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La represión en Provincia de Buenos Aires creció con la pandemia y la crisis económica-
Por EspacioNildaEloy
PostaPorteña
22.AGO.22
La gestión de Axel Kicillof y Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires aplicó entre 2019 y 2021 una escalada represiva sin precedentes, producto de la conducción de mano dura de las fuerzas de inseguridad que vienen ejerciendo.
Cuarentena represiva de por medio, la gestión peronista bonaerense se cargó con 473 muertes producidas por su policía y su servicio penitenciario, y selló en la mitad de su mandato la creciente ola represiva que asola a todo el país. Es que en la mitad del tiempo casi duplicaron los crímenes de uniforme cometidos por toda la gestión macrista de María Eugenia Vidal, y cuadruplicaron por lejos la performance represiva bianual de la dupla Daniel Scioli-Gabriel Mariotto.
Gestión Provincia BA Acumulado casos PBA
A. Kicillof 473 (2 años)
M.E Vidal 569 (4 años)
D. Scioli 818 (8 años)
TOTAL 1860
Fuente: Archivo de Casos 2021 de Correpi.
El dato no asombra si certificamos que el kirchnerismo en su conjunto, tomando las gestiones de Néstor, Cristina y Alberto, engloban el 57 % del total de 8.172 casos de personas asesinadas por el Estado desde diciembre de 1983 a la fecha.
Sin embargo el progresismo represivo sigue intentando mostrarse como el mal menor para los bonaerenses y renovó la cara de La Bonaerense SA hacia la FBA, la fuerza más profesional y especializada… en la Represión Estatal.
UNA TIERRA ARRASADA…POR LA REPRESIÓN
El gobernador Axel Kicillof no se cansó de repetir al inicio de su mandato que encontró una tierra arrasada por la gestión del macrismo. Sin embargo en la mitad del tiempo de mando que le confirieron los bonaerenses se encargó de llevar ese asolamiento al cotidiano de los sectores populares en materia represiva. “No es momento para tibios ni librepensadores”, dijo Berni al asumir como ministro de Inseguridad frente a la sede de la vieja Jefatura de La Bonaerense SA en La Plata.
Y así lo demostró al mando de la fuerza más mafiosa, corrupta y asesina del país. En efecto, como marca el más reciente informe de la CPM - Comisión Provincial por la Memoria, “las políticas de seguridad continuaron centradas en la idea de la saturación policial de los territorios que fue expresada en anuncios de incorporar en dos años 40.000 nuevos policías, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumarían a los casi 100.000 con que cuenta la policía bonaerense en la actualidad. También se anunciaron instancias de formación, práctica de tiro y de manejo, pero que se inscriben en la misma matriz: la retórica discursiva de presentar batalla y hacer la guerra, asociada a las manifestaciones o barrios populares, como puede verse en la comunicación oficial de Fuerza Buenos Aires”. (Introducción del Informe Anual 2022, El Sistema de la Crueldad XVI).
La policía y los carceleros de Kicillof produjeron 473 muertes entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, una cifra inaudita para la provincia y registrada en menor tiempo que las gestiones anteriores.
Si la dupla Scioli -Mariotto generaron en 8 años más de 818 asesinatos con el aparato represivo conducido por Ricardo Casal y Alejandro Granados, y la gestión Vidal-Ritondo cometió 569 crímenes a través de sus uniformados en 4 años de gobierno, la tarea de Kicillof-Berni fue realmente devastadora para la población bonaerense.
Pero no sólo elevaron a las nubes los casos de muertes a manos del aparato represivo, también hicieron su aporte a la sobrepoblación de personas detenidas en comisarías, que en los últimos 10 años casi se cuadruplicó, y que para diciembre de 2021 registraba más de 4.500 personas, es decir un 232% más que la capacidad habilitada. Como informa la (CPM) en su último registro “Los años 2020 y 2021, presentan las cifras más altas desde 2006″.
El dato no es menor porque muchas de las muertes producidas bajo custodia se dan en esos depósitos de personas con chapa y bandera que son las comisarías, como sucedió en los recientes casos de Alejandro Martínez en San Clemente y Daiana Abregú en Laprida
Berni capitaneó la represión en cuarentena: convirtió a los barrios populares, como Villa Azul y Villa Itatí de Quilmes, en verdaderos gueto, desalojó tomas a balazos y topadoras, como en Guernica a las familias que buscaban tierra para vivir, justificó al policía asesino Luis Chocobar cuando fue llevado a juicio, y se encargó de encubrir sistemáticamente a los policías señalados por la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro entre Villarino-Buratovich, con origen en la violación contravencional del ASPO.
Además las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en las cárceles bonaerenses siguen creciendo: superpoblación, hacinamiento, falta de acceso a la salud, una muerte día por medio y más de 30.000 hechos de torturas o malos tratos denunciados por año en las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Como detalla la CPM “siguió creciendo la cantidad de personas detenidas en cárceles y alcaidías, que en diciembre de 2021 ascendió a 49.662 personas contra 45.392 de diciembre de 2020 (…) Esto elevó la tasa de encarcelamiento a 306 personas cada 100.000 habitantes, contra 284 de diciembre de 2020″. El punto contradice a quienes cíclicamente echan mano de la teoría de la “puerta giratoria” para explicar la inseguridad que se vive. Son los que a su vez no quieren ver otra realidad que señala la CPM: “El año pasado, en 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas, se registró una sobrepoblación de 111 %. El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar”.
En esas condiciones la tortura continua siendo una práctica sistemática en las 66 cárceles bonaerenses: “En 2021 la CPM registró 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales. (…) Entre las problemáticas denunciadas se destaca la falta de acceso a la justicia (21 %); la afectación del vínculo familiar (20 %); y la falta o deficiente asistencia sanitaria (17 %). Las cuestiones de salud no atendidas provocaron la mayor causal de muertes en contextos de encierro.
En 2021, 199 personas murieron en cárceles provinciales contra 178 en 2020, esto implicó una suba de la tasa de fallecimientos que pasó de 4,2 a 4,4 cada 10.000 personas en 2021. De estas 199 muertes, 8 de cada 10 ocurrieron por problemas de salud no asistidos”. Un promedio de mayor a una muerte día por medio en las cárceles que gestiona el ministro de Injusticia bonaerense Julio César Alak.
Las causas armadas siguen siendo moneda corriente con los mamarrachos judiciales de la institución Policial en complicidad con el Poder judicial en su conjunto, como en los casos de Ezequiel Bazán, Jorge Daniel López, Oscar Vega, Marcos Bazán y tantos otros pibes y pibas a quienes les arman causas y cuyas penas son varios años de prisión, incluso algunos enfrentan prisiones perpetuas que destruyen tanto a quienes las padecen como a sus familiares. Este mecanismo de represión solapado y sin costo político alguno es muy utilizado desde el propio Estado para disciplinar a los jóvenes de nuestros barrios y también para encarcelar a los que luchan y se rebelan a diario contras las políticas de hambre y represión que venimos sufriendo los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo.
En síntesis, la represión ha aumentado de una forma sin precedentes en la provincia de Buenos Aires.
Gestión Nacional Acumulado (sólo casos PBA)
A. Fernández 473
M. Macri 569
C. Kirchner 2 565
C. Kirchner 1 253
N. Kirchner 167
TOTAL 2.027
Fuente: Archivo de Casos 2021 de Correpi.
De forma clara se puede ver el ritmo acelerado de decesos que tiene este gobierno en comparación con los gobiernos anteriores.
Aún tomando sólo los casos generados por fuerzas represivas bonaerenses, en 2 años del gobierno actual ya se alcanzó el 80% de la cifra de asesinados del gobierno de Macri en la provincia. Al hacer la división en trimestres de los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández (primeros 8 trimestres) obtenemos que el estado asesina 58 personas promedio por trimestre, mientras que realizando la misma operación a los primeros 8 trimestres del gobierno de Macri nos da un valor de 20 personas muertas por trimestre en la provincia de BA por la bonaerense y los penitenciarios.
La tesis se reafirma al realizar un test ANOVA seguido de un test de Tukey comparando los primeros 8 trimestres de cada gobierno, dando por resultado que existe una diferencia estadísticamente significativa (P < 0,5) entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, donde el gobierno de Fernández presenta medias trimestrales superan con creces el registro de los gobiernos anteriores.
De un total de 8.172 casos registrados en el archivo de casos que abarca desde 1983 hasta 2021, se puede determinar que 3.200 personas han sido asesinadas en la provincia de BA por La Bonaerense SA y el SPB, bajo las modalidades de gatillo fácil, contexto de encierro, desaparición forzada o movilizaciones y protestas. Es decir, el 40% de todos los asesinados cometidos por el Estado argentino desde 1983 se han cometido en estas circunstancias, por estas fuerzas, en esta provincia. Desde el 10 de diciembre del 2019, momento en que el gobierno pasa a manos de Alberto Fernández, y hasta finales del 2021 se registran un total de 472 casos de las características mencionadas. En dicho período se registran 149 fusilamientos de gatillo fácil en territorio bonaerense, de los cuales 71 fueron a manos de la Mejor Maldita Policía del Mundo, y el resto de PFA, GNA, PNA y Policía de Ciudad.
A nivel nacional la distribución de modalidades en estos dos años de gestión signadas por la pandemia es impactante, ya que las muertes bajo custodia abarcan casi el 70% y por ende el gatillo fácil, sin haber disminuido en números absolutos, queda reducido a poco más del 21%. En lo que va de gobierno la muerte en contexto de encierro, ya sea en cárceles, comisarías, o bajo custodia, concentra 671 casos en todo el territorio nacional, de los cuales 401 (el 60%) son hechos ocurridos en “La Provincia” por sus fuerzas represivas. Destacan dentro de este punto las Unidades Penales que más decesos registran, como la UP1, UP22 y UP26, de Olmos, que junto a otras unidades penales de la ciudad de La Plata concentran 59 casos de personas muertas por falta de atención médica durante 2020 y 2021. También las UP24, UP32 y UP42 de Florencio Varela que acumulan 23 casos de personas muertas por las mismas causas y en el mismo período.
ESTE 26 DE AGOSTO MARCHAMOS CONTRA ESTA POLÍTICA DE HAMBRE Y REPRESIÓN
Este repaso es sólo una parte de los miles de hechos que cometen día a día las fuerzas represivas del Estado, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el verdugueo, las torturas, las masacres en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, los armados de causas, los operativos de saturación, la persecución a los que luchan y a los que trabajan en la calle. Toda esta situación represiva es lo que denominamos una política de Estado.
Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No lo podemos llamar Violencia Institucional, porque no son excesos, ni se trata de un uno o de cientos de loquitos uniformados sueltos. Por detrás de estos hechos hay una decisión política concreta de reprimir. Hay una decisión política concreta de generar el hambre y la desigualdad social que se vive, una decisión de sostener una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado, para después justificar el uso del aparato represivo.
Llamamos a todos los familiares y a los militantes antirrepresivos a redoblar la lucha para enfrentar este sistema de hambre y muerte. Tenemos que organizarnos de manera independientemente del Estado y de todas sus instituciones que denunciamos y enfrentamos, porque son los responsables de la muerte de nuestros seres queridos.
Justicia va haber cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes y pibas, y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad.
Por eso es
te 26 de agosto estaremos marchando por las calles de La Plata junto a familiares y organizaciones solidarias con la tarea antirrepresiva para denunciar todos los crímenes que comete el Estado.