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Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras.  Reflexiones feministas sobre la violencia económica

Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez  

Fundación Rosa Luxemburgo

Prólogo

Desentrañar las violencias para transformar el mundo que nos toca ¿Por qué sigue siendo necesario analizar cómo funcionan las violencias patriarcales? El movimiento feminista, con su crecimiento y potencia logró politizar la vida cotidiana, señalar que las violencias que sufrimos las mujeres y las personas LGBTIQ+ no son individuales, sino ancla[1]das en las desigualdades de un sistema histórico. Pero además, com[1]prendimos que las violencias patriarcales se escriben en plural, porque tienen múltiples formas: física, psicológica, sexual, laboral, económica y todos esos modos están entrelazados y se enraízan en nuestros cuer[1]pos, mentes y emociones. La avanzada feminista global -con enorme fuerza en América Latina-, logró además posicionar una idea clave: que las violencias patriarca[1]les tienen un origen material, enraizado en el modo de producción económica capitalista. La frase “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, da cuenta de la centralidad de la explotación del cuer[1]po y el tiempo de las mujeres y las disidencias sexuales, como sostén “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 8 invisibilizado de la producción capitalista. Y su contracara, la desva[1]lorización de las vidas de quienes aparecen como cuerpos descartables en la dinámica del capital, a partir de la lógica de la trata de personas, los feminicidios, la superexplotación laboral, la feminización de la po[1]breza y la exclusión social. Como contracara del mismo proceso, los feminismos han consegui[1]do posicionar que el sostenimiento de las vidas y las comunidades es garantizado por ese trabajo no reconocido, invisibilizado o subvalori[1]zado, que las mujeres siguen desarrollando a pesar de las crisis, incluso más allá del mercado y el estado. Es ese mismo trabajo de sostén y de organización el que ha llevado a las mujeres y las disidencias a estar en la primera línea de defensa de sus comunidades en contra de proyec[1]tos extractivistas, megaobras y emprendimientos contaminantes que atentan contra la posibilidad de seguir reproduciendo la vida en un determinado lugar. En estos casos, vemos cómo los poderes concen[1]trados detrás de estas iniciativas persiguen, criminalizan y asesinan a defensoras de los pueblos y la naturaleza que resisten el avance capita[1]lista en cada territorio. Todos estos aprendizajes coagularon en las huelgas internacionales feministas de los 8 de Marzo, cada vez más difundidas en el mundo y acompañadas de movilizaciones masivas. La consigna de realizar una huelga de todos los trabajos femeninos y feminizados, a partir de la frase “nosotras/es movemos el mundo, ahora lo paramos”, señala la importancia económica de los cuidados, al tiempo que se vuelve una huelga de protesta contra las múltiples violencias que padecemos. Como parte de ello, invitamos a leer un texto complejo, que a su vez nos parece un texto base para entender las raíces sistémicas de la violencia. Las autoras de este libro escriben en diálogo y enraizadas en las luchas populares y feministas en Argentina, Ecuador y Perú. Entrelazando diferentes disciplinas, análisis macro y también expe[1]riencias situadas, elementos cuantitativos y cualitativos, este trabajo dispara contra interrogantes vitales: 9 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez ¿Cómo se imbrica la violencia y el sistema económico? ¿Qué formas toman estas violencias patriarcales? ¿Qué aspectos de estas violencias son afectados por la pandemia? ¿Qué herramientas tenemos para resis[1]tir al capitalismo patriarcal? En la actualidad con la pandemia originada por el COVID-19 y la crisis sanitaria y social, la reflexión sobre las violencias económicas se vuelve aún más indispensable. La pandemia vuelve más visible las desigualdades que ya existían, las profundiza, y complica aún más la supervivencia de las mayorías en todo el mundo. En este escenario, nuevamente, más allá de las dispares e insuficientes políticas públicas ensayadas por los gobiernos, es el trabajo invisible o poco reconocido de las mujeres y disidencias el que sostiene los territorios populares. Las cuarentenas multiplicaron los femicidios y la violencia intra-hogares, y nuevamente fueron las organizaciones feministas quienes tuvieron un rol central en la defensa de las víctimas y el reclamo al Estado. A pesar del aislamiento, y con gran esfuerzo, se sostuvieron las articulaciones a lo largo y ancho del mundo, las solidaridades internacionales, los reclamos y los debates. Es decir, la lucha no se ha detenido, y el esce[1]nario se complejizó, lo que nos lleva a multiplicar esfuerzos por afinar los análisis sobre el mundo que nos toca combatir. Este libro forma parte de los esfuerzos por sistematizar los aprendi[1]zajes de los feminismos a partir de nuestras luchas y reflexiones colec[1]tivas. Les provocamos a una lectura atenta, que pueda nutrir nuestras prácticas para cambiar una sociedad donde todas/es seamos libres.

Juliana Díaz Lozano Coordinadora de proyectos en el programa Feminismo Global Fundación Rosa Luxemburgo Abril 2021

Introducción  

El mundo asiste a un momento en donde la violencia sistémica se muestra como uno de los elementos que configuran la existencia de nuestras sociedades. El texto que aquí presentamos forma parte de debate sobre la violencia económica y sus relaciones con otras formas de violencias (especialmente la conexión entre la violencia económica y las violencias patriarcales). Este artículo se encuentra enmarcado en la perspectiva de los fe[1]minismos del sur global y hace foco en el vínculo entre economía y violencias. Se despliegan las diferentes dimensiones y formas de vio[1]lencia, fundamentalmente en América Latina y el Caribe; y al mismo tiempo se busca hacer de los ejemplos latinoamericanos una ventana para pensar el resto del mundo en clave de un diálogo Norte-Sur. El “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” Reflexiones feministas sobre la violencia económica “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 12 texto trabaja con fuentes diversas, tanto cuantitativas como cualitati[1]vas, que permitirán a lxs lectores profundizar sobre la complejidad del término “violencia” desde los estudios feministas. También se exploran las otras formas de violencia (institucional, laboral, política, mediática, digital, etc.) y su arraigo en diferentes expresiones (física, simbólica, sexual, psicológica, patrimonial, etc.). Esta conceptualización es útil para analizar las relaciones entre la violencia económica y la física, y las formas de articulación de las violencias contra las mujeres, niñes y colectivos LGBTIQ+* . Estas formas adquieren manifestaciones más extremas de la violencia, como los feminicidios**, los transfemicidios y los crímenes de odio. Cada apartado recorrerá ejemplos desde el sur global, con una lectu[1]ra atenta a los impactos de la división internacional del trabajo y de la violencia. Si bien este escrito se concentra en el análisis del proceso la[1]tinoamericano, la articulación entre economía y violencia remite a una transferencia de valor desde el Sur Global, tanto por la extracción de materias primas como por la fuerza de trabajo que es usada en el Norte * En términos metodológicos, este documento recurre a un relevamiento cuan[1]titativo de fuentes secundarias y cuenta con los aportes de Victoria Agosto, inte[1]grante de nuestro equipo en DAWN. En el caso del trabajo de campo sobre la situación de Erika, Juana y Andrea Alejandro, compañeras trans femeninas y no binaries de Guayaquil, fue realizado por Sara Rojas Salvador. ** Como sabemos el término femicidio fue elaborado por Diana Russell en los años 70 en alusión a la política sexual de asesinatos de mujeres cometidos por varones, motivados por el desprecio, el odio, el ejercicio de poder o el sentido de propiedad sobre una mujer. Años más tarde la mexicana Marcela Lagarde intro[1]ducirá el concepto feminicidio para referirse al “conjunto de delitos de lesa huma[1]nidad que reúnen crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional”, es decir que amplía la responsabilidad del Estado en el asesinato de mujeres, ya sea por acción o por omisión. Posteriormente ambos conceptos fueron problematizándose y enriqueciéndose en los debates feminis[1]tas. Para este escrito usaremos el concepto “feminicidio” recuperando la línea for[1]mulada por Julia Estela Monárrez Fragoso acerca de las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez entre 1993-2005. Así mismo, desde el análisis feminista materialista de Jules Falquet (2017) se recurre a este concepto para reflexionar sobre la reorganización neoliberal de la violencia, sin caer en una mirada atemporal y universalizante. 13 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez Global (y que está relacionada directamente con las cadenas globales de cuidados). Esta perspectiva contribuye a pensar en la producción de violencias como un fenómeno global, en tanto la alianza capita[1]lismo, patriarcado y colonialidad constituyen un orden mundial. Se plantea un cuestionamiento al relato hegemónico sobre la violencia, que apunta a mostrarla como una problemática aislada y dispersa, y se propone leerla como un elemento diferenciado territorialmente pero producido como parte del sistema. Finalmente, se realiza una breve actualización en el marco de la pandemia del COVID-19, sin perder de vista la “normalidad” capitalista, patriarcal y colonial preexistente. “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras”, fue la consigna que recorrió en marzo de 2018 las calles de América Latina y el Caribe. Era el movimiento feminista que colocaba como grito, consigna, grafiti, la articulación profunda entre patriarcado y capita[1]lismo en la huelga internacional de cuidados del 8M. Es significativo que ante las cifras alarmantes de feminicidios en nuestro continente* , el movimiento sintetizara la lucha por permanecer vivas/es y simultá[1]neamente visibilizara los trabajos -productivos y reproductivos- que garantizan la reproducción del capital. Unos meses más tarde, en mayo de 2018, y bajo la consigna “Abortar al patriarcado y sus leyes de mer[1]cado”, las/es jóvenes en Chile llevaban adelante una masiva “huelga feminista” universitaria que denunciaba las consecuencias del neolibe[1]ralismo aplicado a la educación y, al mismo tiempo, los abusos, acosos sexuales y violencias ejercidas por profesores y estudiantes varones en dichas instituciones (Richard, 2019). Las recientes movilizaciones masivas de los feminismos en las calles han logrado enunciar la dominación, explotación y opresión; así como las relaciones profundas entre las distintas violencias que estructuran nuestras vidas. En este sentido nos preguntamos: ¿Cómo operaron las violencias económicas propias del capitalismo y las violencias machistas * De acuerdo al informe elaborado por Small ArmsSurvey y citado por ONU Mujeres, de los 25 países con mayores tasas de feminicidio, 14 son latinoamerica[1]nos. Para mayor información revisar http://www.smallarmssurvey.org/about-us/ highlights/2016/highlight-rn63.html “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 14 en estos últimos años? ¿Qué conexiones y entramados encontramos en ellas y su materialización en la vida de las mujeres? ¿Cómo se vincula la defensa a ultranza del modelo educativo neoliberal con la reproduc[1]ción de las violencias patriarcales en la escuela y la universidad? ¿Qué ha sucedido con las formas de reorganización de las violencias contra mujeres, niñes y personas LGBTIQ+ en pandemia? ¿Cómo se mues[1]tran y qué significan en el actual contexto de pandemia, cuarentena obligatoria y crisis multidimensional? Este escrito tiene como propósito contribuir a los análisis sobre la relación sistemática entre patriarcado, capitalismo y colonialidad a tra[1]vés de la discusión de las violencias. Da cuenta de manera general de la persistente e histórica influencia que ha tenido el modelo capitalista en la producción de violencias, que se ve acentuada con la aplicación del neoliberalismo en los países latinoamericanos, y con la situación generalizada de crisis sanitaria, económica, ecológica y de cuidados en la que nos encontramos. 2. Imbricaciones entre capitalismo, patriarcado y colonialidad en América Latina: contextualizando las violencias El desarrollo del capitalismo como modo de producción y orden social se ha caracterizado por una alta concentración de riqueza en los mo[1]nopolios capitalistas; por guerras, militarización y destrucción de los tejidos de la vida; por éxodos forzados; por saqueo y despojo en territo[1]rios indígenas de enorme riqueza natural. Así mismo, se ha visualizado una fase de extensión de las jornadas de trabajo y al mismo tiempo de precarización e incertidumbre laboral. Los salarios han presentado una constante devaluación desde la aplicación de políticas de ajuste, desde mediados de los ‘70 en algunos países a partir de la implantación de dictaduras cívico-militares en el Cono Sur y avanzados los ‘80 en otros. A su vez, ha permanecido una organización de los trabajos de cuidado en manos fundamentalmente de mujeres, que en momentos de crisis se agrava con el aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 15 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez Desde la década del ‘90 se observa una nueva fase de acumulación originaria a escala global, a través de dos mecanismos principales: el uso de la fuerza estatal represiva y la deuda. Asimismo, con el avance de la privatización de los recursos naturales y de los servicios públicos se han reforzado las desigualdades de género y los impactos negativos de la división sexual del trabajo sobre las mujeres (Sen, 2015). Todos estos elementos han configurado sociedades que se organizaron en torno a violencias estructurales y sistémicas, en donde las violencias económicas y machistas son uno de sus mayores correlatos. A la ya existente división sexual del trabajo se suma el aumento agre[1]sivo de la violencia contra las mujeres (feminicidios, crueldad, trata, etc.) que hace de la violencia un signo de esta etapa del capitalismo. Esta guerra contra la vida, y contra nosotras, devela así el proyecto histórico del capital y del patriarcado: el mandato obligatorio del rol de cuidadoras, que permite no solo reproducir materialmente la fuerza de trabajo, sino también cumplir un papel central en el sostenimiento emocional de la clase trabajadora. Gracias al feminismo sabemos que “lo que llamamos amor, es trabajo no pago” (Federici, 2018; Dalla Costa, 2009). Si nuestro trabajo de cuidado emocional es el que per[1]mite aminorar la locura que el capitalismo imprime a la clase obrera, cualquier intento para liberarnos del mandato obligatorio de la re[1]producción social, cualquier mínimo aire de liberación y posibilidad que tengamos nosotras para no ser controladas, se paga con violencia y crueldad, control sobre nuestros cuerpos, control sobre nuestras de[1]cisiones, control sobre las posibilidades que vamos encontrando para resolver los problemas económicos; en suma, control sobre nuestro derecho a vivir y a decidir cómo hacerlo. En efecto, el lugar que ocupamos las mujeres en el capitalismo ha significado el desarrollo de permanentes mecanismos para que cum[1]plamos nuestro rol en la reproducción de la fuerza de trabajo y en su sostenimiento. Estos mecanismos se basan no sólo en la obligatoriedad de sostener el cuidado y la reproducción de la vida, sino también en el deber de cumplir el destino manifiesto de la maternidad. A lo largo “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 16 del desarrollo de las fuerzas capitalistas, estos mecanismos que nos so[1]meten al lugar reproductivo van incorporando la fuerza de trabajo fe[1]menina al plano de lo productivo (siempre en condiciones de mayor explotación y precarización en relación con los hombres), y tienen su correlato patriarcal en el disciplinamiento de la vida de las mujeres y el control sobre nuestros cuerpos. Los feminismos han aportado al análisis del capitalismo tanto en la problematización sobre su origen, funcionamiento y dinámicas, como en una renovada e integral lectura del marxismo. Varias son las contri[1]buciones de la teoría e investigaciones feministas sobre el anclaje entre capitalismo y patriarcado: 1) develan que la existencia del capitalismo sólo es posible por la división sexual del trabajo (que establece que el trabajo productivo asalariado es el único trabajo existente y que el tra[1]bajo reproductivo no pagado es en un acto intrínseco de las mujeres, y por lo tanto no es trabajo); 2) muestran la importancia del trabajo no remunerado, que permite la reproducción de la fuerza del trabajo y, por lo tanto, la relación de interdependencia y ecodependencia para la sostenibilidad de la vida; 3) exponen la transferencia de valor y sub[1]sidio del trabajo de cuidados para la tasa de ganancia y acumulación del capital; y 4) explican el surgimiento de un nuevo orden patriarcal que por medio de la cultura, la política y la economía establece que las mujeres y lo femenino ocupan un lugar subordinado y secundario, con menor valor frente a los hombres y lo masculino. Estos marcos de análisis tienen puntos de contacto con los estudios feministas de la década del ‘80, que desde el sur global han teorizado a partir de la lla[1]mada perspectiva de las “mujeres del Tercer Mundo” y han construido una mirada crítica al “Desarrollo” y su impacto en la configuración de la división internacional sexual del trabajo (Benería y Sen, 1982). Estas miradas han construido un marco analítico alternativo al análisis que hacían las Naciones Unidas en torno a la “mujer en el desarrollo”. Hacia inicios del nuevo milenio, el análisis de los feminismos del sur* * Se trata de la construcción de un marco conceptual desarrollado por la red de activistas y académicas feministas Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), cuya tarea crítica fue delinear una perspectiva interrelacionada, 17 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez ha permitido detectar de qué modo se intersectan y están puestas en riesgo las justicias económica, ecológica, de género y digital. Con la consolidación y crisis permanente de este orden, lo feme[1]nino, lo feminizado y las mujeres ya no solo tenemos menos valor social, sino que carecemos de éste. Nuestras existencias y cuerpos son desechables y es necesario aplicarles una “pedagogía de la crueldad” (Segato, 2018) que establezca, a través del miedo y el terror, un men[1]saje de disciplinamiento: un recordatorio del lugar doméstico y subor[1]dinado que ocupamos en el sistema capitalista y patriarcal. “Se trata de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo desestabiliza, contra todo lo que parece conspirar y desafiar su control, contra todo lo que se desliza hacia fuera de su égida, con las varias estrategias y tácticas diarias con las que muchos de nosotros, a propósito, o inadvertidamente, nos deslizamos y escabullimos de la vigilan[1]cia patriarcal y la desobedecemos” (Segato, 2016: 96). Como podemos ver, este proyecto histórico de dominación necesita combinar consenso y coerción para su sostenimiento a nivel global. Así, la producción de violencias anida en su propia naturaleza, agu[1]dizada por la fase en la que nos encontramos: un momento similar a la acumulación originaria de capital, que coloca en el centro la plus[1]valía absoluta del trabajo asalariado y reproductivo (Federici, 2018); y simultáneamente un proceso de automatización y extractivismo de datos que busca no solo aumentar las tasas de ganancia de las multimi[1]llonarias transnacionales, sino invisibilizar la materialidad del trabajo y los derechos laborales (Partenio, 2020; Gurumurthy, 2020). En este sentido, el modelo impuesto bajo el capitalismo de plataforma impo[1]ne un cambio de juego en el escenario, donde las empresas acumulan por despojo los datos (el nuevo petróleo del siglo XXI); y donde las y no aislada en torno a la Economía Política de la Globalización; la Ecología Política; la Reestructuración Política y Transformación Social, la economía política del conflicto y la violencia contra las mujeres; la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (Sen y Durano, 2015). “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 18 personas en todo el mundo son despojadas de los datos que comparten diariamente. Esta nueva dinámica de extractivismo está transforman[1]do las actividades económicas (Gurumurthy, 2020). Este carácter del capitalismo se ve reforzado en el neoliberalismo. Recordemos que este se constituye como proyecto de las élites globales para aumentar la tasa de ganancia por tres vías: renta diferenciada de la tierra y acumulación por despojo; deterioro y precarización de la clase trabajadora vía la depreciación del salario; y trabajo doméstico y de cui[1]dados no remunerado realizado fundamentalmente por las mujeres, que constituye un ahorro para los empresarios y un subsidio para la acumu[1]lación y tasa de ganancia del capital. Los estudios sobre la acumulación por despojo realizados por feministas críticas del Sur-Global señalan que son las mujeres, la naturaleza y las personas de los países empobrecidos quienes constituyen la base sobre la que se han establecido los procesos de acumulación capitalista. Su subordinación y explotación siguen sien[1]do premisas esenciales para la reproducción del modelo neoliberal, por lo que es fundamental comprender las interacciones, tanto históricas como actuales, entre las divisiones sexuales, sociales e internacionales del trabajo (Samuel &Gunasekara, 2019). En este sentido, se retoman los análisis feministas sobre una economía política de la guerra -que cobran su especificidad en distintas regiones- y las maneras en que las guerras magnifican y remodelan las identidades de género. Desde esta perspectiva, es importante entender que la violencia está en el centro de la organización social, y que las relaciones de género y la violencia son mutuamente constitutivas (Confortini, 2006). En América Latina, la reprimarización de la economía* y la ex[1]pansión agresiva del extractivismo (así como el deterioro de las

* Maristella Svampa (2011) define reprimarización como la consolidación de un perfil productivo con alta especialización en actividades extractivas, consolida[1]ción de enclaves de exportación y concentración económica; entendiendo extrac[1]tivismo como algo más que la explotación de recursos naturales tradicionales, ya que incluye también a los negocios agrícolas y los biocombustibles, al igual que los proyectos de infraestructuras cuyo fin es facilitar el comercio de estos produc[1]tos (nota de la redacción).

condiciones y derechos de trabajadores y trabajadoras en las ciudades, y los niveles de explotación y precarización) han abierto una nueva ola de control, que viene dada no solo por el capital, sino por la crisis generalizada de los Estados y los sistemas políticos. Paralelamente se refuerza el rol del Estado y el lobby de grupos ultraconservadores en el control de nuestros cuerpos, con el propósito de sostener la re[1]producción de fuerza de trabajo para el capitalismo (Corrêa y Kalil, 2020; Torres Santamaría, 2020). En este escenario, se produce lo que Segato denomina conflictivi[1]dad informal y guerras no-convencionales que tienen su especificidad en América Latina: la articulación entre crimen organizado, fuerzas paramilitares y fuerzas oficiales que actúan como paramilitares, el avance del narco en vastos territorios y la presencia de fuerzas de seguridad privadas al servicio de las corporaciones. Esta cartografía de la guerra y los conflictos presenta tres características: “no tienen un comienzo y un final, y no ocurren dentro de límites temporales y espaciales claros”; provienen de formas corporativas de violencia; y se expresan de manera especial en el cuerpo de las mujeres y en los cuerpos feminizados (Segato 2014). La violencia corporativa tiene un impacto profundo en la produc[1]ción de subjetividades que legitiman el sostenimiento del capitalismo: “En esta fase extrema y apocalíptica en la cual rapiñar, despla[1]zar, desarraigar, esclavizar y explotar al máximo son el cami[1]no de la acumulación, esto es, la meta que orienta el proyecto histórico del capital es crucialmente instrumental reducir la empatía humana y entrenar a las personas para que consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad cotidianos” (Segato 2016: 99). Otro abordaje que queremos incluir es el que sitúa la violencia eco[1]nómica y las violencias machistas en el análisis de las políticas públicas y los distintos recorridos (hojas de ruta) que los países adoptan para dar cuenta del “itinerario de la violencia” (Rodríguez y Pautassi 2016: 8). “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 20 Una especial atención nos merecen las investigaciones que miran las implicaciones y costos que existen en la implementación o ausencia de políticas de prevención y erradicación de la violencia machista. Si bien este tipo de análisis presenta elementos controversiales (porque parten de las estimaciones en el costo fiscal de los Estados, y colocan la dis[1]cusión sobre violencias contra las mujeres en el ámbito de los valores monetarios) consideramos que vale la pena incluir algunos elementos que pueden ayudarnos a entender mejor qué consecuencias económi[1]cas tiene la concreción o falta de este tipo de políticas en países empo[1]brecidos como los latinoamericanos y caribeños. Gran parte de las medidas incluidas en las hojas de ruta para atender violencias no toman en cuenta la vida concreta de las mujeres y las im[1]posibilidades con que ellas se encuentran en el momento de denunciar o resolver qué hacer (falta de tiempo, falta de recursos económicos y redes que les permitan tomar decisiones, etc.). A nivel latinoamerica[1]no, una de las mayores carencias para tratar las violencias machistas es la ausencia de políticas de reparación en situaciones de feminicidios. Son pocos “los países que han establecido medidas permanentes para los hijos/as de las víctimas, como el caso de la pensión monetaria por violencia de género” (Rodríguez y Pautassi 2016: 8). A esto se suman las dificultades para las estimaciones sobre el costo fiscal y económico, generadas por la falta de información existente y por el tipo de nor[1]mativa sobre violencia contra la mujer (que no siempre incorpora la variedad y especificidad de las violencias). En el caso de Argentina, el Estado concentró sus esfuerzos en la entrega de licencias para trabajadoras del sector público, la pensión para hijxs de víctimas de violencia de género, la capacitación en vio[1]lencia de género de un cuerpo de abogadxs especializadxs, y más re[1]cientemente la implementación en curso de la Ley Micaela* para todos lxsfuncionarixs de los tres poderes, incluido el judicial. Otro de los

* La ley fue promulgada en enero de 2019 y establece la capacitación obligato[1]ria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela 21 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez

esfuerzos se concentró en el fortalecimiento de la “autonomía econó[1]mica de mujeres víctimas de violencia y en situación de vulnerabili[1]dad socioeconómica” (Rodríguez y Pautassi 2016: 5). Sin embargo, los programas destinados a estos objetivos se vieron tensionados por las disputas presupuestarias y reestructuración de programas de inclusión sociolaboral llevados adelante en los últimos cuatroaños de gobierno neoliberal. Estas cuatro iniciativas “no sólo que no demandan costos fiscales excesivos, sino que, al ser de un bajo impacto fiscal buscan alertar a los responsables estatales que es factible implementarlas. En rigor, pueden dar cumplimiento a sus obligaciones con las mujeres y niñas, niños, niñes y adolescentes sin que el argumento de mayor es[1]fuerzo fiscal sea parte del impedimento” (Rodríguez y Pautassi, 2016: 42). Eso nos muestra que (además de lo urgente y obligatoria que es la lucha para prevenir y erradicar las violencias machistas) los Estados son perfectamente capaces de asumir económicamente la implemen[1]tación de estas medidas. 23 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez 3. Configuración del mapa de violencias En los siguientes subapartados nos detendremos a analizar las formas de articulación entre las violencias económicas y patriarcales a partir de ejemplos concretos sobre despojo y explotación, ensanchamiento de las brechas de ingresos, conformación de cadenas globales de cuida[1]do en clave Norte-Sur, captura corporativa del Estado y desinversión del sector público, injusticia fiscal y tributaria, dinámicas elusión y evasión impositiva y extensión de flujos financieros ilícitos desde paí[1]ses del Sur al Norte. En cuanto a la concentración de la riqueza, durante la pandemia del Covid-19 los números no han cesado de crecer, ya que desde el inicio de las medidas de confinamiento y aislamiento las personas más ricas han aumentado su fortuna en US$ 48 200 millones. Esto equivale a un tercio del total de los paquetes de estímulo de todos los países de América Latina y el Caribe (OXFAM, 2020). A su vez, el estudio ha demostrado que hay 8 nuevos milmillonarios en la región (personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares). Esta cartografía de las violencias, tiene impactos directos e indirectos sobre las vidas de las mujeres, niñxs, jóvenes y colectivos LGBTIQ+, refuerza la división internacional sexual y racial del trabajo y profundi[1]za las desigualdades que se han visto expuestas durante la pandemia. Y es que, como dolorosamente reflexionan las compañeras transfeminis[1]tas de Guayaquil, más allá de las heridas que deja el abandono pandé[1]mico “allá en mi tierra estamos olvidados todo el tiempo” (Juana). En esta cuarentena se ha constatado que “no recibimos ni un solo centavo ni antes ni durante ni después de la pandemia. Tampoco ayuda emo[1]cional ni de ningún tipo” (Erika). 3.1. Acaparamiento de tierras y explotación de recursos naturales Uno de los indicadores para mirar la trayectoria de concentración de la riqueza y de consolidación de la tasa de ganancia en el mundo es la “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 24 tenencia de la tierra. Quiénes son dueños y cuánto acaparan está rela[1]cionado directamente con las ganancias de las élites en el mundo, más cuando se trata de continentes cuyo patrón de acumulación se basa en el modelo primario exportador y en la renta extractivista. Desde estudios feministas pioneros se ha demostrado el escaso porcentaje de mujeres de América Latina en general (y del sector campesino-indíge[1]na en particular) que acceden a la tenencia, control y títulos de pro[1]piedad de las tierras (Deere y León, 2001). Estas autoras han puesto en evidencia los impactos de las llamadas “contrarreformas neoliberales” que inauguraron una nueva fase de reestructuración del sector agrí[1]cola en los Estados Latinomericanos y llevaron a la privatización y/o individualización creciente de los derechos a la tierra. En este punto resulta clave enlazar el concepto de violencia patriarcal con la violencia patrimonial como forma de violencia económica* . Este tipo de violencia, además, suele comprometer diferentes aristas del acceso y control de la tierra y el hábitat. Por ejemplo, las que son consecuencia de conflictos armados, que provocan desplazamientos * Es importante mencionar ciertos avances en materia normativa en algunos paí[1]ses, donde hay leyes de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se reconoce a la violencia “económica y patrimo[1]nial” entendida como “el menoscabo en los recursos económicos o patrimonia[1]les de la mujer, a través de: la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción inde[1]bida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valo[1]res y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destina[1]dos a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, así como la percep[1]ción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”. Al respecto ver: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/genero/ tipos-de-violencia. O lo que podemos encontrar en el artículo 10 de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Ecuador, que incluye violencia económica y patrimonial: https://www.igualdad.gob.ec/ wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_ mujeres.pdf En este sentido, es importante analizar las brechas entre las norma[1]tivas existentes, la disposición de presupuestos en este sentido y la implementa[1]ción de medidas de prevención. 25 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez forzados de poblaciones, mujeres y niñas. Si miramos el caso dramáti[1]co de la guerra en Colombia, los estudios de expertos nacionales e in[1]ternacionales generalmente no abordan las causas intrínsecas de la vio[1]lencia de género contra las mujeres. Sus estudios, si bien valiosos, sólo se enfocan en una definición tradicional de violencia sexual (violación, sexual, prostitución forzada, etc.). De hecho, la violencia d¿ mercados laborales y las estructuras sociales del país, incluyendo los regímenes de género). En la mayor parte del sur global los desarrollos fueron incompletos, insuficientes, segmentados y desarticulados. Un estudio de la OIT (2017) señala que para 2015, apenas el 45,2% de la población mundial tenía acceso a al menos un 31 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez beneficio de la protección social. Este porcentaje se eleva a 84,1% en el caso de Europa y Asia Central, y se reduce a 12,9% en el África Sub-Sahariana. ¿Cómo se relaciona el acceso al trabajo remunerado con las posibi[1]lidades de contar con garantías mínimas de protección social? ¿qué implicaciones han tenido para las mujeres y personas LGBTIQ+ estos esquemas? La existencia de brechas de género en la protección social ha sido una característica histórica, incluso en los esquemas que de[1]sarrollaron instituciones más robustas y coberturas más amplias. Los sistemas de protección social construidos en torno a la posición de las personas en el mercado laboral replicaron las brechas de género en el empleo. Por un lado, las mujeres enfrentan históricamente mayores obstáculos para acceder a beneficios de la protección social, y/o ac[1]ceden a beneficios menores, debido a su menor y peor participación laboral, a su sobrerrepresentación en el empleo informal y a su acceso a menores salarios promedio. Por otro lado, la inmensa dedicación de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ha persistido como un espacio alejado de toda protección social. En el mismo sentido, las mujeres rurales, migrantes, trabajadoras sexuales y trabajadoras de hogares particulares enfrentan barreras estructurales en el acceso a la protección social (Rodríguez Enríquez, 2020). Un sector que se encuentra en peores condiciones es la población trans y travesti, que carece de acceso a coberturas sociales ni a presta[1]ciones mínimas en materia de salud en el presente, y tampoco cuentan con garantías de acceso a jubilaciones y pensiones en el futuro. En estos casos, las capas de la violencia que padecen se van tramando y ar[1]ticulando debido a la falta de acceso a derechos (educativos, laborales, salud, vivienda, etc.) y a la ausencia de políticas de protección. La situación previsional se ha visto agravada en países que han in[1]gresado en los últimos años a nuevos ciclos de endeudamiento con el FMI, porque ello ha marcado fuertes condicionamientos sobre las po[1]líticas soberanas y la exigencia de reformas (para las que el sistema pre[1]visional es uno de los ajustes predilectos). Casos como el de Argentina “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 32 y Ecuador a partir del 2018 son las muestras palpables. Otro punto a destacar es que, tal como lo han demostrado estudios globales, la protección social se ve amenazada en momentos de crisis cuando la prioridad es el pago de los acreedores públicos. En este sentido, de[1]ben tomarse las propuestas surgidas desde la sociedad civil y reconsi[1]derarse “la práctica de exigir condiciones de préstamo que obliguen a los Estados a reducir sus sistemas de protección social” (Coalición Mundial para los Pisos de Protección Social, 2018). Si bien desde algunos gobiernos de la región se llevaron adelante medidas, los progresos parciales hacia la universalización de beneficios de protección social se encontraron con obstáculos históricos y nuevas tendencias. En este punto, sería importante señalar dos desafíos que afectan especialmente a quienes se encuentran en el sector informal y a las mujeres en particular. Por un lado, la tendencia a la privatización de la protección social (principalmente, aunque no únicamente, en las áreas de educación y salud, incluyendo la promoción de asociaciones público-privadas -APP- para la construcción de infraestructura social básica e incluso la prestación del servicio). Por otro lado, el financia[1]miento de la protección social que se ve seriamente desafiado por el paradigma de la austeridad en las políticas fiscales. Muchos países del Sur Global se enfrentan a la siguiente combinación fatídica de situa[1]ciones: estructuras tributarias que captan pocos ingresos y lo hacen de forma regresiva (en buena parte porque las personas ricas, las grandes empresas nacionales y las corporaciones trasnacionales utilizan múl[1]tiples mecanismos de evasión y de abusos tributarios), déficit fiscales recurrentes que son atendidos con políticas de austeridad y con endeu[1]damiento, y necesidad de privatizar las prestaciones de servicios socia[1]les y/o de captar recursos del sector privado para poder hacer frente a las demandas derivadas de los riesgos sociales en estos contextos de austeridad (Rodríguez Enríquez, 2020). Estos mecanismos impactan sobre las formas de desprotección social y se combinan con la res[1]tricción de acceso a recursos económicos, lo cual moldea la trama de violencias económicas y patriarcales. 33 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez 3.3. Formas de elusión y evasión impositiva y extensión de flujos financieros ilícitos. La extensión de las redes de flujos financieros ilícitos (FFI) ha tenido serios impactos en la justicia de género, los derechos laborales y la justicia social. Estos fondos están alimentados en parte por recursos provenientes de actividades ilícitas (corrupción, narcotráfico, ven[1]ta ilegal de armas, tráfico de personas), pero también por los dine[1]ros derivados de la evasión y elusión tributaria. En la dinamización de estos mecanismos tienen una alta responsabilidad las empresas transnacionales, que operan de manera diferencial en el drenaje de recursos en países del Norte y del Sur. ¿Cómo se anudan las formas de violencia económica con las violencias patriarcales en este caso? En los estudios sobre los flujos financieros ilícitos (Grondona, et al. 2016) hemos analizado cómo se efectúan a través de la manipulación de los precios de las transacciones comerciales u operaciones de in[1]versión internacionales. Estos mecanismos contemplan un complejo entramado donde se combinan la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, como la “subvaluación de inversiones entrantes” y la “sobrevaluación de inversiones salientes”. Lo interesante es notar que los flujos derivados de estas activida[1]des legales, pero con procedimientos ilícitos (que pueden en sí mis[1]mos constituir delitos), circulan por los mismos mecanismos por los que navegan los recursos provenientes de actividades directamente ilegales. En este punto, las regulaciones corresponden a dos momentos di[1]ferentes en que se comete un delito, y pueden comprometer dos es[1]tructuras organizacionales distintas. En este caso, puede identificarse el delito precedente que generó los activos (por ejemplo, la evasión tipificada como delito fiscal, la trata de personas, el narcotráfico) y luego el lavado de activos obtenidos por medio del delito, a partir del cual se introducen ganancias obtenidas de forma ilícita en el sistema económico-financiero legal. “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 34 Estas actividades delictivas pueden comprometer violaciones ex[1]tremas a los derechos humanos de las mujeres, como es el caso de la trata. En estos casos las mujeres y niñas son compradas, raptadas o engañadas con falsas ofertas laborales, transportadas a través de las fronteras sin controles y sometidas coercitivamente a la explotación. En ciertos casos, estas situaciones se producen cuando las mujeres in[1]tentan migrar. En estas redes es importante detectar los mecanismos donde “la feminización de la migración está ligada a las tendencias de la trata y a la feminización de la trata. Las leyes que restringen la migración, combinadas con la corrupción de los funcionarios a car[1]go del área, suelen crear un terreno fértil para la trata de personas” (Grondona et al., 2016: 11). Hay una serie de factores que promue[1]ven la vulnerabilidad de las mujeres a las redes de trata de personas: la pobreza (y con ello la feminización de la pobreza) y el desempleo. Asimismo, los contextos culturales que toleran o promueven la vio[1]lencia contra las mujeres donde tienen un acceso limitado a recursos cruciales (medios económicos, redes y vínculos sociales, información y conocimiento), y la demanda de mano de obra barata en sectores económicos feminizados. En el inicio del documento mencionamos la importancia de analizar la articulación entre economía y violencia a partir de las transferencias de valor desde el sur global, tanto por la extracción de materias primas como por la fuerza de trabajo que es usada en el Norte Global. Estos ejemplos mencionados muestran la compleja trama de flujos ilícitos que habilitan estas transferencias. 3.4. Captura corporativa del Estado y desinversión en servicios públicos La necesidad que tienen muchos gobiernos de dar un trato tributario favorable a las empresas multinacionales (como una forma de atraer la inversión extranjera directa) junto con la evasión de impuestos sobre empresas implica la renuncia a una cantidad considerable de ingre[1]sos públicos. Cuando un Estado no moviliza los recursos suficientes y 35 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez presenta reiteradamente un déficit presupuestario, sólo puede propor[1]cionar servicios insuficientes y de baja calidad (por ejemplo, en edu[1]cación, salud, saneamiento, transporte público, infraestructura social, etc.). La evidencia demuestra que cuando el margen fiscal se limita de esta manera, las desigualdades de género se mantienen o incluso se agravan, lo que también limita las mejoras en la vida de las mujeres y la reducción de las diferencias de género. Si a eso se suma que el 76% del trabajo no remunerado a nivel global es realizado por mujeres, nos encontramos con que el desmantelamiento de lo público común (como correlato de la captura corporativa de los Estados) se tradu[1]ce en mayores niveles de sobreexplotación de las mujeres (Rodríguez Enríquez, 2018). La pérdida de recursos por parte de los Estados derivada de las activi[1]dades comentadas previamente está en la base del desfinanciamiento y de las políticas públicas que presionan en favor de políticas de austeri[1]dad. En lugar de promover el desarrollo de mecanismos de regulación, control y monitoreo de estos flujos, el énfasis está puesto en reducir el gasto de los Estados. A su vez, esto resulta gravoso para el acceso y la inversión en servicios públicos. Los Estados se van retirando de sus obligaciones, proveyendo cada vez menos servicios y de menor calidad, lo que impacta de manera significativa en las mujeres y las niñas. Si nos concentramos en los servicios de cuidado, la oferta pú[1]blica se ve seriamente afectada con estos recortes y falta de inversión en infraestructura. Este escenario de demanda social (por la garantía de los derechos social básicos crecientemente insatisfecha) alimenta una narrativa que avala la incorporación de financiamiento privado para la provisión pública. Así, el sector privado aparece como un actor clave en el fi[1]nanciamiento para el desarrollo, que se constituye como la alternativa imprescindible bajo el argumento de que el Estado no tiene recursos, y que cuando los tiene los utiliza de manera ineficiente o los malgasta en proselitismo y corrupción. Así va operando la captura corporativa de los Estados, de los espacios de toma de decisión y de las políticas “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 36 públicas. De esta manera estas últimas van dejando progresivamente de servir a los intereses públicos, y en cambio se transforman en una plataforma de ampliación de los negocios privados. La forma renovada de esta captura en el discurso y las estrategias de financiamiento para el desarrollo lo constituyen las Asociaciones Público-Privadas (APPs), cuya promoción se basa en el supuesto de que los gobiernos no pueden invertir para expandir el acceso a bienes públicos básicos o no están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, existe evidencia respecto de los efectos negativos de las APPs, entre los que se señalan: i) una desviación en las prioridades de la agenda de desa[1]rrollo, orientada más hacia áreas que puedan resultar rentables que hacia aquellas más pertinentes para atender las necesidades sociales; ii) un mayor costo neto para los Estados, que se constituyen en garantes de última instancia de las inversiones privadas y que en algunos casos tiene incluso que compensar a las empresas privadas si los niveles de rentabilidad esperados no se alcanzan; iii) un mayor costo para el ac[1]ceso a los servicios sociales provistos por las APPs que en muchos casos incorporan aranceles y co-pagos, lo que impacta relativamente más a las mujeres que tienen acceso a menores niveles de ingreso; iv) la vul[1]neración de los derechos laborales en el marco de los emprendimientos llevados adelante por esta modalidad; v) falta de transparencia y de rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso (desde la adjudica[1]ción de las inversiones, hasta la provisión de los servicios). En la actualidad, el paradigma de las APPs no sólo es promovido en el ámbito nacional sino también por el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. Se lo presenta como la mejor manera de fomentar la inversión en áreas especialmente importantes para la vida y los dere[1]chos humanos de las mujeres, como la infraestructura social y los ser[1]vicios sociales, pese a la evidencia que muestra los impactos señalados. En términos más generales, la amenaza del poder corporativo al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres tiene las si[1]guientes dimensiones clave, que en anteriores estudios hemos identifi[1]cado (Rodríguez Enríquez, 2018) como: 37 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez • El impacto negativo del impulso hacia la competitividad y la pro[1]ductividad creciente sobre las condiciones laborales de las mujeres. • El impacto del cabildeo corporativo y la evasión de impuestos, que limitan los ingresos públicos y el margen de acción en materia de políticas. • La difusión de la creencia de que las empresas son (o pueden ser) sensibles a la problemática de género, y la repetición del complicado discurso sobre la responsabilidad social empresarial (RSE). ¿Cuáles han sido los costos de lograr productividad y competiti[1]vidad? En la década de 1980, la estrategia de desarrollo implemen[1]tada en muchos países de América Latina (sobre todo en México y América Central), basada en fábricas dirigidas a la exportación y co[1]nocidas como “maquilas”, ha demostrado que su producción generó una mejora mínima en el empleo, una contribución limitada al creci[1]miento económico y ninguna ganancia en la transferencia de tecno[1]logía a los sistemas de producción locales. Si bien las “maquilas” han abierto oportunidades económicas para algunas mujeres que de otra manera no tendrían ninguna oportunidad, estas se han caracteriza[1]do por condiciones laborales precarias y salarios generalmente bajos. Asimismo, el disciplinamiento de esta fuerza de trabajo mayoritaria[1]mente femenina apeló a diferentes prácticas violentas para impedir la sindicalización y la organización colectiva, tales como los despidos, el amedrentamiento, las violaciones y el acoso laboral. En ciertas zonas fronterizas, las trabajadoras de la maquila se encuentran en los casos de femicidios. Además de este panorama de violencias que se entramaban en los territorios fronterizos, la estrategia económica en sí demostró ser insostenible, ya que la mayor parte de la inversión extranjera mi[1]gró a otras regiones del mundo (Asia meridional y China) cuando los incentivos económicos fueron más atractivos (por ejemplo, normas de trabajo, capacidades de la fuerza laboral, infraestructura disponible, desgravaciones fiscales). En resumen, los bajos salarios de las muje[1]res y las escasas condiciones laborales funcionaron como una ventaja importante para las empresas (Rodríguez Enríquez, 2018). Es en las 39 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez permanentes transferencias y subsidios de los Estados a las empresas y en las condiciones laborales y salariales de las mujeres donde reside su competitividad. Como suele ocurrir en el desarrollo del capitalismo, la mano de obra femenina es usada como ventaja y subsidio tanto de la tasa de ganancia como del proceso de acumulación capitalista. Las empresas se aprovechan del lugar subordinado de las mujeres en el orden social para ganar. Aunque las experiencias y los resultados varíen entre países, estruc[1]turas económicas, características del mercado laboral y grupos de mu[1]jeres y varones, la conclusión principal es que las experiencias menos negativas (o las más exitosas) fueron aquellas en las que la regulación de la inversión del sector privado era más sólida o estaba acompañada de políticas públicas en las áreas de servicios sociales, infraestructura social y políticas de preservación de los ingresos. 4. Cartografía de la violencia en pandemia Finalmente, como muestran las investigaciones sobre la situación de las violencias durante la cuarentena obligatoria y la crisis (agudizada por la pandemia, la segunda ola de neoliberalismo en América Latina, y la estrategia gubernamental del #QuédateEnCasa), existe un incre[1]mento en estas violencias. En países como Ecuador, que vivieron en octubre de 2019 revuel[1]tas, paros e insurrecciones contra las políticas de ajuste, el encierro fue aprovechado por el gobierno y las élites empresariales para la aplicación del neoliberalismo. En efecto, durante estos meses se im[1]plementaron en Ecuador recortes presupuestarios que impactaron en los servicios de salud y educación, así como en las medidas de pre[1]vención y erradicación de las violencias machistas. De 20 millones de dólares en el 2019, el presupuesto destinado a este fin por el Estado ecuatoriano se redujo a 4.7 millones en el 2020. Sin embargo, el monto para la Policía Nacional aumentó en 50 millones de dólares, y se compró armamento y equipamiento para las Fuerzas Armadas del país. Pero la situación en países con gobiernos progresistas tampoco “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 40 es mejor: en México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (conavim) tuvo un recorte de 37 millones de pesos mexicanos (casi 2 millones de dólares) y se canceló la política federal, que daba mayores competencias a los estados y municipios. Asimismo, muchos países que firmaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional terminaron pagando los intereses de la deuda y contrayendo nuevos endeudamientos mientras sus sistemas de salud y personal de salud colapsaban en plena crisis sanitaria. En cuanto al mundo del trabajo, el relato de la crisis y la salida ha significado que en países con gobiernos abiertamente neoliberales la agenda de ajuste se materialice en nuevos marcos legales que fomen[1]tan la flexibilización y precarización laboral. Por ejemplo, en este 2020 hay ya un millón de desempleadxs producto de las políticas de despidos. Si a esto le sumamos el cierre de programas públicos destinadxs a niñxs pequeñxs y adultos mayores, y la improvisada estrategia de educación por Internet que no toma en cuenta las bre[1]chas tecnológicas en las zonas rurales; el escenario es el de una mayor delegación de los cuidados a la esfera de los hogares y más trabajo no pagado realizado por mujeres. Esto ha significado una fuerte presión sobre el mundo de la reproducción social, que ahonda en la división sexual del trabajo y en las formas diferenciadas de respuestas ante la crisis. Por ejemplo, la encuesta que publica ONU Mujeres “Género en tiempos de Covid. Efectos de la emergencia sobre la vida de las mujeres: economía y cuidados” indica que el 76% de las mujeres entrevistadas en Ecuador ha incrementado su carga de trabajo, y el 56% declara que se dedica sola a las tareas de educación de sus hijxs en casa. Estas cifras son aún más alarmantes si las comparamos con el aporte del trabajo no remunerado al PIB, que constituye el 20% y es realizado casi en su totalidad por mujeres. En estos meses de pandemia, 48 de cada 100 mujeres en Ecuador han sido despedidas de sus trabajos. De las mujeres que aún tienen trabajo asalariado, 57 de cada 100 declaran que su salario ha disminuido. 41 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez En el marco de la pandemia del COVID-19 y de la triple crisis ori[1]ginada (sanitaria, económica y de cuidados) han cobrado sentido los análisis sobre la injusta distribución del trabajo doméstico y de cuida[1]dos no remunerados, y la forma en que se ha visto reforzada la división sexual del trabajo frente al avance y extensión del teletrabajo y empleo remoto en contextos de confinamiento y/o aislamiento social. Queda en evidencia la brutalidad del patriarcado que se sostiene por la enorme carga laboral e intensificación del trabajo no remunerado que realizan las mujeres. En el escenario de la pandemia, el patriarcado es, entre otras cosas, la transferencia de valor de este trabajo de cuidado no pago al conjunto de la economía del país. Pero, además, en un con[1]texto de endeudamiento del Estado con el FMI y de ajuste estructural, el correlato del patriarcado capitalista es el endeudamiento agresivo de las mujeres y el aumento de la dependencia al sistema financiero y también a los arreglos privados con los hombres. A esto se suman las alianzas ultraconservadoras de grupos religiosos que, violando el carácter laico del Estado, determinan las políticas en relación a los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual, y los imaginarios misóginos que siguen colocando a las mujeres como objeto o como seres incompletos éticamente sospechosos que deben ser tutelados. Como bien plantea Ailynn Torres Santamaría, general[1]mente las crisis sanitarias son terrenos para la restricción de “derechos sexuales y reproductivos para niñas, adolescentes y mujeres. Estos derechos se ven amenazados debido al redirec[1]cionamiento de los recursos médicos, el temor de las mujeres al contagio si acuden a los servicios de salud, la aún mayor escasez de anticonceptivos y la imposibilidad de hacer uso de servicios (formales o informales) para interrumpir los embarazos no de[1]seados o inviables por razones de salud de la madre o del feto” (Torres Santamaría 2020: 6). Esta “semántica del miedo” es aprovechada para mantener la cul[1]tura de la violencia patriarcal “argumentando que la pandemia es un “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 42 castigo por los avances feministas” (Ibid. 7) y, al mismo tiempo, reti[1]rar el foco del desmantelamiento de lo público común. Sin embargo, es notorio el fracaso de la estrategia #QuédateEnCasa (aplicada por la mayoría de los gobiernos de la región) como única medida para bajar la tasa de contagios y mortalidad, mientras se subordinan las políticas para prevenir y erradicar las violencias machistas. En México, entre enero y julio de 2020 fueron asesinadas dos mil 240 mujeres, es decir que hubo un aumento de 7.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México); en Ecuador, desde el 1ero de enero hasta el 16 de noviembre del 2020, se produjeron 101 feminicidios (incluidos cinco transfeminicidios); en Argentina, 168. América Latina, el Caribe y España (19 países): Feminicidio o femicidio, último año disponible (En números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres) Fuente: CEPALSTATS, 2020. 43 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez En cuanto a la situación que viven los colectivos LGBTIQ+, ya antes de la pandemia sus condiciones de vida eran alarmantes y gran parte de la población vivía en situación de calle y de trabajo sexual, y duran[1]te estos meses la precarización se ha profundizado. “Fue muy duro para todas porque estábamos acostumbradas a salir a trabajar y ganarnos nuestra plata pero ahora no podía[1]mos y estábamos toditas ahí metidas, sin plata y a veces eso oca[1]sionaba peleas y discusión” (Juana, transfeminista, Guayaquil). Muchas se vieron obligadas a diversificar y multiplicar sus activida[1]des económicas para sobrevivir: “(…) me ha tocado buscar otras fuentes de ingreso porque el ne[1]gocio no alcanza. He tenido que vender cosas como mascarilla, gel u otras chucherías que la gente me pide. (…) De todo un poco hicimos, vender comida, vender mascarillas y alcohol en botellitas” (Erika, transfeminista, Guayaquil) En las entrevistas realizadas a compañeras transfeministas y transfe[1]ministas no binaries, se visibiliza que la criminalización de la pobreza y de las identidades sexo genéricas no heterocis se suman al desamparo de la población LGBTIQ+ en manos del Estado a través del quehacer de la policía, y esto implica la desestructuración de los entramados ya precarios que sostienen los entornos familiares: “Trataba de trabajar en la pista así sea pasando un día o los fines de semana porque tampoco me podía quedar encerrada en la casa sin salir y sin ganarme nada porque yo también ayudo a mi mamá y hermanos menores. (…) Además los policías malditos se aprovechaban de la cuarentena y todo eso para molestarnos, golpearnos, pedirnos plata o robarse nuestras cosas (…) Me preocupa que mi mamá se ponga malita o agarre alguna cosa o enfermedad y yo no pueda ayudarla porque no tengo plata” (Juana, Guayaquil). Como hemos visto a lo largo de este documento, la existen[1]cia previa a la pandemia de una estrategia sistemática de grupos “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 44 religiosos y laicos ultraconservadores se explica también por un proceso de fascistización de las sociedades, es decir, por un “sur[1]gimiento de características fascistas en varios ámbitos de la vida social”* que se combinan con una política que administra y decide cuáles vidas valen y cuáles no. Esta jerarquización de cuerpos y sujetos coloca a los sectores populares y empobrecidos, lxs jóvenes, las identidades sexogenéricas disidentes, las mujeres y todxs quie[1]nes atraviesan procesos de feminización en el lugar de lo desechable y sospechoso, como aquello que puede ser violentado. Queda claro que en la actualidad el proyecto neoliberal y de capitalismo salvaje, así como la actuación de las élites (oligárquicas y burguesas), sólo puede ser implementado por la vía de la coerción, la violencia y la amenaza permanente de la vida. La política de seguridad imperia[1]lista para la región se articula con una crisis de hegemonía de las clases dominantes y con lo que una compañera colombiana deno[1]mina el “disciplinamiento de las generaciones jóvenes, precarizadas y despojadas”** que son amedrentadas por la policía y los grupos paramilitares mediante el miedo, la muerte y la impunidad. En esta crisis sanitaria se hace evidente que las políticas de seguridad y control estatal fracasan para impedir contagios, pero son efectivas para mantener un Estado de Excepción que ya no es extraordina[1]rio, sino que se activa como mecanismo cada vez que las élites y los gobiernos necesitan controlar o evitar procesos insurreccionales en el continente (Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico son algunos de los países en donde la población se volcó masivamente a las calles por varios días). A la par se ha abierto un reciente debate sobre el rol de las fuerzas policiales, su sistemático abuso de poder y violación de derechos humanos, y su estéril papel en la protección y cuidado de la sociedad. * Planteamiento de la organización Acción Antifascista del Ecuador. Para mayor profundización: https://antifascistasecuador.org/la-fascistizacion-de-la-socie[1]dad-debates-y-apuntes-1/?fbclid=IwAR3xP6O5XPbwPSSVm_RuNMy90ChL[1]2OW1u8_2FjS16I82lYL7z31d7FN4Dk ** Sandra Rátiva Gaona, estudiante de doctorado de la UABP. 45 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez Por último, así como la violencia machista no está en cuarentena, en estos meses muchos países asisten a un reforzamiento del modelo ex[1]tractivista y de despojo de pueblos y nacionalidades indígenas, de sus territorios y entramados de vida, lo que constituye una reactualización de la colonización. Empresas petroleras, mineras, hidroeléctricas y de agronegocios invaden las lógicas comunitarias y sostienen la acumu[1]lación por despojo y renta diferenciada de la tierra. Son las mujeres indígenas y campesinas las guardianas de las semillas, el agua y los bosques, las que viven este avance de la frontera extractiva y las conse[1]cuencias de las dinámicas violentas de control territorial, desplegadas por la policía y las empresas transnacionales. En definitiva, esta emergencia muestra que el saqueo y el despojo a la clase trabajadora, reforzado en las últimas cuatro décadas, ahonda la división internacional, sexual y racial del trabajo. La precarización, la sobreexplotación y la falta de derechos laborales para amplios secto[1]res de la población son parte de la memoria larga de este capitalismo dependiente. Si el imperativo es obedecer para sobrevivir, quedarse en casa significa un nuevo ajuste en el control de la vida. Los sectores populares que viven de lo que ganan al día, a la quincena, por jornal; no pueden dejar de trabajar porque no sobreviven. Pero cuando sa[1]len a sobrevivir, son multados o detenidos por las fuerzas policiales. Como hemos mostrado, esta situación se agrava para las mujeres y población LGBTIQ+ que en estos meses ha aumentado su carga de trabajo no remunerado como parte del reforzamiento de la división sexual de trabajo en sus hogares como resultado del encierro y como consecuencia del desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, educación y seguridad social en contextos de crisis (que se corresponde con la delegación neoliberal de los cuidados por parte de los Estados al ámbito de lo privado doméstico). La gestión de la crisis multidi[1]mensional a la que asistimos visibiliza las diferencias entre hombres, mujeres y cuerpos e identidades feminizadas. A pesar de esto, lo cierto es que la gestión de la crisis no se produce desde arriba, si no que ha sido labrada desde abajo: “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 46 “Nadie se acuerda de las putas nunca y en la crisis menos, nosotras esperábamos que nos dieran la mano porque somos muchas en la casa y había días que no había para comer, pero ahí mismo nos apoyábamos o los vecinos nos daban la mano” (Juana, Guayaquil). Si para las mujeres el sostenimiento de la vida implica resolver ali[1]mentación, salud y cuidado de sus familias y entornos en condiciones de precarización, sobrecarga, desempleo, callejización y desfinancia[1]miento de lo público común; para los hombres, la gestión de la crisis refuerza la subjetividad machista que se traduce en frustración, ira y abandono. Como consecuencia, aumentan las violencias hacia las mu[1]jeres y la población LGBTIQ+, que son impunemente habilitadas por el Estado para la reproducción de la “vieja normalidad” capitalista, colonial y patriarcal. 5. Articulación entre violencias machistas y violencias económicas: pistas para imaginar otras prácticas feministas En este último apartado, se presenta una reflexión en torno a los apor[1]tes de una lectura feminista de la violencia económica a la práctica feminista. En este sentido nos preguntamos ¿cómo cambia (o debería cambiar) la práctica feminista? A lo largo de este documento, hemos problematizado las imbricaciones entre las violencias económicas y las violencias machistas y sus implicaciones en la vida de las mujeres y la población LGBTIQ+. Esta problematización parte de considerar que el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad configuran un mismo sistema de explotación, opresión y dominación, y que si bien presen[1]tan especificidades, requieren ser pensados simultáneamente para dar cuenta de la totalidad. Es en el corazón mismo del sistema que se producen las violencias, en ese lugar donde: “el Estado está en deuda con la población trans, las negritudes y las personas históricamente discriminadas e invisibilizadas” (Andrea Alejandro, transfeminista no binarie, Guayaquil). 47 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez El texto que aquí se presenta abarca una lectura de las violencias como parte del desarrollo del capitalismo y la larga memoria de ex[1]plotación y saqueo a la clase trabajadora, agudizada en coyunturas de ajuste estructural y crisis; y del patriarcado como orden histórico que configura un gobierno de la necropolítica (Valencia, 2010) que produ[1]ce violencias para mantener la reproducción social del sistema. Pensar desde esta perspectiva aporta a construir una mirada integral que dé cuenta de las múltiples causas e implicaciones de las violencias, una mirada que recoja particularidades pero vea la violencia como un fenóme[1]no social histórico sistémico y estructural y no como una serie de even[1]tos extraordinarios y anómalos. Entender cómo conjuntamente surgen, operan y se legitiman las violencias machistas y económicas aporta a la construcción de herramientas teóricas, de lucha y de prácticas cotidianas que cuestionan radicalmente los feminismos blanqueados de la retórica empresarial y del poder corporativo, y fortalecen la potencia feminista anti sistémica que busca transformar el conjunto del orden dado. En un escenario en el que la vida de las mujeres y personas LGBTIQ+ se encuentra amenazada, resulta clave analizar las relaciones de poder basadas en el género junto con otras desigualdades sociales, cómo se “entretejen en otros sistemas de poder tales como las relaciones eco[1]nómicas e internacionales, los conflictos militares y la ecología polí[1]tica” (Sen y Durano, 2015). No sólo porque esta perspectiva permite observar cómo cada sistema de poder moldea y se intersecciona con los demás, sino porque esta forma de análisis nos permite reconocer y “desafiar esos sistemas” desde las prácticas políticas y la construcción feminista. Desde esta perspectiva hemos leído las condiciones de vida y labo[1]rales en la pandemia, precisamente porque las crisis sanitarias son es[1]cenarios de aislamiento y restricción para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+ donde se profundizan las formas de violencia. Es por esto que las políticas que restringen el acceso a la justicia económica y la jus[1]ticia de género se interconectan totalmente con las formas de captura “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” 48 corporativa del Estado y la desinversión en servicios públicos(en par[1]ticular, de la salud pública). Como dijimos anteriormente, si tenemos en cuenta los datos que afirman que la mayor parte del trabajo domés[1]tico y de cuidados no remunerado a nivel global es realizado por las mujeres, el desmantelamiento de lo público común -como correlato de la captura corporativa de los Estados- se traduce en mayores niveles de sobreexplotación de las mujeres. Esta lectura nos lleva a la necesaria articulación de las luchas por la justicia económica y de género al mo[1]mento de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas ges[1]tantes sobre sus cuerpos y sobre la maternidad, y a contar con políticas de salud pública que respalden los derechos sexuales y reproductivos. En este documento hemos recuperado la lectura desde la intersec[1]ción* para analizar cómo se vincula la justicia económica, ecológica y de género en América Latina (Bidegain y Llavaneras, 2013), desde una perspectiva que ubica en el centro de nuestras prácticas la sos[1]tenibilidad de la vida. Es por esto que el análisis de un capitalismo extractivista debe contemplar la trama de dimensiones de diferentes dinámicas de extracción de recursos, datos, tierras, finanzas y tiempo que impacta sobre nuestras vidas. Y es que “a pesar del horror, de las violencias y el abandono, los co[1]lectivos LGBTIQ+ son quienes obligan al sistema a concebir de mane[1]ra integral, otras normalidades y realidades” (Sara Rojas). Dar cuenta de esta memoria inmediata que se articula con la historia larga nos permite tensionar nuestras concepciones sobre las violencias e imagi[1]nar una nueva normalidad, una donde quizás la justicia y el cuidado sean el centro de la vida y la dignidad. * En inglés, desde DAWN se ha utilizado el término interlinkages para analizar estas formas complejas en las que se vincula. 49 Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez Referencias bibliográficas ARAUJO GUIMARÃES, N. y HIRATA, H. (comp.) El cuida[1]do en América Latina: mirando los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Medifé Edita. 2020. BENERÍA, L. y SEN, G. Acumulación, reproducción y el papel de la mujer en el desarrollo económico. 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