Lo que el plan de gobierno de Guillermo Lasso pudo haber planteado en explotación de recursos petroleros y mineros, por el que votó más de la mitad de los ecuatorianos, ya no cuenta. Este 12 de octubre, cuando se cierren las mesas de diálogo instaladas luego del paro de junio, la política de Estado sobre estos dos temas tendrá un nuevo rector: la dirigencia de la Conaie y unos cuantos movimientos sociales más que en junio paralizaron al país e impusieron dichas negociaciones a la fuerza. Eso queda claro en las cinco páginas del documento difundido por la Conferencia Episcopal, donde se establecen los acuerdos a los que han llegado la Conaie y el Gobierno.

Este gobierno paralelo se expresa en su forma más grosera en el acuerdo sobre la creación de una «mesa técnica de evaluación» que tendrá, según se dice, carácter vinculante y que revisará las licencias ambientales, los contratos petroleros y los derechos mineros que han sido otorgados. Esta mesa, que se instalará el 17 de octubre, tendrá facultades legislativas y de control que no están establecidas en ninguna ley del país ni en la Constitución. La mesa estará conformada por un representante de la Conaie, de la Feine y de la Fenocin, de los ministerios del Estado competentes en el área, así como de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, la ONU en la Corte Interamericana de Justicia. Una especie de autoridad supra legal y supra estatal.

Las facultades de la mesa «técnica de evaluación» no quedan ahí. El documento señala que además «definirá las prioridades» en la entrega de informes de impacto socio ambiental en los bloques de la llamada Ronda Intracampos (los campos que quedan entre las zonas ya concesionadas), los campos ubicados en el sur oriente y trece bloques entre los cuales está -mucho ojo- el ITT. Además de «al menos dos proyectos de minería industrial a gran escala» 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba. Es decir lo que se haga o no se haga en los más grandes planes mineros del país estarán bajo la tutela de este organismo.

Esto significa, como dijo a 4P. una fuente vinculada al sector, que no habrá empresa privada o estatal que quiera elaborar un plan de desarrollo petrolero o minero en el país porque todo estará sujeto a lo que los miembros de la mesa piensen, digan o hagan. El cogobierno que se plantea en este punto llevará muy probablemente a una paralización del sector.

Aquí se pueden ver los acuerdos y desacuerdos

La imposición de este gobierno paralelo tiene otras caras que no son menos alarmantes. En el primer punto dice, por ejemplo, que habrá una moratoria de «al menos 12 meses o hasta que la ley de consulta previa, libre e informada esté publicada en el Registro Oficial». Pero resulta que para elaborar dicha ley, el mismo acuerdo establece que se conformará otra mesa «técnica-jurídica» para redactarla con las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades que  se instalará el 25 de octubre. No habrá, entonces, ninguna actividad petrolera o minera nueva en los próximos 12 meses o hasta que esté publicada una ley de consulta previa. Una ley que, como se ve,  será redactada con participación y aval de la dirigencia indígena.

Los acuerdos establecen que en otras mesas, en las que tendrán representación estos movimientos sociales, se redactarán los proyectos de reformas a la ley de hidrocarburos y de minería y la creación de una Ley de Petroecuador. Otra mesa redactará las reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Amazonía. Es decir, se instalará un cuerpo de al menos cinco mesas de donde saldrán todas las decisiones sobre el futuro de la explotación hidrocarburífera y minera del país.

El documento muestra, en todo caso, algunos puntos donde el Gobierno no se sometió a la voluntad de la Conaie. Por ejemplo, no aceptó la derogatoria del decreto 1247 de 2012, con el que el gobierno de Rafael Correa reglamentó la consulta previa para no convertirla en mandatoria. Tampoco aceptó el pedido de prohibir la ampliación de las actividades petroleras en bloques y campos que afectan a los territorios de pueblos en aislamiento voluntario, se encuentren o no dentro de áreas que el Estado haya declarada protegidas zonas intangibles, ni la derogatoria del decreto 151 que contiene lo que se llama el Plan Minero del gobierno donde se prohíbe la minería ilegal.

A pesar de los desacuerdos, el documento de marras marca una rendición casi incondicional en la que el Gobierno cede facultades y competencias del Estado a un determinado grupo social. Si la Conaie y sus socios, con el derecho que les dio la fuerza, pueden imponer condiciones al manejo del Estado, ¿quién puede impedir que otros grupos se sientan facultados a hacer lo mismo?