Esta semana que culminó, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos realizaron un “canje de prisioneros”, sin precedentes en nuestra historia republicana. El gobierno de Joe Biden devolvió a Venezuela a los dos sobrinos de Cilia Flores detenidos en USA desde el 2015, y que en 2017 habían sido condenados allá a 18 años de cárcel por narcotráfico (https://www.youtube.com/watch?v=XKlZEic9m90); por el lado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a cinco ejecutivos de CITGO que estaban acusados de corrupción y a otros dos ciudadanos estadounidenses acusados de conspiración contra el Estado.

Este canje de prisioneros fue promovido, de parte del lado venezolano, como una gestión de “alto gobierno”, con numerosas reuniones bilaterales en las que incluso participó el presidente Maduro con enviados del presidente Biden. Pero en términos estrictos, los dos sobrinos de Cilia Flores no representan nada para los intereses del Estado venezolano. No ocupan ni han ocupado jamás ningún cargo institucional en ninguna de las ramas de los poderes públicos nacionales, no constituyen figuras públicas ni en lo político, ni en lo social, cultural o deportivo; ni siquiera tienen oficio conocido ni empleo alguno en instituciones públicas o privadas.

En otras palabras, Venezuela no obtiene ningún “triunfo” o “logro político” con la liberación de esos narcosobrinos. Ciertamente si es un logro personal y familiar tanto para Cilia Flores como para Nicolás Maduro. Incluso un logro pocas veces visto en la historia reciente del continente. No recuerdo que con anterioridad el gobierno de los Estados Unidos haya canjeado prisioneros con otro país americano, y mucho menos con uno cuyos gobernantes están requeridos por la justicia estadounidense (dejando claro que no respaldo esa injerencia de la “justicia” estadounidense condenando a gobernantes de otros países).

Nicolas Maduro y Cilia Flores se han valido del poder que detentan en Venezuela, para negociar la resolución de un problema familiar. Sin dejar de reconocer que esa captura de los narcosobrinos representó una operación de la inteligencia gringa destinada a presionar y chantajear a la pareja gobernante en Venezuela; pero que a fin de cuentas no implicaba una agresión contra instituciones del Estado venezolano. De hecho, fueron capturados en territorio extranjero, cuando estaban al frente de una operación de tráfico de cocaína desde Venezuela hacia el país del norte.

Este “canje de prisioneros” revela hasta dónde el usufructo del poder político en Venezuela se ha convertido en un asunto meramente familiar. Si Maduro estuviera reivindicando la soberanía nacional para juzgar a nuestros ciudadanos por delitos que pudieran afectar a otros países, debería haber exigido también el canje del general Clíver Alcalá, o del teniente Alejandro Andrade, ambos detenidos actualmente en los Estados Unidos. Pero todo ese esfuerzo “negociador” entre las máximas autoridades del Estado venezolano con el gobierno de Biden se ha limitado a lograr la libertad de familiares de la primera dama, cuyos delitos juzgados en USA no tienen ninguna relación con su posible participación en cargos institucionales en Venezuela (como sí ocurre en los casos mencionados de Alcalá y Andrade).

El poder ejecutivo en manos de un clan familiar, al que solo le interesan sus propios beneficios como secta mafiosa, es en lo que ha terminado lo que una vez se denominó “revolución bolivariana”.