Los pueblos originarios y comunidades campesinas del Perú requieren participar en las decisiones sobre el uso de sus territorios y recursos naturales. En el papel, la consulta previa, promulgada por ley en 2011, es un mecanismo para el diálogo, el consenso. Un derecho que el Tribunal Constitucional desconoció como fundamental en una sentencia dictada en febrero de este año, en contra de convenios internacionales. 

Frente a la desatención de la justicia del Estado en favor de los extractivismos, hay voces en las comunidades que proponen alternativas de participación directa, en un país que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que en 2021 fue el quinto con mayor deforestación en el mundo, de acuerdo a Global Forest Watch.   

Para las lideresas indígenas, el problema radica en replantear el mecanismo. Cuestionan cuándo y con qué fines se les consulta, por qué de antemano la condición es la ejecución de actividades industriales, las que contaminan el medio ambiente y destruyen sus fuentes de vida.

 

“La consulta previa no es de buena fe, después de violar nuestros territorios, nuestros derechos, hacen la consulta”, señala Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

La situación ambiental en el Perú, crítica, en conjunto, se agudiza en la Amazonía, donde en 2021 se registró la mayor pérdida de bosques en las últimas dos décadas: 203,272 hectáreas, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Lo que proponen las comunidades es invertir el rol pasivo que les asigna este enfoque legalista. 

“Primero, se ha hecho sin consulta previa, para que no sea como un proceso administrativo, debería ser como su nombre lo dice: previa. Pero lo hacen sin consultar, siempre nos avisan cuando el proyecto ya está en marcha, ya está aceptado, cerca, no nos avisan previamente”, añade Mayra Macedo, presidenta de la Organización de Comunidades de Mujeres Shiwilu (Ocidmushi).

Como observan, la ley determina que se consulte a las comunidades con respecto a una licitación, dando esta por un hecho aceptado. Lo que deriva en un trámite, un sondeo, sin considerar la voluntad de la población. De esta forma se originaron parte de los 203 conflictos socioambientales que la Defensoría del Pueblo identificó activos en febrero. Participación con iniciativa y voz en la toma de decisiones es la respuesta que ofrecen las poblaciones nativas. 

“La consulta previa es un engaño, dice previa, pero nunca nos han consultado nada, debería ser también para las concesiones, antes de que concesionen. Ya no debe haber ni siquiera consulta cuando (la concesión) es en las cabeceras de cuenca, porque sabemos que es el nacimiento del agua, no vemos motivos para que haya consulta. Lo que queremos es que tengamos representación y participación efectiva en la toma de decisiones”, expresa Guadalupe Flores, fiscal de Asociación de Mujeres Centralizada Sumac Tika (región Puno, en el Altiplano).

El narcotráfico, la minería -legal e ilegal-, la explotación de hidrocarburos, la infraestructura terrestre y fluvial,  además de la deforestación -para agricultura de monocultivos y ganadería, principalmente-, están destruyendo la Amazonía y ecosistemas altoandinos a niveles que cada año se superan. Estas actividades, lícitas e ilícitas, tienen como objetivo común el despojo de territorios de los pueblos ancestrales. 

“Han hecho carreteras y electrificación sin consulta previa, como ahora que personas foráneas nos despojan. Arriesgamos nuestra vida sin tener un instrumento internacional (de protección), aquí en el Perú la justicia solo existe para los que tienen dinero. No hay justicia ambiental, siguen contaminando en cabeceras de cuenca, tenemos ríos muertos, animales muertos, hermanos con metales pesados en el cuerpo, enfermedades desconocidas. Nos han despojado de nuestros territorios las mineras, sin hacer de cuenta que hay consulta previa para nosotros. La mujer altoandina vive con la tierra, comemos, vivimos de esa tierra, no vemos de qué forma vamos a sobrevivir”, subraya Guadalupe Flores. 

La violencia, contra las personas que defienden los territorios, contra las mujeres y en forma de trata de personas en particular, se agrava en las áreas donde se desarrollan las actividades. A estas condiciones se suman otras políticas estatales cuestionadas por su planteamiento, como la creación de áreas de conservación por parte del gobierno, debido a que el diseño y la administración de estos proyectos queda en manos de las instituciones públicas, ONGs y organizaciones privadas. Y a la explotación extendida a estas zonas, supuestamente protegidas. 

“Las empresas traen la violencia a las comunidades, los gobiernos miran a otro lado, las áreas de conservación son un engaño, el gobierno sigue quitando territorios, las áreas protegidas son una forma de despojo territorial”, opina Melania Canales.

Desde los medios de comunicación y los partidos políticos que la toleran, la consulta previa se presenta como un instrumento intercultural de inclusión, el mejor posible. En el debate no se consideran otras formas de escuchar y materializar las voces, sin condicionamientos ni intermediaciones, de quienes han sabido proteger los recursos naturales durante siglos. No se toman en cuenta otras nociones, como la representación y participación directa. La autodeterminación es el camino en el que creen los pueblos originarios para detener la depredación de uno de los territorios de mayor biodiversidad del planeta.