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Biden, presidente de Estados Unidos, refrendó la Ley de Reducción de la Inflación, que presentan como la ley “más avanzada en la histopara enfrentar el cambio climático y los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania. La Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network – IEN) denunció que se trata de un paquete engañoso de medidas que combina el uso masivo de fondos públicos para avanzar energías y tecnologías de alto riesgo (como nuclear, hidrógeno, geoingeniería) y nuevos subsidios a favor de las industrias contaminantes y grandes empresas.
Desinformémonos
Este 16 de agosto, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, refrendó una llamada Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act / IRA), que desde la Casa Blanca presentan como la ley “más avanzada en la historia” de ese país para enfrentar el cambio climático y al mismo tiempo los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, un discurso repetido por muchos medios masivos.
Por el contrario, la Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network – IEN) denunció que se trata de un paquete engañoso y altamente preocupante de medidas que combina el uso masivo de fondos públicos para avanzar energías y tecnologías de alto riesgo (como nuclear, hidrógeno, geoingeniería) y nuevos subsidios a favor de las industrias contaminantes y grandes empresas. Al mismo tiempo, señala IEN, que uno de los aspectos más insidiosos de esta ley es que intenta apropiarse del lenguaje de “justicia ambiental” y engañar a las comunidades indígenas con incentivos, comparativamente escasos, para que permitan la instalación de estas nuevas industrias y proyectos en sus territorios. Igualmente, chantajea con ajustes salariales (que de todos modos debería atender) a las organizaciones sindicales, sin ninguna provisión que atienda los reclamos de transición justa, para encarar los problemas de fondo.
El mismo tenor de críticas a la nueva ley son compartidas por muchas otras organizaciones de base de primera línea, entre ellas la Alianza por la Justicia Climática (Climate Justice Alliance)y la Alianza de comunidades por la justicia global (GGJ).
La administración Biden se refiere a esta ley como el mayor impulso a la “economía verde” hasta ahora. Las grandes organizaciones conservacionistas aplauden, coherente con sus posiciones de ambientalismo de mercado y negocios verdes. Al ser una iniciativa de senadores del Partido Demócrata, el partido republicano se opuso por que ya todo se lee en esos ámbitos en términos de competencia electoral, pero en realidad hay una gran convergencia de intereses. Al igual que en México y otros países, esto da pie al partido en el gobierno a criticar a las organizaciones indígenas y otras de justicia ambiental por su oposición, como si la resistencia de esas organizaciones hubiera empezado con esta ley.
La dimensión de los fondos asignados (cerca de 740.000 millones de dólares en total en todos los rubros) y el hecho de que Europa y otros países también están discutiendo normativas que se orientan a los mismos títulos (control de inflación, cambio climático, recuperación de pandemia e impactos de la guerra) torna aún más relevante entender lo que implica.
Esta ley de ninguna manera es para combatir el cambio climático afirma IEN, sino paradójicamente para subvencionar nuevamente a las industrias que son las causantes del caos climático, especialmente la petrolera y de combustibles fósiles, pero también otras como las de agronegocios, mineras, automotrices. Pese a que el gobierno afirma que “no primaron los intereses particulares”, en realidad es todo lo contrario, incluso en el tema impositivo, en el cual parece que aumentan los porcentajes de impuestos a los más ricos, pero el alud de alivios impositivos por inversiones en otras secciones de la misma ley, los compensan ampliamente.
Por ejemplo, aunque la ley prevé apoyo para energías renovables –que no necesariamente son buenas de por sí, especialmente si son a mega escala y sobre territorios de comunidades– en realidad estas medidas son escasas y están incluso atadas a permitir la instalación previa de nuevas explotaciones petroleras.
Como ilustración, una de las secciones más cínicas de la ley, es la sección titulada “Garantizar la seguridad energética” (IRA; página 644) que prohíbe que el gobierno autorice desarrollos eólicos o solares en tierras federales a menos que se haya producido una venta o arrendamiento para producir petróleo o gas en tierra federal en los 120 días anteriores a la emisión del arrendamiento eólico o solar (!).
Estas nuevas concesiones para emprendimientos de petróleo y gas debe ser de mínimo 2 millones de acres, o el 50 % de la superficie destinada a desarrollos solares o eólicos. Esto aplica también a las concesiones de zonas federales marinas, en las cuales, para autorizar una concesión a instalaciones eólicas, deben existir contratos realizados en el año anterior por un mínimo de 60 millones de acres.
Al mismo tiempo, se extiende ampliamente el apoyo a las tecnologías de geoingeniería, especialmente las de captura directa de aire y captura y almacenamiento de carbono (CCS por sus siglas en inglés) Esta última es una tecnología inventada por la industria petrolera hace décadas, mediante la cual inyectan dióxido de carbono en pozos petroleros con reservas profundas difíciles de acceder, para empujarlas a la superficie. Por tanto, es para explotar más petróleo. Aunque la técnica ya existía, la industria no la usaba por que es cara y no le rendía suficiente lucro. Al renombrarla como “tecnología climática para almacenar carbono”, consiguió finalmente subsidios que aumentarán sus ganancias y además le permiten explotar más petróleo.
La ley IRA aumentó casi al doble el pago por la supuesta tonelada de carbono secuestrada (de 35 a 60 dólares/tonelada), aunque informes de la propia industria muestran que el 90 por ciento de los emprendimientos son para acceder a reservas profundas (la técnica se llama de origen Recuperación Mejorada de Petróleo). Un artículo de esta semana en el New York Times, da cuenta de que todos los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCS) han sido altamente subsidiados por el erario público y ninguno ha dado resultados para reducir emisiones. Es más, en varios casos ni siquiera han funcionado.
Por su parte, IEN, CJA y otras organizaciones, denuncian que este tipo de proyectos significa también avanzar con nuevos mega-ductos (ahora para transporte de carbono), agregando contaminación y riesgos sobre las mismas comunidades negras e indígenas que sufren la contaminación petrolera.
Además de los ejemplos nombrados, la Red Ambiental Indígena advierte que las formas de acceder a los supuestos “beneficios” que tendría la ley IRA para organizaciones tribales, indígenas, negras y de color, son basadas en la competencia, no son derechos. Los subsidios pueden ser reclamados por ONGs de cualquier tipo, por sector privado y empresas, todos con mucho más condiciones de competir y acceder que las propias comunidades. Alertan también sobre condicionamientos y chantajes, para permitir además de las tecnologías nombradas, plantas de energía nuclear y megaplantaciones forestales y agrícolas, todas con enormes impactos negativos en sus territorios. Por si fuera poco, la ley promueve también la llamada “agricultura climáticamente inteligente”para integrar los suelos agrícolas y forestales a los mercados de carbono, sometiendo a las comunidades también a los impactos de este tipo de especulación financiera y el control de sus tierras y territorios por esos gestores finacieros.
En definitiva, resume IEN, esta ley es un caballo de Troya contra las comunidades y distraer a la mayoría de la gente por la falta de acción contra el cambio climático. Al contrario, lo empeora.