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Los daños y atrocidades efectuados contras los estudiantes normalistas de Ayotzinapa abrieron una herida profunda que desde hace mucho tiempo requiere más que las respuestas que desde arriba se dieron. De por sí crímenes como este representan una gran encrucijada por su imposibilidad de sanción, porque quienes procesan son quienes cometen crímenes, quienes investigan son quienes son parte del Estado.

Nombrar Ayotzinapa como crimen de Estado era necesario, urgente desde el inicio, era obvio para quien ve claramente la cadena de actos y relaciones que se dieron antes, durante y después de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Lo que sigue es preguntarse a qué lleva eso y qué quiere decir no solo que ese haya sido un crimen de Estado sino lo que implica en el presente.

La lista de atrocidades ejecutadas por las fuerzas armadas en México es larga y no es cosa del pasado. Los daños, profundos agravios desde la guerra sucia hasta días recientes son masivos, sistemáticos, rutinizados, normalizados y sobre todo se han mantenido en la impunidad. Las espeluznantes cifras de la guerra llamada del narco que siguen en aumento dan cuenta de algo más que un problema entre bandas, o del ejército con los diversos grupos del crimen organizado. La crisis humana que padecemos en México, profunda y grave tiene de responsables al Estado, a sus fuerzas, instituciones y entrañas y de agredidoas al pueblo mexicano en su conjunto. Ayotzinapa es una muestra de una práctica cotidiana de Estado. Los responsables remiten a una cadena de mando, los beneficiarios de esos crímenes regularmente son toda una estructura, no un individuo.

La normalización de prácticas atroces a manos de las fuerzas armadas, policíacas y del crimen organizado y la impunidad sobre miles de casos posibilitó que se cometiera ese crimen de Estado. Ayotzinapa dejó ver una práctica sistemática y el modo en que se procese a quienes están siendo investigados, el modo en que se les trate a éstos, si se les da o no un trato diferencial, si salen prontamente de prisión o si se llega a acuerdos, todo marcará el sello de la justicia sobre el caso o por el contrario afianzará una vez más que incluso cuando ya es pública la ejecución de un crimen éste permanezca en la impunidad estructural. Las fuerzas armadas no se van a limpiar con que se procese a algunos mandos militares por el caso, como lo quiere hacer creer López Obrador. El crimen de Estado de Ayotzinapa no reveló solo la actuación de “malos servidores públicos”, seguirlo manejando así solo contribuye a la reproducción de estas prácticas. El poder e inmunidad que éste ha otorgado a las fuerzas armadas es una amenaza y garantiza la ejecución de más actos atroces, criminales e inhumanos.

El efecto social que tuvo la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue profundamente aleccionador, produjo un profundo terror y la idea de que el riesgo al que se enfrentan grupos como éste, cuya trayectoria de lucha es ampliamente conocida pasaba a un nivel radicalmente más peligroso. La crueldad con que se les trató, el mensaje detrás de los daños y de la desaparición masiva en sí da mucho que interpretar. No solo interesaba a grupos como Guerreros Unidos sembrar ese terror.

Hemos dejado que atrocidades como esa se repitan rutinariamente sin que la condena social sea proporcional a los daños que causan no solo en los cuerpos de las y los agredidos y sus familias sino en poblaciones enteras. La tarea de hacer algo con los crímenes de Estado es del abajo, sabemos que aún cuando arriba se den este tipo de pasos (que claramente no se dan con pocos jaloneos internos) el Estado siempre se va a proteger, López Obrador nos ha dejado claro que el representa no solo al Estado desde 2018 sino al que le antecedió, incluso al que lo trató de eliminar del mapa político. No olvidemos que en (2019) López Obrador dijo que Ayotzinapa no había sido un crimen de Estado porque el se encargaría de que se hiciera justicia en el caso, como si se pudiera borrar la participación del Estado en la ejecución de crímenes en una administración previa a la suya. Los claros mensajes de militarización de la vida pública, social y política que ha dado López Obrador y los pactos que exhibe al mantener en la impunidad a Calderón y a Peña Nieto dan cuenta de su papel como protector del mismo Estado.

La condena social que dio respuesta a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014) adelantó lo que ahora, ocho años después, concluye una comisión gubernamental, que fue el Estado. Las palabras, consignas, hashtags dan cuenta de una claridad en la percepción que se tuvo desde abajo acerca del tipo de crimen y responsabilidad que se ejecutó y motivó.

Cada administración tiene sus propios intereses, planes, enemigos, lealtades y sus propios modos de criminalizar. En el México actual la rebeldía, la postura que no se hincó ante los gobiernos anteriores ni se hinca ante la 4T es considerada “contra”, lo que es peligroso sobre todo en un ambiente militarizado.

Por ahora en relación a Ayotzinapa queda esperar la postura de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, escucharles y acompañarles.