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En la semana del 5 al 11 de junio, al menos nueve personas que se dedicaban a la distribución y venta de pollos fueron asesinadas en Chilpancingo. El 16 de junio, cerca de las 21 horas fueron asesinados Marco Antonio Contreras Meléndez, ex fiscal de la zona centro, y Jesús Emmanuel Sandoval, ex titular del Ministerio Público de Iguala, quienes circulaban en una camioneta cerca del palacio del gobierno del estado.
El vendaval también afectó a municipios de la Costa Chica como Tecoanapa con la entrada de un convoy de al menos 25 camionetas con hombres armados que abrieron fuego a las instalaciones de la policía municipal, sobre la carretera que va a Ayutla de los Libres. Lo inaudito fue la inacción del Ejército que constató la irrupción de los hombres armados que quemaron una casa en la comunidad de El Limón y asesinaron a un trabajador de la gasolinería.
La información más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró 542 casos de homicidios dolosos en los primeros cinco meses a escala estatal. En mayo 100 personas fueron asesinadas, ocupando el octavo lugar nacional. Acapulco aparece como la quinta ciudad con más homicidios dolosos en el país. Iguala se ubica en el lugar 27.
En hechos más recientes, este domingo 19 por la noche, Sofío Gutiérrez, el ex alcalde interino de San Luis Acatlán, fue herido con arma de fuego por personas que llegaron hasta su domicilio. El lunes 20 en Iguala fue asesinada la empleada de una tortillería por dos personas que huyeron en una motocicleta. Ese día, cerca de la comunidad nahua de Tulimán, municipio de Huitzuco, fue privada de la vida otra mujer cuando viajaba con su familia sobre la Autopista del Sol, por pistoleros que los interceptaron para asaltarlos.
En la Montaña baja, en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera 23 comunidades nahuas que conforman el Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ) han denunciado que desde el 17 de junio las balaceras son constantes por el grupo delictivo conocido como Los Ardillos. El martes 21, varios periodistas que acudieron a la rueda de prensa en la comunidad de Tula, fueron testigos de la lluvia de balas que intercambiaron los grupos que se encuentran atrincherados. Las familias, presas de pánico, soportan el torrencial en sus precarias viviendas. Dejaron de labrar la tierra y por seguridad no pastorean sus cabras. El control territorial forma parte del mal temporal que azota la región.
Más de seis años enfrentan estos huracanes que han devastado la vida comunitaria con 18 indígenas asesinados y 19 desaparecidos. Las armas han suplantado la justicia e impuesto el orden con las balas. Los acuerdos que han firmado las autoridades estatales son simples papeles que se los lleva el vendaval. Nadie les da seguimiento. Su ausencia en las comunidades contrasta con el arraigo que tienen los armados en los territorios. La alternativa es resistir, atrincherarse y esperar que los cuerpos de seguridad del estado, replieguen y desarmen a sus enemigos. Nada ha prosperado porque los retenes son provisionales, mientras pasa la tormenta. Los grupos delincuenciales han echado raíz y no hay fuerza que los desarraigue.
En Tixtla, el martes 21, cerca de la entrada de la normal de Ayotzinapa, en el paraje El Guamúchil, fueron encontrados dos hombres balaceados, atados de manos y cubiertos con un colchón. Los cuerpos fueron tirados a unos metros de donde los policías municipales instalan su retén para brindar seguridad a la población. Ahora cualquier territorio puede servir para tiradero de cuerpos o para fosas clandestinas. La disputa territorial justifica cualquier delito.
Los coletazos de estas tormentas se han dispersado en las dos costas, la zona serrana, la Montaña baja, Acapulco, zona centro, región norte y la tierra cliente con la proliferación de grupos del crimen organizado que en varios municipios se han incrustado en las nuevas administraciones municipales. La seguridad queda supeditada al grupo que controla la plaza y los giros comerciales están bajo el monopolio de quien ejerce el poder destructor en la región. El contubernio con el crimen es la forma más segura para garantizar la gobernabilidad en los municipios. La población tiene que alinearse a los acuerdos impuestos por el narco y debe de acostumbrarse a sortear su vida en el pantano de la ilegalidad.
La proliferación de los grupos armados en Guerrero es parte de la nueva normalidad que se ha implantado, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional y la llegada del nuevo gobierno morenista. La naciente configuración política nos muestra la proliferación de estos grupos, que con su apoyo económico lograron colocar a varios de sus candidatos en las presidencias municipales. Ante estas graves amenazas emanadas del mismo poder político, buena parte de la población prefiere guardar silencio y quedar bajo el yugo del sicariato. Es rehén de las disputas territoriales y de los pactos delincuenciales.
Los nuevos huracanes de la violencia en Guerrero son devastadores porque los grupos criminales han adquirido carta de naturalización en las siete regiones del estado. Su omnipresencia se ha normalizado al grado que han impuesto el estilo gansteril de la represión caciquil y militar, que el estado delincuencial implantó en la guerra sucia.
En Guerrero hay una lucha intensa dentro de las comunidades, ejidos y colonias para impedir que los grupos criminales tomen el control de sus territorios e instituciones. A pesar del terror que han sembrado en las calles y caminos, la gente sigue acorazada contra el miedo armándose de valor para enfrentar los huracanes de la violencia.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan