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La recreación neo-extractivista y “progresista” del colonialismo interno en Bolivia: La defensa de territorialidades indígenas y del horizonte plurinacional

Pabel Camilo López F. :: 20.07.22

Los ‘procesos de cambio’ de procesos destituyentes en la década pasada fueron mayormente resultado de contextos de crisis sociopolíticas y de impugnaciones al neoliberalismo y, en gran medida generados y protagonizados por movimientos societales, en particular de matriz comunitaria-indígena, abrieron procesos constituyentes e instalaron imaginarios de descolonización, construcción de ‘Estados Plurinacionales’ y de propuestas como el Buen Vivir, como horizontes alternativos a la colonialidad, al Estado-Nación monocultural, al capitalismo neoliberal y al desarrollo. En el caso de Bolivia, esos imaginarios tempranamente entraron en evidente crisis y franco retroceso.

La recreación neo-extractivista y “progresista” del colonialismo interno en Bolivia: La defensa de territorialidades indígenas y del horizonte plurinacional

Pabel Camilo López F.

Del libro “Derivas y problemas de los progresismos sudamericanos”


Resumen
Los ‘procesos de cambio’ político-estatal originados en procesos des-
tituyentes que se desplegaron en la década pasada en parte de la re-
gión Andina-Amazónica fueron mayormente resultado de contextos
de crisis sociopolíticas y de impugnaciones al neoliberalismo y, en
gran medida generados y protagonizados por movimientos societa-
les, en particular de movimientos de matriz comunitaria-indígena,
abrieron procesos constituyentes e instalaron imaginarios de desco-
lonización, construcción de ‘Estados Plurinacionales’ y de propues-
tas alternativas como el Buen Vivir, como horizontes alternativos
a la colonialidad, , al Estado-Nación monocultural, al capitalismo
neoliberal y al desarrollo. En el caso de Bolivia, esos imaginarios
tempranamente entraron en evidente crisis y franco retroceso, se-
gún gradualmente se ponían en marcha un conjunto de programas
y políticas gubernamentales y estatales que apuntaban, en la prácti-
ca, al desconocimiento de dichos paradigmas y al desmontaje siste-
mático de los principios, componentes y condiciones de posibilidad
de horizontes de descolonización y transformación estatal. Desde
inicios del presente decenio, luego de aprobada la actual Constitu-
ción boliviana, se hicieron evidentes contradicciones, conflictos,
rupturas y regresiones en torno a los sentidos transformadores del
Estado, a partir de la orientación que tomaría el entonces autode-

264 –
nominado ‘gobierno de los movimientos sociales’ del Movimiento
al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales, el mismo que fue
contradicho no solo por el horizonte híper-extractivista de sus po-
líticas gubernamentales y de una tendencia autoritaria del manejo
estatal sino por el impulso de un nuevo proyecto de dominación y re-
colonización. Precisamente, el despliegue esta práctica estatal entro
en fuerte tensión con pueblos indígenas, diversos sujetos colectivos
y movimientos sociales de base comunitaria, con sus reivindicacio-
nes y con sus territorialidades. Se propone una lectura crítica del
reciente contexto boliviano alrededor de las disputas societales por
el territorio, frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS y
la orientación política, proyecto de Estado y modelo de dominación
que habría recreado formas del ‘colonialismo interno’ a partir de
modalidades múltiples de recolonización.
Introducción
El contexto boliviano los últimos años y en particular el último lus-
tro estuvo marcado por una gran intensidad y velocidad de aconte-
cimientos sociopolíticos que, acaso, cerraron un tiempo político de
catorce años, desde que Evo Morales llego a la presidencia del país,
luego de un ciclo de movilizaciones y protestas destituyentes, carac-
terizado por estallidos y rebeliones sociales. Curiosamente, un nue-
vo ciclo de protesta, rebelión y convulsión social será la que empuje a
Evo Morales a dejar el gobierno, casi al final de su tercer mandato a la
cabeza del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), no así éste
partido político, que en las recientes elecciones de octubre de 2020 fue
reafirmada, por el voto mayoritario de la población boliviana, como
la principal fuerza política en este país. No hay duda de que entre el
escenario político-electoral de octubre del 2019 y la renuncia de Mora-
les, su entonces vicepresidente García Linera y varias autoridades es-
tatales, hasta la elección del actual presidente electo Luis Arce Cataco-
ra, transcurrió una sucesión de acontecimientos políticos y sociales,
incluidos el interregnum de un gobierno inicialmente “transitorio” que
termino desplegando una deriva política revanchista, una tendencia

265autonomía
represiva hacia los sectores populares, atravesado por una corrupción
desbordada y una inocultable orientación reaccionaria, prorroguista
y antidemocrática, hasta el estallido global de la pandemia del Co-
vid-19. Considerando que el este breve texto fue escrito entre el 2017 y
2018, ciertamente no trata o problematiza este reciente e intrincado
contexto sociopolítico en Bolivia, no obstante los argumentos que se
desarrollan a continuación bien pueden ser de utilidad como elemen-
tos analíticos y parte de los antecedentes contextuales de lo que suce-
dió recientemente en el país. Asimismo, actualmente se encuentra
en elaboración un trabajo, de próxima publicación, que se concentra
en el último periodo apenas mencionado.
En los últimos años se hizo evidente asistir a una época de conti-
nuidades, contradicciones, repliegues y/o retrocesos de los procesos
de transformación política que se manifestaron la década pasada en
diversos contextos de América del Sur, en donde casi la mayoría de los
países de la región presentan procesos caracterizados por la generali-
zación y consolidación de modelos económicos de base extractivistas y
la acentuación de dinámicas de despojos múltiples. Así, el actual con-
texto de América del Sur continuaría expresando una expansión exa-
cerbada de las fronteras extractivas hacia territorios antes considera-
dos como “improductivos”: la frontera energética, petrolera, minera,
forestal y agroindustrial entre las predominantes. Dicha expansión,
dentro de las nuevas espacialidades y reconfiguraciones de los proce-
sos de acumulación capitalista en la región, ha generado transforma-
ciones sociales y territoriales de gran magnitud, en la medida en que
se reorienta completamente la economía y las formas de vida de gran-
des espacios territoriales en la región y de pueblos enteros, así como de
sus territorialidades, cultura y formas de vida, precisamente a partir
de políticas y actividades extractivas y procesos de despojo territorial
y socio-cultural, con fuertes efectos sobre poblaciones locales de base
rural y/o de matriz comunitaria que se encuentran ancestralmente
arraigadas al territorio, amenazando en el corto y mediano plazo la
sustentabilidad ecológica de esos territorios y de sus socio-ecosiste-
mas. Así, a partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica
de acumulación del capital, bajo formas de “acumulación por despo-
sesión” (Harvey 2004), asistimos a una nueva inflexión de una dimen-

266 –
sión social auto-organizativa (Svampa 2011), a través de la cual el terri-
torio aparece en el centro de disputas, reivindicaciones, demandas y
acciones colectivas de sujetos comunitarios.
En este escenario, en los últimos años los denominados “procesos
de cambio” en la región se han consolidado dentro de una tendencia
económica subcontinental marcada por la expansión de modelos de
desarrollo basados en la extracción/exportación de “recursos natu-
rales” como materias primas en base a las exigencias del mercado
internacional, con un rol central de los estados en esas dinámicas,
en particular de lo que Svampa (2013) identifico como “Consenso de
los Commodities”, que en el último lustro estuvo marcado, entre
otros aspectos por una fase de exacerbación del neoextractivismo,
coincidente con los efectos de la caída de los precios de los commodi-
ties y de los síntomas del agotamiento o “fin” del ciclo progresista.
Bajo esos parámetros y en este tiempo se manifestaron grandes dis-
tancias, rupturas y enfrentamientos entre los movimientos en resis-
tencia, en particular de pueblos y organizaciones indígenas, frente a
la orientación y actuación de los llamados “gobiernos progresistas”.
En los países de la región con procesos que en su momento fueron
considerados paradigmáticos, como Bolivia y Ecuador, las nociones
de “crecimiento”, “progreso”, “desarrollo”, “exportación”, etc., conti-
nuaron y se consolidaron en la base del modelo de economía y las
políticas estatales. Por lo tanto, la gran expectativa de que discursos
anti-neoliberales, anti-imperialistas y/o anti-capitalistas produjesen
reorientaciones básicas en las lógicas extractivistas, que histórica-
mente caracterizaron la inserción dependiente de las economías del
subcontinente en el mercado global, no solo no sucedió (Lander 2012)
sino que, contrariamente, con estos gobiernos se han intensificado y
expandido los procesos de extracción y “despojos múltiples” sobre los
bienes comunes de la naturaleza y de los pueblos.
Específicamente en Bolivia, el horizonte de transformación estatal
que fue abierto a partir de ciclos de movilización social durante la déca-
da pasada (2000-2005) y que tuvo la premisa de la descolonización del
Estado como condición para la construcción de un Estado Plurinacio-
nal dentro de una “coyuntura fundante” (Zavaleta 2009 [1982]) fue pro-
ducto de la potencia y resistencia de memorias de culturas y pueblos

267autonomía
indígenas y originarios acumuladas durante siglos y décadas de do-
minación colonial, republicana, nacionalista y neoliberal, que emer-
gieron de manera contundente desde finales del siglo XX y estuvieron
durante estos dos décadas y media manifestándose como espacios co-
munitarios de resistencia y núcleos territoriales de contra-hegemonía
societal (Tapia 2011) frente al Estado y a sus políticas de despojo en los
territorios. Así, en el marco del nuevo marco jurídico-político y terri-
torial establecido por el actual texto constitucional boliviano desde el
2009, como resultado del proceso constituyente en el decenio anterior,
el actual carácter de ‘plurinacionalidad’ del Estado tiene como uno de
sus ejes centrales el reconocimiento de la pre-existencia de pueblos
originarios, de sus territorios ancestrales y del principio de autodeter-
minación, así como el mandato de implementación de autonomías
indígenas, como una modalidad concreta para la trasformación y
descolonización de la estructura estatal que asume o recoge, al menos
declarativamente, una matriz social comunitaria, originaria y de civi-
lización agraria, es decir reconocería, en cierta medida, la “condición
multisocietal” (Tapia 2002) y la necesidad de desmontar esquemas his-
tóricos de colonialismo interno (González Casanova 1969). Sin embar-
go, a partir del periodo que podríamos llamar post-constituyente en el
país, desde estructuras gubernativas del Estado se fueron imponiendo
e implementando políticas económicas extractivistas que fueron sis-
temáticamente contradiciendo el sentido de los mencionados princi-
pios constitucionales. Esta tendencia de des-constitucionalización y
retroceso de las conquistas de sectores comunitarios y populares se ira
acentuando, sobre todo desde el conflicto del TIPNIS el 2011, el desco-
nocimiento del resultado del referéndum el 2016 en el que la mayoría
de la población rechazo la posibilidad de una cuarta candidatura de
Evo Morales y Álvaro García Linera como gobernantes, hasta la crisis
sociopolítica a fines del 2019 en torno a las elecciones y el posterior
complejo escenario político.
En estos últimos años en Bolivia se fueron manifestando conflic-
tos sociopolíticos y movilizaciones socioterritoriales con mucha in-
tensidad, estas últimas particularmente en las llamadas ‘tierras ba-
jas’, en torno a la defensa de territorios y que son protagonizados por
movimientos de base comunitaria y específicamente por pueblos y

268 –
organizaciones indígenas. Algunos de estos conflictos y movimien-
tos se encuentran todavía vigentes o irresueltos, en situación de re-
sistencia y en dinámicas de lucha, los mismos que estarían expre-
sando acciones de defensa, movilización y disputas socio-territorial
frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS. Entre los más
paradigmáticos y expresivos de dichos movimientos se destaca el
conflicto en torno a la defensa indígena del TIPNIS (Territorio Indí-
gena y Parque Nacional Isibóro Secure), que tuvo como su máximo
momento de emergencia y visibilización en dos marchas indígenas
(2011 y 2012) en defensa de este territorio frente a planes guberna-
mentales de imposición inconsulta de una carretera como parte de
proyectos geopolíticos de infraestructura destinada a la extracción
(principalmente de hidrocarburos). Si bien el conflicto del TIPNIS fue
un conflicto con mucha resonancia nacional e internacional, no fue
el único que se presentaría luego de aprobada el texto constitucional
boliviano, sino que se manifestaran un conjunto de conflictos carac-
terizados principalmente por la resistencia frente a emprendimien-
tos extractivistas en territorios, varios de ellos reconocidos legalmen-
te con carácter comunitario y de gestión colectiva.
Estos movimientos de resistencia territorial indígena en las tie-
rras bajas de Bolivia generaron acciones colectivas de defensa por
parte de las poblaciones indígenas frente a las políticas extractivistas
del gobierno boliviano y a intervenciones represivas para imponer-
las, lo que muestra evidentes contradicciones, retrocesos y disputas
en torno al sentido y alcance de la “plurinacionalidad” del Estado y al
imaginario del tan evocado “Vivir Bien”; por un lado con la imposi-
ción de una visión estatal y gubernamental de desarrollo y; por otro
lado, con visiones de actores socioterritoriales indígenas que reivin-
dican el derecho colectivo a la autodeterminación, al autogobierno,
al respeto de sus formas ancestrales y comunitarias, o simplemente
a preservar su territorialidad ancestral como condición fundamental
para la reproducción de su vida como pueblos. Esta tendencia, es la
que se propone abordar y problematizar en este texto, apuntando a
dar cuenta de las actuales modalidades de neo-colonización de terri-
torios y de recreación de formas de colonialismo interno en Bolivia.

269autonomía
Plurinacionalidad y ‘Vivir Bien’ o Estado-Nación
neoextractivista en Bolivia
Lo que hoy se denomina Estado Plurinacional de Bolivia, fue en par-
te el resultado de un proceso de acumulación histórica de ciclos de
crisis, resistencia, luchas y transformaciones sociales, políticas,
culturales y territoriales, que han venido sucediendo desde la época
de la dominación colonial hasta nuestros días, donde los diversos
momentos de la historia de este país presentan una inmensa can-
tidad de significaciones, de hechos y procesos sociopolíticos que
fueron conformando y transformando los imaginarios colectivos de
una sociedad complejamente constituida o con una “conformación
social abigarrada” (Zavaleta [1986] 2009) o “multisocietal” (Tapia
2002) y de sus formas y entramados societales y sociopolíticos y de
relaciones entre esas diversas sociedades y el Estado.
Así, a partir del hecho de haberse constitucionalizado la condición
plurinacional de la realidad social, cultural, política y territorial de
Bolivia, se habría también reconfigurado, al menos formal y decla-
rativamente, la modalidad de su “forma primordial” (Zavaleta [1982]
2009) que caracterizaba la conformación sociopolítica de este país,
esto es, su condición estructural monocultural y mononacional. De
esa manera, con la redefinición del carácter del Estado como “plu-
rinacional” en la actual Constitución Política del Estado aprobada
el 2009, también se opera, en cierta medida, una recomposición en
la nomenclatura de las relaciones entre las formas político-sociales
modernas (liberales) y el conjunto de las formas sociales y políticas
de autogobierno de pueblos, culturas y territorialidades de matriz y
estructura comunitaria con otras formas societales. Estas dinámicas
de reconfiguración se expresarían, pues, desde el primer artículo de
la nueva Constitución, en la fórmula de “Estado Unitario, Plurina-
cional, Comunitario y con Autonomías” que complejiza, aunque de
modo híbrido y sin salir del eje republicano-liberal. Así, tal vez dos
ejes transversales claves para entender el sentido y carácter transfor-
mador de la actual Constitución boliviana junto a la idea de plurina-
cionalidad están relacionados, por un lado, con la noción de descolo-
nización que es presentada como el núcleo estratégico que marca el

270 –
sentido anti-colonial tendría el texto constitucional y que recogería
la histórica reivindicación de los pueblos indígenas del país; por otro
lado, la noción del “Vivir Bien” como un principio y filosofía cons-
titucional, que aparece recurrentemente a los largo del texto cons-
titucional y que está inspirado en concepciones y cosmovisiones de
matriz comunitaria como el suma qamaña (en aimara), el sumak kausay
(en quechua) o el teko kavi (en guaraní), etc., que fuera declarado, ade-
más, como un horizonte de una alternativa a la idea de “desarrollo”
convencional y en armonía con la naturaleza.
Asimismo, uno de las principales innovaciones del actual texto
constitucional boliviano tiene que ver con el rediseño político-terri-
torial que se instituye a partir del régimen de autonomías en la nueva
estructura y organización territorial del nuevo Estado Plurinacional,
lo que se pensaba implicaría un proceso de desconcentración, de-
mocratización y redistribución del poder político en el territorio, ya
que se suponía que el Estado cambiaría sustancialmente su carácter
y que su diseño involucraba diversos niveles de administración con
base territorial. En ese escenario, la Constitución boliviana instituyó
la figura de autonomía indígena originaria campesina (AIOC) como
un nivel autonómico y entidad territorial específica, estableciendo
que la misma consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre
determinación de las naciones y los pueblos indígenas, reconociendo
organizaciones e instituciones jurídicas, políticas, sociales y econó-
micas propias. De esta manera el actual texto constitucional bolivia-
no incorporó, a partir de las demandas del movimiento indígena,
como uno de sus núcleos de transformación político-territorial que
innovan y trastocan la estructura misma del Estado a la temática de
las autonomías indígenas que, en rigor, se convierten en uno de los
principales ejes de re-organización territorial del Estado y que más le
imprimen a éste su condición “plurinacional”.
En ese sentido, el reconocimiento constitucional de las autonomías
indígenas se presentaba y proyectaba, al menos luego de aprobada la
Constitución del 2009, como uno de los pilares para la concreción del
Estado plurinacional; ya que implicaba no sólo el reconocimiento de
tipo cultural de autonomía territorial sino el desafío de descolonizar
los históricos esquemas territoriales coloniales y neocoloniales de po-

271autonomía
der. Así, específicamente el carácter de “plurinacionalidad” del Estado
tendría como uno de sus ejes centrales el reconocimiento y el mandato
de implementación de autonomías indígenas como una propuesta y
modalidad concreta para la construcción plural de una estructura es-
tatal, asumiendo su matriz social fuertemente comunitaria, su con-
dición ‘multisocietal’ (Tapia 2002) y de la necesidad de desmontar es-
quemas históricos de colonialismo interno (González Casanova 1969).
Sin embargo, desde estructuras gubernativas del actual “Estado Pluri-
nacional” en la actualidad predominan visiones y consolidan políticas
económicas basadas en modelos extractivistas, las que contradicen
frontalmente los supuestos constitucionales de transformación/des-
colonización estatal y alcance de las autonomías político-territoriales
de los pueblos indígenas, establecidas en el actual texto constitucio-
nal de este país, afectando de esa manera directamente territorios y
comunidades indígenas y acabando con las condiciones de posibilidad
de un estado plurinacional.
Así, separaciones, paradojas y retrocesos marcarán con particular
tensión la coyuntura post-constituyente del llamado “proceso de cambio”
en Bolivia, evidenciado los contradictorios terrenos en los que se dispu-
ta la transformación del Estado y su construcción plurinacional. De ese
modo, algunas de las dualidades que Boaventura de Sousa Santos (2010)
ya advertía sobre los procesos que se perfilaban como refundacionales en
la región (que contraponía concepciones como: ¿recursos naturales o Pa-
chamama?, ¿desarrollo o Vivir Bien?, ¿tierra para reforma agraria o te-
rritorio como requisito de dignidad e identidad?, ¿Estado-nación o Esta-
do plurinacional?, ¿descentralización/desconcentración o autogobierno
indígena?), encontrarán en los últimos años una apuesta clara desde las
orientaciones, políticas y acciones gubernamentales en el caso boliviano,
donde se impone de forma autoritaria una inclinación por las opciones
más conservadoras de dichas dualidades y se va relegando, desechando
e instrumentalizando retóricamente los principios y contenidos más
transformadores del Estado. Además de dichas dualidades, en el periodo
post-constituyente boliviano, se habría pasado a una fase de “separacio-
nes” (Tapia 2011) que ocurrieron en un periodo de despliegue de unas polí-
ticas cada vez más represivas por parte de la nueva burocracia estatal que
llegó al poder producto de las olas de movilización indígena.

272 –
El despliegue del denominado “proceso de cambio” sociopolítico
en Bolivia, además de ilustrar, n la realidad, el desenlace estatal de
las mencionadas dualidades y de marcada acentuación de separacio-
nes entre las organizaciones indígenas con el estado y dentro de la
misma sociedad (Tapia 2014), también será caracterizado en torno a
grandes paradojas que tienen que ver con las formas en que se desa-
rrollan las disputas por los sentidos y las condiciones de posibilidad
de la plurinacionalidad del Estado. Una de esas paradojas, tal vez la
más contrastante es la que tiene que ver con la expansión y consoli-
dación del modelo extractivista de despojo en el país, impulsado por
el propio gobierno; desechando e imposibilitando principios como el
Vivir Bien, la autonomía y acabando con las condiciones para la cons-
trucción de un Estado Plurinacional.
En ese sentido, durante la última década de asistirá a un contexto
de retroceso y a la vez de disputa por el ejercicio de la autonomía indí-
gena, y de la plurinacionalidad estatal en Bolivia, donde la exigencia
de respeto a los supuestos y principios básicos de la plurinacionalidad
establecidos en el texto constitucional proviene de sujetos indígenas
que son los que la promovieron y defendieron en el proceso consti-
tuyente de la década pasada y son los que aún hoy, desde espacios
de resistencia, defensa y/o construcción socioterritorial la invocan,
ante la imposición unilateral y autoritaria de una modalidad estatal
monológica, extractivista y anti-indígena.
Asimismo, esas paradojas fueron desplegando en un contexto que,
por un lado, en el marco de un proceso de “des-plurinacionalización
unilateral del Estado”, por parte de las propias estructuras estatales
y centralmente desde el gobierno del MAS; a partir de una visión y
accionar monológico bajo lógicas y esquemas que caracterizaron his-
tóricamente al Estado-nación y desde donde se realizaría tan solo un
uso retórico e instrumental de la plurinacionalidad, mientras que en
la práctica se impulsaba e imponía una dinámica de re-centraliza-
ción estatalista y centralista de la política, de la economía y de con-
trol del territorio. Por otro lado, empero, se estuvieron configuran-
do y re-articulando procesos de “re-plurinacionalización (social) al
margen de Estado”, que se manifiesta a partir de las movilizaciones,
reivindicaciones, resistencias y disputas de parte de movimientos

273autonomía
sociales territorializados, principalmente indígenas; de la demanda
de cumplimiento de la Constitución; de la exigencia del respeto de
las autonomías indígenas y de derechos colectivos internacional y
constitucionalmente establecidos. Así, los desafíos de materializar
la construcción de un “Estado Plurinacional” entra en contradicción
en los últimos años, entre otras cosas, con la necesidad por parte del
gobierno del MAS de ejercer un monopolio de la política mediante un
Estado nacionalista”, a partir del despliegue de una clara política
de re-concentración y monopolio del poder político (Tapia 2011) en
el gobierno y en torno a la figura del Presidente, lo que marcará un
conflictivo entramado sociopolítico en este país los últimos años y de
re-emergencia territorializada de movimientos societales.
Periodo post-constituyente y nuevos espacios contra-
hegemónicos
Desde los albores de este siglo la región asistió a una época de articulación
de un horizonte contra-hegemónico (Tapia, 2011). En el caso de Bolivia,
este horizonte se expresó a partir de procesos de unificación, movilización
y rearticulación societal, desde movimientos comunitarios indígenas
que activaron y amalgamaron una impugnación al neoliberalismo y al
sistema político en general, desde lo anticolonial y la crítica a la “conti-
nuidad neocolonial” (Rivera, 2010) y con una crítica a las estructuras del
Estado-nación monocultural y acciones colectivas de contestación al ca-
pitalismo en su versión neoliberal. Así, algunos de los componentes de
ese horizonte contra-hegemónico fueron, entonces, entre otros aspectos
la posibilidad de un Estado plurinacional, de descolonización de sus es-
tructuras, reconocimiento de la autonomía indígena en territorios comu-
nitarios y de la necesidad de alternativas (Vivir Bien) frente a la premisa
eurocéntrica del “desarrollo” (Walsh, 2008).
El tránsito hacia un Estado plurinacional y con autonomías (espe-
cíficamente de tipo étnico-originario) implicaba romper con el mo-
nopolio y la pretensión del ‘monopolio de la política’ presente en toda
la historia del Estado en Bolivia, es decir, la instauración y desarrollo
de una pluralidad de espacios de autogobierno y de autonomías in-

274 –
dígenas, a pesar de que luego su definición e implementación será
muy ambigua (Tockman, et. al., 2015). No obstante, en la primera
mitad del actual decenio se transitara de procesos constituyentes ge-
nerados por movimientos indígenas a un período en que el gobierno
del MAS empezara a desplegar una política de expansión extracti-
vista sobre territorios indígenas que, en muchos casos, ya contaban
con el reconocimiento constitucional de tierras y territorios colecti-
vos. Se habría pasado así a un momento en que, desde entornces, se
romperá la alianza campesina-indígena en Bolivia expresada en el
Pacto de Unidad1, así lo evidenciaría varios conflictos socioterritoria-
les, principalmente en las Tierras Bajas de este país, como sucederá
el 2011 a partir del conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque
Natural Isiboro Sécure). Por otra parte esta orientación del gobierno
del MAS habría implicado que, en cierta medida, se fueron cerrando
las condiciones materiales e históricas de construcción de un “Estado
plurinacional” desde las propias estructuras estatales (Tapia, 2011)
produciendo un gran retroceso en ese sentido, haciéndose evidente,
a la vez, una re-articulación de una condición colonial que define la
reorganización estatal (Rivera, 2015).
Así, un horizonte realmente contra-hegemónico en los últimos
años se estaría articulando fundamentalmente en torno a las re-
sistencias territoriales comunitarias de pueblos, movimientos y
organizaciones indígenas, frente a procesos de despojos múltiples
(Navarro, 2018), que se manifiestan particularmente a través de la
expansión y/o intensificación del extractivismo, que predomina en
las políticas estatales del gobierno boliviano y que parece afectar di-
rectamente a territorios y territorialidades, confrontándose con po-
blaciones y culturas comunitarias rurales e indígenas, las mismas
que reivindican manifiestamente una defensa de sus territorios y
demandan el respeto al ejercicio de sus derechos colectivos de auto-
determinación como pueblos y a las organizaciones que los articulan
y representan. Por tanto, la perspectiva de transformación estatal
abierta a partir de ciclos de movilización social a inicios de la década
pasada en Bolivia y que tuvo la premisa de la descolonización del Es-
tado como condición para la construcción de un “Estado Plurinacio-

275autonomía
nal” fue, en gran medida, resultado de la potencia y resistencia de
memorias de culturas y pueblos indígenas y originarios acumuladas
durante siglos y décadas de dominación colonial, republicana, na-
cionalista y neoliberal, los que emergieron de manera contundente
a finales del siglo XX, aún hoy, a partir de procesos de recomposición
de sus agendas reivindicativas, de reorganización de sus repertorios
de movilización y acción colectiva, se manifiestan nuevamente como
espacios comunitarios de resistencia y núcleos territoriales de con-
tra-hegemonía societal frente al Estado y frente a una nueva ola de
políticas territoriales gubernamentales de carácter neoextractivista,
que afectan directamente sus bases para su reproducción social y sus
formas de vida colectiva.
En ese escenario, antes de los últimos acontecimientos sociopo-
líticos en Bolivia, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, el país
vino atravesando un periodo de evidente retroceso y cierre del hori-
zonte de la plurinacionalidad estatal en Bolivia, donde la exigencia
de cumplimiento de los principios básicos y mandatos centrales es-
tablecidos en el texto constitucional proviene de sujetos indígenas,
los mismos que promovieron una transformación estatal y el proceso
constituyente de la década pasada y que hoy, se repliegan a espacios
de resistencia y construcción socioterritorial ante una faceta estatal
monológica, autoritaria, híper-extractivista y alejada de los postu-
lados constitucionales. En ese sentido, se podría calificar el actual
proceso político como la ‘des-plurinacionalización del Estado’ (López,
2017) de parte del propio gobierno del MAS, donde la plurinacionali-
dad se habría reducido a un uso retórico e instrumental, mientras
que en la práctica se despliega una dinámica de recentralización es-
tatal de la política, de la economía y del control territorial. Por otro
lado, se estarían también configurando escenarios de movilizaciones
y resistencias contra las políticas gubernamentales de parte de movi-
mientos sociales, principalmente indígenas, que, en cierta medida,
aún reivindican el cumplimiento de la Constitución y el respeto de
sus derechos colectivos como pueblos.
De ahí que es posible afirmar que desde el periodo post-constitu-

276 –
yente, 2009 hasta la actualidad, recurrentes episodios, acciones y po-
lítica de vulneración de los contenidos más transformadores y poten-
cialmente radicales de la CPE en cuanto a su carácter plurinacional,
tanto en la orientación como en el cuerpo de las normas posteriores
como en las políticas gubernamentales, lo que estaría mostrando una
clara tendencia por “desplurinacionalizar” el marco constitucional vi-
gente, a favor de los intereses de la actual visión política, económica
y territorial del partido gobernante. Esta situación puede identificar
a partir de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descen-
tralización (2010) y su posterior norma reglamentaria, pero también
en un conjunto de otras normas centrales; como la Ley Marco de la Madre
Tierra y de Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) la Ley de Minería y Metalurgia
(2014) o el Decreto Supremo Nº 2366 (2015) sobre el aprovechamiento de recursos hi-
drocarburíferos en á reas protegidas , por mencionar algunas, en las cuales es
evidente la orientación extractivista y de contraste con las conquistas
indígenas en relación a sus derechos colectivos. De esta forma, resulta
incontrastable y explícito el núcleo extractivista de las políticas del go-
bierno del MAS que estaría generando impactos socioterritoriales, de
la mano con señales autoritarias desde el propio Estado, orientadas a
garantizar la implementación de dichas políticas.
En consecuencia, el contexto en Bolivia en los últimos años, esta-
ría marcado entre otros aspectos por la reactivación de movimientos
societales (Tapia, 2008), principalmente de carácter socioterritorial e
indígena, frente a dinámicas y actividades extractivas y de explota-
ción de “recursos naturales” por parte del actual gobierno sobre áreas
protegidas y/o territorios indígenas, y sus consecuentes dinámicas
de despojo, específicamente en las tierras bajas de Bolivia donde se
estarían produciendo una serie conflictos socio-ambientales y terri-
toriales, intensificados a partir las recientes políticas gubernamen-
tales dirigidas a profundizar y expandir la explotación/exportación
de recursos naturales como commodities, particularmente de hidro-
carburos, minerales, agroindustria, y más recientemente energía
mediante hidroeléctricas, sin el consentimiento previo de las comu-
nidades indígenas, las que reproducen su territorialidad y sus for-
mas de vida comunitaria en sus territorios ancestrales. El escenario

277autonomía
donde se manifiestan contundentemente algunos conflictos sociote-
rritoriales en los últimos años, que dan cuenta de fuertes tensiones
y disputas entre el Estado y movimientos indígenas, es particular-
mente en las Tierras Bajas del país.
Estos ‘conflictos sociambientales’ (Martínez Alier, 2004) produ-
cidos a partir de proyectos extractivistas en las tierras bajas de Bo-
livia
2 han generado acciones de defensa territorial por parte de las
poblaciones indígenas y de reivindicación de sus derechos colec-
tivos, frente a las actuales visiones de desarrollo y las políticas de
expansión capitalista del gobierno “progresista” boliviano, a la vez
haciendo evidentes contradicciones, retrocesos y disputas en torno
a mandatos/principios constitucionales, como la plurinacionalidad,
el imaginario del Vivir Bien o la “descolonización”; por un lado, con
la imposición de una visión estatal y gubernamental de desarrollo y;
por otro lado, con visiones de actores socioterritoriales indígenas que
reivindican el derecho colectivo a la autodeterminación, al autogo-
bierno, al territorio y al respeto de sus formas ancestrales y comuni-
tarias, como condición fundamental para la reproducción de su vida
colectiva como pueblos. De ese modo, se generan en esos territorios y
espacios locales una ola de resistencias sociales, identificados como
movimientos socioterritoriales, re-activando a su vez movimientos
anticoloniales y movimientos societales, que surgen como parte del
‘giro eco-territorial’ (Svampa, 2012) de los movimientos sociales en
América Latina.
Recreación neo-extractivista. Un nuevo modelo de dominación?
En los últimos años, resulta innegable y explicita la concepción
y el horizonte extractivista que orienta las políticas del gobierno del
MAS con señales autoritarias y anti-comunitarias, las cuales entre
otros aspectos estaría provocando irreversibles impactos socioterrito-
riales y ecológicos. Esta orientación que se desplegaría dentro de una
racionalidad estatal monológica (Tapia, 2014), neo-extractivista y
neo-nacionalista y que se manifiesta también mediante una tenden-
cia y modalidad de desconstitucionalizacion (Exeni, 2015) del actual
texto constitucional por parte del gobierno del MAS en los últimos
años, acaso estaría mostrando a su vez, siguiendo a Silvia Rivera,

(2015) un giro colonial, a través de un proceso de recomposición de
una faceta neocolonial y, por tanto, racista del Estado. En ese senti-
do, precisamente esa faceta estatal, que en los últimos años se viene
desplegando por parte de los gobiernos del MAS, la que produce una
reconfiguración de la relación entre el Estado –más concretamente
el gobierno de Evo Morales – con una fracción importante de los mo-
vimientos sociales y con las organizaciones indígenas de este país;
es decir, las modalidades en que se va redefiniendo la forma primor-
dial (Zavaleta, 1982) en la Bolivia contemporánea. Esta situación se
ilustraría con el desconocimiento de parte del gobierno del MAS a las
principales organizaciones matrices de pueblos indígenas, en tanto
sujetos políticos, en toda la reciente y actual ocupación política, po-
licial y militar de sus territorios.
En ese sentido, las contradicciones que se expresan entre el texto
constitucional boliviano, el discurso oficial del gobierno y las políti-
cas realmente desplegadas por éste, de manera cada vez más intensa
y evidente en los últimos años, darían cuenta del predominio de una
visión gubernamental y estatal que recrea formas de recolonización
político-territorial en este país (Makaran y López, 2018). Así, si de
un lado, la nueva Constitución reconoce una diversidad de pueblos
y culturas en sus primeros artículos y principios; y de otro lado, en
las normas de desarrollo posteriores y en las “políticas de Estado”, se
desconoce y niega la posibilidad de que estos pueblos puedan decidir
sobre sus territorios. De ese modo, por una parte la Constitución bo-
liviana reconoce la ‘territorialidad’ indígena; y de otra parte, la polí-
tica gubernamental la niega y despliega, por el contrario, prácticas
que afectan o destruyen territorios comunitarios y ancestrales reco-
nocidos. Así la negación del derecho a la codecisión o a la consulta
previa, revelarían un componente del neocolonialidad. En este senti-
do, habría una recreación de formas de recolonización (Rivera, 2010)
similares a cómo se organizaron y produjeron desde la fundación de
Bolivia como país, curiosamente en un Estado que se asume como
plurinacional y descolonizador. Lo que estaría ocurriendo en Bolivia
no resultaría en un proceso de cuestionamiento, negación y/o supe-
ración del colonialismo y la colonialidad sino un proceso de su recrea-
ción, en torno principalmente la recreación del momento constitu-

279autonomía
tivo colonial; es decir, la conversión de pueblos agrarios a pueblos
extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la sociedad,
ya que hay pueblos que habían desarrollado una complejidad de su
cultura agraria, se los convierte en pueblos extractores, fundamen-
talmente de materias primas, es decir, son sociedades mutiladas por
el colonialismo Tapia 2014). Esto en Bolivia se ha reproducido de ma-
nera histórica durante la República, el Estado-Nación y hoy estaría
siendo reproducido bajo la retórica de un Estado plurinacional por los
últimos gobiernos del MAS en Bolivia.
Todo este escenario, que conjugaría una relación de tensión y dis-
puta entre Estado y los movimientos sociales; por un lado, procesos
de recreación neoextractivista y estadocéntrica de formas de recolo-
nización político.-territorial en Bolivia, desde ámbitos estatales/gu-
bernamentales; por otro lado, con las reivindicaciones, repertorios
de movilización y estrategias de lucha desde movimientos y organi-
zaciones indígenas, de resistencias socioterritoriales y defensa de
derechos colectivos, daría cuenta de la reconstitución de un campo
sociopolitico que expresa tensiones societales y territorialidades en
disputa, donde el imaginario de la plurinacionalidad aun cobra al-
guna materialidad y sentido como posibilidad transformadora y des-
colonizadora, imaginario que, sin embargo, cada vez más es asocia-
do a una retórica del gobierno del MAS totalmente opuesta, y será,
entonces que aquellos ‘entramados comunitarios’ (Gutiérrez, 2015) y
luchas socioterritoriales retornan a interpelar el conjunto de moda-
lidades de dominación que, paradojicamente, se despliega desde el
propio Estado “plurinacional” y desde un gobierno otrora autoprocla-
mado como “gobierno de los movimientos sociales” y como uno de
los gobiernos progresistas con la retórica más “radical” en la región.
Ese escenario, por otro lado, daría cuanta de la re-emergencia de mo-
vimientos socioterritoriales principalmente en torno a los denomi-
nados ‘conflictos socio-ambientales’ (Alier, 2004), como en el caso del
conflicto del TIPNIS protagonizado específicamente por movimien-
tos indígenas en las tierras bajas de Bolivia, en tanto movimientos
socioterritoriales que estarían constituyendo, nuevamente, movi-
mientos societales (Tapia, 2008) en Bolivia.

280 –
In-conclusiones… ¿Descolonización o neocolonización
territorial? La recreación del colonialismo interno en Bolivia
El horizonte de posibilidad de un proceso de descolonización del Esta-
do, que habría sido re-abierto de forma radical desde la “crisis del Es-
tado-nación” (Tapia 2011) que se manifiesta desde el año 2000 en Boli-
via, ha venido removiendo las estructuras simbólicas y materiales del
campo político boliviano, desorganizando y des-estructurando los su-
puestos e imaginarios sobre los que se estructuraba un Estado-nación
de matriz colonial, republicana y nacionalista, y encontrará como
clímax político el proceso constituyente boliviano, la realización de
una Asamblea Constituyente (2006-2007) y la consecuente aprobación
de una nueva Constitución (2009). Este momento constituyente, en
tanto coyuntura fundante fue el resultado de la movilización y acción
política de movimientos sociales y sujetos políticos que también fue-
ron movimiento de sociedades, en proceso de conflicto más o menos
colonial, en ese sentido movimientos societales y, por eso mismo, an-
ticoloniales. Se hablaría así de movimientos anticoloniales, en tanto
se asume una matriz neocolonial reactivada dentro del país, en ese
sentido fueron movimientos societales y anticoloniales frente a for-
mas de colonialismo interno en Bolivia. Son este tipo de movimientos
societales anticoloniales los que vuelven a emerger y reactivarse en los
últimos años en el país, como formas de movimientos territorializa-
dos en defensa precisamente de sus territorios y territorialidades y de
sus derechos colectivos ante el despliegue de políticas extractivistas
de despojo territorial impulsadas desde el gobierno del MAS con viru-
lencia desde el periodo post-constituyente boliviano y, desde el con-
flicto del TIPNIS, con carácter abiertamente anti-indígena y rasgos
neocoloniales.
En los casos de las experiencias de movimientos socioterritoriales
indígenas en las tierras bajas de Bolivia, cada uno con sus particula-
ridades, densidades y significaciones propias, es posible identificar
un elemento común referido al sentido y la dimensión de descoloni-
zación como movimientos anclados en el territorio. Es decir, cómo
esos movimientos sociales con narrativas territoriales en torno a la
autonomía, sea expresada como resistencia territorial y/o proceso de

281autonomía
construcción de autogobierno, tensionan y resignifican los sentidos
de la territorialidad, es decir, reterritorializan, al impugnar deter-
minadas formas de des-territorialización de parte del gobierno, de su
impulso a la acumulación extractivista y a sus dinámicas de despo-
sesión y despojo. De ese modo, se verifican los sentidos y densidades
de movimientos de carácter societal y de una faceta de movimientos
de carácter anti-neocolonial.
En este sentido, movimientos territoriales indígenas surgen, por
un lado, como una modalidad de reivindicación histórica de un te-
rritorio ancestral, como en el caso de la visión de reconstitución te-
rritorial de la Nación Guaraní en el Chaco boliviano, por tanto de un
imaginario socioterritorial anterior al Estado-nación y la colonia. En
ese sentido esta reivindicación tiene una carga histórica que cuestio-
na el diseño político-territorial colonial sobre el que fue organizado el
territorio estatal boliviano y de des-territorialización para este pueblo.
Pese a ese cuestionamiento, el pueblo Guaraní terminará reconocien-
do los imaginarios territoriales del actual marco estatal en Bolivia. Sin
embargo, a inicios de este nuevo siglo, lo hará sobre la premisa de un
nuevo “Estado plurinacional” donde se reconoce la autonomía indíge-
na, el autogobierno y la posibilidad de ejercer formas de organización
territorial y de prácticas socioculturales propias, lo que no sucederá,
por los avatares, límites y candados operados desde el Estado y por la
dinámica de subordinación a la que será sometido el proyecto autonó-
mico guaraní originalmente construido desde abajo, en el territorio.
En el caso de la defensa indígena del TIPNIS, si bien la reivindi-
cación de la territorialidad de los pueblos indígenas no se traduce en
un imaginario de “reconstitución territorial” y de autogobierno, si
queda claramente evidenciada la demanda de autodeterminación
como derecho colectivo para decidir y definir la propia gestión de su
territorio, a partir de la defensa de su territorialidad y sus propias
formas de desarrollar su vida colectiva y productiva (economía étnica
amazónica) y de las formas comunitarias de relación con su entorno,
frente a una “territorialidad extractiva” que afectan directamente
sus territorios. En ese sentido, la resistencia socioterritorial indíge-
na en el TIPNIS estaría más bien anclada en la defensa de la territo-
rialidad y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas

282 –
que habitan este territorio, frente a procesos de des-territorialización
promovidos principalmente desde el Estado. Así, en la defensa del
TIPNIS no se tratará sólo del cuestionamiento a un esquema territo-
rial colonial sino de impugnar un proceso actual de des-territorializa-
ción extractiva y neocolonial. Esto sucederá casi del mismo modo en
el caso de la disputa indígena del pueblo guaraní en el caso del terri-
torio de Takovo Mora en 2015, también en la región del Chaco, donde
la defensa comunitaria de su territorio reconocido tendrá como base
el amparo del derecho a la consulta previa y el respeto a la condición
de territorio indígena.
De ese modo, los dos casos son diversos en varios aspectos; por una
parte, se recupera una memoria anticolonial de resistencia sociocul-
tural y de reivindicación de la reconstitución territorial de un pueblo
como base para su efectiva autonomía y construcción de autogobier-
no y; por otra parte, se defiende una territorialidad (también ances-
tral) en base a la exigencia del respeto al derecho de consulta y de au-
todeterminación y a sus formas de ejercer su territorialidad. Así, es
posible evidenciar que en estas resistencias territoriales está implica-
da una lógica de des-territorialización donde emerge el elemento de
cierta “neocolonialidad” estatal (Rivera 2014) en la forma de entender
el territorio; ya sea como esquema histórico sobre el que se impone
el Estado-nación territorial sobre otros imaginarios y construcciones
socioterritoriales anteriores a éste, o como una actual política extrac-
tivista sobre el territorio. En ese sentido, estos movimientos societales
y experiencias de resistencia indígena en las tierras bajas de Bolivia
muestran, en cierta medida, formas de resistencia socioterritorial que
impugnan una lógica de des-territorialización histórica de carácter co-
lonial sobre territorios ancestrales, que en la actualidad se presentan
bajo modalidades neo-coloniales de “territorialidad extractiva”.
Asimismo, no obstante el horizonte de transformación estatal y
cambios históricos que se perfilaron en Bolivia en el primer decenio
del presente siglo, un aspecto que parece persistir a lo largo del tiem-
po es la recreación una y otra vez de formas de ‘colonialismo interno’
como una forma de articulación política y acumulación capitalista
que re-crea de forma interna los momentos anteriores de colonia-
lismo clásico (externo). Así, la noción de colonialismo interno, es

283autonomía
útil para cuestionar las formas de continuidad de las condiciones
coloniales en la organización de la vida social y en la relación entre
sociedades al interior de la mayor parte de países latinoamericanos
con presencia de otras formas socioculturales, en particular de socie-
dades y pueblos indígenas. En ese sentido, Rivera (2010), retoman-
do dicha noción, precisa que el colonialismo interno ha sido y es el
modo de dominación, el cual forma parte también de las relaciones
establecidas por el Estado.
El modo de dominación colonial atravesaría, entonces, toda la his-
toria de Bolivia en sus tres ciclos: el colonial, el liberal (inaugurado
en el siglo XIX) y el nacionalista-populista (desde 1952), que seguiría
vigente en la actualidad pese a los cambios simbólicos operados en el
diseño estatal plurinacional. Así, el colonialismo interno, en el caso
boliviano, sería expresión de “contradicciones de diversa profundi-
dad” que permanecen en los ciclos históricos en la sociedad boliviana
(Rivera 2010). De este modo, el horizonte colonial proporciona una
matriz de estructuras de dominación con capacidad para reelaborar-
se continuamente en la coexistencia perdurable con los otros hori-
zontes. Este movimiento histórico da muestra de que las memorias
colectivas se “reactivan, reelaboran y resignifican” (Rivera, 2010: 39).
En esa línea, sería esa ‘memoria larga’ la que actualizará las luchas
anticoloniales contra la invasión europea, pero además, esta memo-
ria larga es aquella que mantiene, en la actualidad, la conciencia de
opresión colonial permanente sobre las sociedades indígenas y que
despierta la potencia de poner en marcha procesos que desarticulen
esta condición histórica de subalternidad.
En la actualidad del contexto boliviano, a partir de las experien-
cias de resistencia indígena mencionados, sería posible distinguir
dos tipos de fuerzas y procesos en la reconstitución de la forma de
dominación o del conjunto de relaciones que configuran la base de
la forma de dominación que se ha denominado como colonialismo
interno. Por una parte, un conjunto de prácticas políticas y de des-
pliegue de fuerzas de organización de estructuras de dominación que
son recientes –post-constituyentes–, aunque reciclarían relaciones
y formas previas de dominación; habría, además un proceso de lar-
go mediano plazo, que es posible asumirlo como un proceso de acu-

284 –
mulación histórica. Asimismo, sería posible identificar, según esta
perspectiva, un tercer componente que estaría referido a la recrea-
ción del ‘momento constitutivo del colonialismo’, con un proyecto
extractivista, revelarían la articulación de estos tres momentos (Ta-
pia 2014). En ese sentido, las contradicciones que se expresan entre
el texto constitucional boliviano, el discurso oficial del gobierno y las
políticas realmente desplegadas por éste, de manera cada vez más
intensa e innegable los últimos años, ponen en evidencia el predo-
minio de una visión gubernamental y estatal que recrea formas de
neo-colonialismo político-territorial en este país.
Así, si de un lado, la nueva Constitución reconoce una diversi-
dad de pueblos y culturas en sus primeros artículos y principios; y de
otro lado, en las normas de desarrollo posteriores y en las “políticas
de Estado”, se desconoce y niega la posibilidad de que estos pueblos
puedan decidir sobre sus territorios. De ese modo, por una parte la
Constitución boliviana reconoce la ‘territorialidad’ indígena; y de
otra parte, la política gubernamental la niega y despliega, por el con-
trario, prácticas que afectan o destruyen esa territorialidad, negando
además a los pueblos y culturas al ser afectadas el derecho a ser con-
sultados. Así la negación del derecho a la codecisión o a la consulta
previa, revelarían un componente del colonialismo interno. En este
sentido, habría una recreación de formas de colonialismo interno si-
milares a cómo se organizaron y produjeron desde la fundación de
Bolivia como país, curiosamente en un Estado que se asume como
plurinacional y descolonizador. Lo que estaría ocurriendo en Bolivia
no es un proceso de cuestionamiento, negación y/o superación del
colonialismo sino un proceso de su recreación, en torno principal-
mente la recreación del momento constitutivo colonial (Tapia 2014),
que es la conversión, a través de la conquista, de pueblos agrarios a
pueblos extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la
sociedad, ya que hay pueblos que habían desarrollado una comple-
jidad de su cultura agraria, se los convierte en pueblos extractores,
fundamentalmente de materias primas, es decir, son sociedades
mutiladas por el colonialismo. Esto en Bolivia se ha reproducido de
manera histórica durante la República, el Estado-Nación, el perio-
do neoliberal bajo el Consenso de Washington y hoy estaría siendo

285autonomía
reproducido por los últimos gobiernos del MAS en el marco del aún
vigente, acaso reconfigurado, exacerbado y relanzado “Consenso de
los Commodities” a partir de dinámicas hiper-extractivistas y de un
neoliberalismo transgénico” (Terán y Svampa, 2018) que preten-
de presentarse como una alternativa económica “anti-neoliberal” y
antiimperialista” y como una opción política popular y de izquierda
frente al avance de fuerzas políticas conservadoras y procesos regre-
sivos y tentaciones autoritarias. En ese escenario, cabe interrogarse
si el progresismo, por lo menos en su versión boliviana resulto un
antídoto más toxico que el veneno que propugnaba extirpar.
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