Ante el agotamiento y decadencia del modelo masista

Las dos caras de un mismo drama: El país en la deriva confrontacional

Arturo D. Villanueva Imaña 

Bolpress

 

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones
anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven”.
-Eric Hobsbawm., Historia del Siglo XX.-

1. INTRODUCCIÓN.

En una extraña situación paradojal y como queriendo ir a contramarcha de procesos e insurgencias que están ocurriendo en países vecinos que anuncian esperanzadores avances y cambios (como en Colombia, Chile, Ecuador insurgente, y tal vez Brasil); nuestro país, Bolivia, parece como si estuviese empeñado en cumplir aquel extraño karma por el cual, como en el pasado, habiendo sido protagonista del primer grito libertario republicano de Latinoamérica aquel 16 de Julio de 1809, terminó siendo uno de los últimos países en lograr la independencia en 1825.

Es como como si se hubiese perdido el rumbo, porque habiendo marcado la ruta ya a inicios de este nuevo siglo, cuando sucesivamente se produjeron la guerra del agua en abril del año 2001, la guerra del gas en octubre de 2003 (que terminaron expulsando al neoliberalismo y transnacionales del país), y posteriormente la Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución Política del Estado (cosa que países vecinos se encuentran recién emprendiendo luego de prácticamente dos décadas); ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre confrontacional, sin haber cumplido el mandato encomendado, ni haber realizado las tareas planteadas en aquella coyuntura performativa.

Por ello, si bien a poco más de una década y media de tiempo desde que se estableció el actual régimen de gobierno, quizás no exista aún la distancia y serenidad necesarias para ejercitar una evaluación histórica; pero a cambio, si se tienen ya elementos, factores y hechos que pueden permitir realizar un ejercicio prospectivo de lo que podría suceder a futuro.

En esa perspectiva, aleccionado por esa dura sentencia de Eric Hobsbawm con respecto de aquella juventud de fines del siglo XX, y precisamente para evitar y revertir esa suerte de rompimiento con el pasado (cuya cita se transcribe al inicio de este trabajo), la idea es alertar y prevenir acerca de lo que previsiblemente nos depara el actual curso de los acontecimientos y la forma de cómo se está encarando el proceso nacional. Al efecto, aludiendo al anverso y reverso de una moneda, ensayaré un análisis crítico acerca de lo que podemos llamar las dos caras del mismo proceso: el régimen de gobierno y la oposición política.

2. EL RÉGIMEN DE GOBIERNO DEL MAS.

No es posible entender la deriva del régimen masista luego de los más de 15 años que lleva en el gobierno, sin hacer referencia a la decadencia y agotamiento del modelo que decidió adoptar e imponer. Asumiendo el criterio de Octavio Paz en referencia al concepto de decadencia en ese su tan lúcido análisis sobre la colonización española en México, también “baste con decir que el signo inequívoco de todas las decadencias es la pérdida de un proyecto nacional” 1/.

Y esto es precisamente lo que sucedió con el MAS. A lo largo de algo más de la década y media que ya lleva gobernando, si bien por ahora no se conocen ni es posible entender las razones de fondo que motivaron su accionar, en cambio sí existen hechos y decisiones incontrovertibles que dan cuenta de la decadencia y agotamiento de su modelo, en vista del extravío del proyecto nacional.

¿Cómo se explica esta situación que más allá de endilgar una grave responsabilidad respecto de un régimen de gobierno, en realidad evidencia la pérdida de aquel instrumento principal de construcción del futuro y el destino del país?. Lamentablemente la extensión de este trabajo no permite desarrollar con el detenimiento necesario cada una de las manifestaciones del proceso seguido en esta última década y media. Sin embargo, a efecto de ejemplificar y mostrar con claridad los hechos que dan cuenta semejante deriva, se hará mención a los hitos y expresiones más destacables.

Un Proyecto Nacional no es un asunto puntual que se construya a similitud de lo que se hace con un programa de gobierno o un plan de desarrollo. Es más, se trata de procesos de maduración, e inclusive conflicto y crisis, que no se circunscriben a un episodio circunstancial, menos burocrático, en el desempeño de la sociedad. Por ello, para contar con un proyecto nacional, no basta con disponer de un diseño o una propuesta para la gestión de gobierno. En realidad implica un acuerdo y un compromiso de carácter nacional que emerge de momentos constitutivos 2/ generalmente excepcionales que no surgen en situaciones de regularidad normal ni cotidiana, y que además demandan el involucramiento decisivo del todo el conjunto del país.

Ahora bien, después de la revolución de 1952 que también dio paso a uno, esto es lo que sucedió con el país aproximadamente desde inicios del año 2000 hasta que la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Se trata de un proceso donde se condensan y asumen todo el conjunto de aspiraciones, luchas y propuestas (incluyendo por ejemplo la histórica agenda nacional de Octubre 3/) que en principio se habían expresado como movimientos de insurgencia y rebelión popular en las guerras del agua y del gas, para terminar siendo plasmadas y traducidas en una versión equivalente de mandato constitucional, que deviene como resultado del debate y la concertación nacional alcanzada en la Asamblea Constituyente, pocos años después. Por eso puede sostenerse que la nueva Constitución contiene el mandato soberano y es equivalente a lo que se entiende por un Proyecto Nacional que terminó desplazando, expulsando y derrotando al proyecto neoliberal que (influenciado por la corriente mundial de la llamada escuela de Chicago) se había adoptado en Bolivia desde 1986.

Este es el Proyecto Nacional que el régimen del MAS abandona, traiciona y termina envileciendo. Tanto es así que llega al punto no solamente de cerrar y negarle al país la oportunidad de resolver los problemas nacionales y saldar las deudas históricas que le aquejan, sino también al dar continuidad a aquellos perversos ciclos de expoliación, enajenación antinacional y usurpación de nuestros recursos naturales tan dramáticamente denunciados por Sergio Almaraz 4/. A diferencia de los ciclos anteriores, en el caso del régimen del MAS han llegado inclusive al extremo de la destrucción de la naturaleza y la vida, la pérdida de inmensas extensiones de bosques, recursos genéticos y la biodiversidad del patrimonio nacional, para terminar recalando en el litio, como el nuevo recurso a disposición.

Aunque evidentemente ningún proceso histórico tiene carácter lineal ni es mecánicamente ordenado en vista de los cambiantes factores y fuerzas que intervienen, en este caso el abandono, la traición, y el envilecimiento al que hicimos referencia, se expresaron como una sucesión paulatina, acumulativa y sistemática de hechos y decisiones que terminaron extraviando y perdiendo aquel Proyecto Nacional popular que se había pergeñado con tanto sacrificio.

El primer peldaño y muestra del abandono del Proyecto Nacional, se exteriorizó por medio de aquella negociación congresal que dio curso al cambio de varios aspectos del contenido de la Constitución aprobada en Asamblea Constituyente 5/. Ese hecho constituye el antecedente primigenio de un proceso que, independientemente de la responsabilidad del régimen masista de entonces, ha terminado dejado desguarnecido al país.

Junto a ello, es imposible dejar de mencionar el abandono y tácito incumplimiento de tareas como la descolonización (que vaciada de toda perspectiva se ha convertido en una vergonzosa función de folclorización y negocio cultural, en la más optimista de las visiones), la despatriarcalización, o la construcción de un estado intercultural, etc., solo para mencionar ejemplos de una larga lista de asuntos nacionales que fueron a parar en el olvido, o que sencillamente adoptan el rostro de la farsa.

Después del abandono (aunque no necesariamente en forma cronológica sino inclusive simultánea), se patentizó la traición. Ello lleva a preguntarse: ¿Dónde quedó el gobierno de los pueblos indígenas que se decía representar y defender?. ¿Cómo se explican las violentas represiones, los enfrentamientos, cercos militares, etc., como en Chaparina, Takovo Mora o Caranavi donde al margen de atentar flagrantemente contra derechos constitucionales inclusive se cobraron muertos y delitos que quedaron en la impunidad?. Tampoco puede dejar de mencionarse la aprobación de normas como la de deslinde jurisdiccional, o las autonomías por ejemplo. En ellas, a contra ruta de cumplir el mandato constitucional reafirmando el carácter plurinacional por medio de la promoción de la interculturalidad y el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; más bien terminan distorsionando, supeditando y anulando toda posibilidad de ejercer plenamente derechos como a la consulta previa, la autodeterminación, la autonomía y hasta inclusive el respeto a sus territorios y su forma de vivir que sistemáticamente son avasallados, intervenidos y hasta destruidos 6/.

La traición no solo es la ausencia, incumplimiento o falta de correspondencia entre la palabra o el compromiso ofrecido y su realización; también es un delito cometido contra un deber u obligación pública que se ha jurado respetar y hacer respetar. Por eso, también se comete traición cuando se quebranta o transgrede una norma (mandato legal), que viene a representar y entraña un compromiso de cumplimiento. En ese sentido, la sustitución y suplantación del Proyecto Nacional contenido en la Constitución, por la imposición de Planes Nacionales de Desarrollo, no puede ser comprendida sino como un acto de traición evidente, porque no solo deja de lado un mandato y una obligación constitucional, sino que la suplanta con una versión que altera y es ajena (muy a pesar de que pueda alegarse amplios espacios de consulta y participación, porque ellos estaban alejados y despojados de los fines y objetivos constitucionales). Para ello, basta ver la mutación paulatina pero totalmente evidente que se produjo en el contenido de los planes nacionales de desarrollo, para terminar imponiendo el modelo desarrollista y salvajemente extractivista, denominado como agenda patriótica 2025.

Ello marca otra de las características del extravío y la pérdida del Proyecto Nacional. Se trata de su envilecimiento y distorsión hasta un punto en el que ya no basta haberlo dejado de lado, sino que se impone otro, no solo diferente, sino completamente antagónico. Mandatos como el Vivir bien en armonía con la naturaleza, descolonización, independencia y soberanía nacional, o cualquiera de los valores enunciados en la Constitución 7/, mismos que se encuentran en la antípoda de la competencia, el individualismo y la explotación que caracterizan al sistema imperante; solo han pasado a ser letra muerta, sin ninguna correspondencia con lo que sucede en la práctica y el Estado aplica actualmente.

En los hechos no se trata únicamente de la sustitución conceptual y terminológica, sino de la injerencia de una voluntad política impostora que suplanta la Constitución (convirtiéndola en una quimera inútil), a cambio de un sucedáneo de contenido y enfoque diferentes. La aplicación del modelo impuesto así lo demuestra claramente, porque en los hechos se traduce en la destrucción de la naturaleza, los territorios, áreas protegidas y bosques; la pérdida y enajenación del patrimonio nacional; el extractivismo salvaje de los recursos naturales; el avasallamiento ilegal, el tráfico de tierras, y la usurpación de derechos; la contaminación y envenenamiento de la tierra y los recursos acuíferos por mercurio y explotación salvaje del oro; el uso indiscriminado de agroquímicos venenosos, la pérdida de recursos biogenéticos, semillas nativas y diversidad natural; la creciente e incontrolada dependencia y sometimiento a los intereses corporativos internacionales; la pérdida de soberanía e independencia alimentaria; la enajenación de recursos estratégicos; la imposición de normas que legalizan lo ilegal (como la quema y los chaqueos extensivos de grandes extensiones de bosques), o la ampliación de la frontera agrícola y la flexibilización de normas que garantizaban la conservación y sostenibilidad en el manejo de recursos, inclusive yendo en contra de la vocación natural de la tierra y el suelo… En fin, una cadena destructiva y salvajemente extractivista que también está íntimamente vinculada con la corrupción y el aliento de actividades ilegales. Así, la degradación y extravío del Proyecto Nacional ya no se manifiesta únicamente como vacío o ausencia en un proceso decadente; en realidad puede traducirse como inviabilidad nacional. Más adelante veremos, las implicaciones de tal situación.

3. LA OPOSICIÓN POLÍTICA.

En consonancia a un concepto tradicional y estrictamente representativo, los partidos políticos han sido entendidos como la expresión máxima de la democracia. Esta distorsión ha sido predominante a lo largo de los años. Tratándose efectivamente de uno de los factores principales de contrapeso al poder del Estado y requisito importante de la vida democrática (no más), inclusive se les otorgó un rol determinante y hasta exclusivo que implica el establecimiento de un régimen partidocrático, en el que no se puede ejercer los derechos políticos, sin intermediación de estas organizaciones. De esa manera, la participación y el ejercicio político quedan secuestrados y los partidos actúan cual si fueran dueños de la voluntad política del pueblo y la ciudadanía. Es decir, se dio paso a un régimen que no toma en cuenta otras y diferentes formas de ejercer la democracia, la relación Estado-sociedad y las nuevas formas de decidir, participar y elegir; como es el caso de la democracia directa y participativa, o la comunitaria, que están contempladas en la Constitución. La democracia quedó deformada y los derechos políticos cercenados.

Ahora bien, en la última década y media transcurrida en Bolivia, esta realidad sufrió algunas mutaciones que vale la pena destacar.

Luego de la derrota ideológica y la expulsión material del neoliberalismo que se produjo a inicios del nuevo siglo en nuestro país, aquella corriente económica y política pasó a convertirse en la principal fuerza de oposición nacional; la misma que se expresaba mediante y por medio de diferentes siglas partidarias que van desde sus extremos más reaccionarios y racistas, hasta las versiones liberal republicanas, pero igualmente conservadoras y vinculadas a los intereses empresariales y patronales de carácter tradicional.

Debilitados y derrotados en lo político, así como despreciados y rechazados por el sentimiento popular mayoritario que los identifica con las privatizaciones, la enajenación de los recursos nacionales y la subordinación a intereses antinacionales; todavía contaban con un poder económico importante que les permitía defender sus intereses privados y empresariales, inclusive promoviendo movimientos de resistencia y rechazo a medidas que consideraban atentatorias a su visión de país. Sin embargo, esa resistencia opositora predominantemente neoliberal no duró mucho tiempo. Al estado de debilidad, derrota y desprecio nacional que sufría, se sumó su división y fraccionamiento.

Sucede que a medida que pasaron los años desde las elecciones nacionales de 2005 (incluyendo episodios muy oscuros que no terminaron nunca de esclarecerse completamente) 8/, no solo se produjo el encarcelamiento o la huida de varios y connotados líderes políticos y cívicos de esa oposición conservadora que quedó desguarnecida; sino que muy sugestivamente (con un gobierno que teniendo dos tercios determinantes en la Asamblea Legislativa no descuidó la aplicación de la política del palo y la zanahoria con la oposición), también derivó en la cooptación y el establecimiento de alianzas, precisamente con una parte de aquellos sectores conservadores y reaccionarios que hasta entonces fungían de oposición.

Maltrecha y sufriendo en carne propia el resultado de sus propias acciones y aventuras, así como el abandono y descabezamiento de sus líderes y referentes más connotados, pero también aleccionada por aquella conseja gubernamental amenazante que les había dicho que respetaría cualquier iniciativa empresarial y económica privada mientras no se meta en política, una buena parte de esa oposición neoliberal y empresarial (especialmente los acostumbrados a cuotearse y negociar el poder), entendió que no le quedaba otra que aliarse al oficialismo si no quería desaparecer.

Para comprobar este extremo, basta revisar las listas de candidatos presentados en las elecciones nacionales y subnacionales que se sucedieron, la propia composición de autoridades elegidas en diversos departamentos y municipios, o inclusive el contenido de diversas normas, las graciosas concesiones, los incentivos y hasta perdonazos ilegales que se negociaron y aprobaron en favor de sus intereses.

Este recuento breve sirve para entender mejor lo que sucede actualmente con la oposición política en Bolivia. Especialmente el por qué (a pesar de la prevalencia de un criterio partidocrático), durante varios años los partidos políticos de oposición pasaron a ser prácticamente unas organizaciones vaciadas de representatividad, huérfanas de apoyo, e inclusive sujetas del desprecio mayoritario del país. Pero como nada es estático, en el discurrir de los acontecimientos y mientras la oposición política partidaria se debatía intentando salir y recuperarse del ostracismo en el que se encontraba; la sociedad civil comenzó a articular y organizarse de una manera inédita y autoconvocada. Lo hizo a través de plataformas, grupos de solidaridad, organizaciones de activistas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres que adquirieron un rol protagónico fundamental, etc. El motivo principal de esta inédita insurgencia social estaba alimentada fundamentalmente por el rechazo y la resistencia intransigente frente a la intención anticonstitucional y antidemocrática que buscaba perpetuar en el gobierno a Evo Morales. Pero también expresaba el malestar social acumulado frente a las medidas antipopulares y contra la inocultable tendencia del gobierno que ya para entonces había tomado un rumbo que no correspondía con el mandato constitucional recibido, y tampoco atendía las justas demandas sociales por derechos y libertades conculcados.

Los movimientos sociales espontáneos, autoconvocados y de resistencia, fueron el germen y principal canal de las luchas pacíficas y las victorias democráticas que el pueblo movilizado logró a partir del referéndum nacional del 21F de 2016. Arropados en la fuerza de las causas justas que emprendieron, pero con la debilidad y la limitación de su espontaneidad que se circunscribe al logro de objetivos concretos e inmediatos, estos movimientos y movilizaciones sociales tomaron tal protagonismo político nacional, que no solo permitieron echar de menos a los partidos políticos que se suponía debían encarar la oposición, las luchas y las reivindicaciones sociales, sino que se convirtieron en una real preocupación para el gobierno, que despreciativamente los consideraba marginales e irrelevantes por su dispersión, diversidad y ausencia de cohesión orgánica.

Como todas las cosas no tienen solamente una faceta positiva, aquí es importante realizar una breve digresión para destacar un fenómeno que a la postre tendrá enorme significación en la forma cómo se canaliza el curso de los acontecimientos. Se trata del hecho de que junto al carácter fundamentalmente espontáneo, inmediatista y reactivo frente a los acontecimientos de coyuntura (lo cual delata la ausencia de un proyecto, o de objetivos mayores que no sean los meramente circunstanciales); estos movimientos sociales tienen una conformación fundamentalmente urbana y de clase media, que solo de manera ocasional (especialmente cuando se produce la confluencia de causas y luchas de interés común) se articularon con otros sectores populares. Es decir, que a tiempo de hacer prevalecer sus causas de lucha particulares y hasta excluyentes, nunca lograron una organicidad deseada y tampoco articular fuerzas con otros sectores (principalmente con los populares), que tuvieran un carácter permanente. Por eso, regularmente, una vez alcanzado el objetivo planteado y logradas las conquistas buscadas, estos movimientos tendieron a desarticularse y se desmovilizaron. Como podrá apreciarse más adelante, estas características de los movimientos de resistencia ciudadana autoconvocada, se convertirán en factores limitantes a la hora de encarar desafíos mayores.

Por ello, advertidos del riesgo que implicaban especialmente con respecto a las pretensiones de perpetuarse en el poder, el gobierno del MAS (en una maniobra de la más sucia astucia política), no dudó en aprobar a topa tolondras y con abuso de su mayoría legislativa la Ley 1096 de organizaciones políticas en el mes de septiembre de 2018.
Dicha norma, que a decir del entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, había sido propuesta para que entre vigencia recién a partir de la subsiguiente gestión gubernamental; fue puesta en vigencia inmediatamente, precisamente para anular, impedir y coartar el protagonismo de las plataformas civiles (que ya le habían propinado importantes reveces a sus inclinaciones autocráticas y algunas medidas que pretendía imponer), pero que además devolvía a la vida política y reinstalaba un régimen partidocrático, orientado a usurpar, concentrar y monopolizar todos los derechos y la actividad política en sus manos 9/.

De esa forma se asestaba un golpe demoledor a todos los movimientos sociales espontáneos que hasta entonces se habían encargado de dar la cara por la sociedad frente a los abusos del poder, porque al devolverles protagonismo a los partidos políticos tradicionales y reinstalar la partidocracia, también inseminó la tentación del poder y la ambición política, que solo puede canalizarse a través de candidaturas en esos partidos políticos que para entonces eran una especie de zombies cadavéricos. La trascendencia de este ardid tenía otras consecuencias mayores y más graves. Al inducir y obligar a que los derechos y la actividad política transite mediada exclusivamente por medio de los partidos políticos, lo que en verdad se estaba provocando es que todas las controversias y diferencias políticas sólo podían resolverse en el plano electoral. Es decir, un escenario en el que lo determinante ya no son las causas, propuestas o proyectos de las tendencias, sectores sociales o corrientes ideológicas; menos el abordaje y solución de los problemas nacionales, sino la mera y mezquina disputa por el poder.

El resultado inmediato fue la desmovilización, desarticulación y la rápida desaparición de muchos grupos y plataformas, muchas de las cuáles (incluidos sus comprometidos representantes), pasaron a formar parte de las coaliciones y candidaturas electorales. Más allá de la legítima aspiración o ambición política para alinearse detrás de cualquier corriente ideológica que se puede argüir como razón para transitar a los partidos políticos y sus listas de candidaturas; lo cierto es que a tiempo de hacer prevalecer mezquinos intereses de poder por encima de la causa democrática que decían abanderar y defender, también traicionaron las luchas de resistencia y recuperación de la democracia en la que se habían involucrado. Es más, al oficializar sus candidaturas y entrar en la farsa electoral, lo que provocaban era la legalización fáctica de la repostulación anticonstitucional y antidemocrática contra la que se había luchado.

La trampa no podía haber dado mejores resultados. La nueva norma de organizaciones políticas imponía la primacía de los partidos políticos, pero también sembraba una semilla para abonar el camino de la confrontación, con el añadido de que la oposición partidista y los movimientos autoconvocados ya no estarían dispersos en varios frentes de atención, sino que al tener como único canal de expresión a la partidocracia tradicional, el esfuerzo se concentraba y acotaba en dos únicos antagonistas. Nótese que al perder independencia de criterio y terminar adscribiéndose a un determinado partido, lo que sucedía es que se perdía una oportunidad para conformar, diferenciarse y representar otras alternativas que no sean el neoliberalismo partidocrático, ni el populismo autocrático pseudo izquierdista.

Después de las elecciones de 2019 y de la insurgencia pacífica que paralizó el país como consecuencia del rechazo al fraude electoral que derivó en el abandono y huida de Evo Morales y la casta autocrática de su gobierno 10/; a esa trama urdida se sumó la creación del falso relato sobre el golpe de Estado. El falso discurso al margen de servir de coartada para la manipulación de la justicia, el abuso de poder, la venganza política, la persecución y la búsqueda de condena y cárcel para sus enemigos opositores; también está destinado a radicalizar aquella polarización confrontacional que constituye la herramienta principal de su forma de entender la política.
El problema tiene varias aristas y radica en que la oposición política nacional (incluidas plataformas, comités cívicos e inclusive CONADE), han decidido priorizar ese juego y actuar en forma conjunta como un solo bloque sin diferenciaciones. Importa y se impone la beligerancia y el rechazo al régimen, por encima de cualquier otra causa. De esa manera no solamente pierden y disuelven en la práctica sus identidades propias, la independencia de acción y alguna diferenciación de criterio y posicionamiento que podría albergar la esperanza de alguna alternativa diferente; sino que refuerzan y confirman el criterio (tan hábilmente aprovechado y subrayado por el oficialismo), de que se trata de una oposición predominantemente neoliberal y reaccionaria. Es decir, se configura una oposición que habiendo abandonado otras perspectivas de lucha, y dando las espaldas a los problemas nacionales que atingen a los sectores más vulnerables y mayoritarios, solo atina a entrar y responder el juego confrontacional propiciado e inducido por el MAS. Entrampados en dicha disputa confrontacional (que a lo largo de los varios años transcurridos ya ha dado suficiente muestra de su inutilidad e impotencia), aquel movimiento de resistencia ciudadana autoconvocada queda subsumida por los partidos políticos tradicionales, con lo cual refuerza el sistema partidocrático reinstalado por el régimen del MAS. Las consecuencias e implicaciones nacionales y políticas que ya se intuyen de este escenario descrito, las veremos en el acápite final de análisis prospectivo.

Al efecto, antes de entrar en el acápite final de este trabajo, efectuaré un breve punteo sobre el falso debate golpe de Estado/fraude electoral. En primera instancia, el falso debate instalado por el MAS para encubrir y salvaguardar en la impunidad a su cúpula autocrática beligerante, además de haberse convertido en su método preferente para proseguir con la confrontación y la polarización nacional; no es sino un artilugio inventado (que buscando imponer un falso relato sobre los hechos históricos sucedidos, transformando los hechos en ficción y la historia en farsa), no tiene otro propósito que ocultar, distraer y falsear el verdadero sentido que los bolivianos (y especialmente esa boba oposición partidocrática tradicional) no logran ver con claridad. Me refiero a que independientemente y más allá de la sórdida y falsa argumentación que han utilizado para defender y sustentar su despropósito acerca de que se produjo un golpe de Estado, sucede que el factor determinante que se impuso fue la reafirmación (insurgente, movilizada y al mismo tiempo pacífica), de que el verdadero poder no residía en un caudillo autócrata que quiso controlar y perpetuarse en el gobierno, sino en la voluntad y la fuerza de un pueblo movilizado en las calles, que le hizo saber que si no quería respetarse su voluntad soberana en las urnas, también estaba dispuesta a hacerla prevalecer en las calles. En otras palabras, es la cancelación del respaldo a una manera de dirigir el Estado que había devenido en autocrática, para hacer prevalecer la indeclinable decisión popular de gobernarse en libertad.

Por tanto y como segundo apunte, lo que verdaderamente terminó detonando aquella paralización total del país con pititas, no fue de ninguna manera alguna oscura intención por derrocar, conspirar o realizar algún golpe contra el gobierno constituido (porque para ello no se habría llegado hasta el punto de acudir masivamente a las urnas), cuanto el haber tomado finalmente conciencia de la amenaza y el ya inocultable riesgo de que un régimen autócrata termine usurpando libertades y derechos, así como anulando la precaria democracia que todavía quedaba. Es el triunfo de la voluntad indeclinable por vivir en libertad, frente a un aparato de poder que se ensañaba en usurpar y secuestrar la democracia para imponer sus intereses autocráticos. El fraude fue el detonante de tal insurgencia. Lo que nunca entró en sus cálculos, fue el hecho de que este mismo episodio histórico en el que desplegaron todos sus esfuerzos confrontacionales y belicosos con tal de retener el poder a cualquier costo, iba a convertirse en el germen de las disputas intestinas y la división interna de su propio instrumento político, que irónicamente conspira, atenta contra la credibilidad e idoneidad gubernamental, y está poniendo en riesgo la propia estabilidad de la gestión de su gobierno. Los golpistas son ellos mismos.

4. ANÁLISIS PROSPECTIVO.

Resultado de la dinámica de los acontecimientos del reciente proceso histórico seguido hasta aquí, se puede constatar que Bolivia ha perdido y desperdiciado la oportunidad de efectivizar el Proyecto Nacional que había construido tan sacrificadamente a inicios del presente siglo. A cambio, lo que se ha impuesto como consecuencia, está circunscrito a una beligerante confrontación de dos fuerzas que, compartiendo esencialmente el mismo modelo desarrollista y salvajemente extractivista que se ha impuesto en suplantación de aquel Proyecto Nacional (salvo diferencias en la forma de ejecutarlo), en el fondo lo único que disputan es el acceso al poder y la definición de la forma cómo se acomodarán las castas dominantes.

Tampoco existe un liderazgo diferenciado, alternativo y dirimidor 11/ que plantee una oportunidad para la esperanza, porque ninguna de las corrientes en pugna se ha planteado siquiera debatir una visión de país diferente, encarar la raíz (no los síntomas) de los problemas nacionales, y menos de construir un Proyecto Nacional.
Consiguientemente la única alternativa que surge y es posible visualizar en ese escenario, está limitada a escoger cuál de las ofertas electorales será la menos dañina (en el marco de la continuación del modelo depredador), porque sabiendo perfectamente los límites y alcances de las propuestas ideológicas que actualmente discurren en el contexto nacional, ni siquiera es posible tener la esperanza de que atiendan y aborden los problemas nacionales que aquejan al país.

Tal es la deplorable situación en la que se encuentra el país, que enzarzados en esa disputa confrontacional que da las espaldas a los problemas y verdaderas angustias del país, no resultaría extraño que se termine adoptando un régimen similar a los que imperan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la democracia no existe, la crisis es endémica y sistémica, la vida es un drama donde no parece existir esperanza de futuro, y es el pueblo en su generalidad que sufre el estado calamitoso en el que se encuentra su país 12/.

Allí, lo mismo que en Bolivia, puede señalarse que sus oposiciones a los regímenes despóticos existentes (precisamente porque solo quieren sustituir al régimen imperante y están lejos de abanderar el verdadero sentimiento nacional), no han logrado la fuerza ni el respaldo nacional necesario, y tampoco la sociedad ha alcanzado el estado de disponibilidad indispensable para resolver su problemática. Su encrucijada es similar: las dos fuerzas enfrentadas no son, no representan, ni tienen una alternativa real.

Aquí, ensimismados en una pugna interminable (que ocasional, pero oportunamente se rompe por la rebeldía, irreverencia y hastío popular sobre el estado de cosas), no se logra percibir (menos preocuparse) porque el mundo, la naturaleza, la vida y la esperanza de avizorar algún futuro, ya han llegado a un límite de soportabilidad tal, que de no cambiar la lógica de nuestro relacionamiento con ellos, solo podremos esperar la catástrofe. Es cuando menos preocupante, porque cuando deberíamos encontrarnos en un plano de mayor libertad y profundización de un Proyecto Nacional, irónicamente sucede que estamos en un contexto de recuperación de las libertades básicas, los derechos y la propia democracia. Es como si hubiésemos perdido el futuro y el horizonte estuviese secuestrado.

El panorama se muestra oscuro y sombrío para el país, pero como algo tiene que ocurrir indudablemente, con seguridad encontrará algún cause de solución (que sólo habrá que esperar que sea otro diferente al que actualmente se perfila dadas las condiciones). En todo caso y utilizando para el final otra cita textual de Eric Hobsbawm, lo que queda claro hasta aquí es que: “No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y(…)por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de temer un futuro (y a nuestro turno el propio país, n.p.), no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad” 12/.

La decisión libre (no aquella “pueril” intención de pretender elegir un desenlace como si “la historia fuese un escaparate” a decir de Sergio Almaraz 13/), está en manos del pueblo, como siempre. Sin embargo, debemos estar concientes que el estado de ánimo de la población (extraña y adicionalmente alterada por las airadas disputas internas de poder del propio MAS), está llegando a un punto de ebullición que podría adoptar causes insospechados.
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(+) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Julio 1 de 2022.
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1/ Octavio Paz., Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Ed. Fondo de cultura económica. México, 2018.

2/ “Por momento constitutivo se podría entender al punto originario de las sociedades en su sentido más remoto, por ejemplo Egipto y el riego del Nilo o la conquista del hábitat en el Ande. En el sentido que lo usamos nosotros, tiene referencia a la manera que adquiere el tono ideológico y las formas de dominación del Estado, es decir, al momento de su construcción. Ver: René Zavaleta Mercado., Lo nacional-popular en Bolivia. Ed. Siglo XXI. México 1986.

3/ La agenda de Octubre de 2003 surge como consecuencia de la llamada guerra del gas. En ella se definen y establecen las siguientes tareas principales: rechazo a la venta del gas a Estado Unidos vía Chile; nacionalización de empresas estratégicas y recursos naturales; convocatoria a la Asamblea Constituyente; y renuncia y expulsión del gobierno de Sanches de Lozada (entendido como representación del neoliberalismo repudiado).

4/ “Bolivia enfrenta su destino de país oprimido en un nuevo ciclo. La opresión extranjera describe círculos: plata, salitre, goma, estaño, petróleo. Con cada nuevo ciclo se va un girón de vida nacional, cada etapa llega a su término con una nueva mutilación de la independencia nacional”. Ver: Sergio Almaraz., Petróleo en Bolivia, pág. 335. En: Obra reunida. Biblioteca del bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

5/ Entre fines del año 2007 (cuando se aprueba la nueva Constitución en Asamblea Constituyente), y febrero de 2009 cuando vía Referéndum Aprobatorio se admite el texto final; el Congreso Legislativo con mayoría del MAS se arrogó una competencia totalmente al margen de sus atribuciones. Ella consistió en introducir modificaciones al texto y contenido de la Constitución Política del Estado aprobada en Asamblea Constituyente (la única instancia competente). Lo hicieron sobre la base de acuerdos y negociaciones entre el oficialismo mayoritario y la oposición conservadora y neoliberal, bajo el argumento de viabilizar el Referéndum constitucional aprobatorio de 2009. En perspectiva y a la vista de lo sucedido en años posteriores, esta práctica (que al principio fue hecha con los sectores conservadores y tradicionalmente dominantes que se encontraban en férrea oposición, pero que después pasaron a formar parte aliada del gobierno), se ha convertido en el mecanismo recurrente para favorecer y privilegiar esos mismos intereses antinacionales, por encima y en contra del mandato constitucional y de aquellas tareas de transformación y cambio que debieron haber sido encaradas. Es decir, se trata del antecedente primigenio de lo que a la postre se convirtió en uno de los mecanismos más recurrentes de la traición y el abandono del Proyecto Nacional.

6/ Para aproximarse a una revisión de la problemática a través de diversos enfoques y especialistas, sugiero Ver: OEP-TSE, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomìas, CONAIOC, PNUD., Diversidad Institucional. Autonomías indígenas y Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. PNUD La Paz, Bolivia 2018.

7/ Constitución Política del Estado. Capítulo Segundo. Principios, valores y fines del Estado. Art. 8. Inc. II) “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

8/ Se hace referencia a la masacre de El Porvenir en Pando y el operativo militar de asalto violento en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que cobró varias muertes y se conoció como parte de la lucha contra el terrorismo internacional vinculado con sectores políticos nacionales. Para ampliar el contexto y acercarse al significado de esta coyuntura tan especial, Ver: Boris Miranda., La mañana después de la guerra. Ed. El cuervo. La Paz, Bolivia 2012.

9/ La ley 1096 de organizaciones políticas tiene un innegable carácter, regresivo, partidocrático e inclusive colonial que debería merecer un análisis más circunstanciado que en este trabajo no es posible abordar.

10/ Para una aproximación y consulta de fuentes analíticas, testimoniales y documentales sobre el tema, se sugiere Ver: Jan Souverein y José Luis Exeni R. (coordinadores)., Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020). Ed. FES Bolivia. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.; Roberto Navia, Marcelo Suarez., Nadie se rinde. Una epopeya boliviana. Grupo editoral La Hoguera. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2020.; Página Siete., La revolución de las pititas. Compañía editora Luna Llena S.A.La Paz, Bolivia 2019.; Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)., Relato de un pueblo. Derechos humanos y resistencia democrática en 2019. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.

11/ Entendiéndose que un liderazgo nacional no es lo mismo que la consabida aparición de varias candidaturas que, desgajadas y separadas ‘oportunamente’ del bloque opositor que funge ‘unificado’, establecen sus propias tiendas (como ya ha sucedido tantas veces en las coyunturas electorales), cuya característica principal es el sectarismo y la exclusión, al punto de rechazar y negarse rotundamente a conformar alianzas frente al adversario común, como ha sido su costumbre en forma recurrente. La ambición de poder no es privativa ni exclusiva de ninguna sigla política.

12/ Para tener una crónica testimonial actualizada de lo que ocurre en Latinoamérica (incluidos estos países y Bolivia), sugiero muy especialmente el libro de: Jon Lee Anderson., Los años de la espiral. Crónicas de América Latina. Ed. Sexto piso S.A. Madrid, España 2020.

13/ Eric. Hobsbawm., Historia del siglo XX. Ed. Critica, grupo editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina 2021.

14/Sergio Almaraz., Réquiem para una república. p, 547. En: Obra reunida. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.