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En las últimas semanas en Ecuador se desató un poderoso ciclo de protestas que fue duramente reprimido por el gobierno de Lasso. Esta coyuntura debe inscribirse en un proceso de larga data, que muestra políticas neoliberales acompañadas del uso de la fuerza y levantamientos recurrentes que buscan frenar la precarización de la vida.
Las últimas movilizaciones exponen una combinación de demandas particulares de las organizaciones indígenas, con reclamos generales que son transversales a todo el territorio. Y hacia el futuro queda como interrogante delimitar si es posible conformar un bloque político que vaya más allá del binarismo marcado por el progresismo y el neoliberalismo.
El contexto general
Si se revisa con detenimiento la historia política de Latinoamérica, el neoliberalismo no ha sido aplicado con paz social. Al contrario, en mayor o menor medida la violencia de los gobiernos ha sido recurrente. A pesar de ello, las sociedades se han levantado una y otra vez, intentando detenerlo o la menos atenuarlo, se han movilizado frente a la precarización de la vida, el despojo y la explotación.
En 2019, el intento de retirar los subsidios a los combustibles por parte del gobierno de Lenín Moreno, provocó un levantamiento indígena y popular que prácticamente desbordó toda previsión, y fundamentalmente, movió a la sociedad ecuatoriana. Luego de una mesa de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno se derogó el decreto de los subsidios y se planteó la necesidad de focalización. Sin embargo, no se cumplió. Con la pandemia, en julio de 2022 el gobierno aprovechó la situación para poner en marcha un sistema de bandas de precios adoptar otras medidas económicas neoliberales.
En las elecciones presidenciales de 2021 resultó vencedor el banquero Guillermo Lasso, con una coalición de derechas. Desde un principio, las políticas del gobierno, no fueron sino la continuación del anterior. Los precios de la gasolina extra y ecopaís pasaron de 1,75 dólares/galón en julio de 2020 a 2,55 dólares en octubre de 2021 (45% de incremento). De igual forma, el precio del diesel pasó de 1 dólar/galón a 1,90 (90% de aumento) en el mismo periodo. En ese mes el gobierno, frente a la presión de los movimientos populares, decidió congelar en esos precios.
Es importante señalar que el gobierno de Lasso llegó al poder en medio de una polarización con el populismo progresista, representado por Andrés Arauz. El margen de diferencia entre los dos fue apenas 4% de la votación total. De igual forma, apenas consiguió 12 escaños de 137 dentro de la Asamblea Nacional, lo que le ha llevado a gobernar en un contexto de debilidad política y poca legitimidad social. A pesar de que en los primeros meses la campaña de vacunación del gobierno logró sostener un buen nivel de aceptación de la población, en lo posterior fue descendiendo rápidamente, producto de la falta de política económica favorable a la gente, el escándalo de los papeles de Pandora, y la crisis institucional en marcha.
La política económica del nuevo gobierno está en la línea del neoliberalismo: intentos decididos de privatización (especialmente del Banco del Pacífico, público), el desmantelamiento de los derechos sociales referidos a la educación y la salud, la liberación de los precios de combustibles, el ataque a los derechos laborales, todo bajo la puesta en marcha de los acuerdos con el FMI. A pesar de que el gobierno ha tenido altibajos en el desarrollo de las políticas neoliberales, pues logró aprobar la “Ley Desarrollo y sostenibilidad fiscal” (apoyado por omisión por UNES – el partido correísta), pero no pudo aprobar su “Ley de Creación de Oportunidades”, esto debido a su debilidad política en la Asamblea Nacional, y la extrema movilidad de los acuerdos dentro de esa institución entre los distintos partidos políticos.
De todas formas, en términos generales, la población ha sentido el peso de las condiciones económicas concretas que se han ido precarizando día a día. La subida de los precios de los combustibles, el principal factor de política económica del gobierno, ha traído consigo el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, y en general del costo de la vida de la población más pobre del país. A esto se suma la falta de fuentes de empleo (según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 42,7% tienen empleo formal, mientras que el 51,7% es informal, el nivel de subempleo es de 23,9%).
La agenda (pluri)nacional antineoliberal
Por su parte, el Movimiento Indígena, encabezado por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), presentó una primera propuesta al gobierno en junio de 2021, en donde básicamente se pedía el congelamiento de los precios de los combustibles. En octubre se dio otro encuentro entre la Conaie y el gobierno, pero tampoco se obtuvo mayor resultado. A pesar de ello, el presidente Lasso decidió congelar los precios de las gasolinas al monto de aquel mes (que es el que rige hasta la actualidad). Para el Movimiento Indígena no fue suficiente, pues a esas alturas el costo de la vida había subido a la par. Finalmente en noviembre del año pasado se rompieron los diálogos, pues no se consiguieron acuerdos claros y concretos.
En esas condiciones se produce la movilización desde el 13 de junio, donde se ha planteado una “Agenda de lucha nacional” con 10 puntos de exigencia al gobierno. Entre los principales están: la reducción del precio de los combustibles más usados por los sectores populares, el control de los precios de venta de productos agrícolas, la renegociación de deudas con el sistema financiero con reducción de tasas de interés, derechos laborales, educación y salud. A esto se suma, la exigencia de parar la privatización de sectores estratégicos, el control de la especulación de precios de productos de primera necesidad. Además contienen exigencias más particulares referidas a derechos colectivos y el rechazo al extractivismo.
Es importante señalar que la plataforma de lucha propuesta por la Conaie tiene visiblemente un carácter nacional, pues abarca demandas sentidas de toda la población ecuatoriana. A pesar de que, en la década progresista se tildó al movimiento indígena de particularista, los levantamientos de 2019 y el actual muestran la pervivencia de un carácter (pluri)nacional de su propuesta. Esto, tampoco es nuevo. Las grandes movilizaciones de la década de los 90s, en el contexto neoliberal, también posicionaban una decidida visión global de los problemas sociales provocados por el ajuste estructural. Quizá el slogan más demostrativo de esto fue la del “Estado plurinacional sin privatizaciones”. En este sentido, la movilización actual muestra el carácter (pluri)nacional de la lucha antineoliberal en el Ecuador, articulando demandas de alcance general a las cuestiones territoriales más específicas. Exigencias concretas e inmediatas y otras de más largo plazo.
Por ello, la dimensión de la movilización actual es geográfica y socialmente nacional. En términos generales, han sido muchos sectores sociales los que se han movilizado, junto a las organizaciones indígenas convocantes. La agenda del levantamiento ha logrado juntar a las tres grandes e históricas organizaciones indígenas del país: Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Fenocin (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), y Feine (Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador). Pero aparte de eso, ha logrado sumar a variadas organizaciones populares, estudiantes, grupos feministas, barrios populares de las grandes ciudades, organizaciones de migrantes indígenas de las ciudades, han salido a las calles, han cerrado las carreteras en varios puntos del país, han tomado gobernaciones provinciales, y han realizado marchas sobre la ciudad capital.
En este sentido se puede decir que ha emergido una especie de bloque antineoliberal (pluri)nacional desde abajo, todavía en ciernes, pero con posibilidades de cohesión más fuerte en el futuro próximo. Esto es importante señalar porque una de las consecuencias políticas más visibles del levantamiento de octubre de 2019 fue la emergencia de una articulación indígena popular desde abajo que puso en tensión el binarismo progresismo/neoliberalismo. Cuestión que sin embargo, se diluyó por las disputas políticas en la coyuntura electoral de 2021. El levantamiento actual vuelve a mostrar las posibilidades de una articulación del campo popular alrededor del Movimiento Indígena, que haga frente al neoliberalismo, más allá, y a ratos, por fuera del campo institucional de los partidos políticos de izquierda y centro izquierda del país (Pachakutik y UNES principalmente), y de sus agendas muy particulares.
El levantamiento actual, muestra que las cuestiones que posibilitan la movilización y la articulación popular y clasista pasan primero por la capacidad de mirar y sintonizar con las condiciones materiales concretas de reproducción de la vida de la gente, y luego por la politización desde abajo de ellas. En este sentido, la movilización se produce más por un sentido de dignidad, justicia y concreción de derechos percibida en la vida real, que por un programa político ideológico predefinido desde arriba por ciertos grupos políticos. Por ello, la movilización, en forma similar a octubre de 2019, recalca una y otra vez que esta lucha es de los pueblos del Ecuador (indígenas y populares), es decir, de un bloque (pluri)nacional y popular desde abajo, contra el neoliberalismo. Cuestión que habrá que mirar cómo se sostiene o no en el corto y mediano plazo, una vez finalizadas las negociaciones en marcha con el gobierno actual.
Cabe resaltar que el carácter (pluri)nacional del levantamiento actual viene dado no solamente por el componente de diversidad societal y clasista de los movilizados (indígenas, clases populares, y una pequeña parte de las clases medias urbanas), sino también por el carácter de la agenda de lucha. Se incluyen –como decíamos– temas generales y a la vez temas particulares.
Por un lado, el alcance nacional de la movilización se produce porque la agenda logra sintonizar con la precarización de las condiciones de reproducción material más íntimas de las familias de los sectores populares urbano marginales y de las comunidades indígenas campesinas. Situación que se ha venido profundizando desde el gobierno de Moreno, las consecuencias que dejó la pandemia, y la continuidad neoliberal del gobierno actual.
En un visión más profunda, las demandas de la “Agenda de lucha nacional” significan una disputa frontal de los términos de quiénes y cómo se apropian de la riqueza social producida por los trabajadores del campo y la ciudad, y en general por la sociedad; una disputa también contra el despojo que significa el extractivismo para los campesinos indígenas, pero también para la población urbana; así como contra el despojo que hace a la sociedad el poder financiero nacional e internacional mediante la deuda y las tasas de interés. En este sentido, lo que fluye por debajo del levantamiento actual es la disputa por el destino y el control de la riqueza social (expresada en el destino de los excedentes petroleros, mineros, el tema de los subsidios y focalización de los combustibles, así como la riqueza natural amenazada por el extractivismo), y en este sentido, es una lucha por definir quiénes, cómo y para quiénes se hace la política económica del país.
Si se entiende que el neoliberalismo no es solamente la aplicación de un programa de medidas económicas, con el consiguiente despojo de la riqueza social, sino que es a la vez la suspensión de la capacidad de decisión colectiva de la gente sobre los asuntos centrales de la vida social, entonces la lucha anti neoliberal es también por la concreción de la democracia, más allá y muchas veces por fuera de aquella limitada al campo institucional. En este sentido, y entendiendo que la plurinacionalidad, en términos generales, implica una disputa y fortalecimiento de la capacidad política de las clases populares y los pueblos y nacionalidades frente a las clases dominantes, la movilización actual contiene una dimensión democrática popular y plurinacional, que disputa al neoliberalismo la dirección de la sociedad y del Estado.
La remoción de la apariencia social
Decía al principio que este levantamiento, en forma similar al de octubre de 2019, está moviendo a la sociedad. Esto, no solo en el sentido de la movilización de variados sectores de la misma contra las políticas neoliberales, sino en la remoción de los estratos más profundos que la conforman como sociedad.
Estos levantamientos han tocado una de las fibras más persistentes del país, me refiero al colonialismo y el racismo de las clases dominantes. No solamente se trata de una instrumentación de ellas por parte del gobierno y las clases media altas de las ciudades, para reprimir y deslegitimar el levantamiento, sino de la emergencia y visibilización de un estrato de gran profundidad histórica en un país como el Ecuador, que proviene del hecho colonial del siglo XVI. Se trata de la tenaz persistencia de las jerarquizaciones sociales coloniales que fluyen por debajo de la aparente y cotidiana paz social en la que la sociedad ecuatoriana vive. Pero que en los momentos de tensión y fisura, productos de la confrontación con el poder de las clases dominantes y el Estado, se hacen claramente visibles y muestran su frontal y radical violencia, por defender justamente el carácter profundamente colonial y clasista de la sociedad ecuatoriana.
El levantamiento indígena y popular ha removido, en octubre de 2019 y también ahora, la aparente igualdad y equidad social y cultural entre los diversos pueblos del país. Una apariencia que el mismo neoliberalismo construyó a lo largo de la década de los 90s desde su visión multicultural del mundo, donde lo indígena era aceptado como parte de las sociedades, siempre y cuando no toque las jerarquías de quiénes mandan y quiénes obedecen, y de la estructura de captación de la riqueza social. Es justamente ese mundo ideal multicultural neoliberal, que ocultaba la persistencia colonial más profunda, lo que estos levantamientos han removido, tirando una piedra en la aparente calma del mar social construido por el capitalismo y su interno colonialismo.
Una de las cuestiones que son llamativas en esta dimensión, es que los levantamientos recientes han logrado visibilizar con gran claridad la articulación de la dominación clasista y colonial en los bloques dominantes del país (clases medias, altas, gobierno, medios, empresariado). Son estos grupos sociales, quiénes (re)construyen continuamente una estructura racista y colonial, desde su poder económico y político, dentro y fuera del Estado, para sostener su dominio sobre lo indígena y lo popular. Dominio que también pasaba por la artificial y drástica separación entre el mundo indígena, y el mestizo popular, empujada por la cadena de dominación y violencia criolla europea, en la colonia, y por las clases altas burguesas y aristocráticas hoy.
El multiculturalismo neoliberal promovió esas separaciones con su énfasis en la diversidad cultural o identitaria, soslayando las semejanzas clasistas entre indígenas y mestizos populares (muchas veces de origen indígena campesino). Eso es justamente lo que estos levantamientos han logrado romper, y por eso las clases dominantes y el gobierno intentan violentamente restaurar esos formatos de pensamiento y acción históricamente profundos.
Demás está decir que el proyecto indígena de la plurinacionalidad ha apuntado justamente a la ruptura de la dominación colonial y capitalista como un todo. Hace más de 30 años, el primer levantamiento y la conmemoración de los 500 años de conquista, llevaba con claridad ese mensaje. Se trataba de una “resistencia indígena y popular”. Hoy esa consigna está a la vista en los hechos, en la agenda y, ojalá en la concreción efectiva del proyecto plurinacional, que, como decía uno de los dirigentes históricos de la Conaie, se trata de un proyecto popular de transformación del Estado y la sociedad.
Inti Cartuche V. Investigador kichwa ecuatoriano. Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla – México. Los temas que aborda son plurinacionalidad, historia y sociología de los movimientos indígenas, descolonización. Militante del movimiento indígena de Ecuador.