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El proceso conocido como Diario Militar, en el que expolicías y militares retirados son acusados por delitos de desaparición forzada en contra de 195 opositores políticos, está detenido. Miguel Ángel Gálvez, juez contralor del caso, enfrenta una denuncia promovida por una organización paraestatal que lo acusa, entre otros delitos, de prevaricato y podría perder su inmunidad. Familiares de desaparecidos han recorrido un largo camino para encontrar justicia y sostienen que, aunque se intente detener el proceso, seguirán adelante.
Dos décadas después de que inició el proceso del Diario Militar, un documento de inteligencia en el que se registra la desaparición forzada de 195 opositores políticos, y después de que nueve expolicías y militares en situación de retiro fueran enviados a juicio en mayo de este año, el juez Miguel Ángel Gálvez está pendiente de presentar las pruebas de descargo en un proceso de desafuero, que podría decidir el futuro del caso.
La audiencia programada para el miércoles 24 de agosto fue suspendida por una declinatoria presentada ante el juez pesquisidor, Roaldo Isaías Chávez Pérez, quien también conoció el proceso de retiro de antejuicio de Erika Aifán, la exjueza del juzgado de Mayor Riesgo D, que ahora está en el exilio.
Esta no ha sido la única querella presentada en contra de Miguel Ángel Gálvez. El abogado del coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez también presentó una denuncia contra el juzgador, que, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine, el 17 de agosto, de 2022. El coronel Salán Sánchez fue enviado a juicio, el 6 de mayo de 2022, por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en el caso del Diario Militar.
El proceso del Diario Militar, que inició el 27 de mayo de 2021, está detenido desde que la Fundación contra el Terrorismo, presentó una denuncia para que se le retire la inmunidad al juez Gálvez, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravadas en forma continuada. La denuncia se centra en la aplicación de la prisión preventiva que Gálvez ordenó en contra de altos exfuncionarios señalados de delitos de corrupción en 2015.
El caso del Diario Militar, como se le conoce, es el más reciente de los procesos penales de justicia de transición que iniciaron en Guatemala tres años antes de la firma de la paz y en los que se ha juzgado a militares, exparamilitares y policías por graves violaciones de derechos humanos durante la guerra.
Los ataques en contra de jueces y juezas que han resuelto importantes sentencias en casos de justicia de transición también lo son en contra de un sistema de justicia. El trabajo que por 10 años han venido desarrollando los juzgados y tribunales de alto riesgo se debilitará si el juez pesquisidor Chávez Pérez recomienda el retiro de antejuicio al juez Miguel Ángel Gálvez, tal y como ocurrió con el desafuero de la exjueza Erika Aifán.
Algo similar le sucedió al juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, a quien la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad el 9 de febrero de este año, por la denuncia que un policía puso en su contra. Xitumul fue parte del tribunal que condenó, en 2013, a 80 años de prisión al general José Efraín Ríos Montt, por el delito de genocidio; también sentenció a 15 años y seis meses a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por los delitos de fraude, asociación ilícita y mal manejo de recursos públicos en el caso denominado “Agua Mágica”.
El juez Gálvez Aguilar resolvió el pasado 6 de mayo, después de leer una resolución que le llevó varios días, que de los 15 militares y expolicías detenidos, nueve enfrentarán un juicio oral y público.
Ese mismo día Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, se presentó a la audiencia final de la etapa intermedia. Dos días después, escribió en una de sus redes sociales que “empeñaría su palabra” para ver al juez “preso” o “exiliado”.
El 11 de mayo, la Fundación contra el Terrorismo presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud para que se le retirara al juez Gálvez su derecho de antejuicio. Un mes después, la mayoría del Pleno de magistrados dio trámite a la petición y designó a Zonia de la Paz Santizo, vocal II de la sala Tercera de la Corte de Apelaciones, como jueza pesquisidora, quien a partir del 15 de junio tendría 60 días para recomendar a la CSJ si se le retiraba o no la inmunidad al juzgador. Sin embargo, la jueza se excusó de conocer el caso argumentando que tiene amistad con Gálvez.
El 25 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) no aceptó un amparo presentado por Miguel Ángel Gálvez en el que argumentaba que la resolución de la CSJ había sido “apresurada” y con descuidos de forma y fondo.
El empedrado camino de la justicia
En el proceso del Diario Militar, que inicio hace más de 13 meses, se siguen presentando una serie de acciones dilatorias por parte de la defensa de algunos de los militares acusados, que pueden catalogarse como litigio malicioso y que buscan separar al juez Gálvez del caso.
Durante las audiencias de primera declaración del 2 y 9 de junio de 2021, los abogados del coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez y del sargento mayor José Daniel Monterroso Villagrán, dijeron que Gálvez se había referido de forma “irrespetuosa en contra de los militares” utilizando términos “ideológicos”.
“No soy militar, soy civil. Nunca he sido militar, ni me simpatiza serlo”, “los militares eran los verdaderos subversivos” y “los militares fueron los que rompieron el orden constitucional”, fueron los fragmentos de varios audios presentados por los abogados para intentar que se nombrara a otro juez en sustitución del titular del juzgado B de Mayor Riesgo.
Pese a ello, el juez Harold Pérez la Sala Segunda de Apelaciones para procesos de Mayor Riesgo, consideró que la intención de apartar al juez Gálvez, del caso del Diario Militar, carecía de sustento legal.
El 16 de mayo de 2022, y por segunda ocasión, el abogado Eddy Herrera, defensor del coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del juez Gálvez por enviar a juicio al militar y no resolver varias peticiones efectuadas a lo largo de la audiencia intermedia. La denuncia señala a Gálvez de la posible comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resolución contradictoria a la Constitución y violación a la Constitución. Hasta la fecha no se conocen más detalles sobre esta denuncia.
Pero esta estrategia legal para entorpecer el proceso, no ha sido la única forma para intentar detener el caso del Diario Militar. Tampoco es una forma nueva, se ha visto en otros casos de justicia de transición.
Por ejemplo, en octubre de 2021, la fiscal general Consuelo Porras trasladó a Hilda Pineda, a la sección que investiga delitos contra turistas.
Y, el 30 de junio de 2022, justo en la fecha en que se conmemora en Guatemala el Día del Ejército, Pineda fue destituida del MP. Bajo la dirección de Pineda, la Fiscalía tuvo a su cargo algunos de los casos paradigmáticos en la historia reciente del país: el del Genocidio del pueblo maya ixil, el de las mujeres de Sepur Zarco, donde fueron condenados dos militares guatemaltecos acusados de las violaciones sexuales; y el caso Molina Theissen, donde se juzgó a cuatro altos mandos militares por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y por las violaciones en contra de Emma Guadalupe, su hermana. Ese mismo día del ejército, la fiscal Elena Gregoria Sut Ren, durante una de las audiencias del caso del Diario Militar, denunció haber recibido amenazas y seguimiento de vehículos sin placas, por lo que el 11 de julio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó “medidas urgentes”.
A la destitución de la fiscal Pineda se agregan el hostigamiento y denuncias contra integrantes del equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos. El 8 de junio, la fiscal Sut Ren fue denunciada por la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tortura y simulación de delito. En la denuncia se lee que se le acusa por “una evidente persecución ilegal y selectiva, simulando delitos que no estaban tipificados al momento de los supuestos hechos, violentando así principios constitucionales y garantías procesales”.
Los denunciantes se refieren específicamente a crímenes perpetrados durante la década de 1980 como la desaparición forzada que, de acuerdo a sus argumentos, no existían en la legislación guatemalteca en los años referidos.
Esta acción también incluye a Claudia Paz y Paz, exfiscal general y jefa del MP (2010-2014). La abogada actualmente es directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
A las solicitudes de antejuicio, los amparos y el debilitamiento institucional se suman las iniciativas legislativas que, con un lenguaje jurídico confuso, buscan justificar la violación a la Constitución o, distorsionando la ley, pretenden amnistiar a militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra en Guatemala.
La más reciente fue presentada el lunes 11 de julio, bajo el nombre de “Ley de Fortalecimiento para la Paz”. La misma intenta dejar sin efecto “la responsabilidad penal y la extinción de la pena, por amnistía, absoluta e incluyente a favor de todas las personas que hayan incurrido por acción u omisión, en el ejercicio de sus cargos como miembros del Ejército de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado”, durante los primeros años de la década de 1960 hasta su conclusión con la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996.
El argumento central de esta propuesta, presentada por Manuel Conde Orellana del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Boris España Cáceres de TODOS y tres diputados más vinculados al oficialismo, es que delitos como la desaparición forzada y el genocidio no estaban tipificados en la legislación nacional cuando se cometieron.
Sin embargo, la Ley de Reconciliación Nacional, de 1996, establece que estos dos delitos no pueden ser amnistiados y que tampoco se puede extinguir la responsabilidad para quien haya sido condenado por este delito o por quien esté siendo acusado de haberlo cometido. El Código Penal, en su artículo 201 TER lo dice con claridad: “se considera permanente en tanto no se libere a la víctima”, en otras palabras, mientras no se sepa lo que ocurrió con cada una de las personas desaparecidas el delito se sigue cometiendo.
A esta iniciativa le antecede la presentada en septiembre de 2021 por el diputado y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Antonio Arenales Forno, del partido VALOR bajo el número 5920, “Ley de Consolidación de la Paz y la Reconciliación”, que también busca evitar responsabilidad penal “por todos los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno”.
Tres años antes, un grupo de legisladores encabezados por los entonces diputados Fernando Linares Beltranena y Estuardo Galdámez; Javier Hernández y Manuel Conde Orellana presentaron la iniciativa 5377, para incorporar reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Pero en febrero de 2021, la Corte de Constitucionalidad resolvió de forma definitiva un amparo contra el Congreso por considerar que la propuesta era “inviable”.
De esa magnitud ha sido la respuesta que sectores conservadores, señalados de pertenecer a redes de corrupción, militares acusados de graves de violaciones a los derechos humanos y sus familiares han impulsado para evitar que se someta a la justicia a quienes perpetraron graves delitos en contra de la sociedad guatemalteca.
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“Quieren garantizar que la impunidad del pasado se haga efectiva en el presente” (II parte)
Es en este escenario del caso del Diario Militar en el que se disputa una pequeña porción de la historia reciente del país. Se intenta retirar del Organismo Judicial a jueces y juezas que han llevado casos de la guerra civil en Guatemala; se pretende borrar las resoluciones y las sentencias condenatorias de los juzgados y tribunales en casos de justicia de transición y poner en riesgo la garantía de acceso a la justicia para las víctimas de la guerra. En esa medida también se niega la posibilidad de que la sociedad guatemalteca conozca lo que le pasó como país.
El camino para las familias de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones que han buscado justicia por más de 30 años no ha sido fácil y tampoco se detiene. Habituados a caminar para buscar justicia, un grupo de familiares de personas desaparecidas lo inició desde el momento en que sus familiares fueron desaparecidos. Lo hacen por una necesidad humana y política: saber quiénes ordenaron y tuvieron la responsabilidad de decidir los últimos minutos de la vida de sus padres, madres, hijos, hijas, tíos y tías…
Para la abogada Jovita Tzul Tzul, especializada en derechos humanos y defensora de las querellantes Wendy Santizo y Alejandra Cabrera, los nueve militares en retiro y expolicías que fueron enviados a juicios y los cinco más que están a la espera de la etapa intermedia, “están siendo juzgadas bajo el respeto al derecho de defensa, con garantía de los derechos humanos, principalmente el de la salud”. Además considera que las resoluciones del juez Gálvez, han sido tomadas bajo lo que establece la Constitución y la legislación nacional.
La abogada Tzul dijo a Prensa Comunitaria que el proceso de retiro del antejuicio al juez Gálvez pone en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas y de los sobrevivientes y que el caso del Diario Militar desnuda “la situación de este país, en cuanto a su política de desaparición forzada durante las décadas del conflicto armado”.
Pese a que la defensa de los militares y expolicías señalados busca eludir la justicia valiéndose de la edad y la salud de sus patrocinados, Manuel Farfán, director de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA) querellante en el proceso, dijo a Prensa Comunitaria que “el poder ver a responsables sentados en el banquillo (de los acusados) y señalados por el Ministerio Público es una satisfacción muy grande, para alcanzar justicia por tantos años que hemos luchado para obtenerla”.
Farfán asegura que en la actualidad existe una campaña de obstaculización al acceso a la justicia para las víctimas que también han observado en el pasado, pero dice que esas acciones no los detendrán. “Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para dar continuidad a lo que a nosotros nos corresponde como familiares y como querellantes, para que se pueda seguir caminando con este proceso”.
Aunque reconoce lo incierto que puede ser el resultado del proceso de antejuicio del juez Gálvez, también expresa su respaldo al trabajo que ha hecho y a la garantía jurídica e imparcial que ha dado desde el Juzgado de Mayor Riesgo B.
El director de Famdegua considera que el contexto actual es un momento oscuro para los procesos de justicia transicional. Las acciones del Congreso -con la nueva propuesta de amnistía a militares acusados de violaciones a los derechos humanos-, la cooptación del sistema de justicia y de la Corte de Constitucionalidad, lo confirman.
Para la abogada Tzul, las estrategias de dilación que se han visto en el caso del Diario Militar son una práctica que se ha visto en casos anteriores. Los recursos inviables que buscan retardar el trámite de los procesos y violentar los plazos razonables y la posibilidad de las víctimas de acceder a la justicia, son algunos de los elementos que ha podido observar.
Las propuestas de ley que buscan dejar en la impunidad a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, los despidos y querellas contra personal de la Fiscalía de Derechos Humanos y las denuncias en otras instancias son, en opinión de la abogada Tzul, acciones para dejar sin castigo a los responsables.
Limitar la actuación de fiscales y jueces independientes son acciones que no solo les afectan a ellos sino a toda la sociedad, analiza Tzul, y señala que en los casos de justicia transicional “el conocer la verdad de los hechos que pasaron en este país es un derecho de las víctimas y sus familiares, pero también es un derecho para toda la sociedad y las generaciones actuales, que no sabían que estos hechos ocurrieron en Guatemala. Eso es parte del derecho a la verdad, por eso es que creemos que afecta a toda la sociedad”. Por eso, anota, quieren “garantizar que esa impunidad del pasado se haga efectiva en el presente”.
Tanto la abogada Tzul como Manuel Farfán coinciden en que la sociedad guatemalteca asiste a una regresión de la época de guerra en el país cuando se generaban acciones y castigos ejemplificantes para evitar que otras personas pudieran organizarse o disentir con el sistema. El resultado de eso, dice Tzul, fue la desaparición de miles de personas, la privación de la vida de cientos de personas en Guatemala, instalándose una política de terror, a la que llama: “terror generalizado” que se instaló en la sociedad y que hace que mucha gente tenga miedo de hablar porque les puede pasar lo que a las otras personas.