La explotación minera al sur de Venezuela en los estados de Bolívar y Amazonas, sostenida por el régimen de Nicolás Maduro, representa la mayor amenaza para los derechos humanos de las poblaciones indígenas, su hábitat, culturas y territorios, indicó la agencia de noticias mundial IPS Noticias.

En esta región que forma parte de la Amazonía convergen mafias, comerciantes, sindicatos (bandas criminales originalmente vinculadas a poderosos sindicatos), traficantes, grupos armados irregulares, militares, comunidades indígenas, población local, y miembros del régimen que controlan la actividad minera, señala el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, organización que analiza las desigualdades e impactos socio-ecológicos.

“La minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa, forman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso”, dijo a IPS Aimé Tillet, investigador de la Universidad Central de Venezuela quien estudia los derechos de los pueblos indígenas.

La política extractiva del régimen venezolano constituyó en el 2021 la principal amenaza a los derechos indígenas del país, señala la ONG Wataniba, una organización que busca fortalecer la identidad de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana.

“La minería ilegal crece de manera estrepitosa”, dijo a Diálogo María Teresa Quispe, directora ejecutiva de Wataniba.

Jornadas infernales

Según la ONG venezolana Fundaredes, las poblaciones indígenas no han tenido ni voz ni voto en el desarrollo de la minería en su región. Son sometidas por grupos armados irregulares con las continuas prácticas extractivas.

Estos grupos actúan con la anuencia del régimen y su cúpula militar, a través de un sistema que garantiza que llegue a sus manos una alta proporción de los minerales extraídos.

A cambio, los grupos armados ilegales reciben una porción de las ganancias que constituyen una de sus principales fuentes de financiamiento, detalla el informe SOS Orinoco 2022, de la ONG venezolana Control Ciudadano.

Los hombres y mujeres de las comunidades indígenas trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante. Su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, precisó Fundaredes. “La gente que va a las minas en condiciones de esclavitud trabaja jornadas infernales a cambio de [migajas]”, abundó Quispe.

Además, en las zonas mineras, según Fundaredes, la mayoría de las mujeres indígenas son compradas. Niñas y adolescentes son violadas, maltratadas, y obligadas a involucrarse en actividades criminales por efectivos militares o grupos armados ilegales.

También indicó que en esos espacios geográficos el derecho a la vida no se garantiza, ni se da respuesta oportuna por parte del régimen. Hay comunidades indígenas donde quienes necesitan atención médica deben ser trasladados en canoas por más de cinco horas para llegar a un centro hospitalario, abundó.

Destrucción ambiental

Entre 2015 y 2020, Venezuela perdió casi 3 millones de hectáreas de su valioso pulmón vegetal, cifra que aumenta cada día con la proliferación de la minería ilegal, sobre todo al sur del Orinoco, donde se concentra 80 por ciento de los bosques, reporta la Red Amazónica de Información SocioambientalGeorreferenciada, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos.

Quispe sostuvo que “los índices de deforestación venezolana son los que crecen a mayor velocidad en toda la región”. Se estiman 2300 puntos de minería ilegal en el territorio venezolano, 245 áreas y 30 ríos donde está presente la extracción no reglamentada, señaló IPS. 

Además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que compiten las comunidades indígenas y los mineros.

El régimen de Maduro “no reconoce que hay minería ilegal, y al no existir el problema tampoco existe una política para confrontar esta situación”, comentó Quispe.

Un reporte de la plataforma de periodismo ambiental Mongabay señala que el mercurio, utilizado indiscriminadamente para extraer el oro, se ha encontrado en la sangre de pobladores de las comunidades ribereñas venezolanas, en reservorios de aguas, y en diversas especies de peces.

Territorios ancestrales

En el caso del estado Amazonas, cuyo territorio es casi en su totalidad hábitat de los pueblos originarios, se impide a los indígenas reclamar sus derechos, exigir consultas y consentimiento para la explotación de territorio, detalló IPS.

“Los indígenas que son dueños de esos territorios en algunas partes tienen que informar cuando entran o salen de sus tierras”, comentó Quispe. “Hay un sinfín de denuncias (…) sobre la invasión de sus territorios y la violencia que ejercen los grupos armados irregulares, que amenazan a los líderes indígenas para que abandonen sus tierras”.

Mientras más indígenas ocupen sus territorios más posibilidades se tendrán de detener la invasión minera, aseveró Quispe. Los pueblos indígenas tienen claro la posibilidad de generar nuevas economías para la Amazonia venezolana. Por lo que, “un llamado internacional [al régimen de Maduro] es importantísimo”, concluyó Quispe.