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Martes 2 de agosto de 2022, p. 4
Tras el decreto que clasificó al Tren Maya como obra de seguridad nacional
, su administración legal recae en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación (SG), aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Puntualizó que su administración entregará dicho decreto al juez que lo requirió dentro del proceso contra el proyecto que han emprendido diversos sectores de la sociedad civil, a quienes se ha otorgado amparos que detuvieron la construcción del tramo 5 (Cancún-Tulum) por algunos meses, trabajos que se retomaron tras la declaratoria de seguridad nacional
.
Interrogado en la mañanera de ayer en Palacio Nacional sobre la instancia que legalmente ahora está a cargo del proyecto –hasta antes del decreto era el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)–, el mandatario precisó:
Creo que la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación, pero hay que verlo. Es un asunto de seguridad nacional, fue lo que hicimos en el aeropuerto (Felipe Ángeles). Y el juez tiene que resolver lo que está pendiente (agilizar su determinación en el proceso jurídico), éste es otro asunto, y ya lleva mucho tiempo.
–¿Con el decreto toda la obra ya queda a nombre de Presidencia? –se le insistió.
–Toda la obra, sí, en tanto se construye –apuntó el mandatario. Esto a fin de frenar los intentos por detener la obra.
Señaló al titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez –quien requirió el decreto y otorgó los amparos–, de estar vinculado con el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío, quien ahora es el asesor jurídico de Claudio X. González. Tenemos que batallar con eso, pero ahí vamos avanzando
.
Agregó que es precisamente la organización de ese empresario –uno de sus adversarios– la que financia, junto a asociaciones extranjeras, a estos grupos de la llamada sociedad civil
que se han opuesto a la construcción del tramo 5. Es una violación flagrante a nuestra soberanía, una actitud injerencista (la acción de los organismos externos), eso no se puede permitir
.
Indicó que este fin de semana que realizó una gira por el sureste para verificar los avances del proyecto ferroviario, estuvo en Tulum y esperaba manifestaciones de los opositores, pero “me comentaban los que están trabajando que llegaron a protestar estos seudoambientalistas y dijeron: ‘Vamos a estar aquí nada más dos horas porque hay mucho calor’. Bueno, está bien. Están como los de Frenaa, que no querían venir a dormir aquí al Zócalo”.
Resaltó que los amparos otorgados por el juzgador ya no proceden debido a la declaratoria de seguridad nacional
e insistió que se cuenta con todas las anuencias de los propietarios de los predios por los que pasará la vía y otros alcances del proyecto.
Hace unos días, Javier May, titular de Fonatur, informó que al circunscribirse en el marco de la seguridad nacional
, el proyecto quedaría a cargo de la SG y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Presidente expuso que la construcción del Tren Maya, además de proteger el medio ambiente, generará desarrollo y distribución de la riqueza en el sur este mexicano.
Hace 50 años, recordó, no había ningún desarrollo en Cancún, y hoy es la segunda ciudad del país más conocida a escala mundial, al grado de que este año se calcula que llegarán 29 millones de visitantes por vía aérea hasta el aeropuerto de este punto turístico.
Así, se busca que ese turismo se propague por los cinco estados por los que transitará el ferrocarril, a fin que se conozca la riqueza natural y cultural, en especial las antiguas ciudades mayas.
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Martes 2 de agosto de 2022, p. 4
El juez primero de distrito del estado de Yucatán, Adrián Novelo Pérez, concedió a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), una segunda suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que comprende de Cancún a Tulum en Quintana Roo.
La organización promovió una demanda de garantías el pasado 5 de abril para apelar los permisos, autorizaciones y trabajos que corresponden a la planeación, ejecución y desarrollo de actividades en el tramo 5 del Tren Maya.
Con este amparo, se impugnó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya no cuentan, todavía, con los permisos legales para iniciar la construcción de ese tramo.
De tal forma, el juez Novelo Pérez otorgó la segunda suspensión, sumada a la que, el 30 de mayo pasado, había dado, cuando se afirmó que la construcción no contaba con la manifestación de impacto ambiental, prioritaria para comenzar la obra y que fue desechada por el gobierno federal al declarar el proyecto Tren Maya como de seguridad nacional.
Los ambientalistas también pidieron al togado que les conceda la suspensión para frenar los trabajos de los tramos 6 y 7, pues argumentaron que no cumplen con las medidas necesarias para proteger el medio ambiente de la zona, lo cual decidirá en los próximos días.
Asimismo, el impartidor de justicia le negó la medida cautelar a la asociación contra la omisión de las autoridades de gestionar y solicitar los diversos permisos relacionados con los ordenamientos ambientales y de planificación territorial, los cuales son adicionales a la autorización provisional contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05891-21.
Antonella Vázquez Cavedón, representante legal de DMAS, señaló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de la Defensa Nacional, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Presidente de México y Fonatur fueron omisos al no solicitar dichos permisos.
El juzgado primero federal realizará, este 5 de agosto, una audiencia constitucional para resolver de fondo este asunto y, en su caso, conceder o no otro amparo a la asociación civil DMAS.
El juez Novelo Pérez tiene pendiente resolver si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional, aunque el fallo lo podría dar a conocer este martes.
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Martes 2 de agosto de 2022, p. 4
Mediante un decreto emitido la tarde de ayer, el gobierno federal declaró la expropiación a favor de la Federación, y por causa de utilidad pública
, de un millón 93 mil 118.93 metros cuadrados, es decir, 109.3 hectáreas, que son de propiedad privada en Quintana Roo, mismos que serán destinados para la construcción del tramo 5 del Tren Maya en los subtramos norte y sur.
Las áreas son parte de 36 predios localizados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, expuso la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. De éstos, 29 predios están ubicados en el municipio de Solidaridad.
La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos
, se indica en el decreto, además de especificar que la Sedatu procederá a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación
, mientras la interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación
.
Se establece, además, que dicha secretaría cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Por su parte, los interesados contarán con 10 días hábiles siguientes a la notificación para recurrir a un procedimiento judicial con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización
.