ideas reaccionarias.

El discurso reivindicativo de la pluralidad, la interculturalidad, las tradiciones originarias, los valores comunitarios, entre otros preceptos que definieron la oratoria de los gobiernos posneoliberales, condujo al establecimiento de una praxis distanciada a los preceptos emancipatorios de los grupos históricamente relegados por las estructuras de opresión.

De igual modo, han sido omitidos los debates en torno al protagonismo que deberían adoptar las comunidades indígenas y afrodescendientes, tanto en los procesos de participación, como en la transformación que las alternativas de la razón occidental han enclaustrado a estas formas de pensamiento relegadas a la alteridad, como han sido sus aportes científicos y saberes ancestrales.

Las cosmovisiones epistémicas de estas culturas, han quedado subsumidas por las prioridades desarrollistas que las autoridades gubernamentales han acometido. Esto significó un retroceso con las propuestas que se planteó superar el liderazgo progresista, cuyos postulados plasmaron en los textos constitucionales de sus respectivos gobiernos.

En este contexto, el continente se encuentra sumergido en una crisis sistémica y presencia un ascenso del protofascismo como supuesta «alternativa» ante el neopopulismo, la profundización de las condiciones estructurales de subdesarrollo, el desmantelamiento de las tradiciones republicanas democráticas, la degeneración de procesos revolucionarios radicales, el predominio del despotismo presidencial ante la usurpación de las garantías constitucionales, la activación de nuevas prácticas contaminantes sometidas a las lógicas del capital y la pérdida de los valores ciudadanos ante la crisis civilizatoria.

Esta etapa de permanente incertidumbre, se enfrenta además a la carencia de paradigmas ante un inminente repliegue de los movimientos populares, con potencial para desafiar el poderío de las estructuras oligárquicas que apuestan por la privatización de todo objeto o expresión inmaterial cuantificable a los fines de la monetización, optando por las lógicas del libre mercado como elemento central que guíe las pautas de la vida humana, con las respectivas consecuencias que tales patrones han conllevado a los fines de enajenación, explotación e insostenibilidad ecológica. Esta ha sido la agenda fundamental implementada por los gobiernos conservadores –tradicionalmente racistas, machistas y homofóbicos–, que han optado por el desmontaje de los avances logrados en materia social.

Los fundamentos centrales que definen la incertidumbre del actual escenario, requiere un profundo análisis de las políticas implementadas por los modelos progresistas, cuya inviabilidad se manifiesta ante el potente ascenso de las corrientes reaccionarias. Ante esa realidad, expresa el antropólogo venezolano Edgardo Lander:

«Con el fracaso de las experiencias de los llamados gobiernos progresistas en América Latina como alternativas capaces de ir más allá del capitalismo y ofrecer al menos algunas vías o transiciones iniciales para salir de la crisis civilizatoria, nos enfrentanos al final de varios ciclos históricos. No se trata sólo del corto ciclo histórico de los altos precios de los commodities o de los llamados gobiernos progresistas. Es también el final de un ciclo histórico más largo, un ciclo que podía decirse que comenzó con la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Es el ciclo histórico de las luchas anticapitalistas basado en la idea de que a través de la captura o el control del Estado sería posible llevar a cabo un proceso de transformación profunda de la sociedad en su conjunto. Ésta ha sido la creencia compartida de los levantamientos revolucionarios como el asalto al Palacio de Invierno; la socialdemocracia europea; los movimientos de liberación del Tercer Mundo y las luchas guerrilleras; y, una vez más, en los proyectos políticos de los gobiernos progresistas en América del Sur. También estamos al final de la era histórica de la Revolución, de la idea según la cual era posible transformar a la totalidad de la sociedad, en todas sus múltiples esferas, en un breve periodo de tiempo».[13]

De igual forma, como parte de la crisis estructural que afrontaron estos modelos, es necesario destacar que:

«Los proyectos transformadores de una izquierda que ha apostado por un socialismo estadocéntrico y por nociones asociadas a la idea del progreso han fracasado y tienen poco que ofrecer como alternativa al capitalismo y a la civilización en crisis. Como lo ha demostrado la experiencia de los socialismos del siglo pasado, y lo ha confirmado la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina, la izquierda estadocéntrica y desarrollista, lejos de representar alternativas al orden existente, ha pasado a ser parte del problema y, con su relativa hegemonía política y discursiva como alternativa al capitalismo, ha contribuido a negar, a bloquear la emergencia y visibilización de otras alternativas».[14]

A pesar de ese complejo escenario, el impulso en Latinoamérica de una «marea rosa» ante la crisis del neoliberalismo, abrió nuevas puertas para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre países vecinos y se establecieron vínculos político-económicos proyectados hacia la integración regional.

Sin embargo, el predominio nacionalista de gobernantes provenientes de elites burguesas dificultó la materialización de ese propósito, que si bien obtuvo numerosos avances en planos diplomáticos, su concreción económica se vio seriamente obstaculizada.

Las izquierdas ante las protestas sociales del 11J y los desafíos del socialismo democrático en Cuba

El régimen sociopolítico cubano es heredero de un modelo de «corte soviético» que demostró su insostenibilidad durante el período 1989-1991 con el colapso de los regímenes europeos.

Estos sistemas estuvieron caracterizados por el predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción, la centralización burocrática en la administración de la economía, los excesivos gastos en la industria militar, el control monopólico del estado sobre los medios de comunicación, la persistencia de prácticas estalinistas en represión a la labor de los creadores en el ámbito cultural e intelectual, la deslegitimación a toda forma de pensamiento proveniente de la sociedad civil, la concentración del poder en una nomenklatura oligárquica,[15] reproductora de múltiples patrones de opresión como: el patriarcado, el racismo, la homofobia, el antropocentrismo y la explotación económica, al tiempo que demostraron su incapacidad en sostener la prosperidad material de sus pobladores. La persistencia en gran medida de estos aspectos ha tipificado la realidad de Cuba, sin que se visibilicen signos de recuperación económica o transformación política inclusiva.

El estallido del 11J en Cuba se produjo en un contexto de crisis social caracterizada por el predominio en la escasez de bienes, la inflación monetaria, la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza,[16] el hambre, la mendicidad, la desigualdad,[17] la estratificación social, entre otros, como resultado de las inefectivas políticas de la elite en el poder, combinado con un escenario de situación pandémica y sanciones norteamericanas. Ante esos hechos de rebeldía popular, un gran arco de grupos, movimientos, figuras, organizaciones y partidos políticos se pronunciaron sobre los acontecimientos en la Isla.

La narrativa oficial sostuvo la táctica de considerar como ilegítima toda manifestación en el espacio público, aunque fueron muchas las declaraciones que reconocieron el derecho del pueblo cubano a la libre expresión, tal como establecen las garantías que deben regir los marcos de un «estado de derecho» en cualquier orden constitucional del mundo.

Las organizaciones marxistas como la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional (LIT-CI),[18] Marx21,[19] y la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI),[20] manifestaron su apoyo al pueblo en defensa de sus reclamos sociales.

En igual sentido, se pronunció el entonces candidato a la presidencia de Chile Gabriel Boric, al igual que organizaciones pertenecientes a la Internacional Socialista de los Trabajadores, sumado a figuras de reconocida trayectoria anticapitalista.

Las organizaciones anarquistas también se mostraron en defensa de los intereses populares,[21] al tiempo que condenaron la degeneración burocrática del régimen, cuya proyección discursiva sostiene el encantamiento utópico sobre amplios sectores del progresismo internacional.

Ese aluvión de declaraciones denota la fractura del consenso entre los grupos/organizaciones internacionales en torno a un supuesto apoyo monolítico de la izquierda hacia la clase dirigente cubana. Esta noción ha sido alimentada por los posicionamientos que visibilizan a Cuba como paradigma de la igualdad y la justicia social, sostenidos por el ideario emancipatorio y proyección histórica de la revolución triunfante a mediados de la vigésima centuria.

Entre varias de las organizaciones marxistas se han producido discusiones teóricas de notable profundidad en torno a la esencia del modelo existente en el país. Mientras algunos consideran que predomina un régimen capitalista de estado,[22] otros aluden a una abierta restauración capitalista desde el inicio de las reformas aplicadas a partir de la crisis del período especial.[23]

Tampoco han faltado las organizaciones y/o movimientos que sostienen la vigencia del proceso revolucionario mientras se sostenga la hegemonía política del PCC y la clase gobernante que transformó el antiguo modelo republicano con la caída del orden democrático-liberal.[24]

En esta línea se ubica un sector marxista que no aborda en sus valoraciones las severas transformaciones culturales, económicas y estructurales que sacuden al sistema en su devenir histórico.[25] De igual forma, tal emplazamiento silencia las discusiones en el campo académico en torno a la génesis y consumación del proceso de cambio.[26] Ese colofón es proyectado por varios historiadores, economistas y sociólogos en 1976, al ser este el momento en que la estructura pasó a convertirse en Estado que dio paso a la institucionalización de sus prácticas ciudadanas. Tales cambios fortalecieron el carácter burocrático-centralista, el liderazgo personalizado en la figura de Fidel Castro, la unanimidad parlamentaria, la supraconstitucionalidad del Partido y estableció pautas para la homogenización que ha impuesto la clase gobernante en la articulación de su hegemonía.

En línea con los intereses democratizadores que reconoce la trascendencia histórica del proyecto iniciado a mediados del siglo XX, se ubica una declaración redactada por un amplio grupo de personalidades y colectivos de la izquierda internacional. En el manifiesto se convoca a la promoción de una ley de amnistía, como paso necesario para el establecimiento de un «socialismo democrático y de iguales».[27]

En aprobación del documento signaron un gran número de intelectuales, políticos, teóricos y militantes de pensamiento marxista, antirracista, descolonial, subalterno, feminista, anarquista, popular, socialdemócrata, entre otros; pues logró incorporar a figuras de reconocida trayectoria en sus respectivas militancias. Esa iniciativa se produjo en un contexto marcado por la profundización del punitivismo, sistemáticas violaciones a los derechos humanos y una agudización de la crisis que halla su expresión en un refuerzo del autoritarismo ante la incapacidad del Estado en implementar un modelo que ofrezca a la ciudadanía bienestar económico, igualdad y justicia social.

La corriente republicana popular ha reivindicado el pensamiento plural, a la vez que ha insistido en la necesidad de establecer un «estado de derecho»,[28]  como forma de articular amplios consensos en la ciudadanía dirigidos al establecimiento de un modelo democrático marcado por la inclusión social, cuyas propuestas no permanecen ajenas a la tradición del pensamiento socialista. Han sido notorias las polémicas en torno a la posibilidad de emprender nuevas directrices constitucionales que ofrezcan mayores garantías para el ejercicio efectivo de los derechos, sin que las expresiones abiertas de manifestación pública atenten contra el orden sistémico.

Estos posicionamientos resultan contradictorios a las posturas intransigentes adoptadas por figuras de la izquierda latinoamericana como Néstor Kohan,[29] Atilio Borón,[30] Frei Betto, Fernando Buen Abad, entre otros, que adoptan un posicionamiento dogmático ante la crisis social que afecta el país. Estas personalidades asumen como principal responsable de las condiciones de deterioro estructural a los Estados Unidos, debido a las sanciones que integran el bloqueo económico contra Cuba. Sin embargo, dicha perspectiva resulta incapaz de identificar las falencias democráticas del modelo.

De igual forma, reproducen las narrativas de la oficialidad en tanto se pronuncian en favor de la deslegitimación de todo discurso o proyecto que pretenda articular agendas divergentes ante las asimetrías de las instancias gubernamentales, marcadas por un espacio regulatorio severamente riguroso para el ejercicio de los derechos con garantías ciudadanas.

A tono con lo anterior, no resulta paradójico que desde las instancias de poder se promueva la polarización, se atente contra las posibilidades de regulación de los medios independientes, se implementen discursos de odio en los espacios radiotelevisivos, exista un ordenamiento democrático caracterizado por el excesivo verticalismo, la representatividad nominalista a todos los niveles, entre otras manifestaciones que han tipificado las políticas del gobierno.

Este modelo sociopolítico de «corte soviético» que halló su finitud en Europa hacia los finales de la vigésima centuria,[31] no ha estado exento en la reproducción de los recursos enajenantes que tipifican las relaciones sociales de producción capitalistas.[32] Sin embargo, el colapso de su estructura se hizo inminente a pesar de la declarada irreversibilidad en los apartados constitucionales.

En la Isla, persiste un plausible desgaste del orden sistémico, sumado a un acentuado deterioro económico y perjuicio de los indicadores sociales. Mas la decadencia en esos ámbitos, expresada en la emigración masiva de profesionales hacia el exterior, demuestra la multidimensionalidad de la crisis que afronta el país a pesar del discurso triunfalista sostenido por la clase gobernante.

De igual forma, desde ámbitos académicos se ejerce la implementación de un marxismo dogmático funcional al sostenimiento del status quo, heredero de la tradición del pensamiento estalinista que rigió en los países de Europa del Este y la URSS.

Los objetivos de esta política, responden a los fines interpretativos de una concepción teleológica desde edades tempranas en la formación educacional, fortaleciendo así narrativas mitológicas sobre la Revolución, la autoridad paternalista del Estado y el carácter doctrinario que rigen las formas de pensamiento en la nación.

Esta realidad ha estado acompañada por los intentos de instrumentalizar las agendas civiles del activismo LGBTIQ+, institucionalizar los reclamos sociales de la población afrodescendiente, subordinar las demandas de la comunidad ambientalista, suprimir las expresiones del periodismo alternativo mediante la persecución de sus exponentes, entre otras prácticas.

La complejidad del escenario cubano está marcada también por el ascenso de nuevas clases sociales, la profundización de las desigualdades, así como la injustificada realización de millonarias inversiones hoteleras dirigidas al fortalecimiento económico del grupo militar empresarial, en un contexto de profundas restricciones para el consumo, la escasez de alimentos y la desprotección social de amplios sectores de la ciudadanía.

Tales realidades contribuyen a la pérdida de credibilidad del discurso oficial ante la falta de libertades y los elevados niveles de insatisfacción social.

De esta manera, las condiciones de posibilidad para la instauración de un socialismo democrático que recoja las voluntades de satisfacción ciudadanas, son cada vez menores ante la profundización de un régimen capitalista autoritario, solidificado ante la negativa de su dirigencia para el establecimiento de las transformaciones estructurales que requiere la nación, en función de materializar los sueños de justicia e ideales emancipatorios que cautivaron con el triunfo revolucionario del siglo XX a los sectores progresistas más radicales del planeta.