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El Pueblo Indígena “Nahua Pipil”, a través de sus organizaciones indígenas y campesinas en la región cultural conocida como “Los Izalcos”, del departamento de Sonsonate al occidente de El Salvador, lucha actualmente por la defensa de sus territorios ancestrales, de sus bienes naturales y culturales, y por la defensa de su identidad cultural indígena. Este pueblo lleva 500 años resistiendo los embates del despojo y el saqueo de sus territorios.
El Pueblo Indígena “Nahua Pipil”, a través de sus organizaciones indígenas y campesinas en la región cultural conocida como “Los Izalcos”, del departamento de Sonsonate al occidente de El Salvador, lucha actualmente por la defensa de sus territorios ancestrales, de sus bienes naturales y culturales, y por la defensa de su identidad cultural indígena. Este pueblo lleva 500 años resistiendo los embates del despojo y el saqueo de sus territorios, con la diferencia de que ahora la lucha, aunque en esencia sigue siendo por la vida y contra la muerte, ya no se desarrolla contra el sistema colonial español, los encomenderos o hacendados, sino más bien contra las modernas expresiones del capitalismo y del neoliberalismo del siglo XXI, contra el atrasado Estado salvadoreño que se distingue por conservar sus rasgos oligarcas y contra dos crisis fundamentales que se manifiestan en un país como El Salvador: una identitaria y otra ecológica. Esta situación se materializa a nivel territorial por medio de proyectos hidroeléctricos, madereros y urbanísticos, así como por la presencia de una “pujante” industria azucarera que inunda todas las zonas bajas. Con esto se instala un escenario de intervención que amenaza a los abuelos ríos, a las zonas de recarga hídrica en los bosques sagrados de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y fundamentalmente a la abuelita agua y a la madre tierra en toda la región. En este escenario, durante los últimos años han surgido tres casos emblemáticos, dos de los cuales compartiremos en futuras entregas, pero uno de esos casos es el del “sitio sagrado Tacushcalco”, que presentamos a continuación.
Los territorios de Tacushcalco fueron declarados sagrados por los guías espirituales y la población indígena Nahua Pipil del actual departamento de Sonsonate. Para la ciencia convencional Tacushcalco es un sitio arqueológico con 3 mil años de historia. Es reconocido como bien cultural por el Estado salvadoreño desde 1997 y en 2019 el área considerada como patrimonio cultural fue extendida de 32 a 350.75 hectáreas de terreno. En su centro cívico-ceremonial, Tacushcalco cuenta con 40 estructuras; entre montículos, plataformas, plazas, basamentos domésticos y diverso material arqueológico mueble tanto en la superficie como en el subsuelo. Desde las perspectivas arqueológica y antropológica, se considera que estos territorios conservan su valor cultural al mantener en buen estado de conservación sus principales estructuras monumentales, además de intactos muchos contextos prehispánicos y coloniales aún sepultados. En el mismo sentido, se les confieren valor histórico, de uso, simbólico, social y científico. Precisamente en términos simbólicos, es el centro ceremonial de Tacushcalco el que recobra una gran relevancia para los Pueblos Indígenas, al tratarse del centro ceremonial más importante de toda esta región cultural desde una perspectiva espiritual y desde una perspectiva histórica. Así mismo, Tacushcalco es inseparable del río Ceniza (Nejapan), el que está aledaño al sitio y es considerado un bien natural de importancia estratégica por la población de los territorios de Sonsonate. Entre 2017 y 2018, una empresa inmobiliaria destruyó una parte del sitio y contaminó el río Ceniza al desarrollar el proyecto urbanístico “Acropoli Sonsonate”. Esto desató una movilización de organizaciones comunitarias indígenas y campesinas demandando al Estado salvadoreño justicia y protección para Tacushcalco y el río Ceniza.
Sin embargo, el conflicto por Tacushcalco inició en 1524, cuando llegó a esos territorios la invasión castellano-tlaxcalteca. Para ese entonces, Tacushcalco era uno de los principales pueblos del señorío de “Los Izalcos”. El señorío de Los Izalcos era ya en ese momento uno de los más importantes enclaves culturales nahua en Mesoamérica. Hay evidencia histórica y arqueológica que demuestra que Tacushcalco era un centro prehispánico de poder político, económico, espiritual y militar. Su nombre proviene de la palabra náhuat tacoch-cal-co que significa flecha-casa-lugar, es decir; el lugar de la casa de los dardos o de la casa de armas. El conflicto por este territorio ha tenido una serie de repuntes y detonantes, jugando un importante papel a lo largo de los diferentes periodos de la historia salvadoreña y particularmente en la historia de los Pueblos Indígenas Nahuas de los territorios ancestrales de Sonsonate.
Los castellanos y tlaxcaltecas, al invadir los actuales territorios del departamento de Sonsonate en junio de 1524, encontraron un próspero sistema económico, político y social basado fundamentalmente en la agricultura. Tacushcalco, junto a los ahora municipios de Izalco, Caluco y Nahulingo, era un territorio clave en la producción de cacao a nivel de Mesoamérica. Instalada la colonia española, el sistema de encomiendas aprovechó las capacidades existentes para dominar, explotar y saquear los territorios de Tacushcalco y a su población, ante la ausencia de oro u otras riquezas, la fiebre fue por el cacao que poseía un enorme valor desde tiempos prehispánicos y se convirtió de inmediato en el producto de exportación más rentable en los territorios conocidos como “Los Izalcos”. Más adelante, aún durante el periodo colonial en el siglo XVIII, los territorios de Tacushcalco comenzaron a ser explotados y saqueados a partir del monocultivo de la caña de azúcar. Las condiciones naturales de sus terrenos y el sistema socio cultural han sido determinantes en dicha situación.
En la alborada del periodo republicanoel conflicto por estos territorios, que coincide con el momento en el que comienza a desarrollarse el capitalismo en El Salvador, se distingue por la supresión en 1823 del ahora sitio arqueológico dentro de la división político-administrativa de la “Alcaldía Mayor de Sonsonate”, la que formaba parte de Guatemala, y en ese mismo año fue anexada a la provincia de San Salvador. De esta manera, Tacushcalco, que fue reconocido como “pueblo de indios” durante todo el periodo colonial, es eliminado en términos políticos y administrativos y sus territorios pasan a formar parte de los actuales municipios de Sonsonate y Nahulingo. Las evidencias indican que las causas de la supresión de Tacushcalco podrían estar asociadas al salto que da, en ese periodo histórico, la formación económica-social salvadoreña. Según las elites económicas y políticas, o incipiente oligarquía salvadoreña, ese salto demanda un nuevo régimen de propiedad y gestión de la tierra. Sin embargo, es también en la dimensión simbólica en donde se reflejan severos impactos para el Pueblo Indígena Nahua Pipil, pues la pérdida de Tacushcalco también implica pérdida de memoria y de procesos identitarios relacionados con esos territorios.
La centralidad del conflicto por Tacushcalco y de los territorios del señorío de Los Izalcos en la historia salvadoreña es indiscutible; como indiscutible es el valor simbólico, social y científico de Tacushcalco, a pesar de ello, la institucionalidad estatal nada o muy poco ha hecho para dignificar este sitio ancestral. En el actual periodo neoliberal; los territorios de Tacushcalco se encuentran abandonados por el Estado y siguen siendo saqueados por la moderna industria productora de caña de azúcar y las empresas inmobiliarias. Como ya se mencionó, en 2017 un reconocido consorcio inmobiliario salvadoreño (empresa Fenix-Salazar Romero) dañó una parte del sitio y contaminó el río Ceniza con un proyecto urbanístico, vulnerando además derechos humanos culturales y ambientales de los Pueblos Indígenas y de las comunidades campesinas del territorio. Esto provocó una movilización comunitaria que gestó un movimiento ciudadano plural y articulado, ya no solo a nivel territorial, sino también a nivel de la capital salvadoreña y con una proyección nacional. Este es el “Movimiento Tacushcalco” que durante 2018 se posiciona de manera más precisa en torno al conflicto y establece su dinámica de organización y movilización, así como sus principales demandas frente al Estado salvadoreño.
Este movimiento adopta al menos tres vías en torno a las cuales desarrolla su lucha política, la de la movilización ciudadana y el posicionamiento ante la opinión pública de la problemática para incidir en la institucionalidad estatal, la vía judicial ante los delitos cometidos por la empresa urbanística y la vía académico-científica con la intención de robustecer el conocimiento en torno a los diferentes valores de estos territorios, y ante lo cual debe destacarse que uno de los principales objetivos de dicho movimiento es incidir para la puesta en marcha, por parte de la instituciones estatales, de un proyecto de “parque ecológico-cultural” para Tacushcalco. En este sentido, el movimiento logra entre 2018 y 2019 poner al descubierto el fracaso de la institucionalidad estatal, al evidenciar que tanto la industria inmobiliaria como la azucarera en El Salvador han capturado a funcionarios encargados de la política ambiental y cultural a diferentes niveles del aparato estatal, naturalizándose así, la moderna forma de despojo de territorios poseedores de bienes naturales y culturales con extraordinario valor.Esa captura corporativa incluyó a funcionarios de alto rango del gobierno neoliberal del expresidente Sánchez Cerén, quien llegó al poder por medio del partido Fmln, partido conformado por la dirigencia de la antigua guerrilla salvadoreña posterior a los acuerdos de paz de 1992.
Los actuales funcionarios del Ministerio de Cultura, ya del gobierno también neoliberal de Nayib Bukele, al mantener en abandono el importante patrimonio cultural que representan los territorios de Tacushcalco y al excluir de su agenda todo esfuerzo, por mínimo que sea, para la dignificación de este lugar, continúan ejerciendo una política de desprecio al sitio y desconociendo la importancia de este tanto en los procesos identitarios de los Pueblos Indígenas salvadoreños como para el proyecto de nación salvadoreña.A pesar de esto, en 2019, ya durante el gobierno de Bukele, el departamento de arqueología del Ministerio de Cultura, con quien el Movimiento Tacushcalco había mantenido un dialogo que permitió insistir en la importancia de reconocer más territorio como parte del sitio arqueológico, logra que se amplíe el área considerada como bien cultural en los territorios de Tacushcalco, de lo cual deriva que actualmente el área consista en 350.75 hectáreas. Igual relevancia tiene, aunque de manera insatisfactoria, la derrota que sufrió en diciembre de 2021 el consorcio inmobiliario a nivel de tribunales por los delitos cometidos. Las nuevas autoridades de cultura conciliaron extrajudicialmente con la inmobiliaria partir de una indemnización de 300, 215.79 dólares a cambio de retirar las restricciones técnicas que tenía el proyecto Acrópoli Sonsonate. Este monto es considerado insuficiente por el Movimiento Tacushcalco y por los arqueólogos que a partir de un valuó determinaron que Fénix-Salazar Romero debía responder al menos con 4 millones de dólares, lo suficiente para adquirir el terreno donde se ubica el centro cívico ceremonial de Tacushcalco y un monto que permitiera administrar y cuidar el sitio arqueológico.
El Movimiento Tacushcalco sigue entonces su marcha hacia el diseño de una propuesta de proyecto de “parque ecológico cultural” para el sitio Tacushcalco y con la cual pretende incidir en el Estado salvadoreño. Este camino que también es parte de nuestra lucha política por el sitio sagrado Tacushcalco, el patrimonio cultural indígena y por nuestra identidad cultural ancestral, aspira también a convertirse en la punta de lanza de un nuevo momento en la lucha por la madre tierra despojada a nuestros abuelos en el siglo XIX. El movimiento pretende convertir las 350 hectáreas del sitio en un espacio concebido bajo un modelo híbrido de gestión que, aunque conserve rasgos patrimonialistas, genere un quiebre en cuanto a la gestión del patrimonio cultural prehispánico en el país y permita que el poder de decisión sobre estos territorios quede en manos de los Pueblos Indígenas y campesinos de la zona, tal como lo propone el paradigma pospatrimonial.