La metodología de trabajo en los diálogos que mantienen tres movimientos indígenas y el Gobierno nacional se afinará con el objetivo de concretar resultados en los diez puntos que promovieron el paro nacional de junio pasado, en un plazo de cinco días.

Esa había sido una de las decisiones tomadas en una reunión de evaluación de estos primeros 22 días de encuentros que han mantenido los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), con una delegación del Ejecutivo presidida por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

La mañana de este miércoles, 3 de agosto, ambas delegaciones, bajo la observación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), analizaron los avances que han tenido los diálogos a poco de cumplirse el primer mes, en medio de la inquietud de los dirigentes sociales que no ven resultados llevados a la práctica.

En estos 22 días, se han instalado tres mesas técnicas enfocadas en atender los pedidos sobre la focalización de subsidios a los combustibles; moratoria y condonación de deudas en la banca pública y privada; y, control de precios y especulación.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, exaltó que la mesa dos sobre la banca pública y privada cerró con un acuerdo, en tanto que sobre el control de precios el viernes se entregará una propuesta a los grupos sociales para que sea analizada, antes de una cita que se mantendría el próximo lunes.

Reconoció que sobre la focalización de subsidios a los combustibles no se han logrado avances por la “complejidad del tema”, mas no porque no exista predisposición de las partes. Su criterio es que este proceso ha sido positivo y como parte de ello anunció que se invitará al representante de la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador (ONU) para que participe como observador.

Detalló que este miércoles se trabajó en “perfeccionar” la metodología de trabajo para alcanzar acuerdos dentro de los 90 días, plazo que fijó la Conferencia Episcopal en el acta de la paz, que se suscribió el 30 de junio, con la que se puso fin a los 18 días del paro nacional que lideraron los tres movimientos indígenas.

En ese contexto, el fin es que cada mesa alcance concreciones en cinco días; de lo contrario, sobre aquellos temas en los que no haya acuerdos quedarán pendientes para su evaluación al final del ciclo.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, lamentó que este proceso se haya dilatado por la revisión de la información que contiene las propuestas de ambas partes, y aun así no existen respuestas concretas del régimen.

Ejemplificó que sobre la mesa de moratoria y condonación de deudas en la banca pública y privada hay un acuerdo, que en la práctica no se “ha ganado nada aún”.

“El Gobierno debe garantizar un procedimiento de cómo vamos a dar seguimiento a los acuerdos. No puede ser que la respuesta sea decirlo, pero en la práctica no está pasando nada”, enfatizó.

Explicó también que los procedimientos para estos encuentros se modificaron para que se propicien resultados en un periodo de cinco días. Para ello, se resolvió que los actores gubernamentales e indígenas expongan sus propuestas y estas sean analizadas por cada uno, en un día.

Luego se volverán a reunir para escuchar sus acuerdos o desacuerdos y proceder a tomar decisiones.

“Lo que no puede sobrepasar es del quinto día, porque ese día debe haber un resultado, sea positivo o negativo. Para que el pueblo sepa que si no hay un resultado, hay que seguir luchando. O, de lo contrario, si hay resultados es con base en los diálogos”, dijo.

La dirigente de la Fenocin, Margarita Arotingo, coincidió en que pese a las continuas conversaciones no hay una ejecución como en el caso de la moratoria y condonación de los créditos, pues conocen que hay ciudadanos que se estarían acercando a las agencias bancarias para buscar una salida al pago de sus créditos y ahí se desconocen los acuerdos logrados.

De todas formas, la próxima semana se espera definir cuándo empezará el trabajo de otras siete mesas técnicas relacionadas, entre ellas, la de fomento productivo y explotación minera y petrolera.

El monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal y garante de la ejecución de estos diálogos, calificó de positivas estas conversaciones, pese a la preocupación de la base social.

“No hay soluciones mágicas, estas se están construyendo desde lo posible, desde la vida concreta de la gente. Lo fundamental de este diálogo es que se debe armonizar estas dos realidades: lo posible desde el punto de vista jurídico y las competencias del Ejecutivo, y también desde los límites presupuestarios. Hay que comprender que no son medidas y soluciones de papel, sino que son medidas y soluciones que afectan a la realidad de la gente”, manifestó.

Añadió que al final de los 90 días se evaluará por dónde se debe continuar, porque los “90 días no implican el fin de este camino, al contrario, es un camino inédito de construcción de las políticas públicas, en el que se sientan a la mesa las cabezas del Ejecutivo y los líderes sociales, de igual a igual. Ojalá que lo que construyamos en estos 90 días sirva para seguir caminando”. (I)